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, 01 de diciembre de 2021

#25 Gastos impropios, indultos exprés y coladas históricas

  •   8 minutos de lectura

¿Cómo va todo? Dice el refrán que quien conoce la historia está condenado a repetírsela a toda persona que pille por banda para que no se borre, o algo por el estilo. Poner datos históricos en el debate nos ayuda a entender situaciones actuales y eso es lo que vamos a tratar de hacer con los temas que te traemos hoy. Porque la isla de La Palma ha tenido desde hace siglos erupciones que han ido definiendo sus contornos, la noticia que hemos conocido esta semana sobre el hotel ilegal de El Algarrobico tiene mucho que ver con una larga historia de una saga familiar en el poder y su indulto exprés cuando la justicia los bajó del sillón consistorial, el debate de las pensiones merece que se incluyan los gastos impropios que los diferentes gobiernos fueron cargando a las espaldas de la Seguridad Social, que están entre las causas de su desequilibrio, y la historia reciente de las UCI y camas de hospital durante lo peor de la pandemia nos sirve para valorar la situación actual tras el exitoso proceso de vacunación en España. Arrancamos.

ERUPCIONES HISTÓRICAS EN LA PALMA

El volcán de La Palma sigue en fase explosiva y ya ha afectado a 753,8 hectáreas, según la última estimación realizada por el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. La colada de la lava ha destruido 1.835 edificaciones y afectado a otras 100. La fajana creada por la lava no ha aumentado significativamente su tamaño en la última semana. Preocupa un apéndice de la colada principal que se ha desarrollado más al norte, afectando al barrio de La Laguna.

En DATADISTA hemos desarrollado esta visualización para que puedas comparar la situación actual de la colada con las erupciones históricas ocurridas en los últimos siglos en la isla. Ya es la erupción que mayor superficie ha afectado desde 1585. Los puntos blancos sobre la colada actual corresponden a las edificaciones destruidas y afectadas.

EL ALGARROBICO SIGUE ALLÍ

Esta semana hemos sabido que el actual alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amérigo, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo la sentencia que le obliga a anular la licencia de construcción del hotel ilegal de El Algarrobico, paso previo a su definitiva demolición. Una licencia que, por cierto, le salió casi gratis a la promotora por un plan destinado a promocionar complejos hoteleros que aprobó el Ayuntamiento antes de que Azata pidiera la suya y se suprimió en cuanto la hubo pedido. Recordemos que la obra se paralizó en 2006, es decir, que se han cumplido 15 años desde que un juez detectó que aquello era ilegal por múltiples motivos y que había que pararlo. Después son unas cuantas las sentencias del Supremo que han confirmado aquella decisión declarando la ilegalidad del hotel.

Cristóbal Fernández es tío del actual alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo. Él y su hermana, también concejal fueron indultados en tiempo récord tras un delito electoral.

Hoy te vamos a recomendar una lectura de nuestra investigación Desmontando El Algarrobico que ayuda a entender lo diferente que es el poder en los pueblos, cómo de importante es la persona frente al partido, cómo pueden eternizarse incluso cambiando de siglas determinadas familias y quiénes son los miembros de la familia que más ha hecho en favor del hotel desde sus puestos consistoriales. Con indulto exprés incluido. Lo puedes leer aquí.

Esta es una de las historias que contamos en Playa Burbuja, el recorrido por la costa peninsular mediterránea que cuenta los efectos del ladrillo y la corrupción desde Franco a la última burbuja. Puedes comprarlo aquí.

ESE GASTO NO ES MÍO, OIGA

Ya tenemos nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, los de 2022, y hoy vamos a destacar algunos datos que quizás sea bueno tener en mente para hablar de pensiones, que se avecina debate tenso entre generaciones que está siendo promovido desde diferentes segmentos sociales sin aclarar todos los datos. Vamos con ellos:

Un solo ministerio va a gestionar el 44% de todo el gasto del Presupuesto General del Estado: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total: 199.983 millones de euros. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se encarga de las pensiones, claro. 149.995 millones de euros se han presupuestado para pensiones contributivas en 2022.

¡Ojo! La principal fuente de ingresos de este Ministerio no es el cajón de los impuestos generales (renta, IVA, Sociedades, los impuestos especiales como el del tabaco....). Son las cotizaciones sociales.

Las pensiones contributivas se deben pagar con las cotizaciones, que además cubren otra serie de situaciones ligadas a los trabajadores y trabajadoras como desempleo, incapacidad temporal, etc.

¿Salen las cuentas en la Seguridad Social para pagar las pensiones contributivas y el resto de partidas del cajón de las cotizaciones? En 2021, las cotizaciones sociales van a cerrar con ingresos en torno a 127.300 millones de euros recaudados y para 2022 se espera, según los Presupuestos, que se alcancen los 136.300 millones. Al margen de las voces que tachan de bastante optimista esta previsión para el año que viene, lo obvio es que las cotizaciones de la generación que está actualmente trabajando no cubren el coste de las pensiones contributivas actuales.

¿Cómo de grave es la cosa? El Gobierno considera que en 2023 se habrá logrado el equilibrio, pero sea realista o no la previsión, hoy vamos a hablar de los gastos impropios. Porque van a jugar un papel importante en ese equilibrio.

Cada año, el Tesoro transfiere a la Seguridad Social una cantidad mayor para cubrir aquello que gestiona pero que no deben pagar los trabajadores, las empresas ni los autónomos con sus cuotas. No ha sido siempre así. Durante muchos años, se financiaron con cotizaciones gastos que no debieron ponerse en la cuenta de ese cajón recaudatorio, por ejemplo, los del propio funcionamiento de la Seguridad Social. En la crisis iniciada en 2008 la cosa no mejoró. Que el Estado decidía bonificar a las empresas para que contratasen empleo joven o para desempleados de larga duración, la Seguridad Social asumía el menor ingreso a pesar de ser consecuencia de una política activa de empleo.

Incluso el complemento a mínimos, una de las partidas importantes del presupuesto gestionado por la Seguridad Social, se tardó muchísimo (¡25 años!) en transferir completamente a la cuenta del cajón de los impuestos generales. El Tribunal de Cuentas hizo público un informe en 2020 afeando que "esta demora ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo a cotizaciones sociales un importe estimado en, al menos, 103.690 millones de euros, siendo en parte responsable de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan a la Seguridad Social".

Y esos 103.690 millones son solo teniendo en cuenta dos gastos de los que no debió asumir la Seguridad Social. En concreto, 71.862 millones del complemento a mínimos entre 1990 y 2013 que no le correspondían y 31.828 millones de gastos de asistencia sanitaria.

¿Estás entre quienes dicen aún he ido a la Seguridad Social para hablar de sanidad? Es muy típico, sobre todo en determinadas franjas de edad, cuando lo más preciso sería decir he ido a la sanidad pública, financiada con impuestos generales y gestionada por las CCAA mayoritariamente.

Informe de Fiscalización de la Seguridad Social del Tribunal de Cuentas (2020).

Es más. Los edificios en los que la Seguridad Social prestaba la atención sanitaria cuando aún era su competencia, hospitales, centros de salud, etc. se transfirieron a las CCAA o las fundaciones de hospitales sin compensar al cajón de las cotizaciones por un patrimonio que era suyo y al que podría haber sacado rendimiento.

Para 2022, se ha fijado una transferencia récord de 36.300 millones del Estado a la Seguridad Social en la que se incluyen 18.396 millones por gastos considerados impropios como el coste de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor (2.879 millones); reducciones en las cotizaciones por políticas activas de empleo (1.690 millones); subsidio de desempleo (5.085 millones); complemento frente a la brecha de género (884 millones); coste de jubilación anticipada involuntaria (2.079 millones) y complementos varios de prestaciones contributivas (3.549 millones). Son partidas que se suman a la transferencia por el complemento a mínimos de las pensiones contributivas (7.075 millones); el Ingreso Mínimo Vital (3.021 millones) y las pensiones no contributivas (2.772 millones).

El Estado se va haciendo cargo cada vez de más gastos que debió asumir desde hace tiempo tal y como le ha recomendado el Pacto de Toledo. Pero la tensión que se puso en la Seguridad Social tiene un papel relevante en que se haya fulminado la hucha de las pensiones, utilizada durante la crisis para pagar las extra de las pensiones contributivas, y endeudado con el cajón de los impuestos a la Seguridad Social, a la que se volverán a prestar otros 7.000 millones en 2022 además de las transferencias citadas.

Todo esto en el momento en que empieza a jubilarse la generación del baby boom, que va a poner a prueba las costuras del sistema y está generando un encendido debate sobre la justicia intergeneracional de quién recibe y quién paga las pensiones. En ese debate deben tenerse en cuenta estas cargas que se echaron a la espalda de la Seguridad Social y que tienen su papel tanto en que se consumiese la hucha de las pensiones como en la deuda que tiene ya asumida la Seguridad Social con el cajón de los impuestos generales por préstamos que recibe cada año.

Este mes el PSOE ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso para que se haga un estudio que incluya todo lo que asumieron las cotizaciones sociales que no debieron asumir con la intención de poner en claro cuáles son las cifras reales del desequilibrio de la Seguridad Social.  

LA OCUPACIÓN DE LAS UCI EN "NUEVA NORMALIDAD"

La ocupación de pacientes con COVID-19 de las UCI en España ha bajado esta semana del 5% respecto al total por primera vez desde el 12 de agosto de 2020. Por debajo de este valor, se considera que está en "nueva normalidad", según el indicador de riesgo del documento de Actuaciones Coordinadas (PDF). También se encuentran en situación de "nueva normalidad" los ingresos hospitalarios, al estar por debajo del 2% del total desde principios de octubre.

En números absolutos, el jueves había 1.835 personas ingresadas en un hospital por COVID-19, de las cuales 443 personas estaban en una UCI. En el peor momento de la pandemia, durante la primera ola, hubo días con más de 5.000 personas ingresada en una UCI. El 31 de enero de este año hubo 4.894 personas ocupando una cama en estas unidades.

En este gráfico puedes observar la evolución de ocupación de camas UCI desde el 1 de agosto de 2020, fecha en la que empieza la actual serie de datos de capacidad asistencial.

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