Hoy te traemos novedades sobre dos de los temas que llevamos años investigando en profundidad. Los dos implican contaminación pero por motivos muy diferentes. El primero es un nuevo análisis en profundidad, esta vez referido a los datos de 2021, de las emisiones contaminantes de las macrogranjas. Te explicamos qué se puede considerar macrogranja así como datos sobre los registros que las controlan.
La segunda contaminación se refiere al anticipo que te contábamos hace unas semanas sobre la inminente sentencia del Tribunal Supremo referida a la limpieza de Palomares. Ya hay decisión. Spoiler: no hay plazo de limpieza. Pero la sentencia del Supremo ha incluido la confirmación de algo de lo que ya advertimos hace meses, la introducción de una disposición en un real decreto que nada tenía que ver con Palomares para reforzar la posición del Abogado del Estado.
Arrancamos.
Las emisiones de las macrogranjas de porcino en 2021
Hoy publicamos en DATADISTA un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las macrogranjas de porcino en España.
El titular corto es que estas han continuado aumentando sus emisiones en 2021 respecto a años anteriores, según el análisis realizado por DATADISTA de los datos enviados por estas explotaciones industriales al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR- España).
En el caso del metano, las emisiones superaron por primera vez las 100.000 toneladas, aumentando un 2,7% respecto al año anterior. Las emisiones de amoniaco también aumentaron un 1,7% respecto a 2020 hasta superar las 40.000 toneladas emitidas a la atmósfera. También han aumentado las emisiones de óxido nitroso hasta las 227 toneladas. Esta cifra es un 7,2% mayor que en 2020.
Hemos publicado también un nuevo mapa interactivo para que puedas explorar una zona, buscar por una dirección o geolocalizarte para conocer las emisiones de todas las macrogranjas cerca de ti.
¿Qué es una macrogranja?
A principios de este año, debido a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian donde comentaba que las macrogranjas contaminaban el agua y el suelo, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos, aseguró que en España “no existen las macrogranjas” porque no hay una sola explotación con más de 10.000 cabezas de ganado. Esta es una cifra que no aparece en ninguna normativa.
En España, las explotaciones de ganado porcino se clasifican en función de su capacidad productiva, expresada en Unidades de Ganado Mayor (UGM), de acuerdo con las equivalencias establecidas para cada tipo de ganado. Las de mayor tamaño son las del grupo III, que equivalen a explotaciones con una capacidad superior a 480 UGM y hasta 720 UGM. Esta capacidad máxima puede ser aumentada por las Comunidades Autónomas hasta un 20%, algo que han realizado las regiones con mayor número de cabezas como Aragón o Cataluña. La decisión ha permitido aumentar el máximo hasta las 864 UGM.
Puedes ver la equivalencia en UGM de cada tipo de ganado en esta tabla.
Aunque el término “macrogranja” no existe a nivel normativo, en la práctica se puede considerar como tales a las explotaciones de mayor tamaño, aquellas con una capacidad de contaminación tal que deben remitir sus emisiones a Europa. Las grandes explotaciones industriales de aves y porcino son consideradas industrias contaminantes debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera.
Según la normativa europea y española, las explotaciones avícolas con más de 40.000 plazas de gallinas ponedoras o un número equivalente en excreta de nitrógeno de otras aves de corral; las granjas de porcino con más de 2.000 plazas de cerdos de cebo de más 30 kilos y las explotaciones con más de 750 plazas para cerdas reproductoras tienen la obligación legal de enviar sus emisiones al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) y de disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) positiva.
En 2022, hay activas 534 granjas de cría de aves de más de 40.000 plazas; 2.465 granjas de cebo de más de 2.000 cabezas y 834 de cerdas reproductoras con más de 750 plazas.
En DATADISTA decidimos metodológicamente considerar como macrogranja a las que cumplan esta condición que las hace protagonistas, por su tamaño (de ahí el prefijo macro), de una especial atención por parte de las autoridades, lo que nos permitió mostrar su impacto global por primera vez en España y situarlas sobre un mapa. Esta metodología ha sido posteriormente utilizada por otros medios de comunicación y organizaciones ecologistas.
¿Cómo se mide la contaminación emitida por las macrogranjas?
El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) establece tres métodos de medición: calculado, estimado y medido. En el caso de las macrogranjas, la gran mayoría de ellas utiliza una calculadora en Excel realizada por el Ministerio de Agricultura. Esta calculadora establece la contaminación emitida en función del número de plazas disponibles y de la gestión de los purines.
La información suministrada por los complejos industriales al PRTR era considerada como secundaria, pero a partir de este año se ha incluido dentro del Plan Estadístico Nacional para dotarlo de un mayor reconocimiento como operación estadística e inventario medioambiental, lo que conlleva, entre otras mejoras, cumplir con un código de buenas prácticas y sistematizar los plazos de recogida, validación y depuración de la información.
A partir de este año, la ganadería porcina tiene que comunicar también sus datos al sistema ECOGAN, una aplicación informática que permite conocer las emisiones contaminantes de las explotaciones ganaderas teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos empleados en casa fase de la producción. Parte de estos datos se compartirán también con el PRTR-España, lo que permitirá tener una estimación aún más precisa de la emisión de gases contaminantes de estas explotaciones industriales.
Palomares, el secreto eterno
Hace unas semanas llamábamos tu atención sobre la inminente decisión del Tribunal Supremo sobre si el Consejo de Seguridad Nuclear es competente o no para poner plazo a la limpieza de las pedanías almerienses de Palomares y Vera, que sufren en algunas zonas contaminación por plutonio desde el accidente en 1966 de dos aviones de Estados Unidos y la ruptura de dos bombas termonucleares que portaba uno de ellos. Ya hay decisión del Supremo. El CSN no es competente. Palomares sigue sin plazo de limpieza.
Al margen de los errores procedimentales que la sentencia considera que ha tenido la recurrente, que es Ecologistas en Acción_almería, después de leer la sentencia del Alto Tribunal, queremos llamar tu atención sobre varios aspectos de la misma sobre los que ya te habíamos advertido en boletines anteriores y que se han confirmado ahora sobre el papel. El primero es sobre esa mala práctica legislativa de introducir cosas que nada tienen que ver en leyes aprobadas por Real Decreto que lo más probable es que, dada su urgencia, salgan adelante en el Parlamento.
Además, siendo el accidente de Palomares una consecuencia directa de la Guerra Fría entre los bloques de EEUU y la URSS y de las misiones de vuelos constantes de EEUU cargados con bombas termonucleares que repostaban en el aire sobre suelo español en dirección a la frontera soviética, no deja de ser paradójico que, en plena invasión de Ucrania, que nos ha puesto a todos otra vez en la tensión de una guerra en Europa y en algunos momentos los pelos como escarpias por las reminiscencias de la Guerra Fría entre potencias nucleares, se haya usado una norma para paliar las consecuencias de la guerra actual para impedir las posibles soluciones a las consecuencias de aquella.
Ha sido este año, como señala la sentencia del Supremo, en el Real Decreto 6/2022, de 29 de marzo de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, donde se introdujo un cambio que afectaba al recurso de Ecologistas en Acción-Almería sobre Palomares que ya estaba presentado ante el Alto Tribunal.
Es una modificación, detalla la sentencia, de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. Sí, hemos puesto bien el año. La de 1964 sigue en vigor a estas alturas, igual que la de Secretos Oficiales de 1968 que, aunque modificada ya en democracia, sigue siendo utilizada por todos los gobiernos para no dar a conocer documentación sobre Palomares y las negociaciones con EEUU. El cambio operado define, entre otras cosas, qué es suelo contaminado radiológicamente y qué suelo o terreno con restricciones de uso y además aclara las competencias en caso de "actividad potencialmente contaminante", que quedan en el Ministerio de Transición Ecológica, dejando claramente la función del CSN en la de un órgano consultivo.
Bien, aunque los cambios introducidos en el citado Real Decreto "no son de aplicación", por haberse producido tras la sentencia de la Audiencia Nacional y su recurso ante el Supremo, el Alto Tribunal los usa para decir que "no viene sino a reforzar la conclusión de que las pretensiones de la recurrente no pueden tener acogida" y, "al mismo tiempo, contribuye a disipar las dudas que pudieran existir acerca de a quién corresponde la competencia administrativa para la adopción de medidas".
Conclusión, la limpieza de Palomares sigue sin fecha y todo este proceso ha seguido el mismo patrón que durante décadas ha primado cuidar las relaciones con EEUU, como te contamos en Palomares, el secreto eterno. Te invitamos a leerlo porque esta investigación desveló documentos sobre cómo el accidente nuclear ha sido utilizado por ambos países en sus relaciones bilaterales.
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