Desde la profunda sequía de los años noventa, cada periodo seco ha servido para implantar medidas de emergencia para la agricultura o permitir prácticas que no se eliminaron al volver las lluvias, se emplearon para ampliar regadíos, aumentando el problema de sobreexplotación y contaminación de acuíferos y los humedales a los que alimentan. Cada sequía ha contribuido a agravar los desastres actuales de Las Tablas de Daimiel o el Mar Menor y los problemas de abastecimiento en decenas de pueblos de la Mancha Húmeda o Andalucía, pero también ha puesto al límite a la propia agricultura. Esta es la historia.
Enero de 1993. La sequía no remite. En la Loma de Úbeda (Jaén) las aceitunas se arrugan sin grasa en las ramas de los olivos, se afligen, dicen los olivareros viendo perderse los árboles. Olivos centenarios, con troncos retorcidos de tres pies, están al límite. Del cielo no llueve pero bajo las raíces de los olivos hay 1.173 kilómetros cuadrados de un acuífero aún sin catalogar. Nadie sabe que existe.
Los campos de maíz, de remolacha, que tienen ya sobreexplotadas las masas de agua subterránea de la llamada Mancha Húmeda, las que alimentan las Tablas de Daimiel y dan de beber a decenas de pueblos manchegos, se ven obligados a convertirse a cultivos menos demandantes de agua. La Ley de 1970, que en la primera mitad de los noventa sigue en vigor, es clara. Si quieren volver al viñedo, está prohibido regarlo.
En Murcia, en el Campo de Cartagena junto al Mar Menor, el trasvase desde el Tajo al Segura está en mínimos y los acuíferos de los que se ha estado sacando agua, sobreexplotados. Hay un acuífero que está a rebosar pero sus aguas, además de salobres por la conexión con el Mar Menor, están altamente contaminadas por los nitratos de los fertilizantes del regadío que llevan décadas filtrándose al subsuelo. Para utilizar el agua sería necesario desalobrarla, si no, no es apta para el riego. Pero el proceso genera un vertido en el que se concentran los nitratos y que sería un alto riesgo para el Mar Menor.
En Sevilla, se corta el agua del grifo la mitad del día. Madrid extrae agua subterránea y desde ríos ajenos al sistema del Canal de Isabel II. Hay problemas de abastecimiento en media España y aún quedan dos años de sequía. Administraciones, agricultores, particulares perforan el suelo sin descanso en busca de agua.
En la Loma de Úbeda, en Jaén, pinchan al fin el acuífero gigantesco y confinado. Los árboles del olivarero que abre un pozo multiplican hasta por cinco la cosecha típica de un año de lluvias con el árbol en secano. La PAC, que pagaba entonces por producción, riega la Loma.
El 4 de octubre de 1994, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autoriza la utilización del agua salobre del acuífero Cuaternario bajo el Campo de Cartagena, junto al Mar Menor, cuya desalación también autoriza de forma temporal. La CHS permite en principio que los vertidos, que concentran los nitratos, acaben en el Mar Menor, tal y como demuestran los documentos que desveló DATADISTA en la investigación Mar Menor: historia profunda de un desastre.
El fertilizante que alimenta lechugas en la tierra abona el fitoplancton en el agua haciendo que se reproduzca sin control. La CHS revertirá en pocos años las autorizaciones temporales para más de 50 desaladoras pero deja de controlarlas durante años permitiendo que se instalen por centenares bajo el Campo de Cartagena.
No se abrirá ni un expediente a una desalobradora ilegal hasta 2014. Cuando se empiece a investigar, se descubrirá que bajo el Campo de Cartagena se creó una inmensa red de canalizaciones, plantas de osmosis inversa, ocultas en rampas móviles y hasta alimentadas con baterías de vehículos enterrados para que la red eléctrica no ayudase a su localización.
En los noventa se autorizó además la utilización de pozos de sequía que deberían haberse cerrado con la vuelta de las lluvias, cosa que no se hizo hasta 2015 para después, ante un nuevo periodo seco, permitir el uso de buena parte de ellos.
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En 1995, las reservas de las cinco cuencas del sur (Guadiana, Guadalquivir, Sur, Júcar y Segura) llegaron a estar en la tercera parte del nivel en 1990. Las restricciones en el consumo de agua afectaron a 12 millones de personas. El Gobierno central se planteó inversiones multimillonarias en infraestructuras para abastecimiento.
A finales de 1995, empezó a llover con fuerza. Los planes de infraestructuras se abandonaron. El 15 de enero de 1996, el Gobierno central aprobó la Ley de medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía, que derogó el artículo del Estatuto de la vid que prohibía ponerlo en riego. La medida se dirigió claramente a Castilla-La Mancha. El efecto llamada fue brutal. El campo había sufrido mucho con la sequía. Se dejó hacer. Las políticas autonómicas potenciaron la conversión del viñedo a regadío.
En La Loma de Úbeda, las lluvias no hicieron que se revirtieran los olivos al secano. Aún hoy es la región de cultivos permanentes de España que más cobra de la PAC. El Gobierno andaluz puso durante muchos años el olivar en regadío como ejemplo de éxito en la producción de aceite. Tanta agua se sacó que en pocos años los pozos empezaron a dar señales de que se estaba dañando gravemente al acuífero. El IGME lo advertía en sus informes. El agua, que al principio salía con una fuerza de hasta 100 litros por segundo, la fue perdiendo en muchos pozos hasta llegar a dejarlos secos. Los olivareros trataron de crear una comunidad de regantes para ordenar las extracciones pero las competencias de ida y vuelta en agua entre la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la inacción de las administraciones, además de irregularidades en los procesos, dejaron sus tentativas en nada. En la Loma los olivos han tenido que volver a secano a la fuerza cada vez en más puntos.
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2009
Año 2009. La sequía se alarga de nuevo. El déficit de lluvias ya va para cuatro años. El 6 de febrero, el Gobierno de España recibe un escrito de la Secretaría Ramsar, que gestiona el prestigioso convenio internacional de humedales, preguntando por la aplicación del Plan del Alto Guadiana que, en teoría, debería haber servido para mejorar la complicada situación que sufre el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
El Plan había diseñado toda una serie de medidas tras estudiar en detalle el daño a los acuíferos y el Parque debido a la puesta masiva en regadío de los cultivos de la región. De las 20.000 hectáreas regadas de los años setenta del siglo XX, dice el Plan, se había pasado a más de 200.000 hectáreas en la primera década del XXI, la inmensa mayoría sobre acuíferos sobreexplotados. El mismo Plan había detectado, junto a los pozos legales, que ya extraían más agua de la que era capaz de reponer el ciclo natural, alrededor de 7.000 pozos ilegales. El 2 de marzo de 2009 es la Comisión Europea la que escribe a España para saber si se está aplicando la directiva Hábitat en las Tablas.
Quedan menos de cuatro meses para que las primeras señales de humo salgan al exterior colándose entre las grietas de la tierra seca del Parque y den la alarma del incendio subterráneo de la turbera. Ante la falta de agua y las altas temperaturas, la capa vegetal nacida bajo el suelo del humedal entrará ese verano en combustión, tal y como hacía años había alertado el IGME. El desastre amenazaba ya con ser irreversible.
A principios de octubre de ese año 2009, se celebra la reunión anual del Comité de Humedales, un encuentro entre el Gobierno y responsables de cada comunidad autónoma al que se da cero repercusión informativa a pesar de que es donde se pasa revista a la situación de las zonas húmedas de España (incluidos Doñana, el Mar Menor, Las Tablas, La Albufera de Valencia, el Delta del Ebro junto a cientos de humedales más) y a cuyas actas y fichas de los últimos quince años ha tenido acceso DATADISTA.
Ambos escritos, el de Ramsar y el de Bruselas, y la necesidad de darles respuesta se mencionan en la reunión en la que se repite el orden del día habitual: el tirón de orejas a las comunidades autónomas que no están aportando su catálogo de humedales al inventario nacional para permitir su protección, se ponen deberes y se sacan a la luz las quejas y expedientes que empiezan a llover sobre España por descuidar su riqueza natural.
Diez días después de la reunión, el diario El País publica que Las Tablas de Daimiel arden bajo el suelo desde hace meses. El Gobierno tarda entonces menos de dos semanas en anunciar que ha comprado varias fincas en el entorno de Las Tablas y que va a sacar agua de los pozos situados en las mismas para inyectar un mínimo de agua que sirva para humectar la turbera y sofocar el incendio. A toda velocidad se diseña todo un plan de apertura de sondeos para poder extraer hasta 10 hm3 al año más 2 hm3 de los derechos de las tierras adquiridas para evitar la autocombustión. Se invierten millones en una canalización que lleve agua desde el Tajo.
y enero de 2024. | DATADISTA
Los pozos de emergencia se abren pero no se usarán hasta 2020, en medio de otra sequía en la que España sigue inmersa hoy. Razón: a finales de 2009 empieza a llover. A llover a mares. Tanto que en enero del año siguiente hay cerca de 1.500 hectáreas del Parque inundadas, frente a las alrededor de 20 has del otoño. Llueve por encima de la media durante varios años que logran incluso que vuelvan a aflorar temporalmente los Ojos del Guadiana, ciegos desde 1984.
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El 1 de octubre de 2010 se celebra, esta vez en Doñana, la reunión anual del Comité de Humedales. Según el acta de ese día se habla de nuevo de Las Tablas de Daimiel pero en un sentido totalmente distinto al del año previo. Las lluvias han convertido la situación del Parque en algo que celebrar, especialmente porque a España se le ha transmitido "informalmente" desde la Comisión Europea que se va a dejar en suspenso el procedimiento de infracción abierto por la situación del enclave protegido debido a la evolución del último año. La lluvia sumerge el problema. El Gobierno saca pecho de sus medidas como si no hubiera sido el cielo el que hubiera puesto el remedio. Circulen, nada que mirar hasta la próxima sequía.
La imagen de la derecha, la situación actual. | IGN
El tesoro dañado del agua subterránea
Dice el BOE, porque lo dice Europa, que el agua tiene como prioridad el abastecimiento humano. El cambio climático arrecia, los periodos secos se alargan y, si el agua superficial no responde a esa prioridad, España tiene una riqueza enorme bajo el suelo, un entramado de acuíferos que alimenta el caudal de los ríos, alumbra manantiales, genera humedales incluso en las zonas más áridas, dando lugar a ecosistemas privilegiados y, desde hace siglos, dando de beber a cientos de pueblos.
Mal estado cuantitativo
Mal estado químico
Sin embargo, el 80% de las masas de agua subterránea de la cuenca del Guadiana está contaminado por nitratos y el 55%, sobreexplotado. El 37% de la extensa cuenca del Guadalquivir está sobreexplotado y el 28%, contaminado. El 34% de las aguas subterráneas de la cuenca del Ebro está contaminado. El 60% de las masas de agua subterránea del Segura, sobreexplotado. El 35%, contaminado.
En total, el 44% de las masas de agua subterránea en España está en mal estado, ya sea por sobreexplotación, contaminación o ambas, según el análisis realizado por DATADISTA de los documentos de los Planes de Tercer Ciclo (2022-2027) elaborados por las confederaciones hidrográficas y presentados por España ante Bruselas.
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Contaminación en el agua del grifo
El problema de la contaminación de los acuíferos es que, cuando se acude a ellos en busca de agua para beber, ya no es posible. Es lo que les ocurrió a una docena de municipios del Campo de Calatrava unidos en el Consorcio Vega del Jabalón, cuando se quedaron sin agua superficial. Al abrir en 2020 sondeos de agua subterránea de emergencia tras vaciarse el embalse por la sequía vieron que el agua tenía exceso de nitratos. Hubo que invertir en una planta de ósmosis inversa debido al alto nivel de nitratos detectados en el agua extraída.
La falta de lluvias tiene además el efecto de que, en los acuíferos contaminados, los elementos contaminantes se concentran aún más, superando en ocasiones los límites aptos para el consumo humano.
Del efecto de la contaminación en las aguas saben desde hace años en Lierta, un pequeño núcleo urbano perteneciente al término municipal de La Sotonera (Huesca), lleven años bebiendo en verano agua de garrafa repartida por el Ayuntamiento porque la del grifo, contaminada igualmente por nitratos, no se puede beber. En este caso ha sido el efecto de la proliferación de macrogranjas en Aragón, investigado por DATADISTA en El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, el que ha provocado el daño en los acuíferos.
Entre 2016 y 2020, 49 municipios de Aragón superaron el límite en algún momento del año.
La norma: legalizar lo ilegal
Uno de los principales empeños de las autoridades que gestionan el agua, las confederaciones hidrográficas, y las que tienen las competencias para decir si un suelo es regable o no, las comunidades autonómas, ha sido legalizar lo que iba creciendo de forma ilegal. En el Segura, junto al Mar Menor, se acuñó el término “regadío consolidado” para referirse al regadío ilegal anterior a 1998. Lo llamaban "ilegal con asterisco" y en los sucesivos planes de cuenca se fueron buscando las vías para legalizarlo.
El regadío se extendió en el Campo de Cartagena mucho más allá del suelo legal e incluso del legalizado, como denunciaron durante años la asociación Anse y WWF, que realizaron un pormenorizado estudio que detectó alrededor de 12.000 hectáreas ilegales. Ese regadío no empezó a controlarse hasta después del primer episodio de mortandad masiva de peces en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019 y las medidas más drásticas no se tomaron hasta que Europa abrió un expediente a España a mediados de 2020.
De los 7.000 pozos ilegales que detectó el Plan del Alto Guadiana que afectaban a los acuíferos que alimentaban las Tablas pero también al agua del grifo de muchas poblaciones, se legalizaron 4.000 en 2010. La Junta de Castilla-La Mancha votó en contra del último plan de cuenca del Guadiana porque el Gobierno central, de su mismo signo político, no se comprometió a legalizar el resto.
En 2003, se aprobaba en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD), que regularizó buena parte de las plantaciones ilegales de fruto rojo a cambio de frenar el robo masivo de agua y el daño a las zonas forestales en el entorno del Parque Nacional. Los invernaderos siguieron creciendo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Comisión Europea utilizan los cálculos de WWF en base a imágenes de satélite que concluyeron que el regadío fuera de ordenación añadido tras la aprobación del POTAD ocupó unas 1.600 hectáreas, las que pretendió regularizar el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla antes del acuerdo con el Gobierno central.
Un humedal en coma mantenido con parches
En 2023, Las Tablas de Daimiel cumplieron 50 años desde su catalogación como Parque Nacional. Celebraron su cumpleaños secas, con las hectáreas mínimas inundadas artificialmente para evitar que se repita el incendio de 2009.
Se las mantiene al límite del desastre absoluto con aportaciones artificiales: trasvases de ríos en superficie, medida descartada hace tiempo por el escaso volumen de agua que llega debido a la evaporación; los pozos de emergencia, que sacan el agua del mismo acuífero sobreexplotado que ha causado el desastre; y excepcionalmente agua del Tajo canalizada a través de la llamada tubería manchega, que entró en funcionamiento en 2023 para dar agua de beber a decenas de pueblos de la región. Una infraestructura que no tiene permitido tener fines medioambientales pero que se usó para derivar agua a Las Tablas (1,2 hm3) aprovechando el periodo de pruebas.
Meses en los que se
han activado los pozos de sequía.
Envío de agua desde la
tubería manchega.
Dice el Plan Rector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel aprobado en 2017 que el “objetivo mínimo de inundación” para el Parque son “1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera y 600 hectáreas a finales de verano”. El máximo se estableció en 2.200 hectáreas. Desde que se inició en 2019 la sequía actual, por más agua que se aporte de forma artificial ha habido periodos en que la superficie inundada ha estado en torno a 20 hectáreas, ni el 1,5% de la superficie inundable. En septiembre del año pasado llegó a estar en 6 hectáreas, según el informe de sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de ese mes. El Gobierno de Castilla La Mancha ha asegurado recientemente que se han alcanzado las 200 hectáreas, aunque el último informe publicado refleja aún una superficie inundada de 40 hectáreas el 1 de enero de 2024.
Todas las figuras de protección sobre el papel no han servido para proteger ni los enclaves más especiales.
Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, humedal incluido en la lista Ramsar del convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional, parte de la Red Natura. Y casi desaparecido cuando no llueve por la sobreexplotación de las aguas subterráneas que lo alimentaban antaño.
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Doñana. Parque Nacional, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, zona especial de protección de aves, humedal Ramsar. Y con buena parte de las lagunas temporales ya desaparecidas, la permanente de Santa Olalla secándose ya durante dos veranos consecutivos y con las aves invernantes reducidas a menos de la mitad que hace un año, según alertó ayer la Estación Biológica de Doñana.
Mar Menor. Lugar de Interés Comunitario, ecosistema incluido en la Red Natura 2000, Zona Especial de Protección de Aves, Área de Protección de Fauna Silvestre, humedal de Importancia Internacional incluido en el Convenio Ramsar, zona especialmente protegida de Importancia para el Mediterráneo. Presionado durante décadas por los residuos mineros, el urbanismo desbocado y desequilibrado definitivamente por los nitratos de los fertilizantes del regadío intensivo que lo eutrofizaron y han provocado sucesivos episodios de sopa verde y mortandad masiva de peces.
El coste millonario para revertir el daño
Trasvases, canalizaciones, plantas de desalinización de agua del mar, planes de recuperación. Para el Mar Menor, Doñana, y ahora también para Las Tablas suman por el momento más de mil millones de euros comprometidos en la recuperación, de los que una parte importante vendrá de Europa, gracias a los fondos NextGeneration EU.
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