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España son (también) sus huelgas. Trazar una línea de tiempo e ir marcando una a una las fechas, especialmente de las huelgas generales, obliga, aunque sea por un momento, a mirar a la cara su contexto, sus protagonistas, su efectividad, ayuda a contar este país incluso ciñéndose a esta etapa encapsulada en el imaginario colectivo como un todo por ser lo que vino tras el fin de la dictadura: la democracia.
Pero ese todo es tan variado que es el país de la cadena única de televisión de 1988 en la que el técnico de sonido sintió como un resorte las palabras de la presentadora asegurando que la emisión seguiría con normalidad, cuando el comité había acordado ir a la huelga tras horas tratando de negociar los servicios mínimos con una dirección implacable, y decidió robarle esas palabras apagando el sonido, momentos antes de que sus compañeros cortasen la señal desde Navacerrada y TVE se fuese a negro, diciéndole al país que la huelga general daba comienzo y que iba a ser un éxito, el mayor que se recuerda.
El país en el que, 30 años después, alrededor de 2.000 periodistas, mujeres todas, se unieron a un grupo de Telegram sumando contactos y más contactos de unas y otras para orquestar el movimiento #lasperiodistasparamos como impulso definitivo a un Día de la Mujer llamado a ser una huelga general femenina, de trabajo remunerado y de todo lo demás que no lo está, y dieron lugar a un manifiesto firmado por más de 8.000 mujeres periodistas en el día en que, sin mujeres, desaparecieron programas enteros de los canales de televisión y alguna cadena privada tuvo que hacer los informativos solo con caras masculinas en lugar de los rostros conocidos por la audiencia.
Porque es difícil mayor visibilidad de una huelga general que la que dan los medios. El fundido a negro, los kioscos sin sus torres de periódicos cuando había torres de periódicos en los kioscos, porque anticipan las calles vacías, los transportes parados, las fábricas cerradas o que los futbolistas decidan que también va con ellos y paran.


Cartel de CCOO y manifestación en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Cartel y foto: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
Viajar por las huelgas generales es ir a la nación del baby boom cuando el baby boom era joven, mucho, muchísimo antes de ser acusado de pegarse la vida padre, cuando con su llegada al mercado laboral y su abundancia no llenaba Benidorm sino las listas del paro y aquello justificaba planes de empleo juvenil de salarios mínimos, contratos bonificados para las empresas y libertad de despido.
Es ir de la nación que veía tan moderno ser capaz de organizar en un mismo año unas Olimpiadas y una Exposición Universal como recortar ese mismo año la prestación de desempleo. Es ver crecer la burbuja inmobiliaria y de crédito y su estallido. A Zapatero en Rodiezmo y el momento en que, “me cueste lo que me cueste”, ya no pudo aparecer por allí para inaugurar el curso. A Felipe González desacomplejado y a Nicolás Redondo (padre) desesperado votando en contra leyes de su bancada y finalmente dejando su acta en el Congreso de los Diputados. Es ver a la España de Aznar, pese a que siempre iba bien, recortando la prestación por desempleo, suprimiendo los salarios de tramitación en un ensayo suspendido gracias a una huelga general que se llevó por delante hasta al ministro que la firmaba aunque el ensayo se materializó años después con Mariano Rajoy en plena crisis con su reforma laboral extremely, extremely aggressive.
La primera huelga general en España tras el fin de la dictadura fue una huelga europea. Una España aún pendiente de aprobar su Constitución sufría con el resto del mundo las consecuencias de la crisis petrolera de 1973 y la respuesta empresarial en forma de oleadas de despidos. Con la UCD de Adolfo Suárez en el Gobierno, UGT y CCOO decidieron unirse a los sindicatos de otros 28 países y secundar la huelga general convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
La del 85, pese a ser una huelga que siempre se considera previa a la acción unitaria de los dos grandes sindicatos por haber sido convocada en solitario por CCOO, tuvo a la UGT mucho más cerca de secundarla de lo que a veces pueda darse a entender. Fue entonces cuando empezó a oírse el crujir del desgarro que venía gestándose meses, quizás años, la ruptura entre el PSOE y la UGT.


Carteles de la huelga general del 20 de junio de 1985. Carteles: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
El 28 de octubre de 1982, los socialistas ganaban las elecciones que les permitirían volver al Gobierno de España por primera vez desde 1939. Felipe González llegaba a la Moncloa en un ambiente empapado de la promesa de cambio en favor de la clase trabajadora en tiempos en que los lazos del sindicalismo y la política eran tan estrechos que los dirigentes de UGT iban en las listas socialistas al Congreso de los Diputados y CCOO estaba vinculada al PCE.
Como diputado socialista se sentó en el Congreso desde 1977 Nicolás Redondo, secretario general de UGT, curtido en las consecuencias del sindicalismo antifranquista de los tiempos de la dictadura, en las salidas y entradas a la cárcel, a quien un joven abogado laboralista llamado Felipe González había defendido tras un despido y encarcelamiento debido precisamente a su actividad política y sindical. Redondo apoyó a su ya amigo González en 1974 en Suresnes (cuando Redondo aún respondía al nombre clandestino de Juan y González a Isidoro) para que liderase el PSOE mientras él mantenía el mando en el sindicato.
Con el PSOE en el Gobierno, se acometieron rápidamente algunos avances prometidos como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (desde las 42 horas en que había quedado tras reducirse en 1976 desde las 48 horas) o la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Sin embargo, Felipe González no tardó en avisar de lo que se consideró el cambio del cambio cuando, al poco de llegar a la Moncloa, dijo aquello de: “Para repartir la tarta primero tiene que crecer”. Hay voces que sostienen que incluso con aquellos avances laborales empezaron las tensiones entre el Gobierno y la UGT, decantándose el primero por la comprensión con la patronal, que se declaró durante un tiempo incluso insumisa a su aplicación.
Las promesas se fueron retrasando con el objetivo de superar la crisis económica, que venía de la crisis del petróleo pero que se acompañó de una dolorosa reconversión industrial, traducida más en cierres que en inversiones y todo ello aderezado por el miedo a menear de más un país aún conmocionado por el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
En aquel ambiente, los perfiles bipolares entre el sindicalismo y la política fueron eligiendo. En 1985, Joaquín Almunia, antiguo colaborador de Redondo en la UGT, firmaba como ministro de Trabajo una reforma de la Seguridad Social que suponía ampliar el periodo de cómputo de las pensiones de 2 a 8 años. Aunque hoy parezca una errata, con el cómputo extendido ya a toda la vida laboral, aquella decisión motivó que CCOO le hiciera al PSOE de González su primera huelga general.

Antonio Gutiérrez, secretario general de CCOO entre noviembre de 1987 y abril de 2000, asumió como un error de su sindicato en un libro coral en 2018 (14D: Historia y Memoria de la Huelga General, Catarata y Fundación 1º de Mayo, 2018) que se propuso a UGT la convocatoria de la huelga general “una vez que esta ya se había publicitado, lo que, lejos de facilitar el incipiente recorrido que había permitido celebrar manifestaciones unitarias contra el citado decreto [de las pensiones] hasta unas semanas antes, provocó la división sindical”.
Cuando con la salida de la crisis y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, la economía empezó a crecer con fuerza, Nicolás Redondo empezó a hartarse de que la tarta no se repartiese nunca y en octubre de 1987, al presentarse el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio siguiente y constatarse el incumplimiento de las líneas defendidas por UGT, entregó su acta de diputado.
Si UGT estuvo históricamente vinculada al PSOE, CCOO lo estuvo al Partido Comunista de España hasta que Marcelino Camacho empezó a desligarse de las directrices del PCE y definitivamente con aquella frase de Antonio Gutiérrez ya como secretario general de: “¡Basta ya de injerencias!”
A las 00.00 del 14 de diciembre de 1988, mientras la presentadora de TVE aseguraba en pantalla que la emisión iba a continuar con normalidad, el técnico Ángel Larroca apagó el sonido. “¿Pero cómo que no pasa nada?, ¡Claro que pasa, que sea lo que Dios quiera! Y cerré la tecla, me levanté, y dije: Señores, esto se ha acabado”, contó Larroca a VerTele cuando se cumplían 30 años de aquella jornada. Desde el repetidor de Navacerrada, en la conocida como Bola del Mundo, otros dos técnicos se encargaron de cortar la señal para que no pudieran recuperarla sin negociar. La tele se fue a negro en los tiempos de la cadena única, anunciándole a España que empezaba una jornada histórica. Sin televisión, sin periódicos en los kioscos gracias a que los trabajadores de los diarios habían hecho huelga el día 13 para que no hubiera periódicos el 14.
Pararon hasta los relojes, se ha dicho de aquella huelga. Porque paró la tele y pararon los transportes, pararon los actores y los estudiantes, se hicieron servicios mínimos en los hospitales y paró hasta el fútbol. “La Unión de Actores y Actrices, 1.200 intelectuales encabezados por el profesor Aranguren, el Consejo de la Juventud, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que llegó a crear hasta su propio comité de huelga, confluyeron en el apoyo y participaron activamente en la preparación de la huelga general del 14D”, explica Antonio Gutiérrez.
Durante horas se vaciaron las calles.



Calles vacías y comercios cerrados en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Fotos: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
Quién se lo iba a decir a Felipe González cuando meses antes, a finales de julio, había dicho aquello de: "No hay que pagar a las personas para que estén en su casa, sino dar subvenciones o restar seguridad social a las empresas que creen empleo. He perdido algunos complejos hace muchos años. Si dicen que eso es una ayuda indirecta a los empresarios, yo sólo tengo que decir que la gente trabaja en algo que se llama empresas". (Elpais.com 30 de julio de 1988)
Felipe González, secretario general del PSOE, presidente del Gobierno de España, se autodefinió como desacomplejado para defender el proyecto de Plan de Empleo Juvenil de su Ejecutivo, el PEJ, rebautizado por los jóvenes de entonces como Plan de Esclavitud Juvenil y que implicaba una fuerte precarización de la contratación. González lo tenía tan claro que lo verbalizó. El PEJ saldría adelante "con o sin el acuerdo de las centrales sindicales". Se equivocó. Menos de seis meses después estaba metiéndolo en un cajón. ¿Qué pasó?
El 28 de octubre de 1988, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Empleo Juvenil. El desgarro del PSOE con la UGT dejaba al otro lado de la grieta también a Manuel Chaves, hasta 1986 miembro de la ejecutiva del sindicato, poniendo su nombre al Plan en calidad de ministro de Trabajo.
El PEJ condenaba a los jóvenes, con una tasa de paro que rondaba el 50%, a cobrar el salario mínimo mientras subvencionaba a las empresas por contratarlos, las eximía de pagar por ellos cotizaciones sociales, además de concederles desgravaciones en el impuesto de sociedades. Todo ello sin compromiso de permanencia más allá de la duración del contrato.
La calle avisó. Movilizaciones, declaraciones y una inmensa manifestación en Madrid el 1 de diciembre de jóvenes llegados en cientos de autobuses y por tren a Madrid le dijeron al Gobierno que no aceptaban ese camino hoy tan conocido: flexibilidad y facilidad de despido a cambio de empleo.

Felipe González mantuvo lo dicho. Siguió con el plan. Y su obcecación unió a los sindicatos en la considerada primera gran acción unitaria de CCOO y UGT a la que seguirían otras muchas a lo largo de los años.
Fue en la noche del 8 de noviembre cuando los secretarios generales de UGT y CCOO acordaban convocar unidos una huelga general, que sería el 14 de diciembre, que harían una reunión más amplia en la sede de UGT y acordaron no llamarla huelga. “Jornada de paro general de 24 horas”, fue la convocatoria. Había un motivo.
“Hubo una campaña política y mediática feroz contra los sindicatos, relacionando el término de huelga general con octubre de 1934 y la Guerra Civil, a fin de hacer desistir a los trabajadores de que fueran a la huelga”, explica Laura Mora en el citado libro (14D: Historia y Memoria de la Huelga General, Catarata y Fundación 1º de Mayo, 2018). Se hizo “en previsión de las distorsionantes comparaciones históricas que insidiosamente terminaron por hacerse”, confirma Antonio Gutiérrez.
La lista de reivindicaciones de aquella huelga incluía por supuesto la retirada del PEJ pero también la recuperación del poder adquisitivo perdido, el derecho pleno de negociación colectiva para los empleados públicos, la equiparación al salario mínimo de las pensiones mínimas o mejorar la cobertura de desempleo, entre otras.

Se convocó como paro y al día siguiente de su éxito se bautizó en todas las portadas como lo que era: una huelga general con todo lo que la expresión conlleva. “Participaron 7.858.669 huelguistas, de una población asalariada de 8.284.300; lo que equivale al 94,86%”, asegura Antonio Gutiérrez citando datos recogidos en cada comunidad autónoma y aportados por las correspondientes delegaciones provinciales de trabajo.
El éxito de la huelga no evitó que años después, en 1994, el PSOE recuperase con algunas modificaciones aquel contrato del Plan de Empleo Juvenil.




Concentraciones y comercios cerrados en la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Fotos: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
El 22 de abril de 1992, el año de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, la portada de El País se partía entre dos informaciones protagonistas: la modificación que el Gobierno iba a hacer de su decreto de recorte del subsidio de desempleo para atender algunas de las reivindicaciones de los sindicatos, con quienes pensaba reunirse para alcanzar un acuerdo y evitar las para entonces temidas movilizaciones y la nueva amenaza de huelga general, y la inauguración del AVE Madrid-Sevilla, de dolorosa actualidad en este 2026.
Esa portada de 1992 es un claro reflejo de cómo España se asombraba de su avance hacia la modernidad con una obra de ingeniería que recibió todo tipo de alabanzas en las páginas interiores del periódico al tiempo que se reducían derechos laborales estando al frente del país un Gobierno socialista. Este había hecho pública una ley de huelga que los sindicatos consideraron inasumible y que, junto al intento de recorte del subsidio, acabó por provocar una huelga general, la tercera de los gobiernos de Felipe González.

La huelga del 28M fue un paro parcial, es decir, no de toda la jornada, excepto en Baleares y Murcia, donde sí fue de 24 horas. Fuera por comparación con el altísimo listón del 14D o porque el Gobierno había vuelto a revalidar por la mínima su mayoría absoluta en las elecciones de 1989, la legislación sobre el recorte del desempleo siguió adelante a pesar de la huelga.

Historiadores como Sergio Gálvez y dirigentes sindicales como Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo han insistido en defender que la de 1994 fue una huelga que, en términos de seguimiento, tuvo igual o más éxito que el 14D de 1988 aunque la historia no se lo haya reconocido. En parte, lo han achacado a la agresividad que se desplegó en ese momento contra los sindicatos desde los medios de comunicación y los políticos. El detonante, una vez más, una norma que ideaba una nueva modalidad de contrato con menos derechos como solución a los problemas de desempleo, esta vez, los contratos de aprendizaje, además de modificar la negociación colectiva y las normas de despido e introducir las agencias de empleo privadas. El nombre: Ley de Medidas Urgentes de Fomento del Empleo.
Aun siendo la cuarta (y última) huelga general que se hizo a gobiernos de Felipe González, es importante destacar una diferencia de contexto enorme. En las elecciones de 1993, el PSOE había logrado volver a formar Gobierno pero por primera vez no contaba con mayoría absoluta en el Congreso y había optado por apoyarse en los soberanistas de CiU y PNV, partidos de derechas que se convertirían desde entonces en soporte recurrente de gobiernos de uno y otro signo.
El día de la huelga, Jordi Pujol lanzó un mensaje al Gobierno de González: si tras la huelga se daba marcha atrás en la reforma laboral, CiU retiraba el apoyo parlamentario al PSOE. Desde Berlín, donde se encontraba en viaje oficial, declaró que el seguimiento de la huelga no era relevante y que lo que importaba a los inversores era que el Gobierno se mantuviese firme con el proyecto.



Manifestantes, antidisturbios y cartel de CCOO para el sector sanitario en la huelga general del 27 de enero de 1994. Fotos y cartel: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo
El contexto en este caso es la llegada del Partido Popular de José María Aznar al Gobierno en 1996. Entre sus primeros y sorprendentes movimientos, teniendo en cuenta que se trataba de un Gobierno de derechas que llegaba a Moncloa con mayoría absoluta, estuvo sentarse a negociar con los sindicatos y acordar el Pacto de Toledo. Frente a él encontró una versión sindical mucho más proclive a los pactos, a equilibrar manifestación y negociación y dar mayor protagonismo a esta especialmente en el seno de las empresas frente a la lucha en las calles, aunque sin descartar esta.
En el transcurso de esas negociaciones es donde se sitúa el inicio de la amistad de Aznar con José María Fidalgo, en ese momento responsable de las Relaciones Institucionales de CCOO y poco después su secretario general. La cercanía entre ambos durante la negociación del acuerdo de pensiones de 2001 se ha señalado también como causa de cierto alejamiento entre CCOO y UGT en los comienzos de la segunda legislatura de Aznar, la de la mayoría absoluta.
Los desencuentros entre ambas fuerzas sindicales desaparecieron sin embargo en cuanto llegaron a manos de ambas los detalles del llamado decretazo. Una reforma laboral aprobada como decreto ley, sin diálogo, por una supuesta urgencia en una España que repetía Aznar que iba bien, urgencia que el Constitucional desmentiría años después cuando la mayoría del decreto había desaparecido y, lo que no, se había tramitado como ley.
Una norma que golpeaba en las zonas conocidas al complicar el cobro de la prestación por desempleo, suprimir los salarios de tramitación, facilitando con ello el despido sin recurso por parte del trabajador, y afectaba al cobro del subsidio agrario. Resumiendo: huelga.

La huelga fue un éxito porque logró que se retirara la norma y se llevó por delante al ministro del ramo, Juan Carlos Aparicio, a pesar de que el cerebro tras la nueva reforma laboral era el todopoderoso entonces vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato.
Un éxito que se empeñó en minimizar RTVE, lo que le costó al ente público una demanda de CCOO (Ce-cé O-ó, según leyó Alfredo Urdaci, director de informativos en ese momento) que se convertiría en una sentencia histórica por manipulación informativa contra el derecho de huelga.
Y un éxito porque devolvió vigor al pegamento de la unidad sindical, como se vería en la manifestación del 1 de mayo de 2003 con los máximos dirigentes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo caminando tras la pancarta que decía “Por la paz y el Empleo. No a la guerra”. La guerra era la guerra de Irak, la de la foto de Aznar en las Azores y las nunca encontradas armas de destrucción masiva, por la que han pedido perdón otros expresidentes, no el de aquí. Hubo unidad tras la pancarta pero aquella foto escondía algo más: la negativa de CCOO a secundar la huelga general de dos horas contra la guerra, ante la postura de Fidalgo de que aquello no formaba parte de la lucha sindical.
Con el tiempo, las posturas de Méndez y Fidalgo divergirían muchísimo más. Méndez se refiere a la huelga general de 2002 como “uno de los elementos de mi biografía de los que me siento más orgulloso”. Fidalgo lamentó haber tenido que hacer aquella huelga a Aznar. “Y él (por Aznar) lo sabe”, ha comentado. Para entonces el viaje ideológico de Fidalgo ya le había llevado a participar en los cursos de verano de Faes, plantearse concurrir a las elecciones de 2010 por UPyD, presentar un libro de Aznar llenándole de alabanzas o pedir el voto para Cayetana Álvarez de Toledo por lo que llamó su “rebelión cívica”. Un recorrido que Fidalgo siempre ha vinculado a la postura de la izquierda frente al secesionismo catalán, lo que le llevó a ser parte de creación de la plataforma Libres e Iguales en 2014 junto a Álvarez de Toledo, Mario Vargas Llosa o Joaquín Leguina.
"Tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". 15 de julio de 2010. José Luis Rodríguez Zapatero pronunciaba desde la tribuna del Congreso su discurso sobre el Estado de la Nación más complicado, el que justificaría titulares señalando que el presidente del Gobierno estaba adelantando a Rajoy por la derecha.
Europa chapoteaba en la profunda crisis del euro. Las huelgas y manifestaciones con mayor o menor grado de violencia se sucederían ese año en Grecia, Portugal, Francia…
El inabarcable endeudamiento del sistema financiero español con el exterior, de donde a falta de ahorro interno había obtenido el sustento que alimentó el crédito fácil y la burbuja inmobiliaria durante una década, y un paro que empezaba a desbocarse por el frenazo al sector inmobiliario habían terminado por poner los ojos de los insaciables mercados en este país como parte de los llamados despectivamente PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España).
Aquel 15 de julio, Zapatero anunció un tijeretazo de 15.000 millones de euros que tocaba todas sus preciadas banderas sociales: pensiones, dependencia, sueldos públicos... Un mes más tarde anunciaba una reforma laboral que abarataba el despido. Sin diálogo. En contra de todo lo prometido. De 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. No para todos los contratos, desde luego no para los contratos en vigor como haría el PP en 2012, pero sí para prácticamente todos los nuevos.
No sería la reforma laboral más agresiva de aquel PSOE al que le llegaron a escribir por carta desde el Banco Central Europeo las directrices que debía seguir en materia laboral si quería que se aliviase desde Francfort la situación del país comprando deuda española para mitigar la voracidad del mercado.
Pero fue la que le costó a Zapatero su propia huelga general, la del 29 de septiembre de 2010. Un Zapatero al que le gustaba inaugurar el curso en otoño desde Rodiezmo, el encuentro anual de la minería asturleonesa y la UGT, y anunciar allí una de sus señas de identidad: la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC. En 2010 no fue a Rodiezmo.
Con el país en shock por la crisis, el seguimiento se consideró moderado, aunque el efecto en la industria y los servicios mínimos en los transportes contribuyesen a mejorar la sensación de cierto éxito.
Un micrófono indiscreto pilló a Luis de Guindos, ministro de Economía con el PP, anticipándole a Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, que estaban a punto de aprobar una reforma laboral extremely extremely aggressive. Días antes, otro micrófono abierto había dispersado la voz de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno del PP desde 2011, anticipando que la reforma que preparaban le iba a costar una huelga general.

El PP generaliza el despido de 33 días y 24 mensualidades para todos los contratos fijos en caso de despido, de modo que la indemnización se calculaba con 45 días para lo trabajado hasta el momento de aprobarse la reforma laboral; y 33, para el tiempo trabajado desde entonces.






Huelga general del 29 de marzo de 2012. Fotos: Julián Rebollo / CCOO
El año 2018 estuvo marcado por las reivindicaciones de la mitad de la población española, las mujeres, decididas a mostrar su hartazgo ante la evidencia de la falta de avances en sus derechos, alimentadas por el camino judicial de casos como el de la violación múltiple de la llamada Manada que había tenido lugar durante los Sanfermines de 2016 y por movimientos internacionales como el #MeToo avivado un año antes.
La decisión de convocar una huelga general feminista en aquella jornada y no solo llenar las calles tras salir del trabajo, recoger a los niños y niñas del colegio y dejarlo todo preparado para la cena, recibió un importante impulso desde el gremio de las periodistas, que se organizaron en un grupo que era un lema y un aviso: #lasperiodistasparamos, que entre diferentes acciones y paros, lanzaron un manifiesto que fue firmado por más de 8.000 periodistas (mujeres).
Huelga general. Salarios. Vivienda. Precios.
El 23 de septiembre de 2026, de nuevo los medios como protagonistas, las televisiones retransmitieron en directo cómo una mujer de 86 años, Maricarmen, era sacada en camilla de su vivienda sin destino al que llevar sus cosas, desahuciada por los nuevos propietarios sin solución habitacional facilitada por las autoridades. Por la tarde, Andrea Ropero mostraba desde dentro en El intermedio (La Sexta) lo implacable de las fuerzas del orden martilleando la puerta. El desahucio de Maricarmen lanzó a los jóvenes a las calles y motivó una acampada en la madrileña Puerta del Sol pero también en otras ciudades, en defensa de una vivienda asequible.
El Sindicato de Inquilinas, una organización que pese a su nombre no está conformada como sindicato, ha protagonizado el movimiento y su intención de llevar sus reivindicaciones a una huelga general. Esta ha sido apoyada por los dos grandes sindicatos, UGT y CCOO, y señalada como ilegal por la patronal.
La huelga está convocada para este 11 de noviembre.
El resto es historia aún por escribir.
Fotografía de apertura: Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo.