El Gobierno de Aragón ha publicado esta semana la reforma de la conocida como Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar. La modificación fue aprobada en las Cortes con los votos a favor de PP, Vox y PAR, la abstención de PSOE, CHA y Teruel Existe, y el voto en contra de IU y Podemos.
La principal novedad es la eliminación del artículo 8, que establecía límites a la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas, exigía una distancia mínima obligatoria de un kilómetro entre instalaciones y obligaba a comprobar previamente la capacidad de los suelos cercanos para absorber purines, al ser utilizados como fertilizante. Hasta la entrada en vigor de la Ley 6/2023, Aragón permitía aplicar el máximo estatal de 864 unidades de ganado mayor (UGM), pero dicha ley introdujo un límite autonómico más restrictivo de 720 UGM. Ahora, con su supresión, se vuelve a permitir ese máximo estatal, lo que en la práctica supone hasta 7.200 cerdos de cebo por explotación y ciclo. Una granja puede hacer hasta 3 ciclos al año.
Esta supresión facilita la instalación de macrogranjas más grandes, más próximas entre sí y sin control previo sobre la saturación de los suelos cercanos, aumentando el riesgo ambiental y de salud pública en una región que ya registra niveles elevados de contaminación por nitratos en acuíferos y ríos, una contaminación que, en algunos casos, alcanza el agua del grifo, como evidenció nuestra investigación El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, publicada en 2022. Ahora hemos actualizado el mapa para incluir las nuevas granjas construidas en los últimos tres años.
En esa investigación revelamos por primera vez que el 25% de las tierras agrícolas aptas para fertilización en Aragón están sobrefertilizadas, según el análisis de datos oficiales de más de 1,8 millones de recintos aptos para la fertilización. El alto coste de transportar purines a más de cinco kilómetros de la granja hace que se viertan en terrenos próximos, saturando los suelos y filtrándose hacia los acuíferos. Actualmente, el 30% del territorio aragonés está declarado zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
Además del artículo 8, la ley elimina también el artículo 50, que obligaba a notarios y registradores a especificar el origen agrario de los bienes en las escrituras, una medida que se justifica como simplificación burocrática. Asimismo, modifica sustancialmente los artículos 19 y 25: el artículo 19, sobre la transmisión de tierras reservadas en zonas regables, flexibiliza la compraventa; y el artículo 25 redefine las unidades mínimas de cultivo, ahora más pequeñas y ajustadas al territorio.
En marzo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no adoptar medidas suficientes para prevenir esta contaminación en varias comunidades autónomas. En Aragón, el fallo subraya la ausencia de medidas obligatorias en el programa de acción, incluidas restricciones insuficientes en la aplicación de fertilizantes, y la falta de acciones reforzadas pese a la persistencia de altos niveles de contaminación en las aguas afectadas.
Aragón lidera el censo nacional de porcino con 9,6 millones de cabezas, el 28,4% del total estatal, y produce más de 15 millones de cerdos al año. Una parte significativa de su producción se destina a la exportación. En 2023, las exportaciones de carne de cerdo aragonesa alcanzaron las 734.000 toneladas, un 20% más que en 2022, y en 2024, las ventas al exterior crecieron un 10,5%, con 811.414 toneladas exportadas por un valor de 2.252,9 millones de euros, lo que representa el 13% de todas las exportaciones de la comunidad.
El porcino aragonés supone el 3,55% del PIB regional, genera 5.000 empleos directos y 11.000 indirectos. Con más de 4.400 explotaciones —el 80% ubicadas en pueblos de menos de 3.000 habitantes— y más de 100 industrias transformadoras censadas, el modelo se ha extendido sobre todo en Huesca, que concentra más de la mitad.
Las modificaciones aprobadas responden principalmente a las demandas del sector agrícola y ganadero de Aragón, que pedía menos restricciones administrativas. No obstante, preocupa especialmente el impacto medioambiental derivado de la eliminación de controles sobre los suelos sobre los que fertilizar con purines, particularmente en zonas que ya presentan una sobrecarga crítica de nitratos en suelos y aguas.
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