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, 29 de noviembre de 2022

La otra EPA: España pierde en una década tres millones de personas activas menores de 40 y sigue sin cuidar a sus jóvenes

  •   8 minutos de lectura

En una década, España ha perdido tres millones de personas activas menores de 40 años, fruto del envejecimiento de la población pero no solo. Con el coste mensual de las pensiones escalando hasta los 10.745 millones de euros, este país se permite no cuidar a sus jóvenes, con las tasas de paro juvenil enquistadas muy por encima de la media. La reforma laboral, que debe refrendar el Congreso la próxima semana, eleva la edad máxima del contrato de formación hasta los 30 años, cuando hace una década era de 21 años.

Hace tan solo un año, en enero de 2021, se superaron por primera vez los 10.000 millones de gasto en pensiones contributivas al mes (el doble en los meses de las pagas extra) y la cifra ya parece lejana. España ha pagado 10.745 millones de euros en enero de 2022 en pensiones contributivas. La inflación de 2021, precisamente el año en que se ha recuperado por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, ha sido un factor inesperado pero lo que se sabe desde hace tiempo es que la generación del baby boom va a ir cumpliendo de forma masiva la edad de retiro de aquí a 2050 y llega con historias de cotización más altas. Todo ello va a poner a prueba las costuras del sistema. Ya se han aprobado mecanismos como la subida temporal de las cotizaciones para paliar los efectos de esta situación, pero el pacto intergeneracional implica que los trabajadores en activo de cada época paguen con sus cotizaciones las pensiones en vigor y para eso se necesita repuesto intergeneracional y cotizaciones suficientes.

España debería pensar en sus jóvenes para algo más que mantener el pacto del sistema de pensiones pero las cifras dicen que ni esa está resultando una razón de peso.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha hecho públicos esta semana el INE, con ser muy positivos en las cifras generales tras el tremendo bache de la pandemia y demostrar que ha funcionado la política de contención de rentas a través de los ERTE, encierran también otra realidad: las rotundas cifras del envejecimiento de la masa laboral. En la última década, España ha perdido casi tres millones de trabajadores activos entre 16 y 39 años y ha incrementado los que tienen más de 40 años en 2,8 millones. La correlación entre franjas de edad muestra que esto no responde exclusivamente al envejecimiento. La marcha a otros países durante la Gran Recesión y el desánimo en la búsqueda de empleo en las franjas más jóvenes también juegan su parte en estas cifras.

Si se atiende a los datos de personas con empleo, el panorama como es previsible no es mejor. Hemos recuperado más de dos millones de puestos de trabajo desde finales de 2011, fecha en medio de los años más duros de la Gran Recesión (en 2012 se siguió destruyendo empleo con fuerza), pero es de nuevo en las edades a partir de los 40 años donde está el crecimiento.

Hay menos jóvenes, de los que hay son menos los jóvenes activos, es decir, que busquen empleo si no lo tienen, pero además soportan unas tasas de paro totalmente despegadas de la media. La diferencia, de ser menor, podría tener cierta lógica debido a que, con la edad, se van estabilizando las carreras profesionales pero desde la crisis desatada en 2008 la horquilla se abrió tanto que los jóvenes entre 16 y 19 años parecen sacados de la ecuación laboral, con tasas de desempleo de casi el 50% que llegaron a superar el 75% en lo peor de la crisis; y en las franjas de 20 a 24 años y de 25 a 29 años las tasas se sitúan en el 27% y el 19% respectivamente frente al 13,33% de media total.

Aquí envejecen hasta los contratos de formación: del tope de 21 años a permitirlos hasta los 30

Los contratos que alternan en la jornada trabajo y formación no son nuevos. Son un clásico de las políticas de impulso de la inserción laboral de las y los jóvenes y se basan en que, quienes no tengan la titulación requerida para suscribir un contrato en prácticas, puedan alcanzar la certificación que acredita su cualificación para un puesto de trabajo, haciendo que una parte de la jornada, que no está remunerada, se dedique a formación, mientras el resto se abona conforme a la parte proporcional a las horas trabajadas del salario mínimo interprofesional (SMI). Es un contrato que ha estado además fuertemente bonificado en las cotizaciones sociales.

Hubo un tiempo, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia y de las reformas laborales, que este tipo de contratos no podía superar los 21 años en el momento de ser suscritos, alcanzando los 24 máximo solo para los alumnos de escuelas-taller. La duración máxima de estos contratos era de dos años (más uno en caso de que el convenio sectorial lo especificase) y la jornada máxima destinada a formación estaba en el 15% del total de la jornada laboral.

En la reforma laboral de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el paro ya desbocado, se amplió hasta los 25 años la edad máxima para suscribir un contrato de formación. Se hizo de forma transitoria, hasta finales de 2011. Un año después, en la reforma de agosto de 2011, la edad de 25 años se quedó fija y se amplió transitoriamente a 30 años hasta finales de 2013. La jornada máxima dedicada a formación, con la consecuente reducción de salario, se elevó al 25%.

Cuando el Partido Popular llegó al poder, a finales de 2011, mantuvo hasta los 30 años de forma transitoria la edad máxima, en su caso, hasta que la tasa de paro bajase del 15%. La duración del contrato se fijó en un máximo de 3 años y se permitió que, terminado un contrato para una actividad, se suscribiese otro para una distinta. En estos contratos, el primer año la parte formativa podía llegar al 25% de la jornada, con la consecuente reducción del salario; y, durante el segundo y tercero, se limitaba al 15%.

La estadística, que la Seguridad Social facilita dando de forma agregada los contratos de formación con los de prácticas (estos últimos sin límite de edad), muestra cómo los contratos de los más jóvenes prácticamente han desaparecido mientras que los de 20 a 29 años empezaron a subir con fuerza desde 2011 hasta 2016 y desde entonces no han dejado de caer.

En conversación telefónica con DATADISTA, Fernando Luján, secretario confederal de UGT, comenta que "los contratos de formación tienen que servir de puerta de entrada fundamentalmente de los jóvenes al mercado de trabajo" y, sin embargo, "están absolutamente infrautilizados".

La caída desde 2016 la achaca "al aumento de la precariedad a través de la degradación de las condiciones de trabajo con la prevalencia de los convenios de empresa (derogada con la reforma actual para recuperar la prevalencia de los sectoriales). La precariedad no va solo relacionada con los contratos de duración corta, también con trabajos de muy poca calidad, que llevan aparejado la ausencia total de formación."

El nuevo contrato de formación en alternancia

La reforma laboral pactada entre Gobierno y agentes sociales, aprobada por Real Decreto a finales del año pasado, y que busca con dificultad ser refrendada la próxima semana en el Congreso, sitúa de forma indefinida en 30 años la edad de los nuevos contratos de formación en alternancia para la mayoría de supuestos (para certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo). Por otro lado, limita su duración a dos años y aumenta las garantías para que la formación exista realmente. Estos contratos entrarán en vigor el 30 de marzo.

Luján pone el acento en la parte de la reforma que está destinada a luchar contra las altas cifras de temporalidad y los contratos ultrabreves que sufren hoy sobre todo los jóvenes, aunque no solo ellos y ellas.

En cuanto a los contratos de formación, reconoce que existe cierto riesgo "de fraude" que implicaría "estar condenando a gente a cobrar por debajo del salario mínimo porque las horas que son para formación no se retribuyen" pero llama la atención sobre las garantías adicionales que se han introducido para evitarlo. La "doble garantía" que se introduce ahora incluye "el plan formativo, que se tiene que hacer en las empresas con los centros educativos y que servirá para que efectivamente sean contratos formativos. El convenio con el centro educativo tiene que estar y el tutor tiene que estar, hay que hacer un plan formativo e incorporarlo al contrato de trabajo, por lo que ya no es el hecho de que yo suscriba un contrato que se puede cumplir o no". Es más, reconoce que antes "la mayor parte de las veces no había formación".

En la reforma actual, el primer año la parte formativa equivale al 35% de la jornada, lo que deja la retribución en el 65% del SMI, mientras que el segundo año sí se establece el máximo de porcentaje de jornada para trabajo en el 85%.

Sobre la ampliación de la edad hasta los 30 años, reconoce: "Le hemos dado muchas vueltas a la edad" pero consideran que "llevarlo hasta los 30 años es una medida buena. Ahora los planes de estudio duran más, se han recortado las carreras pero luego hay que hacer un máster. Creemos que si hubiéramos hecho contratos formativos solo hasta los 21 años corríamos el riesgo de que siguiera siendo un contrato infrautilizado. Lo normal no será que con 27, 28 o 29 años se esté en los centros educativos pero, si se da, ¿por qué les vamos a limitar la puerta de entrada? Estoy convencido de que esta situación va a ser absolutamente excepcional pero, si se da, si alguien efectivamente, porque se retrasa su formación, está en esa situación, ¿nosotros le decimos que no? Le estaríamos penalizando doblemente".

Desde el Ministerio de Trabajo comentan a DATADISTA que el motivo de elevar "la edad máxima a los 30 años" ha sido "para facilitar el reciclaje profesional de las personas trabajadoras y permitir que puedan ser beneficiarias de estos contratos cuando cursan una nueva titulación".

En el país del refrán hecha la ley, hecha la trampa, los requisitos no son garantía absoluta de que no vayan a utilizarse estos contratos para rebajar costes laborales, ahora que se imponen fuertes limitaciones a los contratos temporales y especialmente a los ultrabreves. Luján lo reconoce: "Se ha cerrado bastante la puerta de entrada al fraude, pero los españoles somos muy eficaces luego para darle la vuelta". A pesar de ello, se muestra confiado en que esta vez funcione.

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