Hugo Morán: “Tenemos que reducir superficie de regadío y la presión sobre el agua, manteniendo la producción"

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, se sienta de nuevo con DATADISTA para analizar la situación actual y futura del agua en España, donde algunas regiones han superado su capacidad de respuesta y el cambio climático amenaza con agravar la situación. Morán habla de Doñana, de los mensajes sobre trasvases y del estado de los acuíferos en España. También del posible desgaste electoral que la política de agua puede provocar de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo y el enfrentamiento con los gobiernos autonómicos de todo signo político.

¿Qué importancia tienen o deberían tener las aguas subterráneas en momentos de sequía para el abastecimiento humano y cómo es posible que se haya llegado a la situación actual de mal estado?

Una masa de agua subterránea deberíamos de considerarla como un plan de ahorro. Son los fondos de ahorro que tiene un país para poder atender situaciones complicadas que puedan darse en el futuro. Y como consecuencia, deberían ser esos ahorros que no se deberían de tocar en momentos ordinarios.

¿Qué es lo que nos ha venido ocurriendo de forma tendencial a lo largo de las últimas décadas?, que han acabado convirtiéndose en recursos ordinarios y eso debilita al país a la hora de tener que hacer frente en términos de resiliencia, de garantía, a situaciones excepcionales, de sequías, por ejemplo. Eso obliga a buscar recursos alternativos.

Creo que deberíamos tomar conciencia de que son el ahorro de agua para nuestros hijos, si queremos verlo de esa manera, y conviene que no nos gastemos nosotros los ahorros que van a necesitar nuestros hijos.

Dentro de la jerarquía de usos que establece la Directiva Marco del Agua, evidentemente los primeros usos sabemos cuáles son: el abastecimiento para agua de boca y los usos ambientales. En sí mismos, los usos ambientales, que es la preservación de la calidad y cantidad de nuestros acuíferos, vienen a ser la mejor garantía para no tener en un momento determinado al país sometido a una situación crítica por riesgo de desabastecimiento.

El estado de una masa de agua es el resultado de la operación, en su caso, de estado cuantitativo y cualitativo. Al combinar estos dos, el resultado de porcentaje de masas de agua subterránea de España en buen estado es el 56%, por lo cual hay un 44% que está en riesgo de no alcanzar el buen estado, cuantitativo o cualitativo.

¿Pueden no dar por buenos en Bruselas los planes de tercer ciclo presentados, dado el estado de las masas de agua en España y lo que se ha tardado en tomar medidas efectivas, como las declaraciones de masas en riesgo? ¿Cuáles son los próximos pasos y posibles consecuencias?

Dicen aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Esta es una situación que se ha venido generando a nivel europeo con carácter general. De hecho, no sé si recordáis, hace aproximadamente dos, tres años se activó un debate en relación a si el 2027 debía de ser la fecha de referencia, teniendo en cuenta que muchos de los países, prácticamente todos, no estaban en condiciones de cumplir con algunos de los objetivos marcados al 2027.

En aquel momento se produjo un debate y la posición que adoptó España fue la de que lo que no podemos es trasladar mensajes equivocados a la ciudadanía, porque si nos marcamos un objetivo en una fecha determinada y luego decimos como no lo alcanzamos y cambiamos la fecha, la credibilidad de la planificación se ve muy mermada. Es preferible que, en aquellos casos en los que no se pueda cumplir objetivamente en los plazos que están determinados, se reconozca que ha habido un déficit en la ejecución, pero debe de responsabilizarse en cada caso la Administración correspondiente. Debe de responsabilizarse de no haber cumplido, no haber llevado a término las obligaciones que le correspondían.

En el 2027, tendrá que rendir cuentas la Administración que en ese momento tenga la responsabilidad de gobierno del país, de este o de cualquier otro.

Los retornos a la normalidad suelen ser mucho más costosos en tiempo y esfuerzos, con carácter general, que los que han llevado al deterioro. Y además está la permanencia en el tiempo de ese deterioro y el no haber adoptado actuaciones, algunas tan evidentes como la declaración de las masas de agua en riesgo. Venimos declarando masas en riesgo de no alcanzar el buen estado en bastantes demarcaciones a lo largo de esta legislatura.

Ahora, es una tarea bastante desagradable, sobre todo muy impopular en los entornos porque esto luego conlleva, en los planes de gestión, unas restricciones en los usos y a nadie le gusta, en un momento determinado, ser foco de una protesta por poner en marcha restricciones.

Si estas medidas se hubiesen adoptado en la planificación del 2015 o en la planificación anterior, probablemente podríamos llegar al 2027 con el cumplimiento de objetivos.

¿Puede el Gobierno asumir el desgaste electoral que suponen sus planes respecto al agua en unas elecciones autonómicas y municipales?

En el mundo de la gestión del agua, si uno piensa en tomar las decisiones en función de los calendarios electorales, nos ocurre lo que hemos visto que ocurre muchas veces, que las decisiones no se adoptan nunca. Porque vivimos en una eterna campaña electoral. Cuando no son autonómicas y municipales, son solo autonómicas o según comunidades autónomas. Cuando no son generales, son europeas, con lo cual estamos permanentemente en un ciclo de inconveniencias de esas características.

Aún a riesgo de asumir las consecuencias de tomar decisiones de este tipo, si hay un criterio que tiene asumido en este caso la vicepresidenta del Gobierno es no trasladar más herencias envenenadas hacia el futuro, no seguir obligando a que sean los que vengan detrás quienes paguen las hipotecas que nosotros les dejemos.

Y en ese sentido estamos en condiciones de asumir lo que supone en términos de desgaste, si es que es así. Que yo creo que no, también tengo que decirlo. Creo que, si se da una buena explicación a los ciudadanos del porqué de la toma de decisiones y los ciudadanos conocen la información y si esa información es coherente con las expectativas que los ciudadanos tienen, esas decisiones que se adoptan en principio responden a sus propias expectativas y prioridades.

Quizá a veces lo que nos falla es no tener tiempo suficiente o no tener herramientas suficientes para poder explicarle a los ciudadanos por qué se toman las decisiones y por qué se toman en los momentos en los que se toman esas decisiones.

Dado el estado de contaminación por nitratos de los acuíferos y la importancia que tienen en el abastecimiento humano, ¿cómo está la situación con el expediente abierto por Europa y cómo se revierte la situación?

Europa ha abierto un expediente por contaminación con nitratos a un paquete de países. Toda Europa en estos momentos está en un riesgo evidente de deterioro de sus masas de agua. Hemos llegado a una situación en la cual o ponemos coto a ese deterioro o probablemente entremos en una situación que en algunos casos puede convertirse en irreversible.

Hasta ahora, quizá los condicionantes de los efectos sociales que pueden, que podía tener la adopción de medidas en ese sentido han venido lastrando la capacidad de decisión o la oportunidad de decisión de los gobiernos con carácter general. Pero la situación ya, ya, ya es tan evidente, tan visible en nuestro entorno, con poblaciones que se suministraban históricamente de masas de agua subterráneas en las cuales esas aguas han dejado de ser potables. Muchos lugares en los cuales ya hay que poner instalaciones de tratamiento de esas aguas para desnitrificar. Hemos entrado en una dinámica absolutamente perversa. Primero las cargamos de nitratos y luego nos gastamos dinero en desnitrificar.

Yo creo que ha habido un proceso en el cual no hemos sido capaces de acomodar las prioridades en materia de planificación y la planificación agraria ha ido por delante de la planificación hidrológica, de tal manera que acaba por convertir la planificación hidrológica en subsidiaria de la planificación agraria. Es decir, primero las demandas y a partir de ahí tienes que acomodar la oferta.

Es justo invertir el orden de prioridades. ¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo con carácter general y lo que hemos intentado trasladar en la planificación hidrológica de tercer ciclo? Ninguna planificación de orden territorial o económico puede condicionar la planificación hidrológica. Tengamos en cuenta que cualquier capacidad de desarrollo de un territorio, desarrollo social o desarrollo económico, va a venir condicionada por la capacidad de carga de los recursos naturales que tiene ese territorio.

¿Caben trasvases entre cuencas al margen de los ya previstos y aprobados?

Tenemos que abandonar ese discurso, que es verdad que está muy asentado en la ciudadanía y que no responde a la realidad de país, de que vivimos en una nación en la cual hay cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. A poco que echemos una ojeada a lo ocurrido a lo largo del último año, me vale aquí me vale cualquier país de la Unión Europea, eso no existe. Eso es una ficción. Todas las cuencas en estos momentos están sobrepasadas en demandas respecto a los recursos de las mismas. A una cuenca hidrográfica no se le pueden pedir más recursos que los que la cuenca está en condiciones de dar.

Es verdad que durante mucho tiempo había cuencas en las cuales la demanda era menor a la capacidad de oferta y en otras en que se había superado la capacidad de oferta y se tendía a la solución fácil: recurrimos a la cuenca que todavía no está saturada. Eso se sostuvo en un país donde tenemos del orden de unas 100 infraestructuras de trasvases en estos momentos en funcionamiento. Pero eso ya no existe. No es así. No es así.

En el caso de la toma de decisiones de la Comisión en relación con los expedientes por contaminación de nitratos, tenemos que tomar en cuenta que esa ausencia de fuentes de suministro convencionales como son las masas de aguas subterráneas ya no las vamos a poder suplir con otras aportaciones, especialmente en la España interior y por lo tanto eso nos obliga, sí o sí, ya, en estos momentos, a poner coto a unos sistemas de sobreexplotación en términos de aportación de fertilizantes o de pesticidas a esas masas de agua.

Hemos oído al ministro de Agricultura, Luis Planas, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros decir que no hay que reducir regadío. ¿Cómo se reduce la sobreexplotación de acuíferos y el uso de fertilizantes que los contaminan sin reducir regadío? ¿Hay dos ideas antagónicas dentro del Gobierno en este sentido?

La capacidad de disponibilidad de agua de hoy no va a ser la capacidad de disponibilidad de agua dentro de diez años, con lo cual hay que hacer un avance más.

Tenemos que reducir superficie de regadío para poder, manteniendo la misma capacidad de producción, no ejercer tanta presión como la que se viene ejerciendo sobre el agua. ¿Se puede producir lo mismo con menos hectáreas puestas en regadío, con menos uso de agua? Sí. ¿Está demostrado? Sí.

Lo que no podemos es seguir modernizando, incrementar la producción y que eso no se vea traducido en una reducción de usos de agua. ¿Qué es lo que hemos hecho en la planificación hidrológica de tercer ciclo? Se ha incorporado una medida en la que se dice: las modernizaciones de regadíos que se lleven a cabo en las demarcaciones correspondientes deben incorporar un retorno, un porcentaje de retorno del agua ahorrada al ciclo. No puede permanecer en la concesión porque si no, no estamos avanzando en materia de sostenibilidad. Y eso compete tanto a la cantidad como a la calidad.

Con el modelo de regadío que tenemos ahora mismo, hay determinados territorios en los cuales ya hemos superado la capacidad de respuesta. Esperar a que sea el cambio climático el que nos enfrente a esa cruda realidad es complicado.

Acaba de adoptar ayer la Comisión de desembalse del Guadalquivir su cuadro de dotaciones para este periodo de regadíos y las restricciones están por encima del 80%. Tenemos que saber de lo que estamos hablando.

A la hora de cómo aplicar el concepto de adaptación, cambio climático al conjunto de la economía de un país, uno de los elementos en los que todavía no se ha entrado es en el de la adaptación de las concesiones. Los propios agricultores eso ya lo saben, ya lo conocen. Tenemos más demanda de agua para regadío consolidada que uso real de agua. En algún momento habrá que adecuar esas concesiones al uso real de agua. Las dotaciones tienen que converger con las concesiones y no hay otra alternativa posible.

¿Nos acercamos a un problema de suministro de agua de consumo humano en España? ¿Cómo de probable es que eso ocurra en el futuro dado el cambio climático y su aceleración?

Primero. Mensaje fundamental: como país estamos en condiciones de garantizar el suministro de agua potable al conjunto de la ciudadanía. España es probablemente uno de los países que tiene en estos momentos mayor capacidad de establecer esa garantía, porque contamos con un sistema de gestión en el que se integra la propia capacidad natural de los ciclos con los diferentes mecanismos de regulación y de gestión, infraestructuras convencionales, no convencionales. Tenemos un sistema robusto como país para poder trasladar una garantía al conjunto de la ciudadanía de que no va a haber riesgos para que tengan acceso a la agua.

Dicho esto, esto a lo que nos tiene que conducir es a poner en marcha mecanismos de anticipación para poder dar respuesta a escenarios bastante más exigentes, que son los que nos vamos a encontrar por delante. Y para eso necesitamos restaurar buena parte de los reservorios naturales de agua que tenemos.

La tecnología no lo va a resolver todo. La tecnología es un apoyo, pero lo que necesitamos es agua. Desde luego con más embalses no se va a resolver. Con embalses vacíos no se garantiza el agua a la ciudadanía. Construir más embalses en un país que, en estos momentos, a fecha de hoy, tiene su capacidad de almacenamiento al 50%, es, en principio, en mi opinión, tirar el dinero.

Y más sabiendo que esta es una tendencia que se viene manteniendo a lo largo del tiempo, no es una situación puntual, excepcional de este año. Uno puede acudir y hacer comparativas en fechas, ver cómo estábamos en el mes de abril el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Esta es una tendencia que se va manteniendo.

Si no pusiésemos en marcha mecanismos de planificación y restricción en usos cada año para, por ejemplo, la dotación de usos económicos, no estaríamos en situación de poder garantizar esto.

Pero lo que no podemos olvidar es que lo que nos dicen todas las proyecciones de clima es que vamos a seguir perdiendo aportaciones naturales y tenemos que tomar decisiones que nos anticipen esos nuevos escenarios.

Eso significa que no podemos prescindir ni de una sola gota de agua por razones de sobreexplotación o uso indebido. Luego tendremos apoyos tecnológicos. Miento, tenemos apoyos tecnológicos ya en estos momentos. Esos apoyos tecnológicos lo que nos permiten es seguir manteniendo esa garantía de abastecimiento mientras llegamos a la recuperación de esos reservorios de agua naturales que son, como decíamos, la garantía, el seguro de vida del país. El agua es una política de seguridad de un país.

¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en declarar en riesgo oficialmente, pasando por el BOE, tres de las masas de agua subterránea de las cinco que forman el acuífero de Doñana y que aún no se haya avanzado en los pasos de dicha declaración?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en 2021 en relación con Doñana y lo hace básicamente sobre un argumento sobre el cual hace pivotar su conclusión final, teniendo en cuenta que sobre esta cuestión la Comisión Europea ya venía advirtiendo desde hacía tiempo, tiempo atrás. ¿Qué dice la sentencia? Ni en la planificación hidrológica 2012-2015 ni en la planificación hidrológica 2015-2021 el Plan Hidrológico del Guadalquivir incorpora medidas encaminadas al cumplimiento de los objetivos marcados para revertir la situación de deterioro de Doñana. Incluso viene a decir que no es coherente con el desarrollo del Plan de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014. Es decir, la planificación hidrológica, que tiene por razones de seguridad jurídica una vigencia que es la que marca el periodo de planificación, y en este caso estábamos en primer y segundo ciclo, es la que las confederaciones hidrográficas gestionan hasta la conclusión de la misma.

Los planes hidrológicos de tercer ciclo se publican en el Boletín Oficial del Estado en febrero del año 2023. Es a partir de este momento en el cual las herramientas de actuación empiezan a estar un poco más alineadas con lo que debería de ser un compromiso de acción en términos de gestión ambiental de las masas de agua.

Para cerrar pozos ilegales no hace falta una nueva planificación hidrológica. ¿Cómo es posible que no estén aún sellados los pozos en terrenos que el Plan de la Fresa, que es de 2014, ya decía que no eran regables y que no cuentan con concesión de agua?

La Confederación (del Guadalquivir) todavía esta semana está cerrando pozos. Tiene ahora mismo en marcha un plan de actuación de cierres identificados del entorno de unos 400 pozos. Tenemos un país que presume de un sistema de seguridad jurídica. Un expediente para un cierre de pozo conlleva una actuación administrativa. Concede unos derechos de recurso en vía administrativa. En no pocos casos, agotada la vía administrativa, el perjudicado, llamémoslo así, recurre a la vía judicial y en no pocos casos tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento judicial firme, definitivo, para poder cerrar esos pozos. Dicho esto, cada vez nos estamos encontrando con más ciudadanos afectados por expedientes que voluntariamente dan ese paso. No hay que esperar a agotar el recorrido final.

Pero a fecha de hoy, la Confederación Hidrográfica, en ese periodo de tiempo, desde 2018 hasta acá, ha cerrado del orden de unos 250 pozos en vía voluntaria, ha cerrado otro número considerable de pozos de forma subsidiaria y tiene en cartera ahora mismo del orden de otros 400 pozos que, en la medida en que vayan agotándose los procedimientos y devengan firmes los expedientes, se irán cerrando.

¿Por qué no se ha hecho en el Guadalquivir con respecto a Doñana lo mismo que en el Segura con el Mar Menor? Allí se ha demostrado que con medidas cautelares se pueden cerrar de forma inmediata los pozos sin esperar años a que los tribunales tomen una decisión en firme.

En el Segura, igual que se está haciendo en el Guadalquivir, tras la declaración de la masa en riesgo, hay que poner en marcha un plan de gestión. Todo eso lleva a un procedimiento. Hay que constituir las comunidades de usuarios y el procedimiento tiene que seguir esos trámites. En el Segura se empezó antes y al Guadalquivir se empezó un poco después. En el Segura, como consecuencia de que se empieza un poco antes buena parte de la aplicación de las medidas ya son efectivas en estos momentos. En el Guadalquivir estamos ahora mismo, con independencia de que sí se vienen cerrando pozos, se van cerrando pozos desde 2018 hacia acá, a un ritmo yo creo que considerable. Yo creo que en la retina de algunos estará alguna actuación de la guardería de la Confederación Hidrográfica acompañada de las fuerzas de la Guardia Civil para poder acometerlo.

Una cosa es lo que uno pueda creer que se puede hacer con carácter inmediato y otra cosa es poder hacerlo efectivamente. Pero ahora mismo la Confederación Hidrográfica está culminando el procedimiento que lleva a la aplicación del plan de gestión como consecuencia de la declaración de las tres masas de agua que están ahora mismo declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado.

O sea que la misma herramienta para la misma aplicación y además sobre el aprendizaje que hemos tenido en este caso en la demarcación del Segura.

¿Considera que las confederaciones hidrográficas han hecho su trabajo correctamente?

Es evidente que en algunos casos han llegado tarde. Eso es evidente. La propia Confederación del Segura lo ha reconocido. No quiero caer, no me gusta caer en la dinámica de trasladar hacia atrás responsabilidades por inacción. Yo tengo que asumir la responsabilidad hoy de la Administración en su conjunto, de todo un hilo. Hoy tenemos la responsabilidad de lo que no se ha hecho a lo largo del tiempo en materia de planificación. Y eso es así.

Pero volvemos otra vez sobre la pregunta que me hacías al principio: ¿Es este el mejor momento? Sois conscientes de que tenemos mucho conflicto territorial que ha eclosionado. Ponías el ejemplo del Campo de Cartagena. Me sirve, pero no es el único.

En algún momento había que tomar esa decisión. Bueno, pues vale. No se había tomado antes. No se había tomado. ¿De quién es la culpa? Digámoslo así, nuestra, de la administración competente en materia de planificación hidrológica a nivel estatal. Pues hemos decidido que esto no podía continuar así.

El próximo mes de julio, Las Tablas de Daimiel cumplen 50 años como Parque Nacional. ¿Van a cumplir el medio siglo estando prácticamente secas salvo las pequeñas transfusiones que se le hagan para que no arda la turbera?

Las Tablas de Daimiel, por desgracia, han venido sufriendo a lo largo de los últimos años periodos recurrentes de sequía y algunos, muy pocos, poquísimos, de aportaciones extraordinarias. Yo creo que lo que va a cumplir las Tablas de Daimiel son sus 50 años con un plan de acción, en este caso por la parte que nos corresponde en el Guadiana, que puede ser gemelo del Segura o del Guadalquivir.

Y además podemos hablar en términos generales en relación con las medidas de actuación desde el punto de vista de la planificación y con las medidas financieras que acompañan a la misma. En el caso de del Mar Menor, todo el plan de acción viene acompañado con un plan de inversiones de más de 450 millones de euros; en el Guadalquivir, algo más de 350 millones de euros y en el Guadiana de 250 millones de euros.

Pero nuestra vocación, ese era el objetivo que nos marcábamos y en ello estamos, es que el regalo que le queremos hacer a las Tablas de Daimiel por su 50 cumpleaños es un plan de acción desde el punto de vista de la planificación hidrológica. La tubería manchega no puede tener fines medioambientales porque la propia declaración de impacto ambiental que acompañó la ejecución de la obra explicita que únicamente puede ser utilizada para el suministro de agua urbana. El agua tiene que venir de la propia capacidad que tiene el territorio para sostenerse.

Pesticidas que van cambiando conforme la legislación les pone coto, químicos conocidos como eternos por su persistencia como los PFAS, microplásticos… hay organizaciones y organismos haciendo estudios independientes que arrojan contaminaciones que no aparecen recogidas en los registros oficiales. ¿Hasta qué punto conocemos el estado de nuestras aguas?

En el mundo de la gestión del agua hay todavía un enorme universo desconocido por explorar que en muchas ocasiones las necesidades del momento te impulsan a explorarlo y a incorporarlo. Con ocasión de la pandemia, pusimos en marcha un proyecto que es el del análisis de las aguas residuales para tener herramientas que nos permitan identificar en esas aguas oportunidades de respuesta, que en este caso era entender cuál era la evolución de la pandemia en función de la concentración que se conseguían en esas analíticas.

Pero claro, ahí aflora absolutamente todo. El mundo de los microplásticos es una cuestión que acaba de aterrizar. No estaba en las planificaciones anteriores. El mundo de los productos farmacológicos hasta ahora parecía que no era una realidad a la cual hubiese que prestar atención. De hecho, ahora mismo, en el proceso de revisión del reglamento que está iniciando la Comisión Europea sobre aguas residuales, hay que hacer una actualización completa de cual debe de ser el mecanismo de respuesta que la legislación tiene que incorporar para poder tener en cuenta todo este conocimiento acumulado que no estaba incorporado con anterioridad para diseñar las respuestas de las respuestas de futuro.

Y además, teniendo en cuenta que, si aspiramos a que la reutilización de aguas regeneradas forme parte de la circularidad en relación con un elemento que ya es escaso de por sí y que necesitamos aprovechar en toda su en toda su potencialidad, para poder hacer eso, para poder tener una capacidad de reutilización adecuada, necesitamos tener una garantía de base de que estamos hablando de aguas que cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas.

Queda mucho por recorrer y poco tiempo para poder hacerlo. Buena parte de los parámetros están ahora mismo incorporados en la planificación de las confederaciones, ya, en relación con la obligaba analítica que debe hacerse para saber en qué momento una masa de agua está en riesgo. Qué componentes son los que llevan a ese análisis de riesgo, cuáles son las fuentes de origen para poder atacarlas en origen.

¿En qué medida puede cambiar la política hidrológica dependiendo de quién gane las elecciones? Se vuelve a hablar de infraestructuras, incluso se ha vuelto a citar el Trasvase del Ebro.

El Gobierno del Partido Popular, cuando se aprobó el Plan Hidrológico de 2001, incorpora el trasvase del Ebro. Aquello lo deroga el Gobierno de Zapatero en 2004-2005. El Gobierno del Partido Popular vuelve a tener responsabilidades en el ámbito de la planificación en el año 2012, permanece en el Gobierno hasta el año 2018 y el trasvase del Ebro nunca se reactivó. Aquello que en estos momentos solamente sirve para hacer discursos electorales pero no tiene capacidad de poder ser trasladado operativamente a la acción de gestión del día a día, nunca se va a ejecutar. Lo lamentable es que se sigan utilizando argumentos que se sabe, se conoce perfectamente que, por más que se repitan, nunca se van a poder llevar a cabo.