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Tres años más de vertidos: todo lo que ya sabían mientras el Mar Menor agonizaba

  •   10 minutos de lectura

Imagen de helicóptero captada durante el desarrollo de la operación Chandos / Fuente: Guardia Civil

DATADISTA accede a los expedientes de investigación a plantaciones agrícolas solicitados por el juez Garrote. Adentrarse en ellos es ver, desde el informe de la primera visita de la Inspección hace años a las fincas, la constatación en cada nueva visita de que los pozos y plantas seguían funcionando y vertiendo rechazo contaminante pese a no contar con autorización, y viajar por el tiempo transcurrido hasta la resolución sancionadora, normalmente de baja cuantía. Un largo periodo perdido que se sumó a las décadas que ya venían abonando el daño a la laguna.

12 de noviembre de 2019. Justo un mes después del episodio de anoxia que asfixió peces y crustáceos a orillas del Mar Menor. Ángel Garrote, juez del juzgado de instrucción número 2 de Murcia, encargado de la instrucción del llamado 'caso Topillo', pide mediante un auto que se confeccionen los atestados de las empresas y agricultores investigados por contaminar presuntamente el Mar Menor. Quería los expedientes completos de la Confederación Hidrográfica del Segura, desde la primera detección de una posible infracción en la plantación de un regante hasta la resolución. Quería saber quiénes eran los propietarios de las fincas y quiénes los usuarios que las regaban, en caso de tenerlas arrendadas.

Quería conocer cada gota de agua consumida por cada regante procedente del Trasvase Tajo-Segura, según la información de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; lo que había cultivado cada uno y si el agua requerida por sus cultivos equivalía a la que habían recibido de forma legal o el único modo de regar para obtener determinada cantidad de lechuga, melón o apio pasaba por haber extraído y desalobrado agua subterránea de un acuífero sobreexplotado o contaminado por nitratos.

Porque bajo el Campo de Cartagena se extiende un acuífero afectado por la filtración tanto del agua salada del Mar Menor, con el que está comunicado, como por los abonos del regadío. El agua sin desalar no es apta para el riego. Hay que mezclarla o desalarla. Y desalarla produce un 25 por ciento de vertido de salmuera en el que se concentran los nitratos, un alto riesgo para el Mar Menor, como explicó DATADISTA en la investigación sobre el desastre de la laguna.

Hace ahora poco más de un año, con España al borde de ser confinada en sus hogares por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del coronavirus, los agentes del Seprona reunieron la información y procedieron a dar el último paso antes de remitirla al juez: citar uno a uno a empresas y agricultores para informarles de que estaban siendo investigados por su “presunta participación en un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en su mayoría por “vertido continuado de aguas de rechazo de desaladora con alta afección contaminante, causándose un grave perjuicio al medio natural y en concreto al Mar Menor”. Se incluían los detalles de por qué estaban siendo investigados, los datos de los indicios de delito encontrados y se les daba la oportunidad de declarar sobre esos indicios en presencia de un abogado. La mayoría se acogió a su derecho a no hacerlo.

El ritmo fue intenso y no hubo estado de alarma que lo detuviese.

2 de marzo de 2020. Queda usted citado para las 10.00 horas.

2 de marzo de 2020. Queda usted citado a las 10.20 horas.

6 de marzo, a las 10.00, a las 10.15, a las 10.20 horas.

9 de marzo a las 10.00, a las 10.05 horas.

10 de marzo. 11 de marzo. 12 de marzo. 27, 28 y 30 de abril de 2020.

Entre los meses de marzo y abril, con el país despertando a la pesadilla de la pandemia, agentes del Seprona mantuvieron su calendario y fueron citando una a una a empresas y agricultores.

El recorrido por los expedientes, por la historia de la investigación a cada uno de ellos, según la documentación entregada al juez a la que ha tenido acceso DATADISTA, es un goteo de actuaciones que se prolongaron durante años mientras, enterrado bajo el papeleo, los recursos y los plazos, discurría hacia el Mar Menor un chorro constante de agua fuertemente cargada de nitratos, un alto riesgo para las masas de agua.

El origen se había decidido inspeccionar muchos años después de que se iniciase el problema. Entre otras cosas porque, como explicó DATADISTA, en buena medida partió de una enorme chapuza de las administraciones, y después de una dejación hoy conocida de la labor de control. Pero al fin, merced a un cambio de responsables en la Confederación Hidrográfica del Segura, se envió a la inspección sobre el terreno basándose en un listado de instalaciones ilegales que se había elaborado años atrás con la colaboración de los agricultores, a los que se les aseguró que la intención era regularizar sus instalaciones. Sin embargo, tras comprobar la enorme dimensión que había alcanzado el problema por las décadas transcurridas sin control, se optó por mirar hacia otro lado y guardar el listado durante años en un cajón.

Si esto no había supuesto ya suficiente retraso, una vez se decidió actuar y las presuntas infracciones fueron detectadas, nadie taponó la fuga hasta que el Mar Menor se volvió verde en 2016. Encontrarse en cada expediente, entre los primeros documentos, el informe de la primera visita a las fincas y ver los meses y los años pasar hasta la resolución sancionadora, es transportarse a través de un tiempo que se sumó a las décadas que ya venían abonando el daño a la laguna.

La burocracia contamina

Por poner uno de los ejemplos que figuran en la documentación, una infracción de dos pozos y una desaladora detectada en enero de 2013 no surtió ningún efecto en el momento de su detección. No tiene lugar una nueva comprobación hasta noviembre de 2014, cuando se vuelve a constatar que pozos y desaladora están en funcionamiento. El documento de incoación de expediente sancionador no llegó hasta enero de 2015, cuando se prohibió la extracción de aguas y se instó a la desinstalación de la maquinaria pero sin ser resolución firme.

Un mes después llegaban las alegaciones, negando el informe de los agentes y asegurando que los pozos no estaban en explotación en 2013 ni 2014 porque había agua de sobra del Trasvase Tajo-Segura en ese momento. Debido a esta alegación, se procedió solicitar  al Jefe de Servicio de la Policía de Aguas que ratificase la información sobre los pozos denunciados y la desaladora que figuraba en el informe de los agentes, lo que tiene lugar el 16 de febrero, cuando se ratifica que el informe emitido el 26 de noviembre de 2014 "fue el resultado de la visita de inspección del mismo día y se hizo acompañado" del denunciado, "comprobándose que los pozos 1 y 2 estaban en explotación (el pozo 3 también se estaba explotando). En cuanto a la desaladora, manifestó (el denunciado) que estaba funcionando y que vertían las salmueras al salmueroducto que discurre por la zona del Pasico-Torre Pacheco". El informe de los agentes y los documentos aportados se consideró que tenían "fuerza probatoria, por tratarse de documentos realizados por funcionario público en el ejercicio de sus funciones", así como que el denunciado no aportó documentos ni pruebas de lo contrario.

Lo que sí aportó el denunciado fue la petición a la Confederación Hidrográfica del Segura, solo unos días antes, para que se regularizasen los pozos que había asegurado que no estaban en uso en el momento de la inspección.

Los citados pozos se habían autorizado al amparo de una sequía muy anterior, de mediados de los años noventa nada menos, y debían haber estado sin uso desde finales de 1996. No fue así. Al llegar una nueva sequía en mayo de 2015 se aprovechó para solicitar que se autorizasen de nuevo. El 16 de septiembre de 2015, dos años y nueve meses después de detectada la infracción, llegaba la propuesta de resolución por "derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización (...) y la apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización".

Una resolución que señala que "es de destacar que los acuíferos de la Cuenca del Segura han sido declarados en situación de sobreexplotación". A pesar de ello, la sanción se quedó en 6.000 euros por considerarse infracción leve, "ya que no han sido valorados los daños al dominio público hidráulico, ya que de haber sido así, la infracción podría ser considerada como menos grave, grave o muy grave dependiendo de la cuantía de tales daños".

¿Se paró finalmente la instalación? Se dio un plazo de 5 días para detener la extracción pero dejando la resolución a expensas de que la CHS regularizase los pozos. Y la CHS, en vista de la sequía, los regularizó.

Con ocho años de distancia, en el momento en que fueron citados en 2020 por el juez del llamado 'caso Topillo', los investigados pudieron revisar aquellos primeros informes, los de las visitas a las fincas en 2012 y 2013, donde ya estaban las claves. El número de pozos y su caudal, si disponía de contador volumétrico y su consumo, las desaladoras encontradas, las coordenadas UTM con su localización, la falta o no de autorización, si estaban en funcionamiento al visitar la explotación, qué había declarado el propietario a los agentes al preguntarle sobre su uso, dónde iba a parar el vertido cargado de nitratos del rechazo de la planta desalobradora una vez separada el agua apta para el riego de la salmuera, el caudal estimado de desalación y rechazo.

El origen y prueba del posible delito contra la laguna en un tiempo lejano en que se prestaron a colaborar, sencillamente porque estaban convencidos de que iban a regularizar sus instalaciones. Después de décadas de esta convicción de poder mantener sus prácticas, en las conclusiones de los informes de 2020 en el caso Topillo se da por demostrado, según la Inspección del Servicio de Guardería y Policía Fluvial de la CHS, lo recogido en aquellos informes iniciales como indicio de delito contra el medio ambiente.

En ellos, hay desalobradoras capaces de procesar 1.900 metros cúbicos por hora en naves a la vista de todos y otras ocultas bajo el suelo en contenedores; hay vertidos al Mojón, al salmueroducto del Mar Menor, al de Sacyr por Torre Pacheco, a la rambla de la Maraña, a la del Albujón, a la del Miedo, a la de Miranda. Agua y más agua contaminada llegando al Mar Menor o al acuífero y fotos de las instalaciones y de los entramados de tubería de pvc por las que discurría el vertido hacia su delicado destino. Hay pozos ilegales que, por haberse perforado sin control de calidad, no se sabía (ahora ya sí) si habían comunicado capas contaminadas del acuífero con otras que no lo estaban, dañando nuevas masas de agua (como se demostró después). Hay plantas desaladoras que funcionan con regularidad 40 horas semanales, la hay con tres tubos de osmosis (para la desalobración del agua) y hasta con seis, pozos cuyas aguas no se sabe a qué finca desembocan ni el volumen que se extrae

Y estaba allí, en los primeros informes que recogen cuando se detecta la infracción. Pero además hubo reincidencia. La constatación de que se seguía extrayendo agua de pozos ilegales y desalobrándola con maquinaria sin autorización cuando volvía a visitarse una instalación.

A toda la documentación de la CHS, el juez sumó los datos pormenorizados de las fincas explotadas por cada regante, sus cultivos y el consumo de agua, en base a informes basados en la información del catastro y el SIGPAC, así como los consumos anualizados entre 2013 y 2017 de cada uno de los investigados, entregados el 25 de febrero de 2020 por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Con esta última información, un perito ingeniero agrónomo requerido por el juez elaboró un detallado informe del agua estimada que ha necesitado cada regante para alcanzar la producción obtenida de cada producto, le ha restado la procedente del Trasvase y ha calculado qué rechazo de agua contaminada habrá producido la necesidad de desalobrar el agua que le faltaba, y que se presume, dada la verificación de la existencia de pozos y desalobradoras, que ha salido del subsuelo.

El hilo de la empresa que instalaba las desaladoras

Hay varios expedientes que llaman la atención y que ya fueron destacados en su informe por el fiscal. Los de las empresas agrícolas de mayor tamaño, por el volumen de salmuera que se estima que pudieron hacer llegar al Mar Menor, y el expediente de Insal Electricidad & Automatismos, la empresa que aparecía una y otra vez en las instalaciones de las desaladoras y a la que se decidió registrar en vista de la obviedad de que no estaba dando toda la información que se le requería.

El 27 de febrero de 2018, entraron en las instalaciones de Insal efectivos de la guardia civil y se llevaron en el registro documentación como para llenar 13 cajas de cartón y una bolsa, 30 carpetas de archivo con ingresos y gastos, 14 archivadores de gastos de 2017 y 3 cajas de 2016, bloques de facturas y 6 discos duros. Aquellos registros dieron lugar a la Operación Chandos, que permitió detectar instalaciones de desalación especialmente camufladas por parte de la Guardia Civil.

Las conclusiones del SEPRONA apuntan a Insal como “la empresa que vertebra una estructura de explotación ilegal de los diferentes acuíferos de la zona del Campo de Cartagena, ya que es la responsable directa de la fabricación, venta, mantenimiento, reparación y suministro de todos los materiales y fungibles necesarios para las plantas desalobradoras de las diferentes empresas propietarias o arrendatarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, siendo por tanto Insal la cooperadora necesaria de todos los vertidos contra el medio ambiente efectuados con el agua de rechazo de cada una de las diferentes desalobradoras de sus clientes”.

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