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, 23 de septiembre de 2021

Más de 38.000 millones, la factura en prestaciones por desempleo se duplica tras un año de pandemia

  •   7 minutos de lectura

El coste previsto por el Gobierno en desempleo y ERTE directamente relacionado con la COVID-19, incluidas las exoneraciones a la Seguridad Social, duplicará en mayo los 21.325 millones de euros del préstamo blando de Europa a España a través del fondo SURE para el empleo.

El 14 de marzo de 2020, España entraba en el primer estado de alarma derivado de la COVID-19. Un estado de alarma con un estricto confinamiento asociado al lema Quédate en casa que vació las calles, echó la verja a la mayoría de locales comerciales -salvo los considerados esenciales- e incluyó un periodo de once días (del 30 de marzo al 9 de abril) de restricción casi absoluta de toda actividad, excepto una serie de servicios esenciales escogidos. El lunes 16 de marzo no fue lunes. Aplanar la curva equivalía a detener el país tanto como fuera posible y eso era hibernar la economía o dejarla al menos al ralentí y, con ella, el empleo. Las sucesivas olas de una enfermedad altamente contagiosa que exige distancia, y especialmente la virulencia de la tercera ola por el efecto de querer salvar la Navidad, han traído nuevos confinamientos, aunque menos estrictos, lo que ha seguido cebándose con el empleo en un país con un enorme peso del turismo, la hostelería y el comercio.

A cierre de marzo de 2021, España tenía aún 465.931 afiliados/as menos a la Seguridad Social que el día previo a la declaración del primer estado de alarma y 743.628 personas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), según los datos hechos públicos esta semana.

Este recorrido, tras un año de pandemia, tiene una lectura en forma de prestaciones: más de 38.000 millones de euros, de abril de 2020 a marzo de 2021, ambos incluidos, según las cifras del Ministerio de Trabajo hasta febrero, que permiten proyectar el dato de marzo, ya que la cifra de gasto mensual de prestaciones se conoce con un mes de diferencia respecto al dato de paro y afiliación. Es cerca del doble respecto a los 19.700 millones de euros en prestaciones de los doce meses previos.

La parte menos negativa de este profundo socavón es que las prestaciones no se corresponden con personas que han ido al paro. Del total, más de 17.000 millones han financiado prestaciones a trabajadoras y trabajadores en Expedientes por Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la estrategia de contención de rentas que ha impedido la desvinculación de plantilla y empresas, y ayudado a contener con ello la destrucción de empleo experimentada durante otras crisis en relación a la caída del PIB.

Desde el confinamiento de marzo de 2020, hay meses que se han ganado a pulso el manido adjetivo de históricos en un año que ha quebrado la evolución de casi cualquier parámetro económico que se pueda observar y ha dejado la palabra récord en una cosa rutinaria, sin brillo. El pico en gasto mensual por prestaciones se alcanzó en mayo de 2020, cuando se abonaron 5.526 millones de euros, de los que 3.426 millones fueron a pagar prestaciones a personas en ERTE. Era la consecuencia del punto más alto de trabajadoras y trabajadores en esta situación de suspensión temporal del empleo, que a cierre de abril superaba los 3,8 millones de personas.

Los ERTE han ido evolucionando desde los ligados al estricto confinamiento de la primera ola a los centrados en sectores concretos y actividades afectadas por impedimentos o limitaciones establecidas por las medidas de restricción que se han ido decretando según fluctuaba la pandemia en las olas sucesivas.

Esta semana, la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba la intención de prorrogar una vez más el mecanismo de los ERTE ligado a la pandemia más allá del 31 de mayo, cuando vence la última prórroga pactada hasta ahora con los agentes sociales.

El roto de la otra crisis

Si se observa el gasto en prestaciones por años naturales, 2020 se sitúa de nuevo por delante de cualquiera de los ejercicios de la larga crisis iniciada en 2008. Ese fue uno de los grandes problemas de la Gran Recesión. Sus diferentes fases y prolongación en el tiempo, que mantuvieron durante años altas tasas de desempleo en España, hicieron que durante cinco ejercicios el gasto en prestaciones rondase los 30.000 millones de euros. El roto en las cuentas públicas fue enorme y el coste de financiación del déficit mucho más alto, dados los intereses que se pedían entonces, en plena crisis de la deuda desatada inicialmente en Grecia.

En esta ocasión, la crisis económica derivada de la pandemia se está prolongando más de lo que inicialmente se previó, dadas las sucesivas olas, pero los niveles de desempleo no han alcanzado los que se vivieron en aquella. Y aunque esta vez el parón fue enorme, buena parte de la actividad ha regresado. Por eso, salvo aquellos primeros meses de confinamiento duro, las cifras se mantienen altas pero contenidas y se espera que vayan reduciéndose aún más según coge ritmo la vacunación. Todo depende ahora de qué parte del desempleo generado se convierte en estructural.

El préstamo blando de Europa se queda en la mitad del coste de la COVID-19 para España

Al estallar la pandemia, Europa decidió armar un instrumento para dar financiación barata a largo plazo a los países que viesen incrementada de forma brusca su factura tanto por prestaciones por desempleo como por otros mecanismos destinados a congelar la economía y frenar la expansión del virus. Así nació el programa SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Aunque la decisión fue bastante temprana, el 2 de abril de 2020, e incluso la aprobación de las condiciones del programa se tenía lista mes y medio después, la necesidad de tener firmados los avales por todos los países de la Unión Europea y las primeras emisiones de deuda con cargo al instrumento SURE hicieron que los primeros desembolsos no se iniciaran hasta el otoño de 2020. En este instrumento, por cierto, ya no participa el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea por el Brexit.

En cualquier caso, una parte importante del gasto extraordinario derivado tanto de las prestaciones por desempleo y ERTE como de los menores ingresos por las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a trabajadores y empresarios se financia con un préstamo blando, con condiciones ventajosas en interés y plazo de amortización, que Europa ha concedido a España en el marco del SURE.

España, que pidió acceso al SURE el 3 de agosto de 2020, es el segundo país que más financiación va a recibir de este programa, por detrás solo de Italia, por ser uno de los que han visto su economía y mercado de trabajo más afectados por la pandemia. En total, este país tiene aprobada con cargo al SURE financiación por 21.324,8 millones de euros. El pasado 30 de marzo se recibió el quinto tramo, 4.060 millones de euros, elevando el total recibido hasta la fecha a 17.830 millones.

La cantidad se va a quedar muy lejos de lo que va a gastar el Gobierno español en desempleo, ERTE y exoneraciones a la Seguridad Social directamente relacionadas con la COVID-19. El cálculo del Ejecutivo hasta el próximo mes de mayo ya se sitúa en torno a los 40.000 millones de euros. En dicho cálculo se incluyen las exoneraciones a la Seguridad Social asociadas a los ERTE, lo que ha supuesto 5.900 millones de euros hasta marzo de 2021 por ingresos que no ha recibido la Seguridad Social; el coste de la prestación especial para autónomos por cese de actividad derivado de la pandemia, 5.405 millones, y la exoneración de cuotas de autónomos, 2.718 millones.

España no ha podido recibir más porque los tres países con mayor volumen de financiación del SURE no podían superar en conjunto el 60 por ciento de los 100.000 millones de euros que concederá como máximo este instrumento. El primer puesto lo ocupa Italia, con fondos concedidos por importe de 27.400 millones, y el tercero, a bastante distancia de los dos primeros, Polonia, con 11.200 millones. Europa está financiando a su vez este programa con emisiones de títulos avaladas por todos los países de la UE, una forma de mutualización de deuda impensable en la crisis iniciada en 2008.

En el primer informe sobre el programa SURE, emitido el pasado mes de marzo, se realizó un cálculo del ahorro en intereses de los países que han recibido fondos en comparación a lo que habrían tenido que abonar de haber emitido deuda por su cuenta para financiar la misma cuantía de gasto. En el caso de España, el ahorro estimado es de 850 millones de euros.

La deuda en pandemia

España tuvo que revisar en mayo del año pasado su programa de emisión de deuda pública en vista del fuerte incremento de gasto y caída de ingresos que ya estaba suponiendo la irrupción de la COVID-19. Frente a los 32.500 millones de euros previstos inicialmente de emisión neta (es decir, sin tener en cuenta los 173.135 millones previstos para refinanciar deuda que vencía a lo largo de 2020) se han emitido finalmente 109.922 millones: 3,4 veces más de lo inicialmente previsto.

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