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, 27 de septiembre de 2022

De Zaplana a Julián Muñoz, ruta turística por las mociones de censura más bizarras de la costa

  •   10 minutos de lectura

Jesús Gil en la Audiencia Provincial de Málaga en 2003. (RAFAEL DÍAZ/EFE)

3.20h de la madrugada del 1 de agosto de 2003. José María García Urbano -el alcalde actual de Estepona, Popular y muy popular, famoso por el enorme tobogán que tanto costó y tan poco duró por el bien de las crismas de sus ciudadanos- daba fe, en su notaría de Estepona, de que las firmas estampadas en los papeles sobre su mesa sumaban la mayoría necesaria para armar una moción de censura que arrebatase la alcaldía de Marbella a Julián Muñoz. La tarde había sido intensa. Lo transcurrido de la noche, aún más. La mayor parte del tiempo lo pasaron amagando con irse sin acuerdo, entrando y saliendo de un despacho. Recibiendo llamadas, pasándose el teléfono. Era Jesús Gil, otra vez.

-Es Gil - le dijo Juan Antonio Roca a José Luis Fernández Garrosa tendiéndole el teléfono.

-Soy alcalde o me voy- le dijo este al aparato. - ¿Yagüe?... Dice que es ella o se va.

Luego escuchó unos segundos y colgó.

-Dice Jesús que no le toreamos más.

Sonó otro teléfono. Gil llamaba a otra concejala, Carmen Revilla.

-¿Qué pasa?- dijo Gil.

-Que no quieren votarla, alcalde - contestó Revilla.

-Pues votad a Garrosa.

-Marisol dice que tiene que ser ella.

-Pero son unos mercenarios, no les importa nada. Convéncelos.

Juan Antonio Roca, cerebro de la mafia urbanística marbellí, entraba y salía de uno de los despachos de la notaría. Hablaba con unos, con otros. Pasaban horas ya desde la primera reunión en el Club Financiero Marbella, donde Jesús Gil, inhabilitado en firme por el Supremo tras el caso Camisetas pero que seguía dirigiendo Marbella desde allí, había convocado a los concejales que debían firmar la moción para orquestar la operación contra quien ostentaba en ese momento el cargo de alcalde, Julián Muñoz. Razón: iba por libre. En Marbella ya no se sabía a quién había que pagar para hacer negocios, comentan fuentes jurídicas que vivieron aquella época.

Presentar a Muñoz como candidato por el Grupo Independiente Liberal (GIL) en las elecciones a las que ya no pudo concurrir Gil ya fue un pulso que estuvo a punto de dinamitar el partido, léase la mafia, pero que se había saldado a tiempo, por el bien de la familia, con la elaboración de una lista cremallera en base a uno tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío. Ganadas las elecciones, Muñoz pasó en gran parte del acuerdo. Empezó a no coger las llamadas constantes de Gil. Se acercó a la Junta de Andalucía, Isabel Pantoja mediante, y empezó a calibrar la posibilidad de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que legalizase todo lo ilegal que se había edificado en Marbella, que en muchos casos llevaba su firma porque Gil se quitaba de en medio siempre que había papeles. Le pedían una cabeza: la de Roca. Que lo destituyese. Lo hizo. Gil tocó a rebato.

Primero, la cita en el Club Financiero, donde les explicó la situación y calibró hasta qué punto estaban dispuestos a aceptar a quien iba a recibir el cetro del Ayuntamiento. Después, la notaría. Logrado el acuerdo, de madrugada, unos se fueron en avión a Lisboa. Otros a Altea, en coche.

Primer mandamiento de las mociones de censura. Desaparecer. Que si no luego vienen las segundas negociaciones, las presiones de la prensa, las amenazas.

Cuando los concejales firmantes de la moción que optaron por refugiarse en Portugal mientras llegaba el día del Pleno se encontraron en el Hotel Lisboa Plaza, se sintieron seguros. Tanto que llamaron a los de Altea para que se uniesen a ellos en la capital lusa. No les duró mucho. Antes de reagruparse los descubrió la prensa. El aeropuerto estaba lleno de periodistas. Cogieron varios coches. Nuevo destino: Madrid.

Una vez todos allí, en un reservado del Asador Donostiarra, los visitó Roca para calmarlos. No se quedó a cenar pero les prometió 20 millones de pesetas por cabeza. No era mucho, reconoció. Los tiempos de las vacas gordas habían pasado. Financiaba, dijeron en el juicio del caso Malaya contra la mafia urbanística marbellí, el gran propietario de suelo de Marbella, el millonario Judah Eleazar Binstock. Toda esta historia se puede leer en detalle porque forma parte de los hechos probados que figuran en la sentencia de Malaya, por coincidencia en las declaraciones de los implicados.

El 13 de agosto de 2003, tras hacer escala en Sotogrande, los concejales desaparecidos (ocho del GIL, tres del PSOE, tres del Partido Andalucista) llegaban en autobús a las 10.30 horas al Ayuntamiento de Marbella y eran escoltados para que no los lincharan antes de entrar al Pleno.

Muñoz sabía mucho de lo ocurrido en la notaría de Estepona, incluidas las reuniones de Roca con concejales. Por eso se dirigió a ellos allí, en público, refiriéndose a Roca:

-¿Les dio mantequita el día de la notaría, cuando estuvieron encerrados los tres solos?- preguntó a algunos.

Cuando se dio cuenta de lo que dejaba al descubierto su despecho, rectificó:

-Que conste en acta que me refiero a la mantequita colorá, que en las reuniones se pueden dar bocadillos, golosinas, chocolatinas y lo que haga falta...

En acta constó esto y lo anterior.

Marisol Yagüe fue nombrada alcaldesa y Marbella siguió con su máquina de coger dinero de la construcción y entregar parte a concejales y concejalas que votaban las licencias, como demostró la investigación de Malaya tras encontrar en los ordenadores de la empresa que gestionaba Roca el cruce de pagos entre unos y otros. Habían logrado que el mecanismo siguiese funcionando casi tres años más. La justicia encontró los restos de la fiesta, un botón de muestra de lo que debieron ser los años de las primeras legislaturas de Gil en Marbella.

MOCIONES DE CENSURA

Viajes nocturnos, reservados en restaurantes, despachos, notarías, nombramientos repentinos, tránsfugas. Gente que desaparece durante días para aparecer escoltada en un Pleno a tiempo del voto que quita y entrega poder. En este comienzo de 2021 que no da tregua, los titulares se han llenado en España de mociones de censura que fueron causa y acabaron en vía muerta y otras que han sido consecuencia y que ya se verá cómo acaban.

Por más que lo arrastren por el barro, este instrumento plenamente legítimo está diseñado en España, reflejo de la fórmula alemana, para dar una opción en positivo al Gobierno establecido cuando este pierde la confianza del poder legislativo. Es en positivo porque exige presentar candidata o candidato, no solo votar contra quien ostenta hasta ese momento el poder, lo que convierte el proceso de moción en una opción simultánea de cese e investidura. Y está tan legitimada por la normativa -desde la Constitución a los Estatutos de Autonomía y la Ley de Régimen Electoral General- como la investidura aún con restos de confeti y agujetas de saltos de balcón recién salida de un proceso electoral. De hecho, la legitiman los mismos resultados de ese proceso, los de las urnas, los mismos acuerdos de despacho con sumas y restas necesarios para la gobernabilidad, las mismas frustraciones y cesiones de todo proceso electoral que no ha logrado mayoría absoluta de ningún candidato.

Sin embargo, su traducción a la realidad y los intereses no siempre claros, por no decir en ocasiones extremadamente turbios, de sus protagonistas han dado capítulos históricos a España y le han regalado una fama al instrumento y a su marcha atrás que no parece que en 2021 vaya a mejorar. También ha dado imágenes legendarias, incluida la mutación en bolso de un presidente de Gobierno mientras se debatía su salida de Moncloa.

En el caso del Gobierno de España, la moción está recogida en el artículo 113 de la Constitución y obliga a ser presentada al menos por la décima parte de los diputados (35); deben pasar al menos cinco días desde su presentación para poder ser votada y requiere mayoría absoluta para su aprobación. Las referidas a gobiernos autonómicos, recogidas en los estatutos de autonomía, como en el caso de Madrid o el de Murcia, requieren ser presentadas por al menos el 15 por ciento de los diputados de la Asamblea, votada cuando han transcurrido al menos cinco y necesita igualmente de mayoría absoluta.

Pero, si hay un ámbito territorial que le ha regalado camino a la tinta son las mociones de censura a nivel municipal. Es ahí de hecho donde se ha tenido que ir afinando más el instrumento legal para evitar tentaciones tanto por quienes las promueven como por quienes se ven abocados a levantar del sillón la posadera.

Según el artículo 197 de la Ley de Régimen Electoral General, el alcalde o alcaldesa pueden ser sustituidos mediante moción de censura. La norma empezó con una redacción sencilla. En su versión de 1985, la moción debía ser suscrita al menos por un tercio de los concejales y aprobada en pleno por mayoría absoluta. Y ya.

En marzo de 1991, la cosa cambia. Se obliga a que la suscriba, incluso para su presentación, una mayoría absoluta de concejales, en lugar de un tercio, y a que sea votada en los quince días posteriores a su presentación. Parece ser que los alcaldes no encontraban momento oportuno para convocar el Pleno correspondiente pero, incluso fijándoles un plazo, en 1999 se consideró necesario fijar la convocatoria del Pleno de votación de una moción de forma automática. En concreto, a las 12.00 horas del décimo día hábil posterior a la presentación. Y algo más. Que el escrito registrado para la moción incluyese las firmas de quienes la apoyasen autenticadas ante notario. Además, ya en previsión de que podía liarse parda, se hizo responsable al alcalde que iba a dejar de serlo de evitar actos que tratasen de impedir la votación de la moción.

El viaje de investigación sobre el urbanismo en la costa mediterránea peninsular que es el proyecto Playa Burbuja de DATADISTA, cuyo libro puede conseguirse aquí, tiene parada en unos cuantos episodios de la historia de las mociones de censura. Marbella, zona cero de la corrupción, es aquí también ejemplo. Hay otras.

Imagen de Benidorm desde la ladera Norte en el verano de 2017. (DATADISTA)

Zaplana y la pirueta de Maruja Sánchez

Maruja Sánchez Trujillo, profesora de baile, había sido incluida por el socialista Manuel Catalán en su lista a las elecciones municipales de Benidorm de 1991. No se esperaba que saliese, pero un cambio de última hora hizo que ascendiera dos puestos. Y concejala. El PSOE gobernaba Benidorm desde 1983 y encarrilaba su tercera legislatura sin más sobresaltos cuando Maruja Sánchez Trujillo se pasó al Grupo Mixto. Y desapareció.

La intención era la de siempre. Quitarla de en medio hasta el Pleno que votase la moción en contra de Manuel Catalán y a favor de un joven candidato que había ido el último en las listas al Congreso por Alicante en 1982 pero cuyo ascenso sería imparable desde entonces: Eduardo Zaplana.

A Maruja Sánchez, se supo luego, le hicieron un tour con escala en Gibraltar y Andorra, pero los rumores sobre su posible secuestro la obligaron a aparecer antes de lo previsto en rueda de prensa en un céntrico piso de Benidorm. Y desapareció de nuevo. Esta vez se quedó cerca, en el chalet de Callosa d'En Sarrià de una asesora del Partido Popular.

El 22 de noviembre, Maruja Sánchez Trujillo se presentó en el Ayuntamiento de Benidorm para apoyar la moción de censura contra quien le había dado el pase a la política. Su recompensa fue un sueldo casi nescafé, hasta que se lo quitó otra moción. Fue nombrada por Zaplana delegada de servicios sociales y culturales de Benidorm y pasó 18 años en nómina del Ayuntamiento. Su marido consiguió despacho en el Consorcio Provincial de Bomberos, donde se ha escrito que no iba mucho.

Un año después del 'marujazo', unos 10.000 pinos de la Sierra Cortina ardieron sin control en las espaldas de Benidorm en un incendio que se investigó como provocado pero cuyos causantes jamás se logró identificar. La Ley protegía el suelo contra depredadores urbanísticos en caso de incendio pero no lo suficiente. Zaplana no se presentó a las siguientes elecciones municipales. Lo hizo a las autonómicas a la Generalitat Valenciana en 1995 y desde su puesto de presidente aprobó un Plan Director Especial que permitió levantar, sobre el suelo quemado de Sierra Cortina, el parque Terra Mítica. Aquello acabó en un entramado de facturas falsas, con el cuñado de Zaplana condenado; un coste de 400 millones frente a los 270 millones estimados inicialmente; un fracaso empresarial y una mala venta. Aunque todo eso es otra historia.

Imagen del hotel ilegal levantado en la playa de El Algarrobico. (DATADISTA)

Todo para que el Algarrobico no se pare

Entre las mociones oscuras del viaje de Playa Burbuja por la costa, está la que tuvo lugar en el municipio almeriense de Carboneras para lograr que volviese al poder el alcalde que con mayor fuerza empujó para que se levantase junto a la orilla el hotel ilegal de El Algarrobico.

El socialista Cristóbal Fernández fue alcalde de Carboneras durante 28 años de forma casi ininterrumpida, la mayor parte de ellos en representación del PSOE, aunque sus orígenes familiares e inicio en la política fueron por otros derroteros aparentemente opuestos.

En las elecciones de 1995 perdió la mayoría absoluta y, tal y como había advertido en las elecciones llamando al voto útil, el resto de partidos se alió para levantarle del asiento de alcalde. La amenaza de moción de censura persiguió a su sucesor, Antonio Hermosilla (del Grupo Independiente de Carboneras), casi desde el primer día. Primero liderada en teoría por un concejal del PP, Joaquín Túnez Caparrós, que iba a ser sorprendentemente apoyado por los concejales del PSOE con tal de quitar a Hermosilla, que tenía bastante parado todo el asunto de El Algarrobico.

Finalmente fue en 1997 cuando Gloria Ruiz, hasta ese momento del PP, permitió la moción que arrebató a Antonio Hermosilla el puesto de alcalde y se lo devolvió a Cristóbal Fernández. Las sombras se multiplicaron en torno a la tránsfuga a causa de unos pagos que su ex marido aseguró que había recibido por cambiar de chaqueta. La denuncia del ex marido no prosperó. La moción, sí.

Cristóbal Fernández volvería a perder el puesto de alcalde tras ser inhabilitado por delito electoral, en concreto primero tratar de comprar y luego presionar para que le votasen. En las siguientes elecciones se pudo volver a presentar gracias a un indulto exprés, en nueve días, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lee aquí la investigación de DATADISTA sobre El Algarrobico, los planes mutantes, el eterno alcalde de Carboneras y las mentiras a Europa.

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