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, 29 de septiembre de 2022

#40 El país que perdió a tres millones de menores de 40, un buscador de bienes que no son de la Iglesia y despedida con mariachis

  •   9 minutos de lectura

Hoy te traemos un buen puñado de datos con su análisis correspondiente y una herramienta. Empezando por esto último, como entendemos el periodismo como un servicio público, hemos elaborado y publicado un buscador con los inmuebles que la Iglesia ya ha reconocido que puso a su nombre a pesar de que no eran suyos. La forma en que se han dado los datos no habla muy bien de la intención de transparencia de ninguno de los implicados. También nos hemos fijado en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos a los jóvenes. En un país que ya paga al mes por sus pensiones contributivas 10.745 millones de euros y que necesita repuesto en las franjas más jóvenes para mantener el pacto intergeneracional, ya te anticipamos que las noticias no son muy buenas.

Y terminamos como en las cenas mexicanas, rodeados de mariachis. Porque hablamos de sicav, ese instrumento de inversión tan manoseado por el mundo de la política, que tantas veces se dijo que se iba a cambiar. La fecha ha llegado. Antes de que acabe enero deben decidir si siguen con las nuevas normas, desaparecen o se transforman. Analizamos las que quedan, qué ocurría hasta ahora y qué cambia. Y el análisis semanal de la COVID-19, que nos trae la buena noticia de que los datos consolidan que la sexta ola ya ha dejado atrás el pico y va a la baja. Arrancamos.

Todas las propiedades que la Iglesia reconoce que no son suyas

El Gobierno, después de un acuerdo con la Conferencia Episcopal, ha entregado esta semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado con los primeros 1.027 bienes que la Iglesia reconoce que pertenecen a un tercero o que no les consta la titularidad y que sin embargo inscribieron a su nombre. Son bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. Los ayuntamientos podrán ahora localizar a sus legítimos propietarios y realizar la restitución de los bienes.

El análisis realizado por DATADISTA de los datos muestra que el listado esta repleto de errores, falta de información y normalización de los datos. A pesar de ser un listado estructurado en una tabla, se ha maquetado y publicado en formato PDF, lo que impide su análisis pormenorizado. Debido a que el Ministerio de Presidencia, la FEMP y la Conferencia Episcopal no han querido remitir estos datos en un formato accesible y reutilizable, lo que muestra una preocupante falta de transparencia con una información de interés social, en DATADISTA hemos publicado un buscador con toda la información y hemos liberado el listado completo en formato CSV en nuestra cuenta de Github después de haber realizado un trabajo de extracción, corrección de errores y normalización de los datos. No ha sido posible poder hacer esta tarea en su totalidad debido a errores detectados en la maquetación que impiden leer el texto completo de algunas celdas.

Tenemos un problema: hemos perdido 3 millones de trabajadores/as menores de 40 años y, los que hay, no los cuidamos

Los datos de la Encuesta de Población Activa que ha publicado esta semana el INE son tremendamente positivos, no hay duda. La creación de empleo tras el primer año de pandemia ha sido fuerte y la estrategia de contención de rentas a través de los ERTE ha permitido no solo superar ya los niveles de afiliación previos a la llegada de la COVID-19 a nuestras vidas sino alcanzar cifras que no se veían desde tiempos de la burbuja.

Pero hoy queremos llamar la atención sobre otros datos que encierra la EPA y que no deberían quedar bajo el radar. Hemos publicado una radiografía sobre lo que está ocurriendo con el empleo juvenil, el llamado a ser el repuesto durante la Gran Jubilación de los boomers. En primer lugar hemos analizado los datos de evolución de la población activa por franjas de edad en la última década, lo que permite ver cómo las personas por debajo de 40 años que buscan o tienen empleo se ha reducido en tres millones desde finales de 2011 hasta finales de 2021.

La correlación entre franjas de edad muestra que esto no es solo envejecimiento sino que incluye a quienes se marcharon durante la crisis o quienes, en vista de las dificultades, no salen en la foto por no estar buscando empleo de forma activa.

A esta pérdida, que compara con el incremento de 2,8 millones de personas activas con más de 40 años, se le suman las altas tasas de paro juvenil, que no han conseguido acercarse a las de otras franjas de edad desde que la horquilla se abrió durante la crisis desatada en 2008.

En vista de las dificultades de entrada en el mercado laboral de los jóvenes (y no tan jóvenes), la última reforma laboral pactada por el Gobierno con los agentes sociales (que va a sufrir para lograr ser refrendada en el Congreso la próxima semana), ha ampliado la edad máxima de los contratos de formación hasta los 30 años. Es verdad que con muchas más garantías que sus predecesores para que la formación sea real pero hace poco más de una década esa edad máxima estaba fijada en 21 años. Los contratos formativos reciben menos del salario mínimo interprofesional, puesto que el porcentaje de la jornada que se dedica a formación no está remunerado.

Y todo esto ocurre en un país que ha alcanzado este mes un coste de las pensiones contributivas, que se abonan con las cotizaciones de los trabajadores en activo, de 10.745 millones de euros mensuales.

Consolidación de la bajada de la sexta ola

Esta semana se ha producido una consolidación en la bajada de la incidencia en la sexta ola en España al producirse un descenso de 339,99 puntos desde el pasado viernes. Parece que por fin hemos superado el pico. A nivel nacional, la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 3.078,47 casos aunque bastante desigual entre las comunidades autónomas y los grupos de edad. La incidencia ha seguido subiendo entre los menores de 12 años aunque en los últimos días se está ralentizando. Lo puedes ver en este gráfico interactivo.

La tendencia indica que esta bajada se va a seguir manteniendo en los próximos días al ser la incidencia a 7 días inferior al 50% de la incidencia a 14 días.

A nivel hospitalario también se ha producido un descenso en la presión en los hospitales y en las UCI. Este viernes el 21,77% de los ingresados en estas unidades tenía la enfermedad con un total de 2.060 personas frente a las 2.240 de la semana anterior.

Hospitalizados por COVID-19 o con COVID-19

La variante Ómicron ha puesto sobre la mesa la necesidad de conocer la situación real de las personas que se encuentran hospitalizadas con la enfermedad debido a que un porcentaje importante lo están por otras patologías pero, al ingresar en el hospital, les hicieron la prueba y dieron positivo por coronavirus. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el 38% de los pacientes ingresados esta semana entrarían en esta categoría y en un 37,7% los de UCI.

La ministra de Sanidad explicó este miércoles en el Congreso de los Diputados que su departamento está trabajando en publicar los datos de hospitalizados diferenciando entre las personas que están ingresadas por COVID-19 y aquellas que lo están por otras patologías pero también tienen COVID-19. Fuentes del Ministerio de Sanidad indican a DATADISTA que los datos se harán públicos cuando se finalice el periodo de validación y control al que están siendo sometidos. Es una información que tienen que empezar a diferenciar y comunicar a Sanidad los hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Última llamada para el cante de las sicav con 'mariachis'

Guitarrista mariachi | RJP en Flickr.

¿Cuántas veces has oído a los políticos hablar de las sicav? De prohibirlas, cambiarlas, limitarlas... En la campaña de las Elecciones Generales de 2015, todos los partidos, incluidos Partido Popular y Ciudadanos, propusieron una u otra forma de poner límite a este vehículo de inversión pensado en principio para fomentar el ahorro colectivo pero de cuyas ventajas fiscales se han beneficiado históricamente sobre todo las grandes fortunas que, en lugar de contar con verdaderos socios inversores, se rodeaban, para llegar al mínimo requerido, de inversores de paja comúnmente conocidos como 'mariachis', porque estaban poco más que para acompañar. No es de extrañar que sea entre 2015 y 2016 cuando se alcanzó el pico del número de sicav registradas y que, desde entonces, su caída haya ido en picado. De rondar las 3.400 sicav registradas que llegaron a gestionar 35.000 millones de euros, se ha pasado a poco más de 2.300 en septiembre de 2021, último dato publicado. Desde 2015, el lobo venía y, como no se sabía hasta dónde iba a llegar, muchos empezaron a transformarlas.

Hace unos meses la versión de ese anuncio de la coalición de Gobierno, remasterizada y adaptada respecto a lo anunciado, llegó al BOE. Sus consecuencias ya están aquí. Febrero de 2022 es la fecha tope para que las sicav digan qué van a hacer con sus cuerpos serranos. Si se adaptan a las nuevas normas, se transforman a otra cosa o desaparecen. Les han dejado condiciones muy ventajosas para la transición.

Para empezar, ¿qué es una sicav? Si ya lo sabes, te puedes saltar este párrafo. Es una S-ociedad de I-nversión C-olectiva. Repetimos: Colectiva. Para fomentar ese ahorro se permitió que se creasen sociedades de inversión (empresas cuya función es invertir su capital en activos como deuda pública, privada, acciones, pagarés, etc. para obtener una rentabilidad) que pagasen muy poquitos impuestos por los beneficios que obtuvieran al año de esas inversiones. ¿Cuánto? Un impuesto de Sociedades del 1%, frente al 25% que paga de común el resto de empresas. Importante: esto es lo que paga la sociedad inversora por su beneficio como empresa, no sus accionistas. Si estos venden sus acciones tienen que pagar el IRPF correspondiente a la plusvalía obtenida como cualquier otro inversor (aunque hubo un tiempo en que esto tampoco fue así pero de eso hace ya diez años). Para disfrutar de las ventajas de las sicav había que cumplir unas condiciones. Entre ellas: contar con un mínimo de 10o accionistas. Es decir, demostrar que de verdad la sociedad era colectiva. Haberlas haylas. Hay sicav con miles de accionistas. Sin embargo, lo más habitual es encontrarse con sociedades que tengan poco más que el mínimo exigido. Los grandes patrimonios encontraron en las sicav un lugar de lo más acogedor para colocar su fortuna familiar o parte de ella y verla crecer a un coste impositivo mínimo. ¿Iban a compartir las decisiones sobre el destino de su fortuna con otros 99 accionistas reales, con intereses y capacidad de voto en la sociedad? Pues no.

¿Hasta qué punto burlaron la norma? Por poner un ejemplo, la sicav Morinvest, vehículo inversor de Alicia Koplowitz y la mayor sicav por volumen de patrimonio, gestionaba, a finales de septiembre de 2021, activos valorados en 571 millones de euros. ¿Cuántos accionistas tiene? La última vez que dio este dato, que fue a finales de 2020, declaró que, de los 107 accionistas que tenía entonces, un único accionista "era propietario del 99,84% de las acciones de la sociedad". ¿Y los otros 106 accionistas? Entre todos sumaban solo el 0,16% de las acciones (a razón de una media del 0,00150943% cada uno). Esto, como poco, suena a reírse del espíritu de la ley. Y la Inspección de la Agencia Tributaria así lo interpretó y levantó en 2005 actas de inspección a decenas de sicav. ¿Qué pasó? Que le quitaron vía BOE a la Agencia Tributaria la competencia de inspección de las sicav. ¡Estas derechas y los grandes capitales! Mmm, no. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Pedro Solbes de ministro.

¿Qué ha cambiado desde el 1 de enero de 2022 ? Menos de lo que se prometió, incluso por parte de los partidos de centro y derecha. Finalmente no hay un porcentaje mínimo de participación de cada accionistas de una sicav sino una inversión mínima que se ha quedado en 2.500 euros, que debe mantenerse al menos las tres cuartas partes de cada ejercicio (nueve meses). Es decir, con una sencilla regla de tres podemos ver que sociedades con patrimonios tan voluminosos como Morinvest podrían perfectamente cumplir con esa cantidad. Otras muchas, que no alcanzan patrimonios tan alto, sin embargo, no cumplen este requisito. Pero además, o quizás lo más importante y que menos les gusta, la Agencia Tributaria ha vuelto a tener capacidad de inspeccionar estos vehículos.

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