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Hugo Morán: "No hay cuencas deficitarias y excedentarias. Al final tendremos un país deficitario en su conjunto"

  •   18 minutos de lectura

  • "No podemos asumir como normal que el 50% de las masas de agua no cumpla con las condiciones químicas razonables de calidad. Se empiezan a padecer procesos de restricción porque las fuentes de suministro, sobre todo urbano, empiezan a verse con unos niveles de contaminación elevados".
  • "Por donde hay que empezar es por sacar del sistema todas las hectáreas que están puestas en riego sin contar con concesión (junto al Mar Menor)".
  • En el Mar Menor, "no vamos a hacer más colectores, más hormigón, que traslade la sensación de que podemos seguir contaminando sin límite".
  • El Gobierno de Murcia "no ha demostrado especial diligencia a la hora de poner en marcha los mecanismos de reversión (a secano del regadío ilegal). La CHS ha iniciado la suspensión de los suministros de agua de riego (en esos terrenos)".
  • "Hemos de reforzar la capacidad de las confederaciones para cubrir los vacíos normativos de los últimos años, cuando se ha disparado la aparición de macrogranjas".
  • "El país no se puede permitir el lujo de seguir poniendo en riesgo la viabilidad de los territorios para las generaciones futuras".

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, se sienta con DATADISTA cuando ha pasado un año desde nuestra entrevista anterior. Hoy la laguna cuenta en su historial con un nuevo episodio de anoxia (falta de oxígeno) y mortandad de peces, ocurrido este verano y aún más grave que el anterior, tras el que el Gobierno central y el regional protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones, de teorías opuestas sobre las causas y sobre las soluciones. En el momento actual, las aguas parecen haber vuelto en parte a su cauce merced a una inversión de 300 millones de euros que el Gobierno central acaba de anunciar para la recuperación de la laguna.
Un día antes de que la ministra Teresa Ribera anunciase el plan, Hugo Morán compartió con DATADISTA los objetivos principales de esa inversión, que no contemplan el famoso colector que iba a llevar aguas sacadas del acuífero contaminado a una planta desaladora y desnitrificadora para después enviar el vertido con nitratos al Mediterráneo y el agua desnitrificada y desalada a los regantes.

También nos detalla los pasos que se están dando con el regadío ilegal, su visión de la reciente declaración de sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la extensión de cultivos en regadío en cuencas con déficit hídrico, el fin del concepto de cuencas excedentarias y deficitarias y sus planes para poner límites al fenómeno de las macrogranjas.

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CONTEXTO MAR MENOR
El acuífero del Campo de Cartagena es un acuífero multicapa, con diferentes niveles. Mientras los acuíferos inferiores tienen un problema de sobreexplotación, el superior, del Cuaternario, que está conectado con el Mar Menor, está a rebosar pero sus aguas están contaminadas por los nitratos de los abonos del regadío, grandes enemigos de las masas de agua porque abona literalmente el fitoplancton hasta que este se reproduce en tal cantidad que no deja pasar la luz al fondo y acaba matando la pradera marina, consumiendo el oxígeno y provocando los famosos episodios de mortandad masiva de peces y crustáceos.

El 2 de julio de 2020, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado por incumplir la Directiva de nitratos, dándole un plazo de tres meses para subsanar las deficiencias o correr el riesgo de ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede terminar en sanciones.

El 22 de julio de 2020, la Confederación Hidrográfica del Segura declaraba el acuífero del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar los objetivos de la Unión Europea de contaminación por nitratos (un máximo de 50 miligramos por litro en 2027), activando así el plazo para disponer de un Plan de Ordenación del acuífero. En la misma reunión de la Junta de Gobierno de la CHS, se tomaban medidas cautelares.

PREGUNTA: Cuando tuvo lugar el primer episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos en el Mar Menor, en octubre de 2019, se anunciaron toda una serie de medidas, se creó una hoja de ruta que se va actualizando, se hicieron estudios. ¿Qué destacaría de lo que se ha hecho desde la Administración General del Estado en este tiempo?

RESPUESTA: “Hay un hecho central que es el que marca un antes y un después en relación con los compromisos de la Administración General del Estado (…) que es la declaración de la masa subterránea (el acuífero del Campo de Cartagena, contaminado por nitratos procedentes de los abonos del regadío) en riesgo (de no alcanzar el buen estado) químico”.
“Estamos teniendo que hacer frente a un proceso de degradación ambiental de dos masas de agua: una superficial (el Mar Menor) y otra subterránea (el acuífero Cuaternario, perteneciente al acuífero del Campo de Cartagena). Donde está el origen, donde debemos intervenir para rescatar ambas masas de agua, es en la masa de agua subterránea, que es la que padece en primera instancia las consecuencias de un modelo de explotación que sobrepasa con mucho la capacidad de carga del territorio.
Esa declaración de la masa en riesgo ha permitido desplegar ya un primer plan de actuaciones (…) que establece los límites de las actividades que se puedan desarrollar en función de que estas tengan una afectación directa”.

CONTEXTO: CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DEL ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA
La Unión Europea estableció el año 2027 como fecha límite para que todas las masas de agua, superficiales y subterráneas, hayan alcanzado el buen estado cuantitativo y químico. Para lograr el buen estado químico, no se debe superar para esa fecha un volumen de nitratos de 50 mg por litro, que es el máximo compatible con el consumo humano de agua.

En el citado dictamen de julio de 2020, la Comisión indicaba que el Esquema Provisional de Temas Importantes (ETI) de la Confederación Hidrográfica del Segura para el próximo ciclo hidrológico "corrobora la gravedad de la situación en materia de contaminación por nitratos en la Comunidad, especialmente en el Mar Menor". En dicho ETI, se vuelve a fijar como objetivo menos riguroso en 2027 para el acuífero del Campo de Cartagena un volumen de nitratos de 200mg por litro.

No es la primera vez que se echa mano de la flexibilidad que permite la normativa comunitaria, claro que es así siempre que se justifique y demuestre que se toman medidas para solucionar la situación. En el Plan de Cuenca 2009-2015 se fijó un objetivo para 2027 de 90mg/l; en el de 2015-2021, se elevó ese objetivo ya a 200mg/l, cifra repetida en el nuevo. Es decir, el empeoramiento del estado del agua no llevó a tomar medidas antes sino a subir los niveles de incumplimiento previstos.

P: Esta actuación que ustedes remarcan como un hito, que la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Gobierno central, declare el acuífero Cuaternario en estado de no alcanzar el buen estado químico en 2027, se debe a un volumen de nitratos en la masa de agua que lleva muchos años muy por encima de los niveles máximos que marca Europa y, en lugar de actuar, se iban elevando los niveles previstos de un plan de cuenca al siguiente. ¿No se llega muy tarde en la declaración de riesgo? ¿Por qué no se hizo antes?

R: “No es cómodo para nadie poner en marcha procesos que generen resistencia social, oposición, debate e incluso rechazo. (…) Y esto muchas veces es lo que retrasa la toma de decisiones. Y es probablemente el factor que más influye en que luego los costes de recuperación sean mucho mayores”.
“Cuando se construye un modelo de desarrollo económico que condiciona el devenir de un territorio, porque genera empleo, permite construir proyectos de futuro a las familias, estructura todo el modelo de movimientos económicos (…) revertir esos procesos es ciertamente muy complejo. (…) Quien ha invertido su vida en un modelo concreto que nadie le había cuestionado, de repente decirle que eso tiene que tocar a su fin o que tiene que redimensionarlo genera esas resistencias sencillamente porque forma parte del modo de vida de muchas personas”.
“Las demoras en la toma de decisiones complican luego mucho más conseguir los resultados que se pretenden alcanzar y desde luego en ningún caso minoran las consecuencias, el impacto que pueda haber en el territorio en términos de afectación a la estructura socioeconómica, sino que en muchos casos lo único que hace es agrandarlo”.
“El país no se puede permitir el lujo de seguir poniendo en riesgo la viabilidad de los territorios para las generaciones futuras sencillamente porque no estamos haciendo una buena gestión de un recurso indispensable como es el agua”.

CONTEXTO: REGADÍO ILEGAL
En el año 2018, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF hicieron público un estudio basado en teledetección que concluía que en el Campo de Cartagena había en torno a 12.000 hectáreas de regadío ilegal.

El 24 de octubre de 2019, 12 días después del episodio de anoxia, el Ministerio de Transición Ecológica presentó la primera versión de la hoja de ruta de medidas urgentes para la recuperación del Mar Menor dentro de la comisión de seguimiento del Plan Vertido Cero, en la que está presente el Gobierno de la Región de Murcia. En dicha reunión, se hizo público por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había estimado mediante teledetección que había al menos 9.500 hectáreas de regadío sin concesión en el registro de Aguas. Regadío ilegal. La cifra, tras ir sobre el terreno y depurar zonas que no contaban con infraestructura de riego, ha quedado finalmente en unas 8.500 hectáreas de regadío ilegal. Desde entonces se han ido abriendo expedientes sancionadores.

P: Una vez declarada en riesgo la masa de agua subterránea, causa del daño al Mar Menor, ¿cuáles son las siguientes actuaciones?

R: “Por donde hay que empezar es por sacar del sistema todas las hectáreas que están puestas en riego sin contar con concesión”.
“No estamos en estos momentos en los procesos de toma de decisión de construcción de infraestructuras cuando ni siquiera sabemos (…) los volúmenes que habría que gestionar una vez desalojadas las aproximadamente 8.500 hectáreas en regadío que en este momento están identificadas fuera de la ordenación. 8.500 hectáreas sin derechos concesionales son del orden de 25 hm3 de agua al año”.
“Ya todos los expedientes que abarcan a todas las hectáreas están en algún grado de tramitación o culminados y ya trasladados y comunicados. (…) Es cierto que algunos de ellos han sido recurridos incluso en vía judicial, con lo cual esos tendrán su recorrido propio, pero prácticamente todas las semanas, sin solución de continuidad, hay avances respecto a la anterior. Quisiéramos que no muy allá en el tiempo pudiésemos haber culminado la totalidad de los expedientes y estuviesen ya en pleno proceso de tramitación salvo aquellos que estuviesen en algún procedimiento por alegaciones o recursos presentados”.

CONTEXTO: COMPETENCIAS FRENTE AL REGADÍO ILEGAL
Uno de los enfrentamientos entre el Gobierno central y el regional ante la última crisis del Mar Menor que empezó a finales de agosto se centró en quién tenía las competencias para actuar contra el regadío ilegal. Mientras Confederación Hidrográfica y Ministerio de Transición Ecológica afeaban al Gobierno de la Región de Murcia no estar tramitando con suficiente celeridad los expedientes para revertir a secano los terrenos con regadío ilegal, tal y como establece la ley 3/2020 aprobada por la Asamblea Regional de Murcia en 2020; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó a la Confederación Hidrográfica a que usase su capacidad de cerrar el suministro de agua a las hectáreas con expediente sancionador firme.

P: ¿Está tramitando el Gobierno de Murcia, como es su competencia, los expedientes para revertir de regadío a secano los terrenos que figuran en los expedientes de regadío ilegal de la Confederación Hidrográfica? ¿Está cortando la CHS el suministro de agua en esos terrenos donde se había instalado regadío ilegal?

R: “Se van trasladando periódicamente a la comunidad autónoma, a medida que van adquiriendo firmeza los expedientes, y es cierto que la comunidad autónoma hasta ahora no ha demostrado especial diligencia a la hora de poner en marcha los mecanismos de reversión, de tal manera que ya la propia CHS ha puesto en marcha los mecanismos a su alcance”.
“Con independencia de lo que hagan el resto de las administraciones o incluso la propia comunidad de regantes o los propios regantes, la CHS pone en marcha los mecanismos de suspensión de los suministros de agua de riego a aquellas explotaciones que no cuenten o bien con un título concesional suficiente o bien están incumpliendo las condiciones marcadas”.

P: Tras el último episodio de mortandad masiva de fauna marina en el Mar Menor se han escuchado causas de esa crisis concreta y soluciones a la misma muy dispares, que luego han desmentido informes como el del Instituto Español de Oceanografía. Las altas temperaturas, la necesidad de abrir golas como la de Marchamalo, que no era anoxia, que sí. En una sociedad polarizada en casi todos los temas, ¿qué riesgo ven en estos mensajes que se incorporan al debate?

R: “Desde el minuto uno, en este caso con el conocimiento que aporta el Instituto Español de Oceanografía, se intentó trasladar a la comunidad autónoma que el problema no era la subida de las temperaturas sino que el problema es un problema de fondo. Que no volviésemos otra vez a las andadas de pretender intentar endosar a factores ambientales meteorológicos o climáticos responsabilidades que no eran tales”.

“En el fondo del Mar Menor en estos momentos hay un volumen inmenso de toneladas de fertilizantes que le impiden a la propia laguna, a la propia albufera una recuperación de sus condiciones ambientales y si no detenemos ese proceso no vamos a permitir que el Mar Menor se recupere y por lo tanto estaremos primero eludiendo nuestras responsabilidades o, en último término, siendo cómplices de la degradación ambiental del Mar Menor”.
“Las soluciones a problemas de salud ambiental deben abordarse desde el conocimiento y de la mano de la ciencia no de la mano de la ocurrencia.
No nos vamos a desviar ni un milímetro del proceso de toma de decisiones acompañados de los diagnósticos previos del mundo científico.(…) Las ocurrencias se las dejamos a otros”.

CONTEXTO: OBRA DEL COLECTOR
El Plan de Vertido Cero previo al episodio de 2019 planeaba inversiones superiores a los 600 millones de euros, incluida la extracción de aguas del acuífero Cuaternario para bajar sus niveles, (en torno a 12hm3 al año), su canalización a través de un colector hasta una planta en el Mojón para desnitrificarlas, entregar el agua apta para riego a los regantes y dirigir la salmuera, ya desnitrificada, al Mediterráneo. La cantidad a extraer del acuífero quedaba a expensas de conocer el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea. Se encargó el trabajo a Tragsa. Los resultados dejaron en 8hm3 año el volumen que se filtra del Acuífero al Mar Menor, muy por debajo de lo estimado inicialmente. Los planes entraron en revisión.

La publicación, hace un año, de la entrevista de DATADISTA con el secretario de Estado generó una importante polémica al conocer regantes y Gobierno de la Región de Murcia que el Ejecutivo central había prácticamente descartado ya los planes del colector. Estos planes han vuelto a ser exigidos una y otra vez argumentando que, con el acuífero Cuaternario a rebosar, solo sacando agua y tratándola se impedirá que sigan aflorando sus aguas y contaminando el Mar Menor.

P: ¿Está en algún caso en los planes del Ministerio recuperar la inversión en el colector que capte las aguas contaminadas del acuífero, las lleve a una planta desnitrificadora y reparta el vertido con concentrado de nitratos al Mediterráneo y el agua apta para riego a los regantes?

R: “En estos momentos el colector no está en el plan de actuaciones inmediatas del Ministerio”.
“No vamos a hacer (…) más colectores, más hormigón, que traslade la sensación de que (…) podemos seguir contaminando sin límite, vertiendo sin límite porque al final la tecnología lo arregla todo, porque volveríamos otra vez a lo mismo, patada hacia adelante y probablemente una implosión ya muy difícil de revertir”.
“En el paquete vinculado al Fondo de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, que incorpora del orden de unos 300 millones de euros de inversión, las actuaciones van dirigidas básicamente a intervenciones de defensa frente a inundaciones, intervención en restauración ambiental, tanto de tipo minero como de vertidos urbanos; recuperación del dominio público hidráulico, recuperación del estado natural de las ramblas y recuperación del dominio público marítimo terrestre. (…) Culminado este proceso, esta primera fase, que por cierto significa el despliegue de un volumen de inversión hasta ahora inédito en relación con el rescate del Mar Menor, sabremos si son necesarias nuevas intervenciones a futuro”.
“Cada explotación tiene que tener su capacidad de gestión en parcela. No se puede socializar el 100 por 100 de los costes ambientales liberando a la actividad económica de cualquier obligación”.
“Las infraestructuras sobre las que hay que actuar en este momento es sobre aquellas que intervienen en las garantías de seguridad para los bienes y para las vidas humanas en el territorio. Sabiendo que es materialmente imposible modificar la ordenación del territorio de un plumazo, necesitamos garantizar seguridad a las personas que viven allí. Y por lo tanto tenemos que poner en marcha medidas que ayuden a minorar los riesgos inherentes a los periodos de inundación que de forma recurrente sufre el territorio”.
“Hasta que seamos capaces de reponer la resiliencia natural del propio territorio de tal manera que empecemos a conocer un entorno del Mar Menor un poco más parecido a lo que era antes del boom inmobiliario, antes del crecimiento descontrolado de la actividad agraria en el territorio y antes de la puesta en marcha de un conjunto de infraestructura que en muy pocas ocasiones tuvieron en cuenta los efectos indeseados que estas iban a producir”.

P: Hay distintas voces que recuerdan que, incluso si se quitase todo el regadío, legal e ilegal, del Campo de Cartagena, la contaminación del acuífero se mantendría durante 20 años y seguiría afectando al Mar Menor. ¿Cómo influye esta realidad en los planes del Ministerio, en caso de que influya?

R: “Hay gente que está utilizando esto con el fin poco edificante de, como da igual, no se haga. Si es igual, si no se va a conseguir revertir la condición de degradación del acuífero en décadas, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Se tardará más o se llegará más tarde cuanto más tarde empecemos”.
“Quienes intentan defender la continuidad del modelo colocan un argumento que yo creo que es falaz, que es: hay que elegir entre medio ambiente o economía. Hay que elegir entre ecología y economía. Si usted decide ecología quiere decir que vamos a la ruina y ese es el falso debate en el que nos instala desde hace mucho tiempo este proceso en el que la desinformación acaba formando parte del propio debate.
El ciudadano va entendiendo cada vez más que no hay economía sin ecología.
Si no conseguimos preservar el capital natural, difícilmente vamos a poder optar a redistribuir el capital económico”.

CONTEXTO: NORMATIVA DE NITRATOS
El Gobierno prepara la aprobación de un nuevo Real Decreto sobre la contaminación difusa por nitratos provenientes de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, hay otros reales decretos legislativos presentes en la normativa española que afectan también a esta materia y a las emisiones industriales contaminantes

P: ¿Para cuándo la nueva normativa de nitratos?

R: “Quisiéramos que el Real Decreto de Nitratos estuviese aprobado y por lo tanto en vigor antes de fin de año. (…) No ir mucho más allá en todo caso”.
“No podemos tener en nuestro país como normal que el 50% de las masas de agua no cumpla con las condiciones químicas razonables que se exigen en relación con la calidad de las aguas”.
“Se empiezan a padecer procesos de restricción porque las fuentes de suministro empiezan a verse con unos niveles de contaminación tan elevados que impiden que esas aguas puedan ser usadas para los fines que, en el orden de prioridades de la Directiva, se establecen. (…) Sobre todo la calidad de las aguas de suministro de boca, de suministro urbano”.

P: ¿Por qué no se aprovecha ese Real Decreto para introducir mejoras en otras normas que también tienen que ver con afectaciones provocadas por nitratos?

R: “Restringimos el alcance del Real Decreto sencillamente a la transposición de la Directiva, sin que ello implique que no se están tomando decisiones en otros ámbitos”.
“Irán apareciendo medidas complementarias que, abordando aspectos que no aparecen recogidos en la Directiva de nitratos, sí que al final pueden ser convergentes para alcanzar los objetivos finales perseguidos. Pero en el caso de la Directiva, y sabiendo que (…) hay ciertas resistencia en determinados ámbitos, exceder determinados límites puede dar lugar a hipotéticos recursos contra la norma”.

¿Qué se plantean en la planificación hidrológica respecto a las macrogranjas?

R: “La aparición de las llamadas macrogranjas forma parte de esa preocupación que estamos implementando en las reformas normativas y al mismo tiempo estableciendo un proceso de conexión de la capacidad de intervención del Ministerio responsable de la gestión del agua con el Ministerio responsables de la planificación agroganadera”.
“En el nuevo ciclo de Planificación Hidrológica se pretende reforzar la capacidad de las confederaciones hidrográficas en la toma de decisiones para la autorización de actividades que pudiesen poner en riesgo no solo la disponibilidad de cantidad de agua sino las consecuencias para la calidad de las mismas”.
“Vamos a mejorar sustancialmente la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para intervenir en casos que en estos momentos no parece que tengan cobertura suficiente para ello”.

P: ¿Se va a tener en cuenta en las autorizaciones ambientales las ampliaciones no sustanciales realizadas y el impacto en su conjunto de macrogranjas cercanas entre sí en el territorio en lugar de analizarlas de forma individualizada como se hace hasta ahora?

R: “Los efectos adversos acumulativos son uno de los déficits que hay a la hora de abordar los procesos de evaluación, por esa razón, porque se considera un nuevo proyecto como una nueva evaluación desvinculado del anterior y por lo tanto  con las limitaciones que esa ampliación incorpora”.
“Luego tenemos un problema añadido y es que, allí donde tenemos más capacidad de intervenir que es en el ámbito de las confederaciones hidrográficas, la capacidad se limita al ámbito del dominio público hidráulico, siendo que muchas veces, las consecuencias tienen sus efectos fuera del propio dominio público hidráulico”.
“Hemos de reforzar la capacidad de las confederaciones para poder cubrir estos vacíos normativos con los que nos hemos venido encontrando porque es verdad que ha sido en los últimos años cuando se ha disparado este proceso de aparición de macrogranjas, bien concentradas o bien distribuidas en el territorio pero que en último término, en el sumatorio, constituyen una actividad de un volumen muy superior al que de forma desagregada se pudiese considerar”.
“La vocación del Ministerio es ir convergiendo en un proceso en el que la capacidad de intervención a la hora de colocar condiciones medioambientales de partida, obligue al conjunto de las administraciones, sea Administración General del Estado, sea autonómica o sean administraciones locales”.

¿Cómo se va a controlar la aplicación de la nueva normativa de nitratos o la sobreexplotación de los acuíferos si las Confederaciones tienen sus plantillas menguadas desde la crisis de 2008?

R: “La Administración (…) ha sufrido del 2008 hacia acá un adelgazamiento entre el 40 y el 50% de los recursos de personal que tenía a disposición para el ejercicio de sus competencias. (…) El proceso en el que estamos en estos momentos en la línea de revertirlo, invertir la curva descendente y empezar a recuperar, se va a prolongar durante unos cuantos años. Y durante ese tiempo además vamos a ir incorporando más obligaciones a una estructura que tiene unos recursos menguados”.
“La respuesta tiene que ir por una mejor capacidad de coordinación entre los recursos de las distintas Administraciones, en este caso confluyen responsables no solo de la Administración del agua, de la Administración ambiental en su conjunto, del propio Ministerio del Interior sino también de las CCAA, y por lo tanto en esa línea tenemos que mejorar la capacidad de colaboración interadministrativa”.

P: En nuestra investigación recién publicada sobre la España intensiva hemos visto cómo se extiende el olivar superintensivo, el almendro, el aguacate por Andalucía oriental, cultivos algunos antes de secano pero que ahora se riegan. ¿Es compatible esa inversión en miles de hectáreas de regadío en una cuenca con déficit hídrico?

R: “La planificación hidrológica debe preceder a la planificación agraria y no al revés, como se ha venido haciendo hasta ahora”.
“Tenemos que lanzar un mensaje muy claro al conjunto de la sociedad: si nosotros no somos capaces de poner en marcha un proceso de transición justa para acomodar nuestras capacidades de producción a los recursos naturales que tenemos, (…) nos podemos encontrar de repente con que, si no hemos tomado la decisión de recomponer las superficies puestas en regadío hasta esta fecha, podemos entrar en un ciclo en el que sencillamente no hay agua. Y ya no hay que tomar ninguna decisión administrativa, la naturaleza habrá tomado su decisión”.
“Creo que es mucho mejor para el conjunto de la sociedad que vayamos anticipando soluciones de adaptación a esa realidad que no ver cómo quienes vengan detrás se van a estrellar con una realidad sencillamente porque nosotros no tomamos en cuenta las advertencias que estábamos viendo constatadas en la evolución de la disponibilidad de recursos hídricos en función de los impactos del clima”.

P: Pero los grandes consultores financieros están recomendando invertir en esos cultivos en España y ponen los recursos hídricos y la alta rentabilidad como argumento. ¿Nos vamos a encontrar con un problema de denuncias como el que generó la fotovoltaica por no pararlo a tiempo?

R: “Vamos con muchos años de retraso, precisamente porque (…) hemos tenido una planificación agraria que ha ido siempre por delante de la planificación hidrológica. Se trataba de generar demanda, en primer término, y luego buscar la respuesta para esa demanda. ¿Con qué nos encontramos? Con que ayer (por el 2 de noviembre) la Confederación del Guadalquivir ha declarado la sequía”.
“ El problema no está en que llueva menos exclusivamente. El problema es que se demanda más de la disponibilidad del recurso que tenemos. (…) No existen cuencas deficitarias ni cuencas excedentarias. Cada cuenca tiene el agua que tiene en función de la capacidad que tiene de reponerla. (…) No calculemos en términos de disponibilidad de recursos económicos lo que está sometido a procesos naturales”.
“¿El Sáhara es un territorio deficitario en agua? No, es un desierto. (…) Si seguimos instalados en ese lenguaje de cuencas deficitarias y cuencas excedentarias, trasladar de las cuencas que se dice que son excedentarias a las que se dice que son deficitarias, al final lo que acabaremos teniendo será un país deficitario en su conjunto”.

En nuestra investigación descubrimos la existencia de un enorme acuífero, el de la Loma de Úbeda, que salvó de la profunda sequía de los noventa una extensa zona olivarera de Jaén y que, por no haber sido regularizado, hoy ya está dañado y con muchos pozos secos. ¿Cómo es posible que ocurra algo así?

R: “Si hay un déficit claro en el conocimiento y es fundamental el conocimiento, los datos, para poder tomar decisiones fundadas, es el enorme desconocimiento que hay en relación con las aguas subterráneas en nuestro país. Hemos prestado siempre mucha atención a las aguas superficiales (…) pero sin embargo tenemos un enorme déficit de conocimiento y de regulación en el mundo de las aguas subterráneas. Y esa es una asignatura pendiente que estamos intentando abordar en este momento y corregir”.

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