Recorrer los primeros puestos del ranking de beneficiarios privados de la PAC de 2024 en España basta para constatar cuánto ha cambiado esta ayuda que nació para garantizar las rentas del sector agrícola y abonar la pregunta de en qué medida esta inmensa bolsa de dinero público que reparte cada año Europa está yendo a quien más lo necesita, según un análisis realizado por DATADISTA de la base de datos de beneficiarios publicada recientemente por el Fondo Español de Garantía Agraria.
Grandes cooperativas con estructuras internacionales y de exportación como Vicasol, que exporta ya a más de 134 países (9,3 millones de euros de la PAC en 2024), y Murgiverde (7,6 millones). Grupos alimentarios con conexión en gran parte de la cadena de valor como Corporación Alimentaria Peñasanta, matriz de Central Lechera Asturiana (8,3 millones), o El Pozo Alimentación (6,4 millones). Empresas que fueron familiares míticas pero que hoy están en manos de fondos de inversión internacionales, como Alvinesa Natural Ingredients, la mayor destilería española (7,8 millones de la PAC en 2024), que pertenece desde 2021 al fondo británico Intermediate Capital Group (ICG), tras su compra por 320 millones de euros al fondo de la familia March.
También destacan en la parte alta del ránking empresas cuya actividad principal es la importación de cereal y otras materias primas para el lucrativo negocio de elaboración y comercialización de piensos para la ganadería cada vez más intensiva del país, con una fuerte presencia de perceptores con sede en las Islas Canarias, como Graneros de Tenerife, Cereales Archipiélago, Canaria de Piensos (8,5 millones). Incluso aparece la reina indiscutible de la distribución en España, Mercadona, cuya filial en Las Palmas recibió 1,8 millones. O grupos como Nufri que, sin perder su gran área agroalimentaria, se han transformado ya en hóldings que cuentan incluso con un área dedicada al negocio de la energía.
Muchos de estos perceptores ya ocupaban posiciones destacadas en años anteriores, aunque otros se han incorporado al grupo de los mayores receptores en 2024 con importes que no figuraban en los primeros puestos en el ejercicio anterior.
Es importante tener en cuenta que en cabeza del ranking de beneficiarios totales de la PAC por cuantía recibida figuran cada año administraciones y organismos públicos. En 2024, la Junta de Andalucía percibió más de 104 millones de euros, la Junta de Extremadura superó los 76 millones y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recibió más de 63 millones. Estas cantidades incluyen programas de desarrollo rural, inversiones en infraestructuras agrarias y medidas sectoriales financiadas con fondos europeos.
Además, hay empresas que pertenecen a grupos agroindustriales o de distribución con varias filiales que figuran como perceptores separados, lo que dificulta cuantificar la concentración real de los fondos públicos que recibe cada grupo. Este fenómeno es especialmente visible en sectores como la industria cárnica, la elaboración de piensos o la exportación hortofrutícola, donde compañías vinculadas operan bajo distintas razones sociales.
Más dinero en menos manos que el año anterior
Los porcentajes no hablan mejor de la distribución de las ayudas PAC. El programa de Política Agrícola Común repartió en 2024 en España 7.755 millones de euros, casi un 2% más que en 2023, pero entre menos perceptores. se registraron unos 610.000 beneficiarios, lo que supone una caída cercana al 6% respecto al año anterior.
El 1% de los beneficiarios privados, unos 6.900 titulares, absorbió casi el 24% del dinero total. Aquí se concentran los beneficiarios que recibieron ayudas superiores a 100.000 euros. Si se hace zoom a los grandes beneficiarios, los que recibieron ayudas superiores a los 500.000 euros, se observa que el 0,08% de los beneficiarios recibió casi el 10% de las ayudas. Mientras tanto, hay un 60% de los beneficiarios que cobró menos de 5.000 euros al año. En conjunto, estos pequeños expedientes apenas suman alrededor del 9% del presupuesto.
La nueva arquitectura de la PAC
La fotografía del reparto muestra que tres grandes líneas de ayuda —la renta básica, los eco-regímenes y las ayudas asociadas a determinados sectores— concentran más de la mitad del presupuesto. El auge de los eco-regímenes es la novedad más visible: casi uno de cada siete euros se destina a pagar compromisos ambientales voluntarios. Sin embargo, en términos de concentración, el modelo apenas se ha movido.
La reforma de la PAC para 2023-2027 introdujo nuevas condiciones, más controles y objetivos declarados —como la mitigación del cambio climático o la modernización de explotaciones—, pero los datos confirman que el grueso del presupuesto sigue siendo un colchón de renta que llega en mayor proporción a quienes gestionan grandes superficies o cuentan con estructuras empresariales capaces de tramitar expedientes complejos.
Los eco-regímenes y la desigualdad
La otra cara de la moneda es la desigual distribución del dinero entre beneficiarios. Mientras las ayudas básicas y redistributivas llegan a cientos de miles de perceptores —más de medio millón en el caso de la renta básica— otras líneas, mucho más cuantiosas en términos unitarios, se concentran en pocas manos. Por ejemplo, las inversiones en activos físicos, un programa de desarrollo rural que ha movilizado más de 600 millones de euros, se han repartido entre apenas 8.500 beneficiarios. O dicho de otro modo: cada expediente aprobado en esta medida representa, de media, más de 70.000 euros de ayuda.
Los datos también revelan que algunas prioridades políticas, como la modernización de explotaciones, la innovación o la adaptación al cambio climático —integradas sobre todo en medidas de desarrollo rural— tienen un peso significativo en términos económicos, aunque menor en número de beneficiarios. Este contraste refleja una doble velocidad: mientras las ayudas directas siguen extendiéndose de forma generalizada por todo el territorio, las subvenciones más orientadas a transformar el modelo productivo se concentran en un número reducido de explotaciones que cumplen las condiciones para acceder a ellas.
FEADER reparte el 62% del dinero de la PAC en 2024
La PAC se financia a través de dos grandes fondos europeos: el FEAGA, que cubre principalmente los pagos directos a los agricultores y las medidas de mercado, y el FEADER, destinado al desarrollo rural y la modernización del sector. En 2024, el 62% del dinero se repartió en forma de pagos directos financiados por el FEAGA, un volumen que supera los 4.800 millones de euros y que engloba la ayuda básica a la renta, los eco-regímenes y otros pagos anuales recurrentes. El FEADER concentró en torno al 26% de los fondos, con más de 2.000 millones de euros destinados a programas de inversión, innovación, medidas agroambientales y apoyo a jóvenes agricultores.
Además, un 8% del presupuesto corresponde a medidas sectoriales específicas —como las ayudas a frutas, hortalizas o vino—, mientras que un pequeño porcentaje se reparte entre programas de promoción agroalimentaria y fondos excepcionales para hacer frente a crisis o circunstancias extraordinarias. Esta diferenciación explica en parte por qué algunos perceptores reciben cantidades muy superiores a la media: las líneas de desarrollo rural y modernización, financiadas con el FEADER, concentran expedientes de importes elevados que requieren inversiones y cofinanciación nacional.
El reparto por territorio de los perceptores privados
Los datos desagregados por provincia de los perceptores privados confirman que el reparto de la PAC no solo depende del tamaño de las explotaciones o del perfil jurídico de los beneficiarios, sino también de la distribución territorial. Hay provincias donde la ayuda básica a la renta es la principal línea de pagos, mientras otras concentran un mayor volumen de fondos destinados a inversiones o modernización de explotaciones.
Esta dimensión territorial muestra cómo la política agraria europea ha configurado un sistema de ayudas diferenciadas según las características productivas de cada zona. Durante las reformas de la PAC anteriores a 2023, España se organizó en cerca de 50 regiones productivas definidas por el potencial agronómico y los tipos de cultivo, en especial los cultivos permanentes como el viñedo, el olivar o los frutales. Con la última reforma que entró en vigor en 2023, estas regiones se han reducido a 20. El valor de los derechos de ayuda por hectárea varía entre regiones, en función de estos criterios productivos históricos.
Un sistema reformulado con nuevas condiciones y más controles
La nueva PAC 2023-2027 se enmarca en el Plan Estratégico que España presentó a Bruselas, que establece cuatro grandes prioridades: asegurar la rentabilidad de las explotaciones, impulsar la sostenibilidad ambiental, revitalizar el medio rural y fomentar la innovación agraria. Según datos oficiales, España recibirá unos 47.724 millones de euros durante este periodo, una media de casi 7.900 millones al año.
La reforma ha introducido cambios profundos en el sistema de ayudas. Entre ellos, destacan los eco-regímenes, que suponen aproximadamente un 23% del presupuesto de pagos directos y premian prácticas voluntarias como dedicar superficies a la biodiversidad o reducir el uso de fertilizantes. También se han incorporado ayudas redistributivas que asignan parte del presupuesto de manera prioritaria a pequeñas y medianas explotaciones, con el objetivo de reducir la desigualdad en el reparto. Sin embargo, en términos absolutos, estas nuevas líneas siguen siendo minoritarias frente al grueso de los pagos directos tradicionales.
La condicionalidad reforzada es otro de los pilares de la nueva normativa. Para poder cobrar parte de las ayudas, los beneficiarios deben cumplir prácticas obligatorias de carácter ambiental, como mantener márgenes sin cultivar junto a los ríos, conservar pastos permanentes o limitar el laboreo en determinadas épocas del año. Estos requisitos se aplican a todas las explotaciones, independientemente de su tamaño. Cada expediente está ahora vinculado a un objetivo declarado: garantizar la renta, mitigar el cambio climático, promover la igualdad de género en el medio rural o modernizar las explotaciones con tecnologías más eficientes.
La transición no ha sido sencilla. En 2023 convivieron los últimos pagos del modelo anterior con las primeras aplicaciones de la nueva PAC, lo que complica la comparación interanual de datos. Parte de las ayudas que antes figuraban como “pago básico” han pasado a denominarse “ayuda básica a la renta para la sostenibilidad”, mientras que otras líneas se han reagrupado o cambiado de código.
Un reparto que apenas cambia
Aunque la reforma se ha presentado como un paso hacia la sostenibilidad, las organizaciones agrarias y las plataformas ciudadanas critican que sigue habiendo un fuerte sesgo a favor de las grandes explotaciones. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el modelo continúa priorizando la superficie sobre el empleo y que la concentración de fondos apenas se reduce, pese a los cambios formales. Por su parte, la coalición Por Otra PAC alerta de que muchas de las medidas climáticas son voluntarias y que la orientación agroecológica sigue siendo minoritaria en términos de presupuesto. Ambas entidades reclaman un reparto que priorice a la agricultura familiar y la producción sostenible frente a los modelos intensivos y las empresas de mayor tamaño. También cuestionan que los eco-regímenes y las nuevas exigencias administrativas supongan una barrera adicional para pequeñas explotaciones y jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario.
Por último, la publicación de datos de la PAC por parte del Fondo Español de Garantía Agraria se ha hecho más detallada que en años anteriores: ahora se puede saber no solo cuánto dinero recibe cada beneficiario, sino con qué finalidad. Sin embargo, persisten limitaciones: los perceptores que cobran menos de 1.250 euros al año aparecen anonimizados y, en municipios con muy pocos expedientes, no se publica el nombre del beneficiario. Además, por el momento, los datos oficiales de 2024 no incluyen aún la asignación detallada de cada ayuda a los objetivos estratégicos que contempla la reforma de la PAC.
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