, 15 de marzo de 2026
Investigación, datos y narrativas para salir del ruido
España tiene cerca de 330.000 viviendas turísticas ofertadas en Internet, según la medición de noviembre de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que realiza muestreos periódicos de las principales plataformas de alquiler turístico. Son 46.700 menos que en noviembre de 2024, un descenso del 12%, aunque la distribución es muy desigual: mientras la Costa del Sol y Sevilla crecen, Madrid y la costa valenciana bajan.
Este mapa muestra, sección censal a sección censal, qué porcentaje del parque de viviendas se destina al alquiler turístico. Los datos proceden de la medición de noviembre de 2025 del INE y se comparan con el censo de viviendas de 2021. Busca tu municipio o dirección, pulsa para geolocalizarte y ver las viviendas turísticas a tu alrededor, o navega libremente haciendo zoom en cualquier punto de España.
Visita guiada: explora algunos de los municipios con mayor presión
Descubre cuántas viviendas turísticas hay en tu calle
En el mapa se observa que la presión de las viviendas turísticas es muy desigual en España. Hay municipios turísticos como Yaiza (Las Palmas), en la isla de Lanzarote, donde 1 de cada 6 viviendas es turística de media, con secciones censales que superan el 30%. En cifras similares se encuentra La Oliva (Las Palmas), en la isla de Fuerteventura, con una sección donde más de 1 de cada 3 viviendas es turística.
Conocer con toda la precisión posible cuántos pisos turísticos hay y dónde están es fundamental para evaluar su impacto y tomar decisiones legislativas sobre su efecto en la vivienda residencial, pero no es un ejercicio fácil. Un alto porcentaje de las viviendas turísticas publicadas en Internet operan sin licencia para ejercer la actividad, especialmente en ciudades con menor control normativo. A pesar de que algunas comunidades autónomas han reforzado la regulación en los últimos años, las plataformas que ofrecen alojamiento a menudo siguen operando sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
En 2019, el INE intentó recopilar esta información a través de los registros de las comunidades autónomas, pero se encontró con la inexistencia o desactualización de dichos registros. En la actualidad, la única forma fiable de reflejar la realidad del mercado es extraer directamente los datos de las principales plataformas digitales de alquiler turístico. Esto es lo que hace el INE desde 2020, a través de un proyecto experimental para scrapear (han extraído los datos mediante programación y les han aplicado un algoritmo que elimina duplicidades) tres de las plataformas con mayor oferta.
El INE modificó en la segunda mitad de 2024 su serie histórica, trasladando la recogida de datos de febrero y agosto a mayo y noviembre. La decisión, según el INE, obedece a un criterio técnico vinculado a la anticipación del viajero: dado que las reservas en estas plataformas se formalizan meses antes de la temporada alta, el organismo determinó que adelantar la extracción permite radiografiar la oferta del mercado con mayor fidelidad que durante los picos de actividad turística.
Con el objetivo de centralizar la información del sector y regular estos anuncios, el 2 de enero de 2025 entró en vigor un nuevo Real Decreto para unificar y controlar la oferta de alquileres turísticos en España.
Propietarios y plataformas digitales tenían hasta el 1 de julio de 2025 para adaptarse a las nuevas obligaciones de registro, obtención de un número de identificación y comunicación de datos al Ministerio de Vivienda. Con esta medida, se pretende aumentar la transparencia y mejorar el control de la situación.
Las viviendas turísticas representan el 1,27% del total de viviendas censadas en España, pero utilizar solo este dato agregado es engañoso, ya que las cerca de 330.000 viviendas turísticas se reparten de forma desigual por el territorio. Incluso el dato agregado a nivel municipal también puede ocultar su impacto, ya que ciudades como Madrid o Barcelona tienen una cifra similar, pero dentro de ellas hay secciones censales, el límite administrativo más pequeño, donde las viviendas turísticas superan el 20% con respecto al total de viviendas.
Regular los pisos turísticos en España sigue siendo complejo porque las competencias se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que produce un mosaico normativo con requisitos distintos según el territorio. El marco incorpora una capa europea y otra estatal centradas en el registro y el control: el Reglamento (UE) 2024/1028 fija obligaciones para la recogida e intercambio de datos sobre alquileres de corta duración. España ya adelantó un sistema propio con un registro único y una ventanilla digital.
A esa dispersión se suma una herramienta a escala de edificio: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal permite que la comunidad condicione o prohíba nuevas viviendas turísticas por mayoría de tres quintos.
Ante la presión social, varias ciudades han endurecido o reordenado su marco. En Madrid, el Ayuntamiento suspendió en abril de 2024 la concesión de nuevas licencias mientras tramitaba cambios urbanísticos y reforzó el régimen de control; además, en agosto de 2025 puso en vigor el Plan RESIDE, con el que deja de permitir pisos turísticos en edificios residenciales y orienta la actividad a edificios completos destinados a este uso. En Barcelona, pionera en la regulación del sector, anunció que en 2029 pretende dejar de tener viviendas de uso turístico, al no renovar las licencias existentes ni conceder nuevas. También la normativa autonómica sujeta el uso turístico a disponer de una licencia urbanística previa y obliga a la adaptación de las viviendas ya habilitadas en un plazo de cinco años, o al cese, un esquema que el Tribunal Constitucional avaló en 2025.
En Valencia, el consistorio aprobó un borrador de normas que fija, entre otros límites, que en los barrios solo el 2% de las viviendas residenciales pueda destinarse a alojamientos turísticos. En Alicante, el gobierno municipal acordó una moratoria y más tarde aprobó su extensión, alargando la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico y otros alojamientos hasta un máximo de enero de 2027. En Granada, el pleno municipal aprobó una limitación del número máximo de viviendas de uso turístico por zonas, con un tope del 10% y con áreas donde no podrán otorgarse más autorizaciones. En Bilbao, el Ayuntamiento suspendió durante un año las nuevas licencias y declaraciones responsables tanto para viviendas turísticas como para habitaciones en domicilios particulares.
La preocupación por la presión turística también aparece en municipios medianos y pequeños, sobre todo en la Comunitat Valenciana. Altea suspendió el otorgamiento de licencias y declaraciones responsables para viviendas turísticas mientras revisaba su normativa, y Dénia aprobó una suspensión temporal de licencias para viviendas de uso turístico durante un año. Asimismo, L’Alfàs del Pi acordó una suspensión de licencias para apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico por un año, prorrogable, y Sant Joan d’Alacant aprobó una suspensión por un año de la tramitación y el otorgamiento de licencias vinculadas a la implantación de viviendas turísticas.
Actualización (15 de febrero de 2026): Los datos de noviembre de 2024 utilizados inicialmente en esta información fueron actualizados posteriormente por el INE, con cambios que afectan a municipios de Andalucía. Las variaciones interanuales entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 han sido recalculadas con las cifras revisadas.