, 30 de noviembre de 2023
El 44% de las masas de agua subterránea está ya en mal estado, ya sea por sobreexplotación, contaminación o ambas. El abuso sobre los acuíferos ha dañado ecosistemas teóricamente muy protegidos como las Tablas de Daimiel, el Mar Menor o Doñana pero el problema llega ya al agua del grifo y tiene a las confederaciones buscando alternativas de suministro y al Estado invirtiendo en infraestructuras allí donde la gravedad es mayor.
ANA TUDELA Y ANTONIO DELGADO
En este mapa interactivo puedes navegar por las 2.441 granjas de cebo porcino con más de 2.000 cabezas y las 861 granjas con más de 750 madres reproductoras que se encuentran situadas en la Península Ibérica y conocer sus emisiones de metano y amoniaco en 2019.
Los acuíferos se han usado “como recursos ordinarios y eso debilita al país en situaciones de sequía”. “Hay poblaciones en las que las aguas han dejado de ser potables. Hemos entrado en una dinámica perversa: primero cargamos las aguas de nitratos y luego nos gastamos dinero en desnitrificar”.
En 2022, hay 3.299 macrogranjas de porcino repartidas en 1.260 municipios de todo el país. El 80% de los municipios donde se encuentran que tienen menos de 5.000 habitantes ha perdido población en la última década.
El porcino es el sector ganadero donde la caída en el número de las explotaciones ha tenido un mayor impacto en la última década. Las explotaciones porcinas han caído un 50,3% mientras que el número de cabezas ha aumentado un 21,8% hasta los 30,1 millones de animales.
Del Algarrobico a Marbella, cambios legales, una justicia lenta, administraciones en favor de los promotores, el coste de derribar o el eterno argumento del empleo han mantenido en pie edificios ilegales. Valdecañas puede ser un antes y un después.
El 16,9% de todos los municipios tiene instalada en su superficie al menos una macrogranja con especial incidencia en Aragón y Cataluña y en las zonas con mayor despoblación. Más del 50% de los municipios de Huesca y Lleida cuenta con alguna de estas grandes instalaciones intensivas.
España está incrementando sus emisiones totales de estos gases de efecto invernadero a pesar de que Europa y los organismos internacionales trabajan desde hace décadas en reducirlas