Uno de los episodios más llamativos del largo periodo en el que se estuvo investigando el efecto del plutonio y el uranio en la población de Palomares se recoge en un documento fechado el 21 de febrero de 1967, un año después del accidente, en el que figura escrito a mano el texto en dos colores: Palomares/radioactividad. En él se habla de una reunión en el despacho de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, ante "la posibilidad de que varios habitantes de Palomares resulten gravemente afectados por la radioactividad, según parece desprenderse de una exploración llevada a cabo en Torrejón [de Ardoz, en Madrid, donde hubo una base militar estadounidense] con aparatos ultramodernos y efectuada sobre las 62 personas que el pasado año estuvieron ya en observación por presentar algún síntoma sospechoso".
Se pide "máxima discreción". Fraga quiere ocuparse "personalmente" del tema para poder "utilizar, llegado el caso, de la manera más eficaz posible los medios de que el Estado dispone". En la repercusión que puede tener que se conozca influye, según Fraga, la actitud "tan poco generosa" de la Administración de EEUU y "tan poco ágil" para solucionar las reclamaciones, algo que relaciona con que "la Embajada Americana tiene un titular y un equipo a sus órdenes de bajísima categoría". A pesar de las promesas, una vez se encontró la cuarta bomba, la que había caído al mar, y se recogió el Campamento Wilson, EEUU se mostró mucho menos dispuesto a indemnizar.
En uno de los documentos conservados en las cajas referidas a Palomares de los documentos desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y titulado "Determinación de la posible contaminación interna con Pu-239 de habitantes de Palomares" se recoge que "la mayor parte del Pu-239 posiblemente inhalado lo habrá sido en forma de óxido insoluble, que puede permanecer retenido en los pulmones durante un largo periodo de tiempo".
Hay que llevar a Madrid durante varios días a las potenciales personas afectadas para medir los niveles de radiación con "la cámara pulmonar y la de radioactividad total del organismo con el Contados de Cuerpo Entero", que es parte del equipamiento cedido por EEUU al proyecto común de investigación. Pero la gente de Palomares ya está harta de pruebas, de las que no les dan los resultados (no lo harán durante años y cuando lleguen vendrán con modificaciones en algunos de los datos). No va a ser fácil. Por ello se diseña toda una estrategia que aúne discreción al tiempo que una sensación de cierto viaje de placer a los habitantes de la pedanía almeriense.
Aquello tenía un coste, el propio viaje, la estancia y dietas y las indemnizaciones por pérdida de días de trabajo, cálculo que también figura en una nota adjunta en los documentos.
En otra nota al ministro de Exteriores dos días después de la que se refiere a la reunión en el despacho de Fraga, se recoge expresamente que, a pesar de que se había dicho que no había contaminación en las personas, sí hay un grupo con indicios y especialmente dos de ellas. Se le explica al ministro que en caso de accidente nuclear "es necesario una vigilancia prolongada de la zona contaminada". En el caso de las personas porque, "como muy bien dice el Dr. Langham (máximo especialista en la materia) pueden aparecer 30 0 más años después de la exposición de la contaminación".
Se mencionan también los certificados que se les han entregado a los habitantes asegurando que el suelo ya es cultivable como lo era antes del accidente. No se menciona, sin embargo, el acuerdo Otero-Hall de investigación.
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