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Estado del agua y sequía en España - Datos sobre embalses y cuencas hidrográficas

El agua embalsada para uso humano, agrícola e industrial se sitúa esta semana en 31.901 hm³, el 82,22% de la capacidad total del sistema (38.798 hm³). Es la décima semana consecutiva en la que la reserva consuntiva bate el récord histórico de volumen para esta fecha en los 39 años de serie disponible desde 1988. Quedan, aun así, 1,08 puntos por debajo del mejor porcentaje jamás registrado para una tercera semana de abril: el 83,30% del 16 de abril de 2013.

La reserva cede 28 hm³ en la última semana (-0,08 puntos). El nivel sigue 28,2 puntos por encima de la media del último lustro para esta fecha y 12,1 puntos por encima de la misma semana de 2025.

La caída la lidera el Duero, que pierde 1,17 puntos en siete días hasta el 86,91%, la mayor bajada en volumen de las grandes cuencas (-34 hm³). Barrios de Luna, en la cabecera del río, concentra buena parte del descenso con una pérdida de 32 hm³ en una sola semana (del 95,18% al 84,89%). Compuerto, Aguilar y Valparaíso acompañan la bajada.

El Tajo cede 0,50 puntos y se queda en el 73,41%. Entrepeñas suelta 6 hm³ y Gabriel y Galán otros 17, mientras Buendía mantiene estables sus 1.017 hm³ (59,65%), su mejor nivel para una tercera semana de abril en 28 años. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura mantiene autorizados 60 hm³ mensuales para marzo, abril y mayo, 180 hm³ en total, correspondientes al nivel 1 de las reglas de explotación.

Nueve embalses consuntivos baten esta semana su máximo histórico para esta fecha, entre ellos Buendía (Tajo, 59,65%), Vadomojón (Guadalquivir, 100%), Quiebrajano (Guadalquivir, 96,97%), Arenoso (Guadalquivir, 98,8%), Ruecas (Guadiana, 100%), Cubilar (Guadiana, 100%), Villalba de los Barros (Guadiana, 100%), Taibilla (Segura, 88,89%) y Lechago (Ebro, 83,33%). Dos embalses marcan mínimo histórico para la tercera semana de abril: Picadas (Tajo) al 66,67% y Laverné (Ebro) al 73,68%.

Treinta y seis embalses consuntivos están completamente llenos, seis menos que la semana anterior, y 63 superan el 95% de capacidad, acumulando 4.615 hm³ de los 4.722 posibles. Entre los llenos por completo destacan, por su tamaño, Yeguas (Guadalquivir, 229 hm³), Vadomojón (Guadalquivir, 146 hm³), Villalba de los Barros (Guadiana, 106 hm³), Montoro (Guadalquivir, 105 hm³) y José Torán (Guadalquivir, 101 hm³).

11 embalses de uso humano siguen por debajo del 25% de capacidad, el mismo número que la semana anterior. Alfonso XIII (Segura) cae 4,6 puntos en una sola semana y pasa del 22,7% al 18,18%; Cuevas de Almanzora (Cuenca Mediterránea Andaluza) sigue al 5,6% con 9 hm³ de 161 posibles; Escalona (Júcar), al 5,05%; y Finisterre (Tajo), al 24,06%. Las cuencas con más embalses críticos son Ebro (Santa María de Belsué 7,1%, Terroba 12,5%, Valdepatao 16,7%), Segura (Valdeinfierno 8,3%, Santomera 11,5% y el propio Alfonso XIII) y Júcar (Escalona 5,1%, Buseo 12,5% y Algar 16,7%), con tres embalses críticos cada una.

El agua embalsada total se encuentra al 83,52% de su capacidad con 46.805 hm³, también en máximo histórico de volumen para esta semana del año. En los últimos siete días ha cedido 115 hm³ (-0,20 puntos). Son 22,9 puntos más que la media de los últimos cinco años.

El agua embalsada para uso hidroeléctrico pierde 87 hm³ en la última semana y se sitúa al 86,43% de su capacidad con 14.904 hm³ (-0,50 puntos). Las principales salidas se concentran en Alcántara (-36 hm³, Tajo, 88,3%), Valdecañas (-31 hm³, Tajo, 81,1%) y Mequinenza (-23 hm³, Ebro, 89,2%). En sentido contrario, Tremp o Talárn suma 13 hm³ (98,2%) y Almendra (Duero) y Doiras (Cantábrico Occidental) ganan 8 hm³ cada uno.

Agua embalsada para uso consuntivo por cuencas hidrográficas

Media 5 años < 27% < 39% < 52% < 64% > 64%

Semana actual

Semana Anterior

Por cuencas, los embalses consuntivos del Júcar marcan esta semana su máximo histórico para esta época del año en los 39 años de serie, por décima semana consecutiva. Con 1.820 hm³ almacenados, el 67,5% de su capacidad, supera todos los registros para la semana 16 desde 1988. Suben cinco cuencas, lideradas por Segura y Cuencas Internas de Cataluña. Bajan seis: Cuencas Internas del País Vasco, Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Duero, Tajo y Guadiana.

En este gráfico puedes ver la evolución semanal del agua disponible por cada cuenca de los embalses para uso consuntivo desde el año 2010.

En este mapa interactivo se muestra el porcentaje de agua total disponible en los embalses por cada cuenca y su comparación con la media de los últimos 5 y 10 años.

Evolución del agua embalsada por cada cuenca y año hidrológico

El siguiente gráfico interactivo muestra la evolución semanal de la reserva hídrica de los embalses por cada cuenca y año hidrológico desde 1988 hasta la actualidad. Selecciona una cuenca para ver su evolución.

En la cuenca del Segura, el agua disponible para consumo es de 657 hm³, un 57,6% de su capacidad, casi 22,5 puntos más que su media del último lustro. La subida acumulada de las últimas cuatro semanas se ha visto impulsada sobre todo por el trasvase Tajo-Segura. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) mantiene autorizado un trasvase total de 180 hm³, distribuido en 60 hm³ mensuales para marzo, abril y mayo, correspondiente al nivel 1 de las reglas actuales de explotación.

Esta situación se mantendrá en principio hasta agosto. La medida se sostiene sobre los niveles de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, que juntos almacenan esta semana 1.673 hm³. Buendía, el tercer embalse más grande de España, alcanza su mayor nivel registrado para una semana de abril desde 1998. Dentro de la propia cuenca del Segura, Cenajo sigue consolidando su remontada tras haber superado el 50% por primera vez en cuatro años y medio. Taibilla mantiene su máximo histórico para esta semana del año.

Las cuencas internas de Cataluña, al 91%

Las cuencas internas de Cataluña se sitúan en al 91% de su capacidad con 616 hm³. En la última semana, ha aumentado el agua disponible en 0,6 puntos con 4 hm³. Son 39,5 puntos más que la media de los últimos cinco años, calculada en 349 hm³.

Las Cuencas Internas de Cataluña no superaban el 90% de capacidad desde junio de 2021. Es decir, hace casi cinco años. A partir de ese momento comenzó el descenso que culminó en la sequía histórica de 2022-2024, cuando llegaron, en febrero de 2024, a mínimos cercanos al 15%.

La mejora en el agua embalsada en Cataluña ha llevado a la Generalitat a levantar, en abril de 2025, las restricciones impuestas en las cuencas internas, tras más de dos años de limitaciones.

Agua disponible en cada embalse de España peninsular

En este mapa interactivo se muestra la situación del agua disponible de los 374 embalses peninsulares disponibles para uso consuntivo e hidroeléctricos.

El 80% del agua demandada se destina al uso agrario en España

El 80,5% de las demandas de uso de agua en 2023 -último dato disponible- fue para uso agrario, el 15,9% para abastecimiento urbano, el 3,2% para usos industriales y el 0,4% restante para otros usos. Para cubrir estas demandas se utilizan las diferentes fuentes de agua disponible en cada cuenca, como embalses, aguas subterráneas, desaladoras y aguas regeneradas.

🔸Abastecimiento urbano: uso doméstico, público y comercial, así como industrias de pequeño consumo conectadas a la red urbana. En esta categoría también se encuentra el abastecimiento a la población turística estacional.

🔸Uso agrario: riego de cultivos y uso de agua en la producción ganadera.

🔸Uso industrial: producción manufacturera, refrigeración, etc.

🔸Otros usos consuntivos: riegos de campos de golf, parques temáticos, etc.

Este gráfico muestra las demandas de uso de agua en España, según la demanda total en hm³ por cada una de las cuencas hidrográficas del país. Las cuencas del Ebro, Duero, Guadiana, Guadalquivir , Júcar, Tajo y Segura son las que demandan más agua para la agricultura, mientras que las cuencas del Tajo, Cuencas Internas de Cataluña, Guadalquivir , Júcar y Ebro lo hacen para el abastecimiento humano.

Evolución de la capacidad total de los embalses españoles

La capacidad total de los embalses españoles es de 56.041 hm³, de los cuales 38.796 hm³ corresponden a embalses de uso consuntivo y 17.245 hm³ a embalses hidroeléctricos.

En este gráfico se muestra la evolución semanal de la capacidad total de los embalses peninsulares en España desde 1988.

Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable.

"The Forever Lobbying Project", la investigación sobre los PFAS en la que participa DATADISTA, finalista del European Press Prize 2026

DATADISTA — jue., 16 abr. 2026 10:30:00 +0200

El European Press Prize ha anunciado este miércoles, durante el Festival Internacional de Periodismo de Perugia (Italia), los 25 proyectos finalistas de su edición de 2026. Entre ellos, The Forever Lobbying Project ha sido seleccionado en la categoría de Innovación, que reconoce trabajos que "desafían los límites del periodismo".

La investigación, coordinada por Le Monde, ha contado con la participación de 46 periodistas de 29 medios en 16 países junto con 18 científicos y juristas internacionales, desde la química ambiental hasta la criminología. DATADISTA es el medio investigador en España. El proyecto destapó las campañas organizadas de lobby y desinformación de la industria de los PFAS, los denominados "contaminantes eternos", para debilitar la propuesta de la UE de prohibir estas sustancias y trasladar el coste de la contaminación ambiental a la sociedad.

El equipo desarrolló metodologías para poner a prueba los argumentos del lobby de la industria de los PFAS y se apoyó en el concepto de "periodismo revisado por expertos" (expert-reviewed journalism), pionero del The Forever Pollution Project en 2023.

Desde su publicación en enero de 2025, el proyecto ha generado más de 140 artículos, programas de radio y televisión en 29 medios, 16 países y 15 idiomas. Además, el equipo ha publicado un archivo de 14.000 documentos inéditos sobre PFAS, incluyendo documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública recopilados por el observatorio de lobby Corporate Europe Observatory.

DATADISTA participó como medio investigador en España en la investigación Alerta PFAS: 70 años de engaños de la industria química que ya han llegado al grifo y a tu sangre. En paralelo al trabajo internacional del equipo, ha profundizado en la presencia de los PFAS en España con Expediente Arkema. La verdad tóxica en agua y suelo tras la marcha de Bizkaia del gigante químico francés.

Esta última investigación reveló que el cierre de la planta hace una década, atribuido por la empresa a motivos de rentabilidad, encubrió en realidad un inmenso caso silenciado de contaminación en agua y suelo. A finales de 2024, tras demoler los edificios y extraer toneladas de suelo para tratar de revertir el daño, se detectó un nuevo repunte en la contaminación del solar.

Ambas investigaciones fueron publicadas conjuntamente en DATADISTA y elDiario.es, medio con el que mantenemos un acuerdo de colaboración para dar mayor difusión y alcance a nuestras investigaciones.

Los ganadores se darán a conocer el 3 de junio

El European Press Prize, cuyo objetivo es "reconocer, honrar y fomentar el periodismo de calidad en su función al servicio de la democracia en Europa", ha seleccionado este año 25 trabajos en cinco categorías de entre más de 800 candidaturas procedentes de 34 países. Los ganadores se darán a conocer el 3 de junio en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa.

No es la primera vez que The Forever Lobbying Project recibe reconocimiento internacional. La investigación fue galardonada con el Helen Darbishire Award 2025 y fue finalista del premio Daphne Caruana Galizia 2025.

The Forever Lobbying Project ha contado con la financiación de Pulitzer Center, Broad Reach Foundation, Journalismfund Europe e IJ4EU, y con Arena for Journalism in Europe como socio editorial. También contó con el apoyo de la Universidad de California en San Francisco, Toxic Docs (Universidad de la Ciudad de Nueva York y Universidad de Columbia, Nueva York) y el programa Everlaw for Good.

MAPA | La presión de los pisos turísticos en tu barrio, calle a calle

Antonio Delgado — dom., 15 feb. 2026 10:40:00 +0100

En España hay 330.000 viviendas turísticas, según el INE. Un 12% menos en noviembre de 2025 respecto a noviembre de 2024.
En Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana hay menos pisos turísticos en oferta que hace un año.
Málaga tiene la sección censal con mayor presión de toda España: 9 de cada 10 viviendas son pisos turísticos. En Madrid hay secciones censales donde 2 de cada 10 viviendas son de uso turístico.
La presión aumenta en zonas ya muy tensionadas en Andalucía. Sevilla, Málaga y toda la Costa del Sol (Marbella, Torremolinos..), donde los pisos turísticos siguen creciendo.

España tiene cerca de 330.000 viviendas turísticas ofertadas en Internet, según la medición de noviembre de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que realiza muestreos periódicos de las principales plataformas de alquiler turístico. Son 46.700 menos que en noviembre de 2024, un descenso del 12%, aunque la distribución es muy desigual: mientras la Costa del Sol y Sevilla crecen, Madrid y la costa valenciana bajan.

Este mapa muestra, sección censal a sección censal, qué porcentaje del parque de viviendas se destina al alquiler turístico. Los datos proceden de la medición de noviembre de 2025 del INE y se comparan con el censo de viviendas de 2021. Busca tu municipio o dirección, pulsa para geolocalizarte y ver las viviendas turísticas a tu alrededor, o navega libremente haciendo zoom en cualquier punto de España.

Explora el mapa: ¿Cuántas viviendas turísticas hay en tu zona?

Visita guiada: explora algunos de los municipios con mayor presión

Madrid Málaga Barcelona Marbella Sevilla Pollença (Baleares) Torrevieja (Alicante) Adeje (Tenerife)

Descubre cuántas viviendas turísticas hay en tu calle

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20% o más

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Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas, según el censo de 2021. Fuente: INE. Datos para noviembre de 2025.

En el mapa se observa que la presión de las viviendas turísticas es muy desigual en España. Hay municipios turísticos como Yaiza (Las Palmas), en la isla de Lanzarote, donde 1 de cada 6 viviendas es turística de media, con secciones censales que superan el 30%. En cifras similares se encuentra La Oliva (Las Palmas), en la isla de Fuerteventura, con una sección donde más de 1 de cada 3 viviendas es turística.

Conocer con toda la precisión posible cuántos pisos turísticos hay y dónde están es fundamental para evaluar su impacto y tomar decisiones legislativas sobre su efecto en la vivienda residencial, pero no es un ejercicio fácil. Un alto porcentaje de las viviendas turísticas publicadas en Internet operan sin licencia para ejercer la actividad, especialmente en ciudades con menor control normativo. A pesar de que algunas comunidades autónomas han reforzado la regulación en los últimos años, las plataformas que ofrecen alojamiento a menudo siguen operando sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

En 2019, el INE intentó recopilar esta información a través de los registros de las comunidades autónomas, pero se encontró con la inexistencia o desactualización de dichos registros. En la actualidad, la única forma fiable de reflejar la realidad del mercado es extraer directamente los datos de las principales plataformas digitales de alquiler turístico. Esto es lo que hace el INE desde 2020, a través de un proyecto experimental para scrapear (han extraído los datos mediante programación y les han aplicado un algoritmo que elimina duplicidades) tres de las plataformas con mayor oferta.

El INE modificó en la segunda mitad de 2024 su serie histórica, trasladando la recogida de datos de febrero y agosto a mayo y noviembre. La decisión, según el INE, obedece a un criterio técnico vinculado a la anticipación del viajero: dado que las reservas en estas plataformas se formalizan meses antes de la temporada alta, el organismo determinó que adelantar la extracción permite radiografiar la oferta del mercado con mayor fidelidad que durante los picos de actividad turística.

Con el objetivo de centralizar la información del sector y regular estos anuncios, el 2 de enero de 2025 entró en vigor un nuevo Real Decreto para unificar y controlar la oferta de alquileres turísticos en España.

Propietarios y plataformas digitales tenían hasta el 1 de julio de 2025 para adaptarse a las nuevas obligaciones de registro, obtención de un número de identificación y comunicación de datos al Ministerio de Vivienda. Con esta medida, se pretende aumentar la transparencia y mejorar el control de la situación.

Las viviendas turísticas representan el 1,27% del total de viviendas censadas en España, pero utilizar solo este dato agregado es engañoso, ya que las cerca de 330.000 viviendas turísticas se reparten de forma desigual por el territorio. Incluso el dato agregado a nivel municipal también puede ocultar su impacto, ya que ciudades como Madrid o Barcelona tienen una cifra similar, pero dentro de ellas hay secciones censales, el límite administrativo más pequeño, donde las viviendas turísticas superan el 20% con respecto al total de viviendas.

Regular los pisos turísticos en España sigue siendo complejo porque las competencias se reparten entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que produce un mosaico normativo con requisitos distintos según el territorio. El marco incorpora una capa europea y otra estatal centradas en el registro y el control: el Reglamento (UE) 2024/1028 fija obligaciones para la recogida e intercambio de datos sobre alquileres de corta duración. España ya adelantó un sistema propio con un registro único y una ventanilla digital.

A esa dispersión se suma una herramienta a escala de edificio: la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal permite que la comunidad condicione o prohíba nuevas viviendas turísticas por mayoría de tres quintos.

Ante la presión social, varias ciudades han endurecido o reordenado su marco. En Madrid, el Ayuntamiento suspendió en abril de 2024 la concesión de nuevas licencias mientras tramitaba cambios urbanísticos y reforzó el régimen de control; además, en agosto de 2025 puso en vigor el Plan RESIDE, con el que deja de permitir pisos turísticos en edificios residenciales y orienta la actividad a edificios completos destinados a este uso. En Barcelona, pionera en la regulación del sector, anunció que en 2029 pretende dejar de tener viviendas de uso turístico, al no renovar las licencias existentes ni conceder nuevas. También la normativa autonómica sujeta el uso turístico a disponer de una licencia urbanística previa y obliga a la adaptación de las viviendas ya habilitadas en un plazo de cinco años, o al cese, un esquema que el Tribunal Constitucional avaló en 2025.

En Valencia, el consistorio aprobó un borrador de normas que fija, entre otros límites, que en los barrios solo el 2% de las viviendas residenciales pueda destinarse a alojamientos turísticos. En Alicante, el gobierno municipal acordó una moratoria y más tarde aprobó su extensión, alargando la suspensión de licencias para viviendas de uso turístico y otros alojamientos hasta un máximo de enero de 2027. En Granada, el pleno municipal aprobó una limitación del número máximo de viviendas de uso turístico por zonas, con un tope del 10% y con áreas donde no podrán otorgarse más autorizaciones. En Bilbao, el Ayuntamiento suspendió durante un año las nuevas licencias y declaraciones responsables tanto para viviendas turísticas como para habitaciones en domicilios particulares.

La preocupación por la presión turística también aparece en municipios medianos y pequeños, sobre todo en la Comunitat Valenciana. Altea suspendió el otorgamiento de licencias y declaraciones responsables para viviendas turísticas mientras revisaba su normativa, y Dénia aprobó una suspensión temporal de licencias para viviendas de uso turístico durante un año. Asimismo, L’Alfàs del Pi acordó una suspensión de licencias para apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico por un año, prorrogable, y Sant Joan d’Alacant aprobó una suspensión por un año de la tramitación y el otorgamiento de licencias vinculadas a la implantación de viviendas turísticas.

Actualización (15 de febrero de 2026): Los datos de noviembre de 2024 utilizados inicialmente en esta información fueron actualizados posteriormente por el INE, con cambios que afectan a municipios de Andalucía. Las variaciones interanuales entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 han sido recalculadas con las cifras revisadas.

257.000 personas sin agua potable en sus casas por exceso de nitratos en 2024 y más de un millón en zonas críticas

Antonio Delgado — dom., 25 ene. 2026 11:11:35 +0100

Al menos 257.000 personas residentes en 332 municipios de toda España no pudieron beber agua del grifo en 2024 debido a la contaminación por nitratos, según un análisis realizado por DATADISTA de la base de datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), publicada por el Ministerio de Sanidad esta semana. Ni beber, ni cocinar, ni lavarse los dientes. No era potable.

En estos municipios, una o varias de sus redes de abastecimiento tuvieron niveles de nitrato que superaron el límite legal de 50 mg/litro. Es un nivel perjudicial para la salud sobre el que la normativa obliga a avisar a la población, para alertar de que el agua no se puede consumir, así como a tomar medidas para reducir su impacto.

En 2024 hay un 29% más de municipios afectados respecto al año anterior y un 94% más si miramos a hace dos años. Este repunte no se debe solo a que los puntos de captación de agua estén peor, sino a que hay más municipios que no estaban reportando datos a Sanidad y al hacerlo han aflorado sus problemas. Según los datos del análisis, 54 municipios que no habían reportado mediciones en los últimos años han aparecido directamente con incumplimientos. Pero también hay 12 municipios que incumplieron el límite legal en 2023 y no han comunicado sus análisis de nitratos en el agua en 2024.

La ciencia está señalando el nivel legal de 50 mg/l como obsoleto. Los efectos en la salud empiezan en niveles más bajos si sucede de forma continuada. Por eso desde 2023 la normativa sobre agua de consumo obliga en España a tomar medidas ya en los llamados puntos críticos, que en el caso de la contaminación por nitratos son aquellos que superan los 30 mg/litro de forma sostenida.

Según el análisis de DATADISTA de los últimos tres años, más de un millón de personas viven en zonas consideradas "puntos críticos" de contaminación por nitratos. En estos municipios, el agua es potable, pero mantiene niveles de nitratos superiores a 30 mg/l de forma sostenida.

En estas circunstancias, los operadores están obligados a desarrollar Planes Sanitarios del Agua (PSA) para vigilar y frenar la contaminación.

El problema práctico es que muchos ayuntamientos y pequeños operadores carecen de capacidad técnica para redactar estos complejos planes de gestión. Para facilitar esta transición, el Ministerio de Sanidad ha desplegado en los últimos años un programa de seminarios formativos para explicar la legislación a los operadores. Por su parte, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) dispone de una guía rápida diseñada para ayudar a los municipios a aplicar la normativa.

Niveles obsoletos y la fuente de los nitratos

El límite legal de 50 mg/l que marca la Directiva Europea, lo estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1962 para evitar una intoxicación aguda en lactantes (el llamado 'síndrome del bebé azul'), sin tener en cuenta los efectos de una exposición crónica durante años en adultos.

Un estudio realizado en 2018 en Dinamarca observó un aumento del riesgo de cáncer colorrectal a partir de concentraciones de solo 3,87 mg/l, una cifra drásticamente inferior al tope legal actual. En España, el proyecto MCC-Spain también encontró vínculos entre la ingesta acumulada de nitratos y tumores de próstata agresivos y cáncer colorrectal, incluso por debajo de los niveles permitidos por la ley, apuntando a la formación de compuestos cancerígenos en el organismo. Ante esta evidencia, el grupo internacional de expertos convocado por Dinamarca recomendó a finales de 2025 rebajar el límite a 6 mg/l para garantizar la protección de la población a largo plazo.

El origen del problema reside en el uso masivo de fertilizantes químicos en la agricultura y de los purines de la ganadería industrial. Cuando la tierra no puede absorber tanta cantidad, el exceso se filtra al subsuelo y acaba contaminando los acuíferos, que son la única reserva de agua potable para muchos de estos pueblos.

Este mapa muestra la correlación entre la concentración de municipios que incumplieron o son puntos críticos en 2024 y la situación en mal estado debido a la contaminación por nutrientes de sus acuíferos, según los datos del tercer ciclo de Planificación Hidrográfica (2022-2027).

Municipios de las provincias de Burgos y Soria, los más afectados

Entre las comunidades autónomas con mayor número de municipios con contaminación por nitratos en el agua del grifo se encuentran aquellas donde la agricultura y ganadería intensiva tiene un mayor impacto sobre las zonas vulnerables.

Castilla y León concentra el 60% de todos los municipios que tuvieron niveles de nitratos en el agua del grifo por encima del límite legal, muchos de ellos son pequeños pueblos de provincias como Burgos o Soria.

La Comunidad Valenciana es la región con mayor población abastecida afectada por la contaminación de nitratos. El municipio de Godelleta (Valencia) registró el valor más alto del año 2024 con 193 mg/l, casi cuatro veces el límite permitido.

En Baleares, la segunda comunidad con más vecinos afectados, destaca el caso de Manacor, donde 28.798 personas tuvieron restricciones de consumo al superar los 100 mg/l en algunas de sus redes de abastecimiento. El agua de la red solo se consideró apta de forma intermitente en 2024, generalmente tras algunas medidas de emergencia como diluir el agua de pozos contaminados con aportes de mejor calidad.

Zonas Vulnerables a Nitratos

Mientras los operadores gestionan el agua en la red, la normativa intenta frenar la contaminación en el origen. La Directiva de Nitratos establece que en aquellas áreas designadas como Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), donde la concentración de nitratos en aguas subterráneas y superficiales ya supera los límites o está en riesgo de hacerlo, es obligatorio limitar el uso de fertilizantes para intentar frenar la contaminación.

Bajo los puntos que señalan los municipios con problemas de agua potable, el mapa muestra también estas Zonas Vulnerables a Nitratos. La Directiva Europea obliga a los Estados a identificar las aguas afectadas y designar estas zonas allí donde la agricultura y la ganadería contribuyen significativamente a la contaminación. Sin embargo, Bruselas permite elegir el modelo de aplicación: designar zonas específicas (el modelo que sigue España, donde las Comunidades Autónomas las declaran solo donde se detecta el problema) o aplicar programas de acción en todo el país. Países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o Irlanda han optado por declarar todo su territorio como zona vulnerable a nitratos para asegurar una protección integral de sus recursos hídricos.

Para los gestores del agua urbana, estas líneas en el mapa no son suficientes. El gerente de AEOPAS, Luis Babiano, explica que la realidad operativa es que los ayuntamientos y empresas públicas están asumiendo costes millonarios para limpiar un agua que llega contaminada por la agricultura o la ganadería. Advierte de la "indefensión" del sector urbano, que se ve obligado a invertir en tecnología costosa para potabilizar el agua en lugar de solucionar el problema de raíz.

Desde AEOPAS señalan que falta coordinación entre las normas ambientales y la realidad del grifo. Reivindican que los perímetros de protección de las captaciones —las áreas de seguridad alrededor de donde se toma el agua— son una asignatura pendiente que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) debe desarrollar urgentemente.

"No debemos limitar la inversión a soluciones tecnológicas de tratamiento, sino reforzar la vigilancia, la ordenación territorial y la protección preventiva de las fuentes de suministro, evitando la generación de riesgos en origen", explica Babiano.

El objetivo es dejar de depender de tratamientos cada vez más complejos y caros para centrarse en que el agua no se ensucie. "Reivindicamos que se desarrollen con carácter prioritario los parámetros de calidad, los instrumentos de control y los marcos de coordinación asociados a las zonas de captación, con el objetivo de consolidar una protección efectiva y estable de las fuentes de suministro y garantizar la sostenibilidad técnica, sanitaria y económica de los servicios de abastecimiento", concluye el gerente de AEOPAS.

Europa se enfrenta a un grave problema con sus aguas subterráneas dañadas por nitratos y pesticidas. Una investigación de DATADISTA revela la magnitud del problema y cómo afecta a miles de personas en España.

DATADISTAAna Tudela, Antonio Delgado, DATADISTA

El pacto secreto de EEUU y la dictadura de Franco que convirtió el accidente de Palomares en un laboratorio en vivo

Ana Tudela — sáb., 17 ene. 2026 12:00:00 +0100

Hace 60 años, el 17 de enero de 1966, un accidente con armamento nuclear sobre población civil en España que parecería no tener otra lectura que la de un desastre, fue visto por parte del Gobierno de EEUU y la dictadura de Franco como una oportunidad: la de tener un laboratorio en vivo, con personas, cosechas y elementos meteorológicos reales, de los efectos a lo largo del tiempo de la dispersión de elementos radiactivos. Si algo tenían claro es que aquello iba a perdurar y a variar con el paso del tiempo, según las estaciones, conforme se sucedieran los fenómenos meteorológicos, porque se habían dejado varios kilos de plutonio sobre el terreno. Así lo demuestran los documentos desclasificados de la dictadura a los que tuvo acceso DATADISTA.

"Deseo proponerle que ampliemos nuestra colaboración en los campos de la sanidad y la seguridad". (…) "Le sugiero investigar diversos aspectos relativos a la sanidad y seguridad de materiales fisionables cuando estos quedan libres en un área agrícola rural. Tan pronto como sea posible, se iniciarán las investigaciones”. Se trata de estudiar "la absorción y retención de plutonio y uranio por un número representativo de un grupo de población potencialmente expuesto a la inhalación"; las "fluctuaciones temporales y estacionales de plutonio en el aire sobre una región agrícola contaminada"; los "niveles de contaminación de productos agrícolas" y la "migración temporal y redistribución del óxido de plutonio en el suelo (...) como resultado de un cultivo continuo y de la acción de los agentes meteorológicos".

Barriles sellados que contienen restos radiactivos esperan en la playa ser transportados a EEUU el 18 de marzo de 1966. | AP

John A. Hall, subdirector general de Actividades Internacionales de la Comisión de Energía Atómica de EEUU, y José María Otero de Navascués, el físico español pionero de la energía nuclear y en ese momento presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN) de España, se escribieron y contestaron en un mismo día, el 25 de febrero de 1966, para definir los términos del que llamaron en España Acuerdo Otero-Hall y, en EEUU, Acuerdo Hall-Otero. Había pasado poco más de un mes después del accidente. Mientras una parte del gobierno de la dictadura dedicaba sus esfuerzos a lograr dispersar cualquier duda sobre los riesgos del accidente, con tal de no afectar al sector turístico en el que habían puesto todas las esperanzas de entrada de divisas, otra vio ante sí la posibilidad de investigar.

Otero Navascués contesta a Hall que tiene "el gusto de comunicarle, una vez autorizado por el Excmo. Sr. Ministro de Industria, que la Junta de Energía Nuclear acepta, en los términos señalados en su carta y de acuerdo con los puntos contenidos en el Anexo a la misma, haciendo votos para que dichos trabajos sirvan para estrechar aún más los lazos que unen a nuestras dos organizaciones".

Momento de la llegada de las autoridades de Estados Unidos al campamento Wilson, en la playa de Quitapellejos, en Palomares (Almería), en 1966 | US NAVY.

Es un acuerdo de investigación, no sobre la salud de las personas que se han podido ver afectadas y que pretenden analizar durante años ni los daños a sus propiedades, presentes o futuras. A las personas, a las que se enviará durante años a hacerse pruebas a Madrid para comprobar su potencial contaminación, no se les facilitaron los resultados durante años y solo se hizo tras mucho insistir y con datos personales modificados.

Por otro lado, las negociaciones sobre posibles indemnizaciones a los afectados discurrieron por un cauce diferente y con interlocutores por parte de EEUU mucho menos dispuestos a la cooperación. De hecho, para reducir el valor de esas indemnizaciones, se hizo firmar a los afectados un documento en el que debían reconocer, siendo falso, que el suelo ya estaba limpio y devuelto a su estado previo al accidente y que renunciaban a cualquier indemnización futura.

Detalles del acuerdo

El acuerdo Otero-Hall pudo cerrarse de forma ágil mediante la ampliación de un acuerdo previo, el Convenio de Cooperación relativo a los usos civiles de la energía atómica que mantenían España y Estados Unidos desde 1957. Así se lo hace saber Hall a Otero-Navascués. En su carta incluye ya un anexo con los puntos que quiere incluir en el acuerdo:

Uno de los puntos que llaman la atención, por su conexión con la información de otros documentos desclasificados y localizados por esta investigación, es el de los "estudios sobre la migración temporal y redistribución del óxido de plutonio en el suelo, descontaminado por medio de arado profundo, como resultado de un cultivo continuo y de la acción de los agentes meteorológicos".

EEUU fue consciente desde un primer momento no solo de que se dejaba suelo contaminado en la zona, suelo que fue arado primero y tapado después con suelo limpio pretendiendo con ello que se había descontaminado. También de que, con el tiempo y tratándose de una zona de cultivo y con fuertes vientos así como lluvias escasas pero en ocasiones torrenciales, era probable que el óxido de plutonio acabase aflorando a la superficie.

El anexo recoge la aportación de fondos, material y especialistas por parte de ambos firmantes. También que se espera que dure años.

De izquierda a derecha, Antonio Velilla, jefe de la Junta de Energía Nuclear; El general de brigada Arturo Montel, el contralmirante William S. Guest y el general de división Delmar E. Wilson tras el rescate de la cuarta bomba | US NAVY.

Llama también la atención que se mencione al ministro de Industria, el mismo ministro al que recurre el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, para que dé su opinión sobre un borrador de comunicado conjunto que ha elaborado la Administración de EEUU, desvelado también por esta investigación. El ministro de industria le pide opinión precisamente a la JEN antes de transmitir a Asuntos Exteriores que sobre el terreno no ha quedado una "pequeña cantidad" de plutonio y uranio, como pretende decir EEUU en el comunicado, sino "varios kilogramos".

El Acuerdo Otero-Hall se firmó estando presentes, además de quienes le dan nombre, el General Donovan y el Dr. Langham. El primero es a quien se atribuye haberse comprometido a que las consecuencias del accidente entrasen dentro del acuerdo de 1964 por la llegada de submarinos nucleares a la base de Rota.

Langham era más conocido en la época como Míster Plutonio, por los experimentos con población civil utilizando el isótopo y las leyendas negras, no desmentidas, sobre a quién se lo había supuestamente inyectado para estudiar las consecuencias.

El acuerdo Otero-Hall derivó en lo que después se ha conocido como Proyecto Indalo entre el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y el antecesor del Ciemat, la citada JEN. Un programa de seguimiento dosimétrico y sanitario de la población, con reconocimientos médicos anuales a unas 150 personas, incluyendo la recogida de muestras de orina; y un programa de vigilancia radiológica ambiental, en el que se incluía el examen de suelos, aerosoles, vegetación y productos de origen animal.

El proyecto estuvo financiado por el DOE y la JEN (luego por el Ciemat) hasta 2009, cuando el organismo español asumió el coste en solitario.

La deriva del Plutonio a Americio

El tiempo es también muy relevante en lo que a la salud de las personas se refiere. Como desveló hace años DATADISTA basándose en el voto particular de dos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el proceso iniciado por Ecologistas en Acción-Almería para lograr la limpieza de Palomares, el Plan de Rehabilitación de la zona que lleva años intentando pactarse con EEUU incluía la observación de que el Plutonio dejado en el terreno está derivando en Americio. Este alcanzará su actividad máxima 73 años después de haber sido 'purificado' para su utilización en las bombas. La fecha se cumplirá "entre 2030 y 2033". La radiación del americio ya no es alfa, sino gamma, con mayor riesgo para la salud.

Guerra Fría

En 1966, hace 60 años, el mundo estaba inmerso en altas tensiones bélicas derivadas entonces del potencial ataque mutuo entre el bloque liderado por EEUU y el liderado por la URSS. Guerra Fría. Un conflicto basado en la acumulación de armas nucleares hasta medir su cantidad por el número de veces que cada contendiente podía destruir el planeta. Una carrera con referente en las consecuencias del ataque nuclear de EEUU a Hiroshima y Nagasaki que derivó en absoluta sicosis mundial.

El universo generado por la ficción en libros, películas, cómics, todo tipo de arte de aquella época palidece frente a la realidad hoy conocida de la existencia de misiones constantes de aviones yendo y viniendo a la frontera de la URSS cargados con bombas termonucleares que repostaban en vuelo, también sobre población civil, para no dejar en suelo no estadounidense sus preciados secretos atómicos. Se llamaban misiones Chrome Dome. Vuelos en código de prácticas listos para cambiar en cualquier momento a maniobra real de ataque.

Hace 60 años, el 17 de enero de 1966, debido al acuerdo cerrado en 1953 entre la dictadura de Franco y EEUU, las localidades de Vera y Cuevas del Almanzora, y la pedanía de Palomares perteneciente a esta última, fueron protagonistas indeseados de la Guerra Fría al colisionar dos aeronaves del ejército de EEUU (un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135) en maniobra de repostaje y desprenderse las bombas que portaban. A dos no se les abrió correctamente el paracaídas. A otra, sí, y se recuperó intacta en el lecho de un río. La cuarta cayó en el mar y fue recuperada 80 días más tarde.

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El Plutonio dejado en el terreno tras el accidente de 1966 está derivando en Americio, que alcanza su actividad máxima 73 años después de ser ‘purificado’ para las bombas. La fecha se cumplirá “entre 2030 y 2033”. La radiación del Americio ya no es alfa, sino gamma, con mayor riesgo para la salud.

DATADISTAAna Tudela

La importancia de la base de Rota: "La llave de la defensa del Mediterráneo"

Ana Tudela — sáb., 17 ene. 2026 12:00:00 +0100

La base militar de Rota en Cádiz aparece en numerosas ocasiones en los documentos desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y consultados por DATADISTA en las cajas relativas al accidente nuclear de Palomares.

En primer lugar, por la existencia de un acuerdo confidencial firmado en julio de 1964, año y medio antes del accidente, entre EEUU y la dictadura franquista para permitir que los estadounidense tuviesen en la base de Rota submarinos cargados con armamento nuclear Polaris. España había exigido a cambio determinadas garantías que hicieron que, en el momento del accidente, existiese un acuerdo por escrito al que pudieron acudir para exigir responsabilidades a EEUU por el accidente provocado por su Ejército sobre suelo español y al que, sin embargo, se optó finalmente por renunciar. Y ello a pesar de que los documentos muestran que se confirmó claramente su vigencia.

"La responsabilidad por los daños que hayan podido producirse está prevista en el párrafo 3º del Acuerdo Confidencial de 17 de julio de 1964 firmado con motivo de la llegada al Puerto de Rota de submarinos nucleares con Polaris y que dice así: (...) toda reclamación por lesiones a personas o daños a bienes sitos en territorio bajo la jurisdicción de España que pudieran ocasionarse por algún incidente o accidente nuclear relacionado con uno de los buques de guerra a propulsión nuclear o sus barcos de apoyo o cualquier otro elemento de las Fuerzas de los Estados Unidos operando en o desde territorio español, sin tener en cuenta su causa u origen y cualquiera que sea el lugar donde se origine el accidente será resuelta rápidamente a través de la vía diplomática (...) reconociendo la ley española sobre energía nuclear".

Este acuerdo, que suponía que las reclamaciones se tramitasen en España, modificaba en favor de España lo firmado inicialmente entre Franco y Eisenhower en el acuerdo original de 1953, en concreto, el artículo 18. En principio, como se ve en el documento superior y se recoge en otros, el general Donovan de los EEUU se encargó de transmitir oficialmente al Gobierno español que se aplicaría el acuerdo de 1964. Sin embargo, se obligó a todos los afectados a tramitar las reclamaciones de forma individual y ante la Embajada de EEUU, que retrasó las decisiones y minimizó los daños sufridos para reducir las cuantías.

El ministro de Asuntos Exteriores recibe diferentes notas que se conservan que le van dando información de lo que va ocurriendo en diferentes reuniones en las que se trata el accidente de Palomares. En varias de esas notas, como una fechada el 1 de febrero de 1966, se cita una conversación en la que se habló de que EEUU había decidido por sí mismo dejar de repostar sobre población civil para hacerlo en alta mar. Es una pretendida generosidad que quiere frenar los tímidos conatos que llegan desde el Gobierno de Franco de revisar su acuerdo. Se saca a colación en una reunión entre el embajador de EEUU, Angier Biddle Duke (el del famoso baño con Fraga), y el director general de Relaciones con los EEUU del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Ángel Sagaz. El primero se pasa de frenada y comenta como posibilidad que "en un futuro próximo EEUU deje de usar las bases aéreas españolas de utilización conjunta, quitando así, toda sospecha de que existen ingenios nucleares en nuestro territorio". Sagaz "le interrumpió preguntándole si en este plan estaría incluido Rota, a lo cual el Embajador contestó que no, pues es la llave de la defensa del Mediterráneo", recoge la nota.

Nunca ha dejado de serlo.

Por citar el último de envergadura, en 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez firmó con el de EEUU, entonces con Joe Biden al frente, un acuerdo para ampliar la presencia de buques destructores en Rota de cuatro a seis sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados. El acuerdo era consecuencia del pacto entre Sánchez y Biden en una reunión paralela mantenida mientras se celebraba la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022.

Investigación

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Fraga, "extraordinariamente preocupado" por si se difunden los indicios de contaminación en personas

Ana Tudela — sáb., 17 ene. 2026 12:00:00 +0100

Uno de los episodios más llamativos del largo periodo en el que se estuvo investigando el efecto del plutonio y el uranio en la población de Palomares se recoge en un documento fechado el 21 de febrero de 1967, un año después del accidente, en el que figura escrito a mano el texto en dos colores: Palomares/radioactividad. En él se habla de una reunión en el despacho de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, ante "la posibilidad de que varios habitantes de Palomares resulten gravemente afectados por la radioactividad, según parece desprenderse de una exploración llevada a cabo en Torrejón [de Ardoz, en Madrid, donde hubo una base militar estadounidense] con aparatos ultramodernos y efectuada sobre las 62 personas que el pasado año estuvieron ya en observación por presentar algún síntoma sospechoso".

Se pide "máxima discreción". Fraga quiere ocuparse "personalmente" del tema para poder "utilizar, llegado el caso, de la manera más eficaz posible los medios de que el Estado dispone". En la repercusión que puede tener que se conozca influye, según Fraga, la actitud "tan poco generosa" de la Administración de EEUU y "tan poco ágil" para solucionar las reclamaciones, algo que relaciona con que "la Embajada Americana tiene un titular y un equipo a sus órdenes de bajísima categoría". A pesar de las promesas, una vez se encontró la cuarta bomba, la que había caído al mar, y se recogió el Campamento Wilson, EEUU se mostró mucho menos dispuesto a indemnizar.

En uno de los documentos conservados en las cajas referidas a Palomares de los documentos desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y titulado "Determinación de la posible contaminación interna con Pu-239 de habitantes de Palomares" se recoge que "la mayor parte del Pu-239 posiblemente inhalado lo habrá sido en forma de óxido insoluble, que puede permanecer retenido en los pulmones durante un largo periodo de tiempo".

Hay que llevar a Madrid durante varios días a las potenciales personas afectadas para medir los niveles de radiación con "la cámara pulmonar y la de radioactividad total del organismo con el Contados de Cuerpo Entero", que es parte del equipamiento cedido por EEUU al proyecto común de investigación. Pero la gente de Palomares ya está harta de pruebas, de las que no les dan los resultados (no lo harán durante años y cuando lleguen vendrán con modificaciones en algunos de los datos). No va a ser fácil. Por ello se diseña toda una estrategia que aúne discreción al tiempo que una sensación de cierto viaje de placer a los habitantes de la pedanía almeriense.

Aquello tenía un coste, el propio viaje, la estancia y dietas y las indemnizaciones por pérdida de días de trabajo, cálculo que también figura en una nota adjunta en los documentos.

En otra nota al ministro de Exteriores dos días después de la que se refiere a la reunión en el despacho de Fraga, se recoge expresamente que, a pesar de que se había dicho que no había contaminación en las personas, sí hay un grupo con indicios y especialmente dos de ellas. Se le explica al ministro que en caso de accidente nuclear "es necesario una vigilancia prolongada de la zona contaminada". En el caso de las personas porque, "como muy bien dice el Dr. Langham (máximo especialista en la materia) pueden aparecer 30 0 más años después de la exposición de la contaminación".

Se mencionan también los certificados que se les han entregado a los habitantes asegurando que el suelo ya es cultivable como lo era antes del accidente. No se menciona, sin embargo, el acuerdo Otero-Hall de investigación.

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"Una pequeña cantidad de plutonio y uranio es falso. (...) Fueron posiblemente varios kg dispersados"

Ana Tudela — sáb., 17 ene. 2026 12:00:00 +0100

El 15 de febrero de 1966, menos de un mes después del accidente de dos aeronaves del ejército de EEUU sobre la pedanía almeriense de Palomares del que ahora se cumplen 60 años, la embajada de EEUU entregó al ministro de Asuntos Exteriores de España un borrador de comunicado conjunto sobre el accidente. Se habían liberado cuatro bombas termonucleares a dos de las cuales no se les había abierto correctamente el paracaídas, impactando contra el suelo y liberando plutonio y uranio, y eso estaba provocando informaciones a nivel internacional que no convenían ni al Gobierno de EEUU, que no quería que surgiese un movimiento en contra de sus bases militares dispersas por la mitad del mundo ni contra sus operaciones nucleares en plena Guerra Fría; ni a la dictadura de Franco, inmersa en una campaña de promoción del turismo para atraer divisas extranjeras.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Fernando Castiella, reenvió el borrador de comunicado al ministro de Industria para conocer su opinión. Querían mantener dos criterios que suponían un complicado equilibrio: "no decir nada en contra de la verdad" y al mismo tiempo "no alarmar innecesariamente a la población".

Tres días después, recibió la respuesta que figura en este documento al que tuvo acceso DATADISTA tras su desclasificación y que recoge que, en el borrador, había afirmaciones directamente falsas. En el archivo figura también el documento con el texto corregido en inglés.

En el borrador de EEUU se decía: "El impacto de las armas contra la tierra provocó la ruptura de las carcasas, lo que dio lugar a la dispersión de una pequeña cantidad de plutonio (Pu 239) y uranio (U 235) en las inmediaciones de los puntos de impacto". ("The impact of the weapons on land caused rupture of weapons cases, which resulted in the scattering of a small amount of plutonium (Pu 239) and uranium (U 235) in the immediate vicinity of the points of impact").

Según Industria, hay puntos en ese párrafo que son directamente "falsos", tanto por las causas que se dan a entender como causantes de la dispersión, como por decir "una pequeña cantidad, ya que se sabe que fueron posiblemente varios kilogramos de plutonio Pu-239 y Uranio U-235 los dispersados. La palabra 'alguno' se acerca mucho más a la verdad que el decir pequeño".

El texto supone un reconocimiento explícito y por escrito de la magnitud de las consecuencias de aquel accidente del que EEUU nunca ha querido responsabilizarse de forma vinculante y acabar de retirar el suelo contaminado.

Delimitación de las zonas expropiadas y ocupadas dentro del Programa de Recuperación. Se observa que dos de las zonas expropiadas están separadas por las dos balsas de agua excavadas desde mediados de los ochenta.

Falsedades sobre la contaminación futura

En el documento se propone una segunda modificación al texto. La propuesta de EEUU es: "Los estudios radiológicos de la zona de Palomares y sus poblaciones humanas y animales han incluido estudios de laboratorio detallados realizados por destacados científicos españoles y estadounidenses. No se ha obtenido evidencia de riesgo para la salud". ("Radiological surveys of the Palomares area and its human and animal populations have included detailed laboratory studies by leading spanish and us scientists. They have obteined no evidence of health hazard").

Ese texto, explica Industria, "conduciría a un juicio falso, ya que si bien es cierto que hasta el presente no se ha encontrado en el personal contaminado dosis que aparezcan como peligrosas, es posible que en el futuro sí aparezcan, y ello en un número indeterminado de personas". Propone que se diga que los trabajos de laboratorio "hasta la fecha no han demostrado la existencia de riesgo radioactivo, sin que comprometa con respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro".

El borrador de EEUU es especialmente llamativo porque al mismo tiempo, como se ve en otro de los documentos desclasificados, estaban proponiendo a España convertir Palomares en un inmenso laboratorio de los efectos del plutonio en población real.

El riesgo de inhalación

La tercera aclaración que se traslada a Castiella es que se mezclan los potenciales riesgos: "comer legumbres del área en cuestión", que no tendría riesgos de contaminación, de la posible inhalación de los elementos dispersados. Se propone una mejor puntuación del texto para que se separe claramente "el riesgo por vía oral del otro, que es muchísimo mayor y ha consistido en la entrada del plutonio en el cuerpo humano por vía respiratoria".

Como se puede leer en el documento, el ministro de Industria consultó con las autoridades en Madrid de la Junta de Energía Nuclear y con el Jefe de la División de Medicina y Protección de la propia JEN. Les pareció bien emitir el comunicado conjunto pero para llegar a un consenso fueron precisas "largas discusiones".

En la misma caja de documentos desclasificados figura la siguiente nota que recoge de nuevo los párrafos originales del comunicado propuesto por EEUU. Figura adjunta una tarjeta de visita de Agustín Muñoz Grandes, general jefe del Alto Estado Mayor, con la anotación Sagaz, en referencia a Ángel Sagaz, director general de Relaciones con los EEUU del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en rojo "no se dio".

Lo que se llevó EEUU y lo que dejó en el terreno

En 1966, mientras aún buscaban la Bomba 4, la que había caído en el mar, las Fuerzas Armadas de EEUU mapificaron la zona que había resultado más afectada por la contaminación radiactiva. Era un área de 220 hectáreas inicialmente, ampliada después, a las que se llamó la Línea Cero.

Mapa en el que se recogieron los límites de la llamada Línea Cero con los diferentes niveles de contaminación en el suelo. | CIEMAT

En la llamada zona 2 se excavaron dos fosas o trincheras para enterrar el material contaminado, incluidos restos de las aeronaves del accidente, incluso antes de que el Gobierno de España diese el visto bueno. Hubo discusiones sobre cómo señalizar el enterramiento, cómo impermeabilizarlo, si podía acabar afectando al suelo y a aguas subterráneas. Ante las complicaciones, EEUU accedió a llevarse 4.810 barriles con material contaminado a Savannah River. Otra parte se enterró pero EEUU se negó a señalizarlo para que no quedase para la posteridad un monumento a sus accidentes nucleares. Con el tiempo se le perdió la pista a las fosas, que tuvieron que ser localizadas por georradar ya en este siglo. Fue entonces cuando descubrieron que habían estado a punto de desenterrar el material al excavarse dos gigantescas balsas de agua para regadío justo en esa zona.

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Mapas y datos del impacto del brote de peste porcina y los riesgos en zonas con alta densidad de granjas

Antonio Delgado — dom., 30 nov. 2025 14:00:00 +0100

La aparición esta semana de dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres y otros doce ejemplares muertos con sospecha de estar infectados en el área metropolitana de Barcelona ha puesto en alerta al sector porcino en España y ha activado bloqueos comerciales con países de todo el mundo.

Después de treinta años sin un foco, España ha multiplicado en estas tres décadas su producción de porcino hasta convertirse en la tercera potencia mundial de carne de cerdo, solo por detrás de China y Estados Unidos. Ha pasado de 18,5 millones de animales en 1994 a 34,5 millones en 2024. Desde hace una década es, además, el principal productor de la Unión Europea, tras superar a Alemania en censo y producción.

Radio de seguridad y afectación local

Para evitar la dispersión del virus, se ha establecido un primer perímetro de seis kilómetros en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) con cierre total del acceso al medio natural, suspensión de la caza y de los trabajos forestales, prohibición de cualquier actividad en suelo rústico por bioseguridad e instalación de barreras y trampas para controlar la población de jabalíes.

En un radio de veinte kilómetros se limitan las actividades de ocio, caza y biodiversidad, se prohíben las actuaciones que puedan interferir en las labores de control y bioseguridad y se restringe el acceso al conjunto del Parque de Collserola para actividades recreativas.

En este perímetro se encuentran treinta y nueve explotaciones de porcino, cuyos animales han quedado confinados. De momento no se ha detectado ningún caso dentro de estas explotaciones.

Un brote en una zona con escasa densidad ganadera porcina

Más allá de la sacudida comercial en las exportaciones, que tendrá un impacto económico en el sector durante meses, la clave de este brote reside en el lugar donde ha ocurrido. El perímetro de seguridad de veinte kilómetros establecido alrededor de Bellaterra, en el área metropolitana de Barcelona, es una zona de escasa densidad ganadera. El confinamiento afecta a treinta y nueve explotaciones con una capacidad aproximada de diez mil animales. Aunque grave para los afectados, es una cifra manejable dentro del volumen nacional.

Si este mismo brote se hubiera producido en zonas de alta densidad de porcino, como la comarca del Pla d’Urgell en Lleida, el impacto habría sido mucho más devastador.

En el término municipal de Bellvís, un radio idéntico de veinte kilómetros habría atrapado más de mil granjas, inmovilizado centenares de miles de animales, según un análisis realizado por DATADISTA. Se ha utilizado un algoritmo de densidad espacial sobre cada una de las más de 5.300 explotaciones porcinas activas en Cataluña para calcular cuántas instalaciones vecinas quedarían confinadas. Esto ha permitido identificar el peor escenario posible o el punto de máxima densidad y contrastarlo con el foco real detectado.

Este análisis subraya la importancia crítica de que el virus no se desplace hacia el poniente catalán ni salte a otras comunidades autónomas como Aragón, una de las regiones con mayor concentración de explotaciones porcinas.

Cataluña alberga unos 8 millones de cerdos en explotaciones mayoritariamente industriales, y Aragón alcanza los 9,9 millones, según el último censo publicado por el Ministerio de Agricultura. En conjunto, suman el 52% del censo porcino nacional.

Lo que constituye un riesgo y lo que no de la peste porcina

A nivel de salud pública, la PPA no supone un riesgo para los humanos. Afecta exclusivamente a los animales, que suelen morir en pocos días, y para la que aún no existe una vacuna. Como ocurre con la gripe aviar en aves, si el virus entra en una granja debe sacrificarse la totalidad de los animales y destruirse e incinerarse todos los restos, ya que el virus puede permanecer activo durante semanas.

El impacto es fundamentalmente económico. El porcino representa en España el 40% de la producción final ganadera y el 17% de la producción final agraria, lo que convierte cualquier sobresalto sanitario en un riesgo macroeconómico.

La enfermedad está presente actualmente en explotaciones porcinas de trece países europeos. Aún no se sabe cómo ha llegado a España, pero la hipótesis que se maneja apunta a la proximidad de grandes corredores viarios como la AP-7. Francia y Portugal, países con los que España comparte frontera terrestre, están actualmente libres de la enfermedad.

España produce el doble de carne de la que consume

España produce desde hace cinco años el doble de carne de cerdo de la que consume internamente. La producción anual ronda los 4,9 millones de toneladas de carne, de las cuales más del 50%, unos 2,77 millones, se destinan a exportación (1,5 millones a países de la UE y 1,2 millones a terceros países).

Las exportaciones de porcino alcanzan un valor cercano a los 8.800 millones de euros anuales, de los que un 58% se dirige a socios comunitarios. Ese comercio intracomunitario, en principio, no se ve afectado por la PPA salvo en un supuesto muy concreto, la aparición de un foco. En ese escenario, la restricción se concentra en un radio de veinte kilómetros alrededor del origen del brote, dentro del cual queda prohibido exportar productos porcinos al resto de la UE.

El otro gran bloque lo forman los mercados de terceros países, que suman unos 3.700 millones de euros en ventas. China, convertida en un cliente clave tras los brotes de PPA en su propio territorio, genera alrededor de 1.100 millones de euros. España cerró hace dos semanas un acuerdo con Pekín que fija la regionalización sanitaria a escala provincial en caso de PPA. La consecuencia inmediata del foco detectado en jabalíes en Cataluña es que no puede salir ningún producto porcino de la provincia de Barcelona hacia China mientras dure la restricción.

El mapa global de exigencias sanitarias es desigual. España exporta carne de cerdo a 104 países y dispone de unos 400 certificados de exportación específicos. Cuarenta y cuatro destinos imponen requisitos adicionales ligados a la PPA y solo veinticuatro aceptan el principio de regionalización, es decir, mantener abierto el comercio con las zonas no afectadas. Esta delimitación geográfica depende de cada país. Algunos delimitan a nivel de municipio y otros, como el caso de China, a nivel provincial. Por eso China ha prohibido la exportación de productos del porcino producidos en la provincia de Barcelona.

Entre los países que reconocen la delimitación por región, además de China, figuran Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido o Serbia. Otros veinte, como Japón, Malasia, Vietnam, México o Taiwán, no la aceptan, lo que se traduce en vetos inmediatos a todas las exportaciones de porcino del país cuando se notifica un brote. Tras la detección del virus en Cataluña, aproximadamente un tercio de esos certificados está actualmente bloqueado, según confirmó este sábado el ministro de Agricultura, Luis Planas.

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El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata. Un especial de DATADISTA

Aragón (España), Herefordshire (Reino Unido), Baja Sajonia (Alemania) se han convertido en áreas de altísima concentración de granjas intensivas. Una investigación transnacional revela las causas que multiplicaron el número de animales mientras se contaminaban ríos, acuíferos e incluso el agua del grifo.

datadista.comAntonio Delgado, Ana Tudela, DATADISTA

"Veneno en el grifo" gana el premio API 2025 de la Asociación de Periodismo de Investigación en la categoría de Datos

DATADISTA — dom., 12 oct. 2025 09:00:00 +0200

La investigación "Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable" realizada por DATADISTA, ha sido galardonada con el Premio de Periodismo API 2025 en la categoría de Datos, otorgado por la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API). El jurado ha valorado el impacto que este tema tiene sobre la población, la exhaustiva y pormenorizada labor de documentación, la máxima calidad de las fuentes y los elementos innovadores en la narración y visualización de la historia.

Según el jurado, "los autores logran traducir información técnica en conocimiento accesible para la ciudadanía mediante mapas interactivos, gráficos y narrativas multimedia que permiten explorar el alcance del problema a escala nacional. De esta forma, consiguen convertir un problema ambiental y sanitario de enorme complejidad en una investigación de servicio público basada en el análisis masivo de datos y la evidencia científica."

Asimismo, el jurado ha valorado "el enfoque humano y territorial del trabajo, que combina el análisis de grandes bases de datos con reportajes sobre el terreno en pueblos de toda España, visibilizando las consecuencias cotidianas de la contaminación del agua en la vida de miles de personas."

Nuestra investigación "Veneno en el grifo", presentada como un especial documental interactivo, no solo revela que más de un millón de personas en el país ya vive en zonas críticas de contaminación por nitratos en el agua del grifo, a niveles que suponen un riesgo para la salud, una cifra muy superior a la manejada hasta ahora, sino que también destaca, por haber sido detectada gracias al mayor análisis de datos oficiales realizado hasta la fecha.

"Veneno en el grifo" forma parte del proyecto de investigación periodística "Under the Surface" ("Bajo la superficie"), lanzado y liderado por DATADISTA, coordinado junto con Arena for Journalism in Europe y apoyado por Journalism Fund, y que contó con elDiario.es para su difusión.

En "Under the Surface", un grupo de 14 periodistas y 7 medios europeos: Le Monde (Francia), De Standaard (Bélgica), Facta (Italia), Reporters United (Grecia), Information (Dinamarca), Investico (Países Bajos) y DATADISTA (España) trabajaron en conjunto para investigar la situación de los acuíferos en Europa.

"Under the Surface" ha ganado este año uno de los premios Sigma Awards 2025, a los mejores trabajos de periodismo de datos a nivel mundial y el Premio Voices en la categoría de Impacto en Investigación Transnacional del Festival Voices de Periodismo.

Por su parte, Ana Tudela y Antonio Delgado, autores de "Veneno en el grifo" ganaron este año el Premio Internacional Rey de España en la categoría de Periodismo Medioambiental 2025 por esta investigación. Este premio de la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es un referente en Iberoamérica desde su creación en 1983. "Veneno en el grifo" también consiguió el primer accésit en los V premios Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, organizado por la Asociación de Informadores de Elche (AIE) en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Ayuntamiento de Elche.

El premio de Periodismo API de la Asociación de Periodistas de Investigación de España, es el segundo que recibe DATADISTA por sus investigaciones basadas en periodismo de datos, investigación y reporterismo sobre el terreno. En 2023, la investigación "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" consiguió el mismo galardón en la tercera edición de los premios.

Además del trabajo de DATADISTA, en esta edición han sido premiados, en la categoría general, "Lo que la FIIAPP esconde: La ‘cara B’ del control migratorio español", una investigación de la Fundación porCausa, liderada por los periodistas Isabella Carril-Zerpa y José Bautista, y publicada en El Confidencial; y, en la categoría de periodismo local, el jurado ha premiado el documental "Jornaleros: El mal patrón", un trabajo de la productora EntreFronteras y coproducido por Canal Sur que reconstruye la desaparición de dos jornaleros africanos durante la campaña de la aceituna en Villacarrillo (Jaén).

El jurado de esta quinta edición ha estado compuesto por el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, Alfonso Bauluz; el multigalardonado periodista de investigación y exvicepresidente de la API Tomás Ocaña Urwitz; el catedrático de la Universidad de Málaga Juan Francisco Gutiérrez Lozano, director además del Departamento de Periodismo de la UMA; la periodista de La Marea/Climática Ana Ordaz; y el periodista de Diario Sur Juan Cano. La entrega de premios se realizará el próximo 23 de octubre en la ciudad de Málaga.

"Forever Lobbying Project", la investigación en la que participa DATADISTA, finalista del Premio Daphne Caruana 2025

DATADISTA — vie., 03 oct. 2025 17:00:00 +0200

La investigación europea transfronteriza "Forever Lobbying Project" ha sido finalista del Premio Daphne Caruana, un galardón europeo que reconoce trabajos de investigación periodística que promueven y defienden valores fundamentales como la libertad de prensa, el Estado de derecho y los derechos humanos.

El premio, organizado por el Parlamento Europeo desde 2020, ha seleccionado diez finalistas entre las 316 candidaturas presentadas. La ceremonia de entrega se celebrará el 21 de octubre de 2025 en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Daphne Caruana Galizia fue una periodista, bloguera y activista maltesa contra la corrupción. Investigó de forma exhaustiva casos de blanqueo de capitales, crimen organizado y las conexiones del Gobierno de Malta con los Papeles de Panamá. Tras años de acoso y amenazas, fue asesinada el 16 de octubre de 2017 mediante la explosión de una bomba colocada en su coche

"Forever Lobbying Project" es una investigación coordinada por Le Monde que involucró a 46 periodistas de 29 medios asociados en 16 países. El proyecto reveló una campaña orquestada de lobby y desinformación de la industria de los PFAS, los llamados "químicos eternos", destinada a diluir una propuesta de la Unión Europea para su regulación y a trasladar el coste de la contaminación ambiental a la sociedad.

Esta última investigación reveló que, pese al cierre de la planta hace una década asegurando que se debía a motivos de rentabilidad, en realidad se trató de un inmenso caso silenciado de contaminación en agua y suelo y que, a finales de 2024, tras demoler los edificios y extraer toneladas de suelo para tratar de revertir el daño, se detectó un nuevo repunte en la contaminación del solar.

En "Forever Lobbying Project" se recopilaron más de 14.000 documentos inéditos, el archivo más grande del mundo sobre el lobby de los PFAS, de los cuales casi 4.800 fueron obtenidos mediante 184 solicitudes de acceso a la información a organismos públicos a nivel nacional y de la UE. El análisis mostró cómo actores corporativos desplegaron narrativas engañosas y basadas en el miedo para retrasar o debilitar restricciones propuestas, exponiendo tácticas ya empleadas por industrias como la del tabaco y los combustibles fósiles.

El archivo documental está disponible públicamente en repositorios de referencia como la Industry Documents Library de la Universidad de California en San Francisco y Toxic Docs, de la Universidad de Columbia y CUNY. Su publicación garantiza el acceso, el escrutinio y la reutilización por parte de periodistas, académicos y responsables políticos. Los hallazgos se difundieron a través de una serie coordinada de más de 140 reportajes, pódcast y documentales publicados en medios nacionales e internacionales, y han sido citados por ONG, parlamentos y en el debate político.

La investigación transnacional "Forever Lobbying Project", en la que participa DATADISTA, gana el Helen Darbishire Award 2025

DATADISTA — dom., 03 ago. 2025 10:00:00 +0200

La investigación europea transfronteriza "Forever Lobbying Project" ha ganado el premio europeo Helen Darbishire Award 2025 otorgado por Access Info Europe. El reconocimiento premia el uso del derecho de acceso a la información para avanzar en la rendición de cuentas democrática y la justicia ambiental.

DATADISTA participó como medio investigador asociado en España y junto al trabajo internacional en equipo ha indagado sobre la crisis de los PFAS y las químicas que estuvieron en España con sus investigaciones: Alerta PFAS: 70 años de engaños de la industria química que ya han llegado al grifo y a tu sangre y Expediente Arkema. La verdad tóxica en agua y suelo tras la marcha de Bizkaia del gigante químico francés. Esta última investigación reveló que, pese al cierre de la planta hace una década asegurando que se debía a motivos de rentabilidad, en realidad se trató de un inmenso caso silenciado de contaminación en agua y suelo y que, a finales de 2024, tras demoler los edificios y extraer toneladas de suelo para tratar de revertir el daño, se detectó un nuevo repunte en la contaminación del solar.

Más ayudas, menos beneficiarios: el 1% de los perceptores privados de la PAC de 2024 concentró una cuarta parte de las ayudas

Antonio Delgado — dom., 29 jun. 2025 09:00:32 +0200

Recorrer los primeros puestos del ranking de beneficiarios privados de la PAC de 2024 en España basta para constatar cuánto ha cambiado esta ayuda que nació para garantizar las rentas del sector agrícola y abonar la pregunta de en qué medida esta inmensa bolsa de dinero público que reparte cada año Europa está yendo a quien más lo necesita, según un análisis realizado por DATADISTA de la base de datos de beneficiarios publicada recientemente por el Fondo Español de Garantía Agraria.

Grandes cooperativas con estructuras internacionales y de exportación como Vicasol, que exporta ya a más de 134 países (9,3 millones de euros de la PAC en 2024), y Murgiverde (7,6 millones). Grupos alimentarios con conexión en gran parte de la cadena de valor como Corporación Alimentaria Peñasanta, matriz de Central Lechera Asturiana (8,3 millones), o El Pozo Alimentación (6,4 millones). Empresas que fueron familiares míticas pero que hoy están en manos de fondos de inversión internacionales, como Alvinesa Natural Ingredients, la mayor destilería española (7,8 millones de la PAC en 2024), que pertenece desde 2021 al fondo británico Intermediate Capital Group (ICG), tras su compra por 320 millones de euros al fondo de la familia March.

También destacan en la parte alta del ránking empresas cuya actividad principal es la importación de cereal y otras materias primas para el lucrativo negocio de elaboración y comercialización de piensos para la ganadería cada vez más intensiva del país, con una fuerte presencia de perceptores con sede en las Islas Canarias, como Graneros de Tenerife, Cereales Archipiélago, Canaria de Piensos (8,5 millones). Incluso aparece la reina indiscutible de la distribución en España, Mercadona, cuya filial en Las Palmas recibió 1,8 millones. O grupos como Nufri que, sin perder su gran área agroalimentaria, se han transformado ya en hóldings que cuentan incluso con un área dedicada al negocio de la energía.

Muchos de estos perceptores ya ocupaban posiciones destacadas en años anteriores, aunque otros se han incorporado al grupo de los mayores receptores en 2024 con importes que no figuraban en los primeros puestos en el ejercicio anterior.

Es importante tener en cuenta que en cabeza del ranking de beneficiarios totales de la PAC por cuantía recibida figuran cada año administraciones y organismos públicos. En 2024, la Junta de Andalucía percibió más de 104 millones de euros, la Junta de Extremadura superó los 76 millones y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recibió más de 63 millones. Estas cantidades incluyen programas de desarrollo rural, inversiones en infraestructuras agrarias y medidas sectoriales financiadas con fondos europeos.

Además, hay empresas que pertenecen a grupos agroindustriales o de distribución con varias filiales que figuran como perceptores separados, lo que dificulta cuantificar la concentración real de los fondos públicos que recibe cada grupo. Este fenómeno es especialmente visible en sectores como la industria cárnica, la elaboración de piensos o la exportación hortofrutícola, donde compañías vinculadas operan bajo distintas razones sociales.

Más dinero en menos manos que el año anterior

Los porcentajes no hablan mejor de la distribución de las ayudas PAC. El programa de Política Agrícola Común repartió en 2024 en España 7.755 millones de euros, casi un 2% más que en 2023, pero entre menos perceptores. se registraron unos 610.000 beneficiarios, lo que supone una caída cercana al 6% respecto al año anterior.

El 1% de los beneficiarios privados, unos 6.900 titulares, absorbió casi el 24% del dinero total. Aquí se concentran los beneficiarios que recibieron ayudas superiores a 100.000 euros. Si se hace zoom a los grandes beneficiarios, los que recibieron ayudas superiores a los 500.000 euros, se observa que el 0,08% de los beneficiarios recibió casi el 10% de las ayudas. Mientras tanto, hay un 60% de los beneficiarios que cobró menos de 5.000 euros al año. En conjunto, estos pequeños expedientes apenas suman alrededor del 9% del presupuesto.

La nueva arquitectura de la PAC

La fotografía del reparto muestra que tres grandes líneas de ayuda —la renta básica, los eco-regímenes y las ayudas asociadas a determinados sectores— concentran más de la mitad del presupuesto. El auge de los eco-regímenes es la novedad más visible: casi uno de cada siete euros se destina a pagar compromisos ambientales voluntarios. Sin embargo, en términos de concentración, el modelo apenas se ha movido.

La reforma de la PAC para 2023-2027 introdujo nuevas condiciones, más controles y objetivos declarados —como la mitigación del cambio climático o la modernización de explotaciones—, pero los datos confirman que el grueso del presupuesto sigue siendo un colchón de renta que llega en mayor proporción a quienes gestionan grandes superficies o cuentan con estructuras empresariales capaces de tramitar expedientes complejos.

Los eco-regímenes y la desigualdad

La otra cara de la moneda es la desigual distribución del dinero entre beneficiarios. Mientras las ayudas básicas y redistributivas llegan a cientos de miles de perceptores —más de medio millón en el caso de la renta básica— otras líneas, mucho más cuantiosas en términos unitarios, se concentran en pocas manos. Por ejemplo, las inversiones en activos físicos, un programa de desarrollo rural que ha movilizado más de 600 millones de euros, se han repartido entre apenas 8.500 beneficiarios. O dicho de otro modo: cada expediente aprobado en esta medida representa, de media, más de 70.000 euros de ayuda.

Los datos también revelan que algunas prioridades políticas, como la modernización de explotaciones, la innovación o la adaptación al cambio climático —integradas sobre todo en medidas de desarrollo rural— tienen un peso significativo en términos económicos, aunque menor en número de beneficiarios. Este contraste refleja una doble velocidad: mientras las ayudas directas siguen extendiéndose de forma generalizada por todo el territorio, las subvenciones más orientadas a transformar el modelo productivo se concentran en un número reducido de explotaciones que cumplen las condiciones para acceder a ellas.

FEADER reparte el 62% del dinero de la PAC en 2024

La PAC se financia a través de dos grandes fondos europeos: el FEAGA, que cubre principalmente los pagos directos a los agricultores y las medidas de mercado, y el FEADER, destinado al desarrollo rural y la modernización del sector. En 2024, el 62% del dinero se repartió en forma de pagos directos financiados por el FEAGA, un volumen que supera los 4.800 millones de euros y que engloba la ayuda básica a la renta, los eco-regímenes y otros pagos anuales recurrentes. El FEADER concentró en torno al 26% de los fondos, con más de 2.000 millones de euros destinados a programas de inversión, innovación, medidas agroambientales y apoyo a jóvenes agricultores.

Además, un 8% del presupuesto corresponde a medidas sectoriales específicas —como las ayudas a frutas, hortalizas o vino—, mientras que un pequeño porcentaje se reparte entre programas de promoción agroalimentaria y fondos excepcionales para hacer frente a crisis o circunstancias extraordinarias. Esta diferenciación explica en parte por qué algunos perceptores reciben cantidades muy superiores a la media: las líneas de desarrollo rural y modernización, financiadas con el FEADER, concentran expedientes de importes elevados que requieren inversiones y cofinanciación nacional.

El reparto por territorio de los perceptores privados

Los datos desagregados por provincia de los perceptores privados confirman que el reparto de la PAC no solo depende del tamaño de las explotaciones o del perfil jurídico de los beneficiarios, sino también de la distribución territorial. Hay provincias donde la ayuda básica a la renta es la principal línea de pagos, mientras otras concentran un mayor volumen de fondos destinados a inversiones o modernización de explotaciones.

Esta dimensión territorial muestra cómo la política agraria europea ha configurado un sistema de ayudas diferenciadas según las características productivas de cada zona. Durante las reformas de la PAC anteriores a 2023, España se organizó en cerca de 50 regiones productivas definidas por el potencial agronómico y los tipos de cultivo, en especial los cultivos permanentes como el viñedo, el olivar o los frutales. Con la última reforma que entró en vigor en 2023, estas regiones se han reducido a 20. El valor de los derechos de ayuda por hectárea varía entre regiones, en función de estos criterios productivos históricos.

Selecciona la distribución de los perceptores privados por provincias y tipo de ayuda:

Un sistema reformulado con nuevas condiciones y más controles

La nueva PAC 2023-2027 se enmarca en el Plan Estratégico que España presentó a Bruselas, que establece cuatro grandes prioridades: asegurar la rentabilidad de las explotaciones, impulsar la sostenibilidad ambiental, revitalizar el medio rural y fomentar la innovación agraria. Según datos oficiales, España recibirá unos 47.724 millones de euros durante este periodo, una media de casi 7.900 millones al año.

La reforma ha introducido cambios profundos en el sistema de ayudas. Entre ellos, destacan los eco-regímenes, que suponen aproximadamente un 23% del presupuesto de pagos directos y premian prácticas voluntarias como dedicar superficies a la biodiversidad o reducir el uso de fertilizantes. También se han incorporado ayudas redistributivas que asignan parte del presupuesto de manera prioritaria a pequeñas y medianas explotaciones, con el objetivo de reducir la desigualdad en el reparto. Sin embargo, en términos absolutos, estas nuevas líneas siguen siendo minoritarias frente al grueso de los pagos directos tradicionales.

La condicionalidad reforzada es otro de los pilares de la nueva normativa. Para poder cobrar parte de las ayudas, los beneficiarios deben cumplir prácticas obligatorias de carácter ambiental, como mantener márgenes sin cultivar junto a los ríos, conservar pastos permanentes o limitar el laboreo en determinadas épocas del año. Estos requisitos se aplican a todas las explotaciones, independientemente de su tamaño. Cada expediente está ahora vinculado a un objetivo declarado: garantizar la renta, mitigar el cambio climático, promover la igualdad de género en el medio rural o modernizar las explotaciones con tecnologías más eficientes.

La transición no ha sido sencilla. En 2023 convivieron los últimos pagos del modelo anterior con las primeras aplicaciones de la nueva PAC, lo que complica la comparación interanual de datos. Parte de las ayudas que antes figuraban como “pago básico” han pasado a denominarse “ayuda básica a la renta para la sostenibilidad”, mientras que otras líneas se han reagrupado o cambiado de código.

Un reparto que apenas cambia

Aunque la reforma se ha presentado como un paso hacia la sostenibilidad, las organizaciones agrarias y las plataformas ciudadanas critican que sigue habiendo un fuerte sesgo a favor de las grandes explotaciones. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que el modelo continúa priorizando la superficie sobre el empleo y que la concentración de fondos apenas se reduce, pese a los cambios formales. Por su parte, la coalición Por Otra PAC alerta de que muchas de las medidas climáticas son voluntarias y que la orientación agroecológica sigue siendo minoritaria en términos de presupuesto. Ambas entidades reclaman un reparto que priorice a la agricultura familiar y la producción sostenible frente a los modelos intensivos y las empresas de mayor tamaño. También cuestionan que los eco-regímenes y las nuevas exigencias administrativas supongan una barrera adicional para pequeñas explotaciones y jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario.

Por último, la publicación de datos de la PAC por parte del Fondo Español de Garantía Agraria se ha hecho más detallada que en años anteriores: ahora se puede saber no solo cuánto dinero recibe cada beneficiario, sino con qué finalidad. Sin embargo, persisten limitaciones: los perceptores que cobran menos de 1.250 euros al año aparecen anonimizados y, en municipios con muy pocos expedientes, no se publica el nombre del beneficiario. Además, por el momento, los datos oficiales de 2024 no incluyen aún la asignación detallada de cada ayuda a los objetivos estratégicos que contempla la reforma de la PAC.

Aragón elimina las restricciones ambientales a las macrogranjas porcinas pese al alto riesgo de contaminación por nitratos

Antonio Delgado — dom., 25 may. 2025 12:00:00 +0200

El Gobierno de Aragón ha publicado esta semana la reforma de la conocida como Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar. La modificación fue aprobada en las Cortes con los votos a favor de PP, Vox y PAR, la abstención de PSOE, CHA y Teruel Existe, y el voto en contra de IU y Podemos.

La principal novedad es la eliminación del artículo 8, que establecía límites a la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas, exigía una distancia mínima obligatoria de un kilómetro entre instalaciones y obligaba a comprobar previamente la capacidad de los suelos cercanos para absorber purines, al ser utilizados como fertilizante. Hasta la entrada en vigor de la Ley 6/2023, Aragón permitía aplicar el máximo estatal de 864 unidades de ganado mayor (UGM), pero dicha ley introdujo un límite autonómico más restrictivo de 720 UGM. Ahora, con su supresión, se vuelve a permitir ese máximo estatal, lo que en la práctica supone hasta 7.200 cerdos de cebo por explotación y ciclo. Una granja puede hacer hasta 3 ciclos al año.

Esta supresión facilita la instalación de macrogranjas más grandes, más próximas entre sí y sin control previo sobre la saturación de los suelos cercanos, aumentando el riesgo ambiental y de salud pública en una región que ya registra niveles elevados de contaminación por nitratos en acuíferos y ríos, una contaminación que, en algunos casos, alcanza el agua del grifo, como evidenció nuestra investigación El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, publicada en 2022. Ahora hemos actualizado el mapa para incluir las nuevas granjas construidas en los últimos tres años.

En esa investigación revelamos por primera vez que el 25% de las tierras agrícolas aptas para fertilización en Aragón están sobrefertilizadas, según el análisis de datos oficiales de más de 1,8 millones de recintos aptos para la fertilización. El alto coste de transportar purines a más de cinco kilómetros de la granja hace que se viertan en terrenos próximos, saturando los suelos y filtrándose hacia los acuíferos. Actualmente, el 30% del territorio aragonés está declarado zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

Además del artículo 8, la ley elimina también el artículo 50, que obligaba a notarios y registradores a especificar el origen agrario de los bienes en las escrituras, una medida que se justifica como simplificación burocrática. Asimismo, modifica sustancialmente los artículos 19 y 25: el artículo 19, sobre la transmisión de tierras reservadas en zonas regables, flexibiliza la compraventa; y el artículo 25 redefine las unidades mínimas de cultivo, ahora más pequeñas y ajustadas al territorio.

En marzo de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por no adoptar medidas suficientes para prevenir esta contaminación en varias comunidades autónomas. En Aragón, el fallo subraya la ausencia de medidas obligatorias en el programa de acción, incluidas restricciones insuficientes en la aplicación de fertilizantes, y la falta de acciones reforzadas pese a la persistencia de altos niveles de contaminación en las aguas afectadas.

Aragón lidera el censo nacional de porcino con 9,6 millones de cabezas, el 28,4% del total estatal, y produce más de 15 millones de cerdos al año. Una parte significativa de su producción se destina a la exportación. En 2023, las exportaciones de carne de cerdo aragonesa alcanzaron las 734.000 toneladas, un 20% más que en 2022, y en 2024, las ventas al exterior crecieron un 10,5%, con 811.414 toneladas exportadas por un valor de 2.252,9 millones de euros, lo que representa el 13% de todas las exportaciones de la comunidad.

El porcino aragonés supone el 3,55% del PIB regional, genera 5.000 empleos directos y 11.000 indirectos. Con más de 4.400 explotaciones —el 80% ubicadas en pueblos de menos de 3.000 habitantes— y más de 100 industrias transformadoras censadas, el modelo se ha extendido sobre todo en Huesca, que concentra más de la mitad.

Las modificaciones aprobadas responden principalmente a las demandas del sector agrícola y ganadero de Aragón, que pedía menos restricciones administrativas. No obstante, preocupa especialmente el impacto medioambiental derivado de la eliminación de controles sobre los suelos sobre los que fertilizar con purines, particularmente en zonas que ya presentan una sobrecarga crítica de nitratos en suelos y aguas.

"Under the Surface", la investigación transnacional impulsada por DATADISTA, gana un Sigma Award 2025

DATADISTA — lun., 19 may. 2025 17:00:00 +0200

El proyecto de investigación periodística Under the Surface (Bajo la superficie), lanzado y liderado por DATADISTA, coordinado por nosotros junto con Arena for Journalism in Europe y que ha contado con el apoyo de Journalism Fund, ha ganado el premio Sigma Award 2025, los premios mundiales del periodismo de datos.

La génesis de este empeño se remonta a Dataharvest 2023 en Mechelen (Bélgica), el encuentro europeo de referencia en periodismo de datos e investigación, donde desde DATADISTA propusimos la posibilidad de unir fuerzas entre medios de Europa y escalar una de nuestras investigaciones en España: el estado de las aguas subterráneas. Arena for Journalism in Europe recogió el guante y presentamos la propuesta a un grupo de medios en el encuentro que celebró Arena en Viena sobre clima en noviembre de 2023.

Arena coordinó a un grupo de 14 periodistas y 7 medios europeos: Le Monde (Francia), De Standard (Bélgica), Facta (Italia), Information (Dinamarca), Reporters United (Grecia) y Investico (Países Bajos).

Partiendo del trabajo de DATADISTA en la extracción y cartografía de los planes de tercer ciclo presentados por los países miembros a la Unión Europea, hemos dado a conocer, país por país, lo que ya está ocurriendo debido al daño causado a los acuíferos. Entre otros trabajos, el proyecto Under the surface ha mostrado cómo Francia ha permitido que se contaminen sus aguas subterráneas con 300 tipos de químicos, como han contado las periodistas de Le Monde; cómo en la lluviosa Bélgica, en la región de Flandes, han abusado tanto de los acuíferos que están tan sobreexplotados que el futuro de algunos de sus principales cultivos como la patata ya está en entredicho, como han mostrado las compañeras de De Standaard.

DATADISTA, además de elaborar el mapa interactivo europeo y los mapas de estado cuantitativo y cualitativo de cada país participante del proyecto Under the surface, también hizo una investigación sobre el terreno en España: Veneno en el grifo: ruta por los pueblos sin derecho al agua potable. Este trabajo con la vertiente española de "Under the Surface" ha sido finalista en los Sigma Awards 2025.

El reconocimiento en los Sigma Awards refuerza el valor del periodismo de datos colaborativo y transnacional nacido en España y escalado en Europa, capaz de visibilizar problemas profundos que, aunque están literalmente bajo tierra, afectan directamente a comunidades y ecosistemas. Under the Surface ya había sido previamente distinguido en marzo con el premio europeo Voices en la categoría de Impacto en Investigación Transnacional, lo que subraya la continuidad y la resonancia de este empeño colectivo.

DATADISTA gana el Premio Rey de España de Periodismo Medioambiental 2025 por "Veneno en el grifo"

DATADISTA — jue., 20 mar. 2025 13:37:17 +0100

Ana Tudela y Antonio Delgado, cofundadores de DATADISTA, han ganado el Premio Internacional Rey de España en la categoría de Periodismo Medioambiental 2025 por la investigación "Veneno en el grifo: ruta por la España sin derecho al agua potable", publicada en DATADISTA y elDiario.es, medio con el que mantenemos un acuerdo de colaboración para dar mayor difusión y alcance a nuestras investigaciones.

De acuerdo con el jurado, es un "trabajo magnífico" y "riguroso" que supone "un bofetón en la cara al mundo desarrollado".

Hay una España que abre el grifo y no puede beber esa agua. No puede usarla para cocinar ni dársela a los animales.

Nuestra investigación, presentada como un especial documental interactivo, no solo revela que más de un millón de personas en el país ya vive en zonas críticas de contaminación por nitratos en el agua del grifo a niveles que suponen un riesgo para la salud, una cifra muy superior a la manejada hasta ahora, sino que también destaca por haber sido detectada gracias al mayor análisis de datos oficiales realizado hasta la fecha. Este análisis incluye tanto los resultados de todas las redes de abastecimiento de agua del país, presentados al Ministerio de Sanidad por los ayuntamientos, como el estado de contaminación de los acuíferos que abastecen a una gran parte de España, evaluado por las Confederaciones Hidrográficas.

Ambos análisis han permitido mostrar en un mapa la correlación entre ambos problemas.

Durante tres meses recorrimos España para buscar las historias que aparecían en los datos. Pueblos que salen con pancartas al paso de la Vuelta Ciclista a España para llamar la atención o que construyen torres con las botellas de plástico que están obligados a consumir masivamente para difundir las imágenes en redes sociales. Pueblos poniendo parches a sus redes de abastecimiento, colgando gomas de los árboles a lo largo de kilómetros para recuperar el suministro, gastando el presupuesto municipal en plantas desnitrificadoras que eliminan los nitratos pero vierten el rechazo contaminante en ríos y lagos, creando un nuevo problema. Pueblos donde hay miedo a saber la calidad del agua que están bebiendo. El norte ha empezado a conocer también el problema. Ya no es solo un fenómeno del sur o el este del país.

Tubería provisional para llevar agua potable a cuatro pueblos de Vitoria que estaban afectados por nitratos en mayo de 2023 | DATADISTA

La tercera fase de la investigación, basada en los principios del periodismo de soluciones, contó con la aportación de científicos que permitieron conocer, por un lado, el impacto de los nitratos en la salud humana y, por otro, las técnicas probadas sobre el terreno que podrían ayudar a mitigar la sobrefertilización del suelo causada por la agricultura y la ganadería, principal origen del problema. La ciencia también ha permitido verificar que el problema puede ser incluso mayor que el reflejado en los datos oficiales y que existen municipios con informes de potabilidad del agua del grifo que, sin embargo, superan varias veces los límites legales establecidos.

"Veneno en el grifo" forma parte del proyecto de investigación periodística "Under the Surface" ("Bajo la superficie"), lanzado y liderado por DATADISTA, coordinado junto con Arena for Journalism in Europe y apoyado por Journalism Fund.

En "Under the Surface", un grupo de 14 periodistas y 7 medios europeos —Le Monde (Francia), De Standaard (Bélgica), Facta (Italia), Information (Dinamarca), Reporters United (Grecia), Investico (Países Bajos) y DATADISTA (España)— trabajaron en conjunto para investigar la situación de los acuíferos en Europa.

"Under the Surface" ha ganado recientemente el Premio Voices en la categoría de Impacto en Investigación Transnacional del Festival Voices de Periodismo, el festival europeo de periodismo y alfabetización mediática, celebrado este año en Zagreb (Croacia).

Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo se conceden anualmente desde 1983. Fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y son un referente en Iberoamérica. Estos galardones reconocen la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como de aquellos con los que España mantiene vínculos históricos, culturales y de cooperación.

Trabajos publicados en medios de Estados Unidos, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Brasil y España figuran entre los 12 finalistas seleccionados por el jurado, que en esta edición ha recibido 256 propuestas procedentes de cerca de una veintena de países.

Los premios se otorgan en seis categorías: Periodismo Narrativo, con 112 candidaturas en esta edición; Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, con 34; Periodismo Medioambiental, con 54; Periodismo Cultural, con 30; Fotografía, con 14, y Medios de Comunicación, con 12.

Por número de candidaturas, Brasil es el país con mayor participación, con 58 trabajos, seguido de España (53), Colombia (43) y Argentina (24), además de 15 candidaturas fruto de la colaboración entre periodistas de distintos países de la región.

La selección ha estado a cargo de un jurado compuesto por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; el director de la AECID, Antón Leis; Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y directora general editorial del grupo Organización Editorial Mexicana (OEM); Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Luisa Meireles, directora de Información de Lusa (Portugal); Laura Puertas, directora de Información de Medcom (Panamá), y Sonia Pérez Marco, jefa de Prensa y Comunicación del Instituto Cervantes.

Los premios, dotados con 10.000 euros, serán entregados por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por confirmar. Los ganadores recibirán además una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios.

"Under the Surface", la investigación transnacional liderada por DATADISTA, gana el premio europeo Voices Awards 2025

DATADISTA — lun., 03 mar. 2025 17:50:56 +0100

El proyecto de investigación periodística Under the Surface (Bajo la superficie), lanzado y liderado por DATADISTA, coordinado por nosotros junto a Arena for Journalism in Europe y que ha contado con el apoyo de Journalism Fund, ha ganado el premio Voices en la categoría de Impacto en Investigación transnacional del Festival Voices de Periodismo, el festival europeo de periodismo y alfabetización mediática, celebrado este fin de semana en Zagreb (Croacia). Under the Surface ha resultado ganador entre 126 candidaturas recibidas de medios de toda Europa.

(De izquierda a derecha) Jelena Prtorić (Arena), Antonio Delgado (DATADISTA) y Ana Tudela (DATADISTA) recogiendo el Premio Voices el pasado viernes en Zagreb (Croacia).

Historia de un empeño

En Dataharvest 2023 celebrado en Mechelen (Bélgica), el gran encuentro del periodismo de datos e investigación, propusimos la posibilidad de unir fuerzas entre medios de Europa y escalar una de nuestras investigaciones en España: el estado de las aguas subterráneas. Arena for Journalism in Europe recogió el guante y presentamos la propuesta a un grupo de medios en el encuentro que celebró Arena en Viena sobre clima en noviembre de 2023.

La España sin derecho a agua potable

Hay una España que abre el grifo y no puede beber ese agua. No puede usarla para cocinar ni dársela a los animales.

Para nuestra investigación en España, lo primero que buscamos fueron datos. Logramos mostrar que núcleos de población pertenecientes a 422 municipios de toda España detectaron, entre 2021 y 2022, niveles de contaminación por nitratos superiores a 30 mg/l, que ya obligan a tomar medidas para revertir la situación. De ellos, 171 municipios con una población de más de 200.000 personas superaron los 50 mg/l en 2022 en todas o en algunas de sus redes de abastecimiento, es decir, los límites legales que ya obligan a declarar que ese agua no es potable. Para ello, DATADISTA analió 5,1 millones de pruebas de agua en redes de abastecimiento efectuadas por los operadores y autoridades sanitarias.

Los mapas de los puntos de redes de abastecimiento contaminadas coinciden con el mapa de los acuíferos contaminados.

Posteriormente recorrimos durante tres meses España para ir detrás de las historias que aparecían en los datos. Pueblos que salen con sus pancartas al paso de la Vuelta Ciclista a España para que les vean o hacen torres con las botellas de plástico que les obligan a consumir de forma masiva para difundir las imágenes por redes sociales. Pueblos poniendo parches a sus redes de abastecimiento, colgando gomas hasta de los árboles a lo largo de kilómetros para recuperar el suministro, gastándose el presupuesto municipal en plantas desnitrificadoras que tiran el rechazo cargado de nitratos a ríos o lagos, creando un nuevo problema, y pueblos donde hay miedo a querer saber la calidad del agua que están bebiendo. El norte ha empezado a conocer también el problema. Esto ya no es solo algo del sur o el este del país.

Tubería provisional para llevar agua potable a cuatro pueblos de Vitoria que estaban afectados por nitratos en mayo de 2023 | DATADISTA

La tercera pata de la investigación, basada en los principios del periodismo de soluciones, la aportaron científicos que permiten conocer por un lado el impacto de los nitratos en la salud humana y por otro las técnicas probadas sobre el terreno que podrían ayudar a solventar o al menos mitigar la sobrefertilización del suelo por la agricultura y la ganadería que está en la base de buena parte del problema. También la ciencia ha permitido en el marco de esta investigación verificar que el problema puede ser mayor incluso del que muestran los datos oficiales y que existen municipios con informe de potabilidad en el agua del grifo y que, sin embargo, multiplican por varias veces los límites legales establecidos.

Este trabajo de investigación contó con la financiación del Journalismfund.eu y con elDiario.es para su difusión.

El mapa del alcance de la DANA de Valencia afecta ya a 130.000 viviendas

Antonio Delgado — dom., 10 nov. 2024 12:00:00 +0100

Los 75 municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia suman una población residente de 1,8 millones de personas. Entre ellos se encuentra la ciudad de Valencia, donde los efectos solo se han percibido en los barrios más próximos al nuevo cauce del río Turia. Algunos de los municipios más afectados son Catarroja (29.316 habitantes), Paiporta (27.184 habitantes), Chiva (16.750 habitantes) y Massanassa (10.146 habitantes).

El último recuento de solicitudes recibidas por el Consorcio de Compensación de Seguros para indemnizaciones por daños en construcciones incluye 48.003 viviendas, 8.785 comercios y almacenes, 670 oficinas, 2.658 instalaciones industriales y 30 obras civiles. Es importante destacar que solo las construcciones que cuentan con un seguro privado pueden acceder a indemnizaciones del Consorcio por siniestros extraordinarios. También que esas indemnizaciones no impiden sino que son complementarias a las subvenciones públicas que den las administraciones a todas las personas afectadas, tengan o no seguro.

Para determinar si una vivienda que ha presentado una reclamación está afectada, se utiliza la delimitación de la zona inundable. Sin embargo, esta semana el Consorcio de Compensación de Seguros y los organismos presentes sobre el terreno han constatado que la delimitación realizada el pasado 2 de noviembre por Copernicus EMS requería ajustes en ciertas áreas no identificadas como inundadas.

El Departamento de Geografía de la Universitat de València ha desarrollado una primera versión de un mapa de inundación más preciso, que integra los datos proporcionados por Copernicus EMS con técnicas de teledetección aplicadas a imágenes satelitales proporcionadas por Tracasa Global y el grupo Image and Signal Processing Group de la Universitat de València. También incluye delimitaciones basadas en ortofotos e información recopilada por entidades locales y personas afectadas.

El principal problema es que la delimitación preliminar de Copernicus EMS no había incluido como zonas afectadas por la DANA áreas de Benetússer, Massanassa, Catarroja o Albal, entre otros municipios.

En DATADISTA hemos utilizado esta nueva delimitación cartográfica para refinar la estimación de las viviendas de uso residencial potencialmente afectadas por la DANA, tomando como base todos los edificios de uso residencial publicados por el Catastro. En total, más de 130.000 viviendas están ubicadas en áreas inundadas por la DANA en la provincia de Valencia. Esta cifra no implica que todas hayan sufrido daños, sino que refleja el número de viviendas situadas dentro de la zona delimitada por la inundación.Como publicamos la semana pasada, tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA en Valencia fueron construidas en zonas inundables durante la burbuja inmobiliaria.

La siguiente tabla muestra el número total de viviendas de uso residencial ubicadas en los 15 municipios con mayor número de viviendas potencialmente afectadas por la DANA en la provincia de Valencia. Estos datos, obtenidos del Catastro y combinados con la nueva delimitación cartográfica elaborada por la Universitat de València, ofrecen una aproximación de la distribución de las viviendas dentro de las zonas delimitadas como inundadas.

Municipio	Posibles viviendas afectadas
Algemesí	13.269
Catarroja	12.214
Xirivella	11.748
Paiporta	11.508
Alfafar	9.351
Aldaia	9.226
València	7.804
Benetússer	6.815
l'Alcúdia	5.784
Picanya	4.843
Alberic	4.813
Massanassa	4.409
Sedaví	4.300
Albal	4.087
Villanueva de Castellón	3.272
Fuente:Universitat de València, Copernicus EMS, IGN y elaboración propia.

La comarca de l'Horta Sud es considerada la zona cero de la catástrofe, con pueblos enteros sepultados en barro y la mayoría de los 214 fallecidos contabilizados hasta el momento. Este mapa muestra la magnitud de la catástrofe en los municipios del área metropolitana sur de la ciudad de Valencia.

Otro de los lugares más afectados en la provincia de Valencia ha sido Algemesí. El desbordamiento del río Magro inundó la ciudad, provocando hasta el momento tres fallecidos como consecuencia directa de la DANA, además de una víctima más que perdió la vida al no poder recibir asistencia sanitaria. El municipio permaneció incomunicado durante más de un día.

Tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA en Valencia se construyeron en zona inundable durante la burbuja

Antonio Delgado — dom., 03 nov. 2024 12:30:00 +0100

Más de 75.000 viviendas afectadas en 47 municipios en Valencia.
La mayoría de estas edificaciones se construyeron en zonas inundables, identificadas en el Patricova aprobado en 2003.
La rambla del Poyo tuvo un caudal cinco veces el del río Ebro.

La mayor catástrofe ocurrida en España, al menos en lo que va de siglo, empieza a arrojar datos que permiten analizar causas de lo que se hizo en el pasado para poder aprender lecciones a futuro. A la espera de que las autoridades actualicen la cuantificación más dura, la temida cifra de fallecidos, que se espera que escale desde los datos hechos públicos hasta ahora, el área inundada por la DANA en la provincia de Valencia es de 15.633 hectáreas, con una población afectada que asciende a las 190.000 personas, 17.597 edificaciones residenciales implicadas y 3.249 km de calles y carreteras inundadas, según una primera estimación realizada por el sistema europeo de emergencias por satélite Copernicus EMS.

Un análisis realizado por DATADISTA de todos los edificios para uso residencial publicados por el Catastro y ubicados en la zona delimitada de forma preliminar por Copernicus EMS muestra que más de 75.000 viviendas se encuentran afectadas por las inundaciones de Valencia. En este gráfico puedes ver la evolución en el año de construcción de todas las viviendas afectadas por la DANA, desde 1950 hasta la actualidad. Casi un tercio se construyó en este siglo, es decir, coincidiendo con los años en que se gestó y alcanzó su cota máxima la burbuja inmobiliaria y financiera que acabó estallando en torno a 2008 y 2009. ¿Qué normativa sobre las zonas inundables regía en ese periodo?

Buena parte de esas edificaciones afectadas se levantaron sobre zona inundable sabiendo que lo era, puesto que en 2003, el Gobierno de la Comunidad Valenciana aprobó el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova).

El siguiente mapa muestra todas las construcciones de esta área, donde cada color representa el año de finalización de su construcción, así como el área de inundación preliminar cartografiada por Copernicus EMS.

Antes de 1960

1960-1979

1980-1999

2000-actualidad

La zona cero de la catástrofe se sitúa en el cinturón sur del área metropolitana de Valencia, donde viven más de 200.000 personas. Es una zona situada en un área inundable, ya que recibe las precipitaciones generadas en el interior de la provincia, que desembocan principalmente en la Albufera de Valencia y en el mar a través del nuevo cauce del río Turia.

Plan de Prevención del Riesgo de Inundación

El Patricova se creó con el objetivo de establecer directrices y normativas para la ordenación del territorio, considerando la peligrosidad y vulnerabilidad frente a inundaciones, con el fin de minimizar riesgos. En 2015, se llevó a cabo una revisión del plan para actualizar los mapas de peligrosidad y riesgo, añadir restricciones para la construcción en zonas de riesgo, alinear el plan con la Directiva Europea de gestión de inundaciones y añadir consideraciones sobre el cambio climático.

Este mapa muestra la envolvente de peligrosidad por inundación del Patricova superpuesta sobre una imagen aérea tomada en los años 1956-1957, conocido como "vuelo americano", y sobre una imagen satelital actual, donde se observa el avance de las construcciones en la zona en las últimas décadas.

Envolvente de peligrosidad por inundación del Patricova sobre una imagen aérea tomada en los años 1956-57 e imagen de satélite actual | Patricova, IGN

A nivel nacional, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) regula las zonas asociadas al cauce de los ríos y establece limitaciones a los usos del suelo en dichas áreas. La última modificación fue en 2023, pero sigue permitiendo la construcción de viviendas en zonas inundables, siempre que, en función de su riesgo y peligrosidad, se adopten medidas para mitigar el riesgo y mejorar la seguridad. El Consorcio de Compensación de Seguros dispone de una guía explicativa sobre cómo implementar estas medidas ya que alrededor de 3 millones de españoles viven en zonas de alto riesgo de inundación.

La rambla del Poyo tuvo un caudal cinco veces el del río Ebro

Una parte importante de las inundaciones ocasionadas por la DANA se debió a una inundación fluvial, provocada por las escorrentías producidas en barrancos y lugares más elevados, donde un tren de tormentas se autorregeneró durante horas en el mismo lugar. La estación meteorológica de AEMET en Turís (Valencia) registró una precipitación acumulada en 24 horas de 771 litros por metro cuadrado, con una precipitación máxima en una hora de 184,6 l/m² y un pico de 42 l/m² en solo 10 minutos. Es el récord absoluto de lluvia en España en una hora.

Esta acumulación de precipitaciones en la cabecera de ramblas, ríos y barrancos hizo que, en cuestión de pocas horas, comenzara a aumentar de manera exponencial el caudal de ramblas que están habitualmente secas, especialmente en este periodo de sequía prolongada en el que se encuentra la zona cero del desastre.

Las precipitaciones caídas en Turís terminan en la rambla del Poyo. Esta rambla es un curso de agua estacional cuyo origen fluvial es complejo, ya que recibe aportes de otras ramblas, canales y barrancos. Tiene un desnivel superior a los 1.000 m en 50 km.

La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un caudalímetro instalado en la rambla del Poyo, entre los municipios de Chiva y Torrent. A partir de las 11:00 h, el caudal comenzó a aumentar, lo que motivó un primer aviso al Centro de Coordinación de Emergencias, que emitió una alerta a las 12:20 h. La alerta está publicada, entre otros sitios, en la página web del Ayuntamiento de Chiva.

El último valor registrado por el caudalímetro alcanzó los 2.282,9 m³/s, este dato supone cinco veces superior al caudal medio del rio Ebro a su paso por Zaragoza.

En este mapa se muestra la situación al 30 de octubre, capturada por el satélite Sentinel-2 sobre el área inundada cartografiada por Copernicus EMS. En el mapa se visualizan la rambla de Poyo, junto con algunos de los barrancos y canales que desembocan en ella.

Nota: artículo actualizado para incluir un gráfico con los datos registrados cada cinco minutos por el caudalímetro de la Rambla del Poyo y los datos consolidados de la estación de Turís.

Radiografía del empleo fijo discontinuo y la estacionalidad por regiones y sectores

Ana Tudela — dom., 16 jun. 2024 12:30:00 +0200

Hay una región en España en la que aparecen y desaparecen de los datos de afiliación más de 155.000 personas con contrato fijo discontinuo dependiendo de la época del año. Una región en la que, en el pasado mes de mayo, un tercio de los afiliados y afiliadas de todas las modalidades de contratación del Régimen General lo eran con un contrato fijo-discontinuo. Hay otra región que saca pecho de sus datos de empleo al tiempo que critica la estadística nacional y en la que la oscilación de la afiliación fija discontinua es de más de 60.000 empleados en activo dependiendo del mes del año. ¿Apuestas?

Antes de que nadie empiece a ensayar cómo rasgarse las vestiduras de cara a la próxima sesión de control en el Parlamento, este fenómeno no solo lo muestra la estadística de afiliación, por lo que es difícil decir que está oculto, sino que se puede observar de forma histórica sin ruptura del patrón a lo largo de las sucesivas reformas laborales, incluida la última. Los fijos discontinuos solo aparecen en la afiliación cuando están en periodo de actividad y desaparecen en la fase de inactividad, por lo que a efectos de saber cuánta gente está trabajando sirven lo mismo que cualquier otro contrato.

Los datos de paro registrado, que es donde se centran las críticas porque ciertamente no se suman los fijos discontinuos como parados cuando entran en periodo de inactividad, lo que señala un aspecto muy mejorable de la información, eran ya una estadística de baja calidad no ahora sino históricamente, no solo con los fijos discontinuos sino en general. Es el reflejo de que en España nadie se apunta al paro porque ese sea el camino de encontrar trabajo sino por otras causas como puede ser cobrar una prestación o cumplir las condiciones exigidas por una administración, lo que deja fuera de la estadística de paro registrado a un buen número de personas.

Volviendo por ello a la afiliación, estamos en junio. España, el país de los empleos de invierno y de verano, ha dado por iniciada la temporada alta de la hostelería. El pasado mes de mayo, en las Islas Baleares un tercio de las personas afiliadas lo eran con un contrato fijo-discontinuo. Es probable que en julio, se roce el 40%, como ocurrió en 2023.

La imagen cambia sensiblemente si elaboramos el mismo mapa referido al mes de enero de este año, cuando Baleares se queda por debajo o en línea con muchas otras provincias.

Baleares es la provincia donde porcentualmente respecto al total de afiliados del Régimen General más intensamente se está utilizando esta modalidad de contrato, tanto es así que la oscilación entre julio de 2023 y enero de 2024 fue de 155.000 personas afiliadas con contrato fijo-discontinuo en activo. Las cifras aumentan si se mira el mismo mes año tras año y el pasado mes de mayo ha vuelto a registrar un número de fijos-discontinuos mayor al de mayo de 2023.

La causa parece bastante evidente tratándose de Baleares, donde el fenómeno del turismo afecta ya a prácticamente todos los ámbitos, desde el empleo a la vivienda o los servicios. Aunque la estadística no lo da por tipo de contrato, si se mira la afiliación por sectores de actividad en todas las modalidades de contrato del régimen general, se ve la mayor oscilación en el sector de la hostelería.

Aunque en Baleares las cifras puedan ser más llamativas, los cambios estacionales en el sector de la hostelería son marca España.

La hostelería en el empleo en España

En el sector de la hostelería, en España se incrementó el número de personas afiliadas en alta (en todas las modalidades de contrato del régimen general) entre febrero y julio de 2023 en 340.000 y se redujeron en 246.000 entre agosto del año pasado y enero de este año. Entre febrero y mayo de 2024, en el que se espera que se alcancen cifras récord de turistas, la cifra de afiliados en alta (incluidos los fijos-discontinuos en periodo de actividad) han aumentado en más de 280.000.

La hostelería no es el único sector con importantes oscilaciones en las cifras de afiliación ni probablemente el que más suspicacias debería levantar dado que la estacionalidad es evidente. Hay otros donde el uso antes de contratos temporales y ahora de fijos-discontinuos puede resultar mucho más cuestionable por la posibilidad de que esté enmascarando lo que deberían ser contratos indefinidos con retribución en el periodo de vacaciones. Es lo que ocurre en el sector de la educación, otro de los protagonistas del país de los empleos de invierno y de verano.

Comunidad de Madrid y provincia de Barcelona

La curva de la afiliación en el sector de la educación se observa por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde la oscilación se une a la hostelería en el mismo periodo del año. En Madrid se observan también, aunque de forma menos acusada, las variaciones de otros sectores según el periodo del año como es el comercio y quizás el más sorprendente porque además tiene su reflejo en la afiliación fija discontinua, en el de los trabajos administrativos.

Ese tipo de sectores, que entran en periodo de inactividad en verano, unido a que es también el periodo con el empleo en hostelería más bajo en esta región hacen que la misma ejerza un efecto contracíclico en el dato general en España de fijos discontinuos en actividad, puesto que resta en el periodo en el que otras regiones suman más.

Lo que es evidente es que Madrid, por más que se empeñen sus dirigentes en sacar pecho de las cifras de empleo al tiempo que a nivel nacional cuestionan los datos por el efecto de los fijos discontinuos, no está siendo en absoluto ajena a esta modalidad de contratación.

No le va a la zaga la provincia de Barcelona, donde el baile de afiliados y afiliadas en el sector de la educación es aún más acusado, con una variación de casi 71.000 personas entre agosto y octubre del año pasado cuya evolución habrá que observar en los próximos meses porque coincidió parcialmente con una significativa caída del empleo público.

En la afiliación, es decir, los empleados y empleadas en periodo de actividad con contrato fijo discontinuo esos movimientos se traducen en una oscilación de más de 49.000 personas.

El peso de los fijos discontinuos en el empleo en España

La reforma laboral que entró en vigor plenamente en abril de 2022, al eliminar o limitar a supuestos muy tasados la posibilidad de hacer contratos temporales, provocó un incremento del empleo fijo-discontinuo, diseñados para que en los periodos sin actividad, incluso cobrando la prestación por desempleo, se mantenga el vínculo entre el empleado o empleada y la empresa.

Aunque atendiendo a la crítica política podría parecer que el empleo que se ha creado en España desde el cambio en las normas de contratación se debe fundamentalmente a la modalidad fija discontinua, las cifras cuentan una realidad muy diferente.

Entre abril de 2021 y mayo de 2024, las personas afiliadas con contrato indefinido a tiempo completo, el considerado de mayor calidad, han aumentado en 2.140.088. Las indefinidas a tiempo parcial, en 805.642. Y las afiliadas con contrato fijo-discontinuo, en 743.630.

En el mismo periodo, la afiliación temporal a tiempo completo a caído en 1.037.897 y a tiempo parcial en 685.369, lo que no deja de ser lógico dadas las limitaciones que se han puesto a este tipo de contratos.

La otra historia de la crisis del agua: sé lo que hicisteis en las últimas sequías

Ana Tudela — dom., 04 feb. 2024 10:22:42 +0100

Desde la profunda sequía de los años noventa, cada periodo seco ha servido para implantar medidas de emergencia para la agricultura o permitir prácticas que no se eliminaron al volver las lluvias, se emplearon para ampliar regadíos, aumentando el problema de sobreexplotación y contaminación de acuíferos y los humedales a los que alimentan. Cada sequía ha contribuido a agravar los desastres actuales de Las Tablas de Daimiel o el Mar Menor y los problemas de abastecimiento en decenas de pueblos de la Mancha Húmeda o Andalucía, pero también ha puesto al límite a la propia agricultura. Esta es la historia.

Situación de las Tablas de Daimiel en septiembre de 2022 | DATADISTA

Enero de 1993. La sequía no remite. En la Loma de Úbeda (Jaén) las aceitunas se arrugan sin grasa en las ramas de los olivos, se afligen, dicen los olivareros viendo perderse los árboles. Olivos centenarios, con troncos retorcidos de tres pies, están al límite. Del cielo no llueve pero bajo las raíces de los olivos hay 1.173 kilómetros cuadrados de un acuífero aún sin catalogar. Nadie sabe que existe.

La masa de agua subterránea Úbeda tiene una superficie de más de 1.000 kilómetros cuadrados | DATADISTA

Olivo de tres pies en La Loma de Úbeda | DATADISTA

Los campos de maíz, de remolacha, que tienen ya sobreexplotadas las masas de agua subterránea de la llamada Mancha Húmeda, las que alimentan las Tablas de Daimiel y dan de beber a decenas de pueblos manchegos, se ven obligados a convertirse a cultivos menos demandantes de agua. La Ley de 1970, que en la primera mitad de los noventa sigue en vigor, es clara. Si quieren volver al viñedo, está prohibido regarlo.

En Murcia, en el Campo de Cartagena junto al Mar Menor, el trasvase desde el Tajo al Segura está en mínimos y los acuíferos de los que se ha estado sacando agua, sobreexplotados. Hay un acuífero que está a rebosar pero sus aguas, además de salobres por la conexión con el Mar Menor, están altamente contaminadas por los nitratos de los fertilizantes del regadío que llevan décadas filtrándose al subsuelo. Para utilizar el agua sería necesario desalobrarla, si no, no es apta para el riego. Pero el proceso genera un vertido en el que se concentran los nitratos y que sería un alto riesgo para el Mar Menor.

Situación de las masas de agua subterránea en el Campo de Cartagena

En Sevilla, se corta el agua del grifo la mitad del día. Madrid extrae agua subterránea y desde ríos ajenos al sistema del Canal de Isabel II. Hay problemas de abastecimiento en media España y aún quedan dos años de sequía. Administraciones, agricultores, particulares perforan el suelo sin descanso en busca de agua.

En la Loma de Úbeda, en Jaén, pinchan al fin el acuífero gigantesco y confinado. Los árboles del olivarero que abre un pozo multiplican hasta por cinco la cosecha típica de un año de lluvias con el árbol en secano. La PAC, que pagaba entonces por producción, riega la Loma.

El 4 de octubre de 1994, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autoriza la utilización del agua salobre del acuífero Cuaternario bajo el Campo de Cartagena, junto al Mar Menor, cuya desalación también autoriza de forma temporal. La CHS permite en principio que los vertidos, que concentran los nitratos, acaben en el Mar Menor, tal y como demuestran los documentos que desveló DATADISTA en la investigación Mar Menor: historia profunda de un desastre.

Imagen de la operación Chandos realizada por la Guardia Civil el 11 de abril de 2019 | GUARDIA CIVIL

El fertilizante que alimenta lechugas en la tierra abona el fitoplancton en el agua haciendo que se reproduzca sin control. La CHS revertirá en pocos años las autorizaciones temporales para más de 50 desaladoras pero deja de controlarlas durante años permitiendo que se instalen por centenares bajo el Campo de Cartagena.

No se abrirá ni un expediente a una desalobradora ilegal hasta 2014. Cuando se empiece a investigar, se descubrirá que bajo el Campo de Cartagena se creó una inmensa red de canalizaciones, plantas de osmosis inversa, ocultas en rampas móviles y hasta alimentadas con baterías de vehículos enterrados para que la red eléctrica no ayudase a su localización.

En los noventa se autorizó además la utilización de pozos de sequía que deberían haberse cerrado con la vuelta de las lluvias, cosa que no se hizo hasta 2015 para después, ante un nuevo periodo seco, permitir el uso de buena parte de ellos.

Así se contaminó la laguna tras tres décadas incumpliendo la ley, una verdad a medias sobre el origen del agua que alimentaba el regadío y un caos subterráneo de canales, desaladoras y vertidos que primero se fomentó y después se dejó crecer sin control.

La Loma de Úbeda: descubrir y dañar un acuífero en tres décadas

En 1995, las reservas de las cinco cuencas del sur (Guadiana, Guadalquivir, Sur, Júcar y Segura) llegaron a estar en la tercera parte del nivel en 1990. Las restricciones en el consumo de agua afectaron a 12 millones de personas. El Gobierno central se planteó inversiones multimillonarias en infraestructuras para abastecimiento.

A finales de 1995, empezó a llover con fuerza. Los planes de infraestructuras se abandonaron. El 15 de enero de 1996, el Gobierno central aprobó la Ley de medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía, que derogó el artículo del Estatuto de la vid que prohibía ponerlo en riego. La medida se dirigió claramente a Castilla-La Mancha. El efecto llamada fue brutal. El campo había sufrido mucho con la sequía. Se dejó hacer. Las políticas autonómicas potenciaron la conversión del viñedo a regadío.

Masas de agua subterránea en mal estado y buen estado cuantitativo en la cuenca del Guadiana y extensión del acuífero 23. | Confederación Hidrográfica del Guadiana, IGN

Tipos de cultivo en la cuenca del Guadiana: Viñedos, Terrenos regados, Arrozales, Frutales, Olivares y Mosaico de cultivos | Confederación Hidrográfica del Guadiana, CORINE Land Cover 2018

En La Loma de Úbeda, las lluvias no hicieron que se revirtieran los olivos al secano. Aún hoy es la región de cultivos permanentes de España que más cobra de la PAC. El Gobierno andaluz puso durante muchos años el olivar en regadío como ejemplo de éxito en la producción de aceite. Tanta agua se sacó que en pocos años los pozos empezaron a dar señales de que se estaba dañando gravemente al acuífero. El IGME lo advertía en sus informes. El agua, que al principio salía con una fuerza de hasta 100 litros por segundo, la fue perdiendo en muchos pozos hasta llegar a dejarlos secos. Los olivareros trataron de crear una comunidad de regantes para ordenar las extracciones pero las competencias de ida y vuelta en agua entre la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la inacción de las administraciones, además de irregularidades en los procesos, dejaron sus tentativas en nada. En la Loma los olivos han tenido que volver a secano a la fuerza cada vez en más puntos.

Aceitunas de La Loma en octubre de 2021, dos meses antes de la cosecha, en un olivo sin regar. | DATADISTA

Historia de cómo las aguas subterráneas que salvaron una de las mayores zonas olivareras de España de la sequía de los noventa están ya al límite y con pozos secos.

Radiografía de los humedales de España: el mapa que el Gobierno no tiene

2009

Año 2009. La sequía se alarga de nuevo. El déficit de lluvias ya va para cuatro años. El 6 de febrero, el Gobierno de España recibe un escrito de la Secretaría Ramsar, que gestiona el prestigioso convenio internacional de humedales, preguntando por la aplicación del Plan del Alto Guadiana que, en teoría, debería haber servido para mejorar la complicada situación que sufre el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Cerceta pardilla, un ave en peligro de extinción, en las tablas de Daimiel a finales de enero de 2024 | DATADISTA

El Plan había diseñado toda una serie de medidas tras estudiar en detalle el daño a los acuíferos y el Parque debido a la puesta masiva en regadío de los cultivos de la región. De las 20.000 hectáreas regadas de los años setenta del siglo XX, dice el Plan, se había pasado a más de 200.000 hectáreas en la primera década del XXI, la inmensa mayoría sobre acuíferos sobreexplotados. El mismo Plan había detectado, junto a los pozos legales, que ya extraían más agua de la que era capaz de reponer el ciclo natural, alrededor de 7.000 pozos ilegales. El 2 de marzo de 2009 es la Comisión Europea la que escribe a España para saber si se está aplicando la directiva Hábitat en las Tablas.

Quedan menos de cuatro meses para que las primeras señales de humo salgan al exterior colándose entre las grietas de la tierra seca del Parque y den la alarma del incendio subterráneo de la turbera. Ante la falta de agua y las altas temperaturas, la capa vegetal nacida bajo el suelo del humedal entrará ese verano en combustión, tal y como hacía años había alertado el IGME. El desastre amenazaba ya con ser irreversible.

A principios de octubre de ese año 2009, se celebra la reunión anual del Comité de Humedales, un encuentro entre el Gobierno y responsables de cada comunidad autónoma al que se da cero repercusión informativa a pesar de que es donde se pasa revista a la situación de las zonas húmedas de España (incluidos Doñana, el Mar Menor, Las Tablas, La Albufera de Valencia, el Delta del Ebro junto a cientos de humedales más) y a cuyas actas y fichas de los últimos quince años ha tenido acceso DATADISTA.

Ambos escritos, el de Ramsar y el de Bruselas, y la necesidad de darles respuesta se mencionan en la reunión en la que se repite el orden del día habitual: el tirón de orejas a las comunidades autónomas que no están aportando su catálogo de humedales al inventario nacional para permitir su protección, se ponen deberes y se sacan a la luz las quejas y expedientes que empiezan a llover sobre España por descuidar su riqueza natural.

Diez días después de la reunión, el diario El País publica que Las Tablas de Daimiel arden bajo el suelo desde hace meses. El Gobierno tarda entonces menos de dos semanas en anunciar que ha comprado varias fincas en el entorno de Las Tablas y que va a sacar agua de los pozos situados en las mismas para inyectar un mínimo de agua que sirva para humectar la turbera y sofocar el incendio. A toda velocidad se diseña todo un plan de apertura de sondeos para poder extraer hasta 10 hm3 al año más 2 hm3 de los derechos de las tierras adquiridas para evitar la autocombustión. Se invierten millones en una canalización que lleve agua desde el Tajo.

Situación de las Tablas de Daimiel en septiembre de 2022 (izquierda)
y enero de 2024. | DATADISTA

Los pozos de emergencia se abren pero no se usarán hasta 2020, en medio de otra sequía en la que España sigue inmersa hoy. Razón: a finales de 2009 empieza a llover. A llover a mares. Tanto que en enero del año siguiente hay cerca de 1.500 hectáreas del Parque inundadas, frente a las alrededor de 20 has del otoño. Llueve por encima de la media durante varios años que logran incluso que vuelvan a aflorar temporalmente los Ojos del Guadiana, ciegos desde 1984.

Mapa interactivo actualizado muestra la falta de registro adecuado de humedales en España, revelando desidia gubernamental y errores significativos en la información.

Acuíferos al límite: España daña gravemente sus reservas subterráneas de agua

El 1 de octubre de 2010 se celebra, esta vez en Doñana, la reunión anual del Comité de Humedales. Según el acta de ese día se habla de nuevo de Las Tablas de Daimiel pero en un sentido totalmente distinto al del año previo. Las lluvias han convertido la situación del Parque en algo que celebrar, especialmente porque a España se le ha transmitido "informalmente" desde la Comisión Europea que se va a dejar en suspenso el procedimiento de infracción abierto por la situación del enclave protegido debido a la evolución del último año. La lluvia sumerge el problema. El Gobierno saca pecho de sus medidas como si no hubiera sido el cielo el que hubiera puesto el remedio. Circulen, nada que mirar hasta la próxima sequía.

La imagen de la izquierda muestra la situación de una parte de Las Tablas en 1956.
La imagen de la derecha, la situación actual. | IGN

El tesoro dañado del agua subterránea

Dice el BOE, porque lo dice Europa, que el agua tiene como prioridad el abastecimiento humano. El cambio climático arrecia, los periodos secos se alargan y, si el agua superficial no responde a esa prioridad, España tiene una riqueza enorme bajo el suelo, un entramado de acuíferos que alimenta el caudal de los ríos, alumbra manantiales, genera humedales incluso en las zonas más áridas, dando lugar a ecosistemas privilegiados y, desde hace siglos, dando de beber a cientos de pueblos.

Mal estado cuantitativo

El 27% de las masas de agua subterránea en España se encuentran en mal estado cuantitativo debido fundamentalmente a las extracciones masivas realizadas. Afecta a más del 50% de las masas en las cuencas del Segura, Guadiana y las internas de Cataluña, así como a un tercio en cuencas del tamaño del Guadalquivir, Segura, Duero, Ebro y Júcar.

Mal estado químico

El 30% de las masas de agua subterránea presentan mal estado químico. Afecta a la mayor parte de las masas en las cuencas del Guadiana, Segura, Guadalete y Barbate, Gran Canaria, Tinto, Odiel y Piedras y a un tercio de las del Guadalquivir, Júcar, Duero y Ebro.

Sin embargo, el 80% de las masas de agua subterránea de la cuenca del Guadiana está contaminado por nitratos y el 55%, sobreexplotado. El 37% de la extensa cuenca del Guadalquivir está sobreexplotado y el 28%, contaminado. El 34% de las aguas subterráneas de la cuenca del Ebro está contaminado. El 60% de las masas de agua subterránea del Segura, sobreexplotado. El 35%, contaminado.

En total, el 44% de las masas de agua subterránea en España está en mal estado, ya sea por sobreexplotación, contaminación o ambas, según el análisis realizado por DATADISTA de los documentos de los Planes de Tercer Ciclo (2022-2027) elaborados por las confederaciones hidrográficas y presentados por España ante Bruselas.

El 44% de las masas de agua subterránea está ya en mal estado, ya sea por sobreexplotación, contaminación o ambas.

Todos los culpables del desastre de Doñana

Contaminación en el agua del grifo

El problema de la contaminación de los acuíferos es que, cuando se acude a ellos en busca de agua para beber, ya no es posible. Es lo que les ocurrió a una docena de municipios del Campo de Calatrava unidos en el Consorcio Vega del Jabalón, cuando se quedaron sin agua superficial. Al abrir en 2020 sondeos de agua subterránea de emergencia tras vaciarse el embalse por la sequía vieron que el agua tenía exceso de nitratos. Hubo que invertir en una planta de ósmosis inversa debido al alto nivel de nitratos detectados en el agua extraída.

La falta de lluvias tiene además el efecto de que, en los acuíferos contaminados, los elementos contaminantes se concentran aún más, superando en ocasiones los límites aptos para el consumo humano.

Del efecto de la contaminación en las aguas saben desde hace años en Lierta, un pequeño núcleo urbano perteneciente al término municipal de La Sotonera (Huesca), lleven años bebiendo en verano agua de garrafa repartida por el Ayuntamiento porque la del grifo, contaminada igualmente por nitratos, no se puede beber. En este caso ha sido el efecto de la proliferación de macrogranjas en Aragón, investigado por DATADISTA en El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, el que ha provocado el daño en los acuíferos.

Entre 2016 y 2020, 49 municipios de Aragón superaron el límite en algún momento del año.

La norma: legalizar lo ilegal

Uno de los principales empeños de las autoridades que gestionan el agua, las confederaciones hidrográficas, y las que tienen las competencias para decir si un suelo es regable o no, las comunidades autonómas, ha sido legalizar lo que iba creciendo de forma ilegal. En el Segura, junto al Mar Menor, se acuñó el término “regadío consolidado” para referirse al regadío ilegal anterior a 1998. Lo llamaban "ilegal con asterisco" y en los sucesivos planes de cuenca se fueron buscando las vías para legalizarlo.

El regadío se extendió en el Campo de Cartagena mucho más allá del suelo legal e incluso del legalizado, como denunciaron durante años la asociación Anse y WWF, que realizaron un pormenorizado estudio que detectó alrededor de 12.000 hectáreas ilegales. Ese regadío no empezó a controlarse hasta después del primer episodio de mortandad masiva de peces en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019 y las medidas más drásticas no se tomaron hasta que Europa abrió un expediente a España a mediados de 2020.

De los 7.000 pozos ilegales que detectó el Plan del Alto Guadiana que afectaban a los acuíferos que alimentaban las Tablas pero también al agua del grifo de muchas poblaciones, se legalizaron 4.000 en 2010. La Junta de Castilla-La Mancha votó en contra del último plan de cuenca del Guadiana porque el Gobierno central, de su mismo signo político, no se comprometió a legalizar el resto.

Situación de los cultivos regados en la Corona Norte de Doñana en la campaña 2021-2022 analizados por WWF mediante teledetección | Fuente: WWF, MITECO, CHG, IGN y Junta de Andalucía

En 2003, se aprobaba en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD), que regularizó buena parte de las plantaciones ilegales de fruto rojo a cambio de frenar el robo masivo de agua y el daño a las zonas forestales en el entorno del Parque Nacional. Los invernaderos siguieron creciendo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Comisión Europea utilizan los cálculos de WWF en base a imágenes de satélite que concluyeron que el regadío fuera de ordenación añadido tras la aprobación del POTAD ocupó unas 1.600 hectáreas, las que pretendió regularizar el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla antes del acuerdo con el Gobierno central.

Un humedal en coma mantenido con parches

En 2023, Las Tablas de Daimiel cumplieron 50 años desde su catalogación como Parque Nacional. Celebraron su cumpleaños secas, con las hectáreas mínimas inundadas artificialmente para evitar que se repita el incendio de 2009.

Flamencos en las tablas de Daimiel a finales de enero de 2024 | DATADISTA

Se las mantiene al límite del desastre absoluto con aportaciones artificiales: trasvases de ríos en superficie, medida descartada hace tiempo por el escaso volumen de agua que llega debido a la evaporación; los pozos de emergencia, que sacan el agua del mismo acuífero sobreexplotado que ha causado el desastre; y excepcionalmente agua del Tajo canalizada a través de la llamada tubería manchega, que entró en funcionamiento en 2023 para dar agua de beber a decenas de pueblos de la región. Una infraestructura que no tiene permitido tener fines medioambientales pero que se usó para derivar agua a Las Tablas (1,2 hm3) aprovechando el periodo de pruebas.

Meses en los que se han activado los pozos de sequía.
Envío de agua desde la tubería manchega.

Superficie inundada en las Tablas de Daimiel (en hectáreas). Fuente: CHG

Dice el Plan Rector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel aprobado en 2017 que el “objetivo mínimo de inundación” para el Parque son “1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera y 600 hectáreas a finales de verano”. El máximo se estableció en 2.200 hectáreas. Desde que se inició en 2019 la sequía actual, por más agua que se aporte de forma artificial ha habido periodos en que la superficie inundada ha estado en torno a 20 hectáreas, ni el 1,5% de la superficie inundable. En septiembre del año pasado llegó a estar en 6 hectáreas, según el informe de sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de ese mes. El Gobierno de Castilla La Mancha ha asegurado recientemente que se han alcanzado las 200 hectáreas, aunque el último informe publicado refleja aún una superficie inundada de 40 hectáreas el 1 de enero de 2024.

Todas las figuras de protección sobre el papel no han servido para proteger ni los enclaves más especiales.

Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Parque Nacional, Reserva de la Biosfera, humedal incluido en la lista Ramsar del convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional, parte de la Red Natura. Y casi desaparecido cuando no llueve por la sobreexplotación de las aguas subterráneas que lo alimentaban antaño.

Fincas cedidas por las administraciones públicas para cultivar fruto rojo, fincas privadas con canalizaciones kilométricas que desviaron los cauces causando un enorme daño

Doñana. Parque Nacional, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, zona especial de protección de aves, humedal Ramsar. Y con buena parte de las lagunas temporales ya desaparecidas, la permanente de Santa Olalla secándose ya durante dos veranos consecutivos y con las aves invernantes reducidas a menos de la mitad que hace un año, según alertó ayer la Estación Biológica de Doñana.

Mar Menor. Lugar de Interés Comunitario, ecosistema incluido en la Red Natura 2000, Zona Especial de Protección de Aves, Área de Protección de Fauna Silvestre, humedal de Importancia Internacional incluido en el Convenio Ramsar, zona especialmente protegida de Importancia para el Mediterráneo. Presionado durante décadas por los residuos mineros, el urbanismo desbocado y desequilibrado definitivamente por los nitratos de los fertilizantes del regadío intensivo que lo eutrofizaron y han provocado sucesivos episodios de sopa verde y mortandad masiva de peces.

El coste millonario para revertir el daño

Trasvases, canalizaciones, plantas de desalinización de agua del mar, planes de recuperación. Para el Mar Menor, Doñana, y ahora también para Las Tablas suman por el momento más de mil millones de euros comprometidos en la recuperación, de los que una parte importante vendrá de Europa, gracias a los fondos NextGeneration EU.

"El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" gana el premio europeo Climate Journalism Award 2023 al mejor trabajo de Datos

DATADISTA — jue., 12 oct. 2023 20:17:03 +0200

La investigación "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata", realizada por DATADISTA, que denuncia el impacto medioambiental de las macrogranjas porcinas en Aragón, ha sido galardonada con el premio europeo Climate Journalism Award 2023 en la Categoría de Datos, otorgado por el European Journalism Centre (EJC).

Según el jurado, la investigación de DATADISTA "logró un equilibrio difícil: una recolección de datos innovadora y un análisis complejo presentado en un formato interactivo que hizo que el contenido científico desafiante fuera atractivo, accesible y relevante para el público general. Este compromiso de no solo deslumbrar, sino también explicar, es una hazaña rara en el periodismo de alto nivel basado en datos y muy necesaria para impulsar una mayor comprensión, conciencia y acción del público sobre las crecientes catástrofes ambientales."

Este galardón es el cuarto reconocimiento que recibe la investigación de DATADISTA. En los últimos meses "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" ha recibido el Premio de Periodismo de Investigación API 2023, en la categoría de Datos; fue nominado al prestigioso Premio Gabo 2023 en la categoría de Mejor Cobertura y recibió una mención especial en la III edición del Premio Periodista Vicente Verdú de Periodismo e Innovación.

En "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" revelamos cómo zonas altamente tensionadas por macrogranjas han contaminado ríos, acuíferos e incluso el agua del grifo. Aragón es la primera comunidad autónoma por censo de ganado porcino en España. El 25% de las tierras de la región aptas para fertilización han recibido más nitrógeno del permitido, según un análisis basado en datos públicos de 1,8 millones de parcelas realizado por primera vez. En municipios como La Sotonera (Huesca) el agua del grifo ya no se puede beber. Los niveles de nitratos acumulados superan por mucho el límite de 50 miligramos por litro considerado admisible para consumo humano.

La investigación de DATADISTA ahonda en los orígenes del fenómeno de las macrogranjas en Aragón, poniendo nombres a políticos, empresas y cifras a los beneficios obtenidos y logró los testimonios de granjeros aragoneses, hoy reducidos a empresarios sin ganado propio que ponen las instalaciones, la mano de obra y la gestión de los purines, sobre las condiciones en ocasiones draconianas a las que los someten las integradoras de porcino.

Este trabajo de investigación, que contó con la financiación del Journalismfund.eu y con elDiario.es para su difusión, ha resultado ganador entre 181 candidaturas recibidas con sede en 46 países de todo el continente europeo.

Además del trabajo de DATADISTA, también han sido premiados en esta primera edición de los premios Climate Journalism Award, el trabajo "The country trailblazing the fight against disasters" de Catherine Davison para BBC - Future Planet en la categoría de Storytelling & Solutions; "So haben Sie den Gletscherschwund noch nie gesehen" de Tages-Anzeiger en la categoría de Visualización; "Carbon pirates": why offsets are not working de The Guardian, Die Zeit y Source Material en la categoría de Investigación y el trabajo "The Sinking Cities Project" de Unbias the News en la categoría de Talento Emergente.

Los ganadores fueron anunciados en una ceremonia celebrada el 12 de octubre en Lisboa durante el encuentro News Impact Summit: Elevating Climate Journalism (#NISLIS).

"El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" gana el premio API de Periodismo de Investigación 2023 al mejor trabajo de Datos

DATADISTA — mar., 05 sep. 2023 12:00:00 +0200

La investigación "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata", realizada por DATADISTA, que denuncia el impacto medioambiental de las macrogranjas porcinas en Aragón, ha sido galardonada con el premio de periodismo API en la categoría de datos. Este reconocimiento, otorgado por la Asociación de Periodistas de Investigación de España (API), valora la labor de periodistas comprometidos en exponer el abuso de poder y denunciarlo con datos y hechos documentados.

Según el jurado, "el reportaje multimedia destaca por su solidez, rigor y atractivo visual, abordando un tema de gran relevancia para la salud pública." En "El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata" revelamos cómo zonas altamente tensionadas por macrogranjas han contaminado ríos, acuíferos e incluso el agua del grifo. Aragón es la primera comunidad autónoma por censo de ganado porcino en España. El 25% de las tierras de la región aptas para fertilización han recibido más nitrógeno del permitido, según un análisis basado en datos públicos de 1,8 millones de parcelas realizado por primera vez. En municipios como La Sotonera (Huesca) el agua del grifo ya no se puede beber. Los niveles de nitratos acumulados superan por mucho el límite de 50 miligramos por litro considerado admisible para consumo humano.

Este trabajo de investigación, que contó con la financiación del Journalismfund.eu y con elDiario.es para su difusión, ha resultado ganador entre más de 60 candidaturas recibidas en esta edición, de las cuales 48 cumplían con todos los requisitos establecidos en las bases. Un comité formado por colegas asociados realizó una preselección de las propuestas, evaluando aspectos como la amplitud de fuentes utilizadas, la calidad narrativa, una sólida metodología de verificación, la repercusión y relevancia del tema para la sociedad, así como la neutralidad e independencia del trabajo presentado.

Además del trabajo de DATADISTA, también han sido premiados el podcast "El silencio roto" de El País, en la categoría general, y el documental "El techo amarillo", dirigido por Isabel Coixet, en la categoría local.

El jurado de esta tercera edición ha estado presidido por Gerardo Reyes, periodista colombiano y director del equipo de investigación de Univision en Estados Unidos, premio Pulitzer y premio María Moors Cabot. Lo han acompañado: Marta Sánchez Esparza, periodista, doctora en Comunicación y docente en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE); Marian Chaparro Domínguez, profesora de Redacción e Innovación Periodística en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en periodismo de datos, redes sociales y desinformación; Luis Arroyo, director del Ateneo de Madrid, sociólogo, profesor y consultor de comunicación con una extensa trayectoria; y Nacho Carretero, periodista y escritor, autor de "Fariña" y "En el corredor de la muerte."

La gala de entrega de los III Premios de Periodismo de Investigación de la API se celebrará el 19 de septiembre de 2023 en Madrid, en la Sala Triangular del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). También será transmitida en streaming a través de la cuenta YouTube de la asociación. El evento estará presentado por la periodista Macarena Berlín, de la Cadena Ser, y contará con un monólogo especial de la periodista y guionista Marisa Mañanós.

El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, nominado al premio Gabo 2023 de mejor cobertura

DATADISTA — jue., 15 jun. 2023 16:00:00 +0200

La investigación transnacional El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata, liderada por DATADISTA y The Guardian, con la colaboración de elDiario.es para su difusión, ha sido nominada al prestigioso Premio Gabo 2023 en la categoría de Mejor Cobertura.

Este trabajo, que contó con la financiación del Journalismfund.eu, forma parte de la selección de los mejores 50 trabajos periodísticos entre 1.943 postulaciones recibidas de países de América Latina, España y Portugal. La lista de nominados está conformada por 10 trabajos seleccionados para cada una de las cinco categorías del concurso: Texto, Cobertura, Imagen, Audio y Fotografía.

La investigación

España y Alemania han convertido la producción de cerdo para exportación en una de sus historias económicas de éxito en este primer cuarto de siglo. El gigante británico de los supermercados Tesco tiene en la carne de pollo uno de sus principales reclamos. La carne barata deja amplios márgenes de ganancia pero producirla reduciendo al mínimo los costes, especialmente los de transporte, ha concentrado las granjas en territorios incapaces de asumir ya los daños producidos en las aguas por los excrementos de los animales.

En El oscuro rastro en el agua del negocio de la carne barata revelamos cómo zonas altamente tensionadas por macrogranjas han contaminado ríos, acuíferos e incluso el agua del grifo. Aragón es la primera comunidad autónoma por censo de ganado porcino en España. A finales de 2021 contaba con casi 10 millones de animales repartidos en 4.577 explotaciones activas de las cuales el 90% tiene más de 1.000 plazas de cebo o más de 400 madres reproductoras. Esta investigación reveló por primera vez las consecuencias para el medioambiente y la salud pública.

La investigación localizó las zonas de muy alta concentración de ganadería intensiva en tres países europeos, analizó cómo los territorios elegidos fueron capturados por el negocio de la carne, demuestró con datos e imágenes prácticas de alto riesgo como la sobrefertilización con purines de terrenos muy por encima de los límites fijados y el grado de daño que soportan ya sus aguas.

Imagen tomada de una explotación de porcino industrial en Tauste (Zaragoza) el 2 de junio de 2022 donde se observa que unas horas antes habían abonado con purines los terrenos pegados a la explotación. | Fuente: DATADISTA

El 25% de las tierras de Aragón aptas para fertilización han recibido más nitrógeno del permitido, según un análisis basado en datos públicos de 1,8 millones de parcelas realizado por primera vez. En municipios como La Sotonera (Huesca) el agua del grifo ya no se puede beber. Los niveles de nitratos acumulados superan por mucho el límite de 50 miligramos por litro considerado admisible para consumo humano.

Hugo Morán: “Tenemos que reducir superficie de regadío y la presión sobre el agua, manteniendo la producción"

Ana Tudela — dom., 23 abr. 2023 12:00:00 +0200

“Con el modelo de regadío que tenemos ahora mismo, hay determinados territorios en los que hemos superado la capacidad de respuesta. Esperar a que sea el cambio climático el que nos enfrente a esa cruda realidad es complicado”.
“La preservación de la calidad y cantidad de agua de nuestros acuíferos viene a ser la mejor garantía para no tener al país sometido a una situación crítica por riesgo de abastecimiento. (…) Son el ahorro de agua para nuestros hijos”.
“Hay un 44% [de las masas de agua subterránea] en riesgo de no alcanzar el buen estado, cuantitativo o químico”.
“Hay poblaciones que se suministran históricamente de masas de agua subterránea en las que las aguas han dejado de ser potables. (…) Hemos entrado en una dinámica perversa: primero cargamos las aguas de nitratos y luego nos gastamos dinero en desnitrificar”.
“Tenemos que abandonar el discurso (…) de que vivimos en un país con cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Eso ya no existe. Es una ficción. (…) Todas las cuencas en estos momentos están sobrepasadas en demandas”.
[Sobre el trasvase del Ebro] “Nunca se va a ejecutar. Solamente sirve para hacer discursos electorales. Es lamentable que se sigan utilizando argumentos que se sabe que nunca se van a poder llevar a cabo”.
“Como país estamos en condiciones de garantizar el suministro de agua potable a la ciudadanía. España es probablemente uno de los países que tiene mayor capacidad. (…) Dicho esto, tenemos que poner en marcha mecanismos de anticipación para poder dar respuesta a escenarios bastante más exigentes, que son los que nos vamos a encontrar por delante”.
“No podemos prescindir ni de una sola gota de agua por razones de sobreexplotación o uso indebido. (…) El agua es una política de seguridad de un país”.
“Si hay un criterio que tiene la vicepresidenta es no trasladar más herencias envenenadas hacia el futuro. (…) Estamos en condiciones de asumir lo que supone en términos de desgaste [en periodo electoral], si es que es así, que yo creo que no si se da una buena explicación a los ciudadanos”.
[Con respecto al acuífero de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, además de los pozos ya cerrados, tiene abierto expediente a] “400 pozos que, en la medida en que se vayan agotando los procedimientos y devengan firmes los expedientes, se irán cerrando”.
“Las Tablas de Daimiel van a cumplir sus 50 años con un plan de acción, gemelo del Mar Menor o Doñana, que incluye planificación y financiación de 250 millones de euros”.

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, se sienta de nuevo con DATADISTA para analizar la situación actual y futura del agua en España, donde algunas regiones han superado su capacidad de respuesta y el cambio climático amenaza con agravar la situación. Morán habla de Doñana, de los mensajes sobre trasvases y del estado de los acuíferos en España. También del posible desgaste electoral que la política de agua puede provocar de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo y el enfrentamiento con los gobiernos autonómicos de todo signo político.

CONTEXTO
Sequía. Problemas en los campos, en los ecosistemas protegidos y, en algunas zonas, ya en el agua del grifo. España cuenta con una riqueza, un tesoro subterráneo formado por una inmensa red de acuíferos que la legislación nacional y comunitaria dicen que hay que proteger porque tiene como prioridad el abastecimiento humano, especialmente cuando el cambio climático arrecie. Este país acaba de decirle a Europa que el 44% de esas masas de agua subterránea está en mal estado, ya sea cuantitativo (se ha extraído más agua de la que es capaz de reponer el ciclo); cualitativo (se han contaminado, fundamentalmente por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería) o ambos.

¿Qué importancia tienen o deberían tener las aguas subterráneas en momentos de sequía para el abastecimiento humano y cómo es posible que se haya llegado a la situación actual de mal estado?

Una masa de agua subterránea deberíamos de considerarla como un plan de ahorro. Son los fondos de ahorro que tiene un país para poder atender situaciones complicadas que puedan darse en el futuro. Y como consecuencia, deberían ser esos ahorros que no se deberían de tocar en momentos ordinarios.

¿Qué es lo que nos ha venido ocurriendo de forma tendencial a lo largo de las últimas décadas?, que han acabado convirtiéndose en recursos ordinarios y eso debilita al país a la hora de tener que hacer frente en términos de resiliencia, de garantía, a situaciones excepcionales, de sequías, por ejemplo. Eso obliga a buscar recursos alternativos.

Creo que deberíamos tomar conciencia de que son el ahorro de agua para nuestros hijos, si queremos verlo de esa manera, y conviene que no nos gastemos nosotros los ahorros que van a necesitar nuestros hijos.

Dentro de la jerarquía de usos que establece la Directiva Marco del Agua, evidentemente los primeros usos sabemos cuáles son: el abastecimiento para agua de boca y los usos ambientales. En sí mismos, los usos ambientales, que es la preservación de la calidad y cantidad de nuestros acuíferos, vienen a ser la mejor garantía para no tener en un momento determinado al país sometido a una situación crítica por riesgo de desabastecimiento.

El estado de una masa de agua es el resultado de la operación, en su caso, de estado cuantitativo y cualitativo. Al combinar estos dos, el resultado de porcentaje de masas de agua subterránea de España en buen estado es el 56%, por lo cual hay un 44% que está en riesgo de no alcanzar el buen estado, cuantitativo o cualitativo.

CONTEXTO
La Directiva Marco del Agua obligaba a tener los acuíferos en buen estado en 2015, salvo excepciones. No se cumplió. Era posible acogerse a prórrogas hasta 2021. El plazo no se ha cumplido tampoco, es más, muchas masas han empeorado. El horizonte teóricamente definitivo, es 2027, y en los planes de tercer ciclo recién enviados a Bruselas ya se ha avisado de que un porcentaje importante de acuíferos tampoco van a lograr el buen estado, dada su situación actual. En el 19% de las masas de agua subterránea ya se da por hecho que no se alcanzará el buen estado en 2027.

En teoría, solo es posible acogerse a prórrogas tras esa fecha si la causa es la enorme inercia de los acuíferos, cuya recuperación una vez deteriorados es muy lenta. Pero hay que demostrar que se han tomado medidas, la principal, la declaración de las masas en riesgo de no alcanzar el buen estado. No basta con declarar en los planes que la masa está en mal estado, es una declaración que debe pasar por el BOE porque solo así activa toda una serie de mecanismos, implica la constitución de comunidades de usuarios y la imposición de restricciones.

Las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Estado, han arrastrado los pies para hacer estas declaraciones incluso cuando el daño a los acuíferos ha afectado a ecosistemas muy protegidos provocando alarma social. Los acuíferos que afectan al Mar Menor o a Doñana no vieron las declaraciones en el BOE hasta 2020 y tras expedientes y sentencias de Europa. Existen demarcaciones como la cuenca del Ebro que han vuelto a aludir a motivos económicos, como el desarrollo de la agricultura y la ganadería, para acogerse a la prórroga en el estado de sus acuíferos. Para el 8% de las masas se da un plazo a 2039 e incluso se anticipa que podría tardarse más en lograr el buen estado.

¿Pueden no dar por buenos en Bruselas los planes de tercer ciclo presentados, dado el estado de las masas de agua en España y lo que se ha tardado en tomar medidas efectivas, como las declaraciones de masas en riesgo? ¿Cuáles son los próximos pasos y posibles consecuencias?

Dicen aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Esta es una situación que se ha venido generando a nivel europeo con carácter general. De hecho, no sé si recordáis, hace aproximadamente dos, tres años se activó un debate en relación a si el 2027 debía de ser la fecha de referencia, teniendo en cuenta que muchos de los países, prácticamente todos, no estaban en condiciones de cumplir con algunos de los objetivos marcados al 2027.

En aquel momento se produjo un debate y la posición que adoptó España fue la de que lo que no podemos es trasladar mensajes equivocados a la ciudadanía, porque si nos marcamos un objetivo en una fecha determinada y luego decimos como no lo alcanzamos y cambiamos la fecha, la credibilidad de la planificación se ve muy mermada. Es preferible que, en aquellos casos en los que no se pueda cumplir objetivamente en los plazos que están determinados, se reconozca que ha habido un déficit en la ejecución, pero debe de responsabilizarse en cada caso la Administración correspondiente. Debe de responsabilizarse de no haber cumplido, no haber llevado a término las obligaciones que le correspondían.

En el 2027, tendrá que rendir cuentas la Administración que en ese momento tenga la responsabilidad de gobierno del país, de este o de cualquier otro.

Los retornos a la normalidad suelen ser mucho más costosos en tiempo y esfuerzos, con carácter general, que los que han llevado al deterioro. Y además está la permanencia en el tiempo de ese deterioro y el no haber adoptado actuaciones, algunas tan evidentes como la declaración de las masas de agua en riesgo. Venimos declarando masas en riesgo de no alcanzar el buen estado en bastantes demarcaciones a lo largo de esta legislatura.

Ahora, es una tarea bastante desagradable, sobre todo muy impopular en los entornos porque esto luego conlleva, en los planes de gestión, unas restricciones en los usos y a nadie le gusta, en un momento determinado, ser foco de una protesta por poner en marcha restricciones.

Si estas medidas se hubiesen adoptado en la planificación del 2015 o en la planificación anterior, probablemente podríamos llegar al 2027 con el cumplimiento de objetivos.

CONTEXTO
Han pasado muchos años sin que se cuiden los acuíferos ni se tomen medidas para llegar a la situación actual. Ni la alta contaminación por nitratos en la masa que afecta al Mar Menor (con mediciones que multiplicaban hasta por cinco veces el máximo permitido) puso freno al uso de fertilizantes ni a la extensión del regadío ilegal en más de 8.000 hectáreas en el Campo de Cartagena; ni la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos del Alto Guadiana que afecta al agua de beber de decenas de pueblos y ha secado Las Tablas de Daimiel, ni lo que ocurre con los purines y las macrogranjas en la cuenca del Ebro hizo sonar las alarmas. La entrada en vigor de los planes de tercer ciclo del agua, con medidas como los cauces ecológicos, que afectan por ejemplo al Trasvase Tajo-Segura, las declaraciones de masa en riesgo del agua bajo Doñana o el empeño de Castilla-La Mancha por regularizar más regadío ilegal ha cogido a los partidos en pleno periodo electoral autonómico.

Las guerras del agua han saltado al primer plano político. La ultraderecha se ha apoderado de una supuesta protección del campo en su discurso, hablando de derogar la Ley de Protección del Mar Menor o liderando la proposición de regularización de regadío ilegal junto a Doñana, y el Partido Popular se ha unido no solo en Andalucía, sino que ha colocado la exigencia de agua también en el centro de su campaña, con una petición de Pacto Nacional del Agua y de infraestructuras hecha pública por Alberto Núñez Feijóo este mismo fin de semana.

¿Puede el Gobierno asumir el desgaste electoral que suponen sus planes respecto al agua en unas elecciones autonómicas y municipales?

En el mundo de la gestión del agua, si uno piensa en tomar las decisiones en función de los calendarios electorales, nos ocurre lo que hemos visto que ocurre muchas veces, que las decisiones no se adoptan nunca. Porque vivimos en una eterna campaña electoral. Cuando no son autonómicas y municipales, son solo autonómicas o según comunidades autónomas. Cuando no son generales, son europeas, con lo cual estamos permanentemente en un ciclo de inconveniencias de esas características.

Aún a riesgo de asumir las consecuencias de tomar decisiones de este tipo, si hay un criterio que tiene asumido en este caso la vicepresidenta del Gobierno es no trasladar más herencias envenenadas hacia el futuro, no seguir obligando a que sean los que vengan detrás quienes paguen las hipotecas que nosotros les dejemos.

Y en ese sentido estamos en condiciones de asumir lo que supone en términos de desgaste, si es que es así. Que yo creo que no, también tengo que decirlo. Creo que, si se da una buena explicación a los ciudadanos del porqué de la toma de decisiones y los ciudadanos conocen la información y si esa información es coherente con las expectativas que los ciudadanos tienen, esas decisiones que se adoptan en principio responden a sus propias expectativas y prioridades.

Quizá a veces lo que nos falla es no tener tiempo suficiente o no tener herramientas suficientes para poder explicarle a los ciudadanos por qué se toman las decisiones y por qué se toman en los momentos en los que se toman esas decisiones.

CONTEXTO
Un tercio de las masas de agua subterránea está en mal estado químico, fundamentalmente por contaminación con nitratos procedentes de los fertilizantes de la agricultura y los purines de la ganadería. El nivel de nitratos por litro supera el límite apto para consumo humano (50 mg/l). Esa agua no es potable. En plena sequía, se han hecho evidentes las consecuencias de dicha contaminación cuando los embalses se han secado y se ha intentado recurrir al agua subterránea para dar de beber a la población. En España, el 30% de la población se abastece con aguas subterráneas, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Hay demarcaciones enteras buscando fuentes alternativas de abastecimiento, como ocurre en la cuenca del Júcar, que reconoce que ha sido incapaz de establecer los perímetros de protección de las zonas de abastecimiento urbano y ha tenido que mirar a las desaladoras de agua de mar como alternativa después de años de abandono sin uso.

Hay infraestructuras nacionales desarrollándose en este mismo momento destinadas a abastecer amplias zonas cuyas poblaciones se han visto afectadas por la sobreexplotación y la contaminación de las aguas subterráneas de las que bebían, como ocurre con la tubería manchega, que ha empezado a dar agua del Tajo a decenas de pueblos de la cuenca del Guadiana.

Hay pueblos en Aragón rodeados de macrogranjas sobre acuíferos contaminados donde, cuando llegan los cada vez más largos veranos, el ayuntamiento reparte garrafas de agua porque la del grifo supera los umbrales aptos para la salud en niveles de nitratos. Europa ya ha abierto un expediente a España por no cuidar sus aguas subterráneas de la contaminación con nitratos procedentes de la agricultura.

Dado el estado de contaminación por nitratos de los acuíferos y la importancia que tienen en el abastecimiento humano, ¿cómo está la situación con el expediente abierto por Europa y cómo se revierte la situación?

Europa ha abierto un expediente por contaminación con nitratos a un paquete de países. Toda Europa en estos momentos está en un riesgo evidente de deterioro de sus masas de agua. Hemos llegado a una situación en la cual o ponemos coto a ese deterioro o probablemente entremos en una situación que en algunos casos puede convertirse en irreversible.

Hasta ahora, quizá los condicionantes de los efectos sociales que pueden, que podía tener la adopción de medidas en ese sentido han venido lastrando la capacidad de decisión o la oportunidad de decisión de los gobiernos con carácter general. Pero la situación ya, ya, ya es tan evidente, tan visible en nuestro entorno, con poblaciones que se suministraban históricamente de masas de agua subterráneas en las cuales esas aguas han dejado de ser potables. Muchos lugares en los cuales ya hay que poner instalaciones de tratamiento de esas aguas para desnitrificar. Hemos entrado en una dinámica absolutamente perversa. Primero las cargamos de nitratos y luego nos gastamos dinero en desnitrificar.

Yo creo que ha habido un proceso en el cual no hemos sido capaces de acomodar las prioridades en materia de planificación y la planificación agraria ha ido por delante de la planificación hidrológica, de tal manera que acaba por convertir la planificación hidrológica en subsidiaria de la planificación agraria. Es decir, primero las demandas y a partir de ahí tienes que acomodar la oferta.

Es justo invertir el orden de prioridades. ¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo con carácter general y lo que hemos intentado trasladar en la planificación hidrológica de tercer ciclo? Ninguna planificación de orden territorial o económico puede condicionar la planificación hidrológica. Tengamos en cuenta que cualquier capacidad de desarrollo de un territorio, desarrollo social o desarrollo económico, va a venir condicionada por la capacidad de carga de los recursos naturales que tiene ese territorio.

CONTEXTO
Se sigue defendiendo la sostenibilidad e incluso crecimiento del regadío en Murcia (PP), Andalucía (PP) o Castilla La Mancha (PSOE) y se pide agua para alimentarlo. El presidente del principal partido de la oposición ha pedido infraestructuras como solución a los problemas de agua. Ximo Puig (PSOE) en la Comunidad Valenciana y Fernando López Miras en Murcia (PP) piden un menor recorte del Trasvase Tajo-Segura.

¿Caben trasvases entre cuencas al margen de los ya previstos y aprobados?

Tenemos que abandonar ese discurso, que es verdad que está muy asentado en la ciudadanía y que no responde a la realidad de país, de que vivimos en una nación en la cual hay cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. A poco que echemos una ojeada a lo ocurrido a lo largo del último año, me vale aquí me vale cualquier país de la Unión Europea, eso no existe. Eso es una ficción. Todas las cuencas en estos momentos están sobrepasadas en demandas respecto a los recursos de las mismas. A una cuenca hidrográfica no se le pueden pedir más recursos que los que la cuenca está en condiciones de dar.

Es verdad que durante mucho tiempo había cuencas en las cuales la demanda era menor a la capacidad de oferta y en otras en que se había superado la capacidad de oferta y se tendía a la solución fácil: recurrimos a la cuenca que todavía no está saturada. Eso se sostuvo en un país donde tenemos del orden de unas 100 infraestructuras de trasvases en estos momentos en funcionamiento. Pero eso ya no existe. No es así. No es así.

En el caso de la toma de decisiones de la Comisión en relación con los expedientes por contaminación de nitratos, tenemos que tomar en cuenta que esa ausencia de fuentes de suministro convencionales como son las masas de aguas subterráneas ya no las vamos a poder suplir con otras aportaciones, especialmente en la España interior y por lo tanto eso nos obliga, sí o sí, ya, en estos momentos, a poner coto a unos sistemas de sobreexplotación en términos de aportación de fertilizantes o de pesticidas a esas masas de agua.

Hemos oído al ministro de Agricultura, Luis Planas, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros decir que no hay que reducir regadío. ¿Cómo se reduce la sobreexplotación de acuíferos y el uso de fertilizantes que los contaminan sin reducir regadío? ¿Hay dos ideas antagónicas dentro del Gobierno en este sentido?

La capacidad de disponibilidad de agua de hoy no va a ser la capacidad de disponibilidad de agua dentro de diez años, con lo cual hay que hacer un avance más.

Tenemos que reducir superficie de regadío para poder, manteniendo la misma capacidad de producción, no ejercer tanta presión como la que se viene ejerciendo sobre el agua. ¿Se puede producir lo mismo con menos hectáreas puestas en regadío, con menos uso de agua? Sí. ¿Está demostrado? Sí.

Lo que no podemos es seguir modernizando, incrementar la producción y que eso no se vea traducido en una reducción de usos de agua. ¿Qué es lo que hemos hecho en la planificación hidrológica de tercer ciclo? Se ha incorporado una medida en la que se dice: las modernizaciones de regadíos que se lleven a cabo en las demarcaciones correspondientes deben incorporar un retorno, un porcentaje de retorno del agua ahorrada al ciclo. No puede permanecer en la concesión porque si no, no estamos avanzando en materia de sostenibilidad. Y eso compete tanto a la cantidad como a la calidad.

Con el modelo de regadío que tenemos ahora mismo, hay determinados territorios en los cuales ya hemos superado la capacidad de respuesta. Esperar a que sea el cambio climático el que nos enfrente a esa cruda realidad es complicado.

Acaba de adoptar ayer la Comisión de desembalse del Guadalquivir su cuadro de dotaciones para este periodo de regadíos y las restricciones están por encima del 80%. Tenemos que saber de lo que estamos hablando.

A la hora de cómo aplicar el concepto de adaptación, cambio climático al conjunto de la economía de un país, uno de los elementos en los que todavía no se ha entrado es en el de la adaptación de las concesiones. Los propios agricultores eso ya lo saben, ya lo conocen. Tenemos más demanda de agua para regadío consolidada que uso real de agua. En algún momento habrá que adecuar esas concesiones al uso real de agua. Las dotaciones tienen que converger con las concesiones y no hay otra alternativa posible.

CONTEXTO
Embalses bajo mínimos. Por citar solo algunos ejemplos: poblaciones como las que bebían del agua superficial del embalse de la Vega del Jabalón abren pozos y se encuentran el agua subterránea contaminada con nitratos. Se invierte en una planta de desnitrificación para hacer potable esa agua y dar de beber a poblaciones tan extensas como Almagro, Bolaños o el Moral de Calatrava mientras se amplía la tubería manchega para que les llegue agua del Tajo. Son millones de euros para un abastecimiento que dice la ley que es prioritario. En Córdoba se abren pozos y se encuentra el agua también contaminada. Las restricciones de uso se extienden por el territorio para garantizar el suministro de agua para beber.

¿Nos acercamos a un problema de suministro de agua de consumo humano en España? ¿Cómo de probable es que eso ocurra en el futuro dado el cambio climático y su aceleración?

Primero. Mensaje fundamental: como país estamos en condiciones de garantizar el suministro de agua potable al conjunto de la ciudadanía. España es probablemente uno de los países que tiene en estos momentos mayor capacidad de establecer esa garantía, porque contamos con un sistema de gestión en el que se integra la propia capacidad natural de los ciclos con los diferentes mecanismos de regulación y de gestión, infraestructuras convencionales, no convencionales. Tenemos un sistema robusto como país para poder trasladar una garantía al conjunto de la ciudadanía de que no va a haber riesgos para que tengan acceso a la agua.

Dicho esto, esto a lo que nos tiene que conducir es a poner en marcha mecanismos de anticipación para poder dar respuesta a escenarios bastante más exigentes, que son los que nos vamos a encontrar por delante. Y para eso necesitamos restaurar buena parte de los reservorios naturales de agua que tenemos.

La tecnología no lo va a resolver todo. La tecnología es un apoyo, pero lo que necesitamos es agua. Desde luego con más embalses no se va a resolver. Con embalses vacíos no se garantiza el agua a la ciudadanía. Construir más embalses en un país que, en estos momentos, a fecha de hoy, tiene su capacidad de almacenamiento al 50%, es, en principio, en mi opinión, tirar el dinero.

Y más sabiendo que esta es una tendencia que se viene manteniendo a lo largo del tiempo, no es una situación puntual, excepcional de este año. Uno puede acudir y hacer comparativas en fechas, ver cómo estábamos en el mes de abril el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Esta es una tendencia que se va manteniendo.

Si no pusiésemos en marcha mecanismos de planificación y restricción en usos cada año para, por ejemplo, la dotación de usos económicos, no estaríamos en situación de poder garantizar esto.

Pero lo que no podemos olvidar es que lo que nos dicen todas las proyecciones de clima es que vamos a seguir perdiendo aportaciones naturales y tenemos que tomar decisiones que nos anticipen esos nuevos escenarios.

Eso significa que no podemos prescindir ni de una sola gota de agua por razones de sobreexplotación o uso indebido. Luego tendremos apoyos tecnológicos. Miento, tenemos apoyos tecnológicos ya en estos momentos. Esos apoyos tecnológicos lo que nos permiten es seguir manteniendo esa garantía de abastecimiento mientras llegamos a la recuperación de esos reservorios de agua naturales que son, como decíamos, la garantía, el seguro de vida del país. El agua es una política de seguridad de un país.

CONTEXTO
Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, zona especial de protección de aves y humedal incluido en la lista Ramsar. España tiene una riqueza natural cuya ultraprotección sobre el papel no ha sido suficiente para evitar su puesta en riesgo. El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba: “El Reino de España ha incumplido sus obligaciones” al “no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano [del núcleo turístico de Matalascañas] en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana” y “al no haber previsto (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos (…)”. La puesta masiva de terreno en regadío para sembrar fruto rojo, tanto de forma legal y con el soporte de las administraciones públicas, como de forma totalmente ilegal, arrancando árboles de zonas forestales y abriendo pozos igualmente ilegales para regar, fue afectando al acuífero de Doñana.

A todo ello se sumaron kilométricas canalizaciones en las plantaciones que desviaron los cauces naturales. Hubo un intento de poner freno. En 2003, se aprobaba en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD). El objetivo era doble: de nuevo, regularizar buena parte de lo ilegal, pero hacerlo a cambio de frenar el robo masivo de agua y el daño a las zonas forestales en el entorno de Doñana. Para entonces se calculaba que había 2.100 hectáreas de cultivo en monte público regadas por un millar de pozos ilegales en cinco municipios de la comarca El Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Lucena del Puerto).

En 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, concretando lo que había establecido a grandes rasgos el POTAD. El Plan actúa sobre 64.457 hectáreas, de las que consideró regables 9.340 hectáreas, aquellas que llevasen funcionando como terreno agrícola antes de 2004. Las regularizó. El resto de terreno que no cumpliese esos requisitos y figurase como forestal en la Ley de 1992 quedaba al margen de la regularización. Los agricultores propietarios de 1.600 hectáreas sobre terreno forestal que ni tenían derechos de agua ni podían acogerse a la regularización pusieron el grito en el cielo. Pero, por supuesto, siguieron regando. Son las hectáreas que pretendió regularizar la Junta de Andalucía en 2022, plan que se frenó por la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, y que ahora vuelve en forma de proposición de ley de PP y Vox a través del Parlamento andaluz prometiendo haber dejado sus pretensiones en la mitad pero sin concretar extensión.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno plantea ampliar suelo regable (que no regado, porque regarse ya se riega con agua del acuífero aunque sea ilegal) en el entorno de Doñana, pero la competencia del agua es estatal. En la parte legal de uso del agua, a pesar de que el daño a Doñana se conoce desde hace décadas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no declaró en riesgo de sobreexplotación el acuífero de Doñana hasta mediados de 2020. Aún no se han formado las comunidades de usuarios para restringir la extracción de agua.

¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en declarar en riesgo oficialmente, pasando por el BOE, tres de las masas de agua subterránea de las cinco que forman el acuífero de Doñana y que aún no se haya avanzado en los pasos de dicha declaración?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en 2021 en relación con Doñana y lo hace básicamente sobre un argumento sobre el cual hace pivotar su conclusión final, teniendo en cuenta que sobre esta cuestión la Comisión Europea ya venía advirtiendo desde hacía tiempo, tiempo atrás. ¿Qué dice la sentencia? Ni en la planificación hidrológica 2012-2015 ni en la planificación hidrológica 2015-2021 el Plan Hidrológico del Guadalquivir incorpora medidas encaminadas al cumplimiento de los objetivos marcados para revertir la situación de deterioro de Doñana. Incluso viene a decir que no es coherente con el desarrollo del Plan de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014. Es decir, la planificación hidrológica, que tiene por razones de seguridad jurídica una vigencia que es la que marca el periodo de planificación, y en este caso estábamos en primer y segundo ciclo, es la que las confederaciones hidrográficas gestionan hasta la conclusión de la misma.

Los planes hidrológicos de tercer ciclo se publican en el Boletín Oficial del Estado en febrero del año 2023. Es a partir de este momento en el cual las herramientas de actuación empiezan a estar un poco más alineadas con lo que debería de ser un compromiso de acción en términos de gestión ambiental de las masas de agua.

Para cerrar pozos ilegales no hace falta una nueva planificación hidrológica. ¿Cómo es posible que no estén aún sellados los pozos en terrenos que el Plan de la Fresa, que es de 2014, ya decía que no eran regables y que no cuentan con concesión de agua?

La Confederación (del Guadalquivir) todavía esta semana está cerrando pozos. Tiene ahora mismo en marcha un plan de actuación de cierres identificados del entorno de unos 400 pozos. Tenemos un país que presume de un sistema de seguridad jurídica. Un expediente para un cierre de pozo conlleva una actuación administrativa. Concede unos derechos de recurso en vía administrativa. En no pocos casos, agotada la vía administrativa, el perjudicado, llamémoslo así, recurre a la vía judicial y en no pocos casos tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento judicial firme, definitivo, para poder cerrar esos pozos. Dicho esto, cada vez nos estamos encontrando con más ciudadanos afectados por expedientes que voluntariamente dan ese paso. No hay que esperar a agotar el recorrido final.

Pero a fecha de hoy, la Confederación Hidrográfica, en ese periodo de tiempo, desde 2018 hasta acá, ha cerrado del orden de unos 250 pozos en vía voluntaria, ha cerrado otro número considerable de pozos de forma subsidiaria y tiene en cartera ahora mismo del orden de otros 400 pozos que, en la medida en que vayan agotándose los procedimientos y devengan firmes los expedientes, se irán cerrando.

CONTEXTO
La extensión del regadío ilegal en España ocupa miles de hectáreas y afecta a un buen número de demarcaciones. La política históricamente ha sido la de buscar formas de regularización de ese regadío que se había ido extendiendo al margen de la planificación tanto del suelo como del agua. El reparto de competencias hace que, mientras son las comunidades autónomas quienes dicen si un suelo es regable o no, forestal o no, es el Estado, a través de las confederaciones hidrográficas, el que determina qué explotación tiene concesión para poder hacer uso de agua, ya sea superficial o de acuífero.

Cuando la situación de irregularidad ha aflorado en el daño a ecosistemas protegidos como el Mar Menor o Doñana, las administraciones han empezado a lanzarse la pelota de uno a otro tejado bien por no cerrar el grifo al regadío ilegal bien por no obligar a revertir a secano o forestal terrenos que no figuran en el plano como regables. La Confederación Hidrográfica del Segura, a raíz de los episodios de muerte masiva de peces en el Mar Menor pero sobre todo tras recibir notificación por parte de Europa por no proteger la laguna de la contaminación con nitratos de los acuíferos con los que tiene relación, no solo los declaró al fin en riesgo de forma oficial, es decir, pasando por el BOE. Además tomó una serie de medidas cautelares pioneras en España como era el cierre cautelar de pozos ilegales que ya se ha producido en más de 8.000 hectáreas. Hasta ese momento se había esperado al cierre completo del expediente y, si el afectado recurría entonces a los tribunales, hasta que las sentencias fueran firmes, lo que prolongaba durante años el riego.

¿Por qué no se ha hecho en el Guadalquivir con respecto a Doñana lo mismo que en el Segura con el Mar Menor? Allí se ha demostrado que con medidas cautelares se pueden cerrar de forma inmediata los pozos sin esperar años a que los tribunales tomen una decisión en firme.

En el Segura, igual que se está haciendo en el Guadalquivir, tras la declaración de la masa en riesgo, hay que poner en marcha un plan de gestión. Todo eso lleva a un procedimiento. Hay que constituir las comunidades de usuarios y el procedimiento tiene que seguir esos trámites. En el Segura se empezó antes y al Guadalquivir se empezó un poco después. En el Segura, como consecuencia de que se empieza un poco antes buena parte de la aplicación de las medidas ya son efectivas en estos momentos. En el Guadalquivir estamos ahora mismo, con independencia de que sí se vienen cerrando pozos, se van cerrando pozos desde 2018 hacia acá, a un ritmo yo creo que considerable. Yo creo que en la retina de algunos estará alguna actuación de la guardería de la Confederación Hidrográfica acompañada de las fuerzas de la Guardia Civil para poder acometerlo.

Una cosa es lo que uno pueda creer que se puede hacer con carácter inmediato y otra cosa es poder hacerlo efectivamente. Pero ahora mismo la Confederación Hidrográfica está culminando el procedimiento que lleva a la aplicación del plan de gestión como consecuencia de la declaración de las tres masas de agua que están ahora mismo declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado.

O sea que la misma herramienta para la misma aplicación y además sobre el aprendizaje que hemos tenido en este caso en la demarcación del Segura.

¿Considera que las confederaciones hidrográficas han hecho su trabajo correctamente?

Es evidente que en algunos casos han llegado tarde. Eso es evidente. La propia Confederación del Segura lo ha reconocido. No quiero caer, no me gusta caer en la dinámica de trasladar hacia atrás responsabilidades por inacción. Yo tengo que asumir la responsabilidad hoy de la Administración en su conjunto, de todo un hilo. Hoy tenemos la responsabilidad de lo que no se ha hecho a lo largo del tiempo en materia de planificación. Y eso es así.

Pero volvemos otra vez sobre la pregunta que me hacías al principio: ¿Es este el mejor momento? Sois conscientes de que tenemos mucho conflicto territorial que ha eclosionado. Ponías el ejemplo del Campo de Cartagena. Me sirve, pero no es el único.

En algún momento había que tomar esa decisión. Bueno, pues vale. No se había tomado antes. No se había tomado. ¿De quién es la culpa? Digámoslo así, nuestra, de la administración competente en materia de planificación hidrológica a nivel estatal. Pues hemos decidido que esto no podía continuar así.

CONTEXTO
El 30 de julio de 1973, fecha de la que se cumple este año medio siglo, el Boletín Oficial del Estado recogió la declaración de Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y la creación de una zona de reserva integral de aves acuáticas dentro del mismo. 50 años después, lo que fue el humedal de las Tablas prácticamente no existe. Ni las lluvias de diciembre de 2022, que tuvieron en alerta a la provincia de Ciudad Real durante días, lograron que la superficie inundada superase a principios de año el 15% con respecto a la superficie inundable. Ahora ya es la mitad. Tampoco el trasvase de emergencia iniciado el pasado mes de agosto utilizando el periodo de pruebas de la llamada tubería manchega. Ni la puesta en marcha una vez más de los pozos de sequía el mismo mes de diciembre pasado.

El Parque lleva años convertido en una maqueta a gran escala a la que se le echa agua de forma artificial para mantener la humedad mínima que evite que la turba bajo el suelo entre en combustión, como ocurrió en 2009, o que los ecosistemas desaparezcan por completo en los periodos más secos. La historia de la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana viene de muy lejos.

Arranca en la Ley franquista de 1956 de Saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos en los márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes. Se canalizaron y rectificaron cauces para desecar miles de hectáreas inundadas y hacerlas terrenos de cultivo. La apuesta por el regadío, primero el maíz y la remolacha y después la reconversión del viñedo, provocaron una carrera de perforaciones que modificaron el sistema natural, en el que las aguas subterráneas de ocho masas vertían en las centrales hasta colmatarlas y brotar en la superficie a borbotones en los llamados Ojos del Guadiana. Bastó una década de perforación para secarlos. Solo reaparecieron al final del periodo especialmente húmedo entre 2009 y 2013, lo que dio esperanza en la capacidad de recuperar parcialmente el funcionamiento natural de las masas si se respeta el ciclo.

El acuífero 23 (hoy dividido en las masas Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos) dejó de aportar agua a los ríos para recibirla de estos. Las áreas húmedas de la superficie como las Tablas, reducidas drásticamente por los procesos de encauzamiento y desecación, se redujeron aún más. Hay miles de hectáreas de regadío ilegal extrayendo agua del acuífero que debía alimentar Las Tablas. Buena parte se ha regularizado pero la Junta de Castilla-La Mancha votó en contra del Plan de Tercer Ciclo del Guadiana porque exige la regularización total. Es lo que ha propuesto ahora también el candidato del PP a la Junta.

El próximo mes de julio, Las Tablas de Daimiel cumplen 50 años como Parque Nacional. ¿Van a cumplir el medio siglo estando prácticamente secas salvo las pequeñas transfusiones que se le hagan para que no arda la turbera?

Las Tablas de Daimiel, por desgracia, han venido sufriendo a lo largo de los últimos años periodos recurrentes de sequía y algunos, muy pocos, poquísimos, de aportaciones extraordinarias. Yo creo que lo que va a cumplir las Tablas de Daimiel son sus 50 años con un plan de acción, en este caso por la parte que nos corresponde en el Guadiana, que puede ser gemelo del Segura o del Guadalquivir.

Y además podemos hablar en términos generales en relación con las medidas de actuación desde el punto de vista de la planificación y con las medidas financieras que acompañan a la misma. En el caso de del Mar Menor, todo el plan de acción viene acompañado con un plan de inversiones de más de 450 millones de euros; en el Guadalquivir, algo más de 350 millones de euros y en el Guadiana de 250 millones de euros.

Pero nuestra vocación, ese era el objetivo que nos marcábamos y en ello estamos, es que el regalo que le queremos hacer a las Tablas de Daimiel por su 50 cumpleaños es un plan de acción desde el punto de vista de la planificación hidrológica. La tubería manchega no puede tener fines medioambientales porque la propia declaración de impacto ambiental que acompañó la ejecución de la obra explicita que únicamente puede ser utilizada para el suministro de agua urbana. El agua tiene que venir de la propia capacidad que tiene el territorio para sostenerse.

Pesticidas que van cambiando conforme la legislación les pone coto, químicos conocidos como eternos por su persistencia como los PFAS, microplásticos… hay organizaciones y organismos haciendo estudios independientes que arrojan contaminaciones que no aparecen recogidas en los registros oficiales. ¿Hasta qué punto conocemos el estado de nuestras aguas?

En el mundo de la gestión del agua hay todavía un enorme universo desconocido por explorar que en muchas ocasiones las necesidades del momento te impulsan a explorarlo y a incorporarlo. Con ocasión de la pandemia, pusimos en marcha un proyecto que es el del análisis de las aguas residuales para tener herramientas que nos permitan identificar en esas aguas oportunidades de respuesta, que en este caso era entender cuál era la evolución de la pandemia en función de la concentración que se conseguían en esas analíticas.

Pero claro, ahí aflora absolutamente todo. El mundo de los microplásticos es una cuestión que acaba de aterrizar. No estaba en las planificaciones anteriores. El mundo de los productos farmacológicos hasta ahora parecía que no era una realidad a la cual hubiese que prestar atención. De hecho, ahora mismo, en el proceso de revisión del reglamento que está iniciando la Comisión Europea sobre aguas residuales, hay que hacer una actualización completa de cual debe de ser el mecanismo de respuesta que la legislación tiene que incorporar para poder tener en cuenta todo este conocimiento acumulado que no estaba incorporado con anterioridad para diseñar las respuestas de las respuestas de futuro.

Y además, teniendo en cuenta que, si aspiramos a que la reutilización de aguas regeneradas forme parte de la circularidad en relación con un elemento que ya es escaso de por sí y que necesitamos aprovechar en toda su en toda su potencialidad, para poder hacer eso, para poder tener una capacidad de reutilización adecuada, necesitamos tener una garantía de base de que estamos hablando de aguas que cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas.

Queda mucho por recorrer y poco tiempo para poder hacerlo. Buena parte de los parámetros están ahora mismo incorporados en la planificación de las confederaciones, ya, en relación con la obligaba analítica que debe hacerse para saber en qué momento una masa de agua está en riesgo. Qué componentes son los que llevan a ese análisis de riesgo, cuáles son las fuentes de origen para poder atacarlas en origen.

¿En qué medida puede cambiar la política hidrológica dependiendo de quién gane las elecciones? Se vuelve a hablar de infraestructuras, incluso se ha vuelto a citar el Trasvase del Ebro.

El Gobierno del Partido Popular, cuando se aprobó el Plan Hidrológico de 2001, incorpora el trasvase del Ebro. Aquello lo deroga el Gobierno de Zapatero en 2004-2005. El Gobierno del Partido Popular vuelve a tener responsabilidades en el ámbito de la planificación en el año 2012, permanece en el Gobierno hasta el año 2018 y el trasvase del Ebro nunca se reactivó. Aquello que en estos momentos solamente sirve para hacer discursos electorales pero no tiene capacidad de poder ser trasladado operativamente a la acción de gestión del día a día, nunca se va a ejecutar. Lo lamentable es que se sigan utilizando argumentos que se sabe, se conoce perfectamente que, por más que se repitan, nunca se van a poder llevar a cabo.

"El Mar Menor sigue bastante alterado. Si no dejamos de meter nutrientes en origen, el problema persistirá siempre"

Ana Tudela — dom., 15 ene. 2023 12:00:00 +0100

Juan Manuel Ruiz, Profesor de Investigación del IEO / DATADISTA

Juan Manuel Ruiz, Profesor de Investigación del Instituto Español de Oceanografía

"El debate se polariza en dos extremos: o son aguas de origen agrícola o son aguas de origen urbano. Esto es una falacia. (...) Estudios publicados dicen que el 85% de la contribución es de origen agrícola y ganadera. En ciencia, si tú no estás de acuerdo con algo tienes que plantear un estudio, con una aproximación científica válida e intentar publicarlo con una revisión por pares".

"El estudio de los procesos ecológicos que rigen el funcionamiento del ecosistema es la única vía para determinar la causa de los desequilibrios del mismo y su relación con la actividad humana. Todo lo demás es pseudociencia y circo".

"Antes teníamos un sistema con dos algas que controlaban una cantidad importante de nutrientes y ahora, al perder buena parte de la extensión una de ellas, tenemos un sistema más frágil".

El Mar Menor está protegido por casi todas las figuras de protección que puedan aplicarse a un ecosistema (Lugar de Interés Comunitario, ecosistema incluido en la Red Natura 2000, Zona Especial de Protección de Aves, Área de Protección de Fauna Silvestre, humedal de Importancia Internacional incluido en el Convenio Ramsar, zona especialmente protegida de Importancia para el Mediterráneo y, desde el otoño de 2022, incluso ecosistema con personalidad jurídica propia y, por tanto, sujeto de derechos). De poco le ha servido. La laguna costera se ha visto fuertemente dañada por casi todos los impactos humanos capaces de poner en riesgo una masa de agua. Vertidos mineros, urbanismo extremo que durante años se acompañó de una deficiente depuración de las aguas, dragado de los fondos, ganadería intensiva y, sobre todo, un regadío primero forzado como de interés nacional y al que, especialmente tras el Trasvase Tajo-Segura, se permitió crecer sin control hasta acabar convirtiéndose en la principal causa del desequilibrio.

A la llegada de nutrientes arrastrados por las lluvias torrenciales, que lavaban los campos recién abonados; la siembra a favor de pendiente para que el agua no pudriese las raíces, se le unió la extracción de las aguas del acuífero Cuaternario, situado justo bajo las tierras del Campo de Cartagena, junto al Mar Menor, y altamente contaminado por los abonos del regadío.

En 2016, unas aguas que habían demostrado alta capacidad de resistencia a las presiones se transformaron en sopa verde. La pradera marina desapareció casi por completo y el Mar Menor dio la primera gran señal de alarma de haber llegado al límite. En 2019, anoxia y mortandad masiva de peces. En 2021, un nuevo episodio de anoxia. En todo este tiempo, culpas de ida y vuelta entre las diferentes administraciones, leyes, medidas cautelares, polémica, una investigación judicial abierta.

Europa ha tenido dos importantes efectos en la reacción para hacer frente a la situación del Mar Menor. El primero: el 2 de julio de 2020, la Comisión Europea comunicó a España un dictamen motivado por no cuidar la contaminación con nitratos procedentes de la agricultura, con un especial protagonismo del Mar Menor. 20 días después, la Confederación Hidrográfica del Segura procedía al fin a declarar oficialmente como contaminada por nitratos la masa de agua subterránea bajo el Campo de Cartagena, la que afecta directamente al Mar Menor, y tomaba medidas cautelares para reducir los fertilizantes utilizados en las tierras cercanas a la laguna.

El segundo: la llegada de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia y su foco en las inversiones medioambientales han permitido presupuestar 484 millones de euros para el llamado Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta 2026 y del que por el momento se han ejecutado algo menos de 40 millones aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que las actuaciones puestas ya en marcha suponen el 20% del plan (97,3 millones). Hay partidas destinadas a la restauración de emplazamientos mineros abandonados, al establecimiento de humedales seminaturales que actúen como cinturón verde de la llegada de nutrientes a la laguna, inversiones en saneamiento y depuración de aguas... Pero además se va a invertir una cantidad nunca vista (15,6 millones de euros) en conocer cómo está el Mar Menor, en medios, modelos, monitorización, algo que la ciencia lleva años reclamando.

Más de 50 investigadores y técnicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la Dirección General del Agua, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Dirección General de Biodiversidad y la Dirección General de la Costa y el Mar, con la colaboración de la Universidad de Valencia y expertos internacionales en el desarrollo de modelos en lagunas costeras van a unirse en un proyecto para el que se han iniciado esta pasada semana los trabajos de coordinación. Hace unas semanas, DATADISTA charló con Juan Manuel Ruiz, profesor de Investigación del IEO sobre cómo está el Mar Menor y cómo se comportó en 2022.

¿Cómo está el Mar Menor y cómo se comportó en 2022?

El ecosistema sigue bastante alterado y, por tanto, la probabilidad de que ocurra un nuevo episodio, ya sea de explosión de fitoplancton o de anoxia, o cualquier extremo de los que hemos visto anteriormente, sigue estando ahí. Las condiciones, los componentes de la ecuación para que ocurra siguen estando ahí. Estamos hablando de un sistema muy complejo, que es lo que intentamos explicar en nuestros informes y en nuestras declaraciones.

Hubo unas lluvias masivas en el mes de marzo, abril de 2022, con récords históricos de la cantidad de lluvia caída. Coincidió con dos episodios de calima y con la transición entre invierno y primavera, cuando empieza a aumentar la luz y la temperatura. Como consecuencia, en mayo los parámetros mostraron una tendencia hacia una posible situación de nuevo bloom o, como llamamos nosotros, explosión del fitoplancton, una nueva sopa verde y el consecuente riesgo de episodios de anoxia por entrada de materia orgánica al sistema y de nutrientes arrastrados por las lluvias. Al final esta tendencia no culminó en un episodio más extremo y las aguas de la laguna se mantuvieron relativamente transparentes entre junio y agosto, especialmente en la parte norte. En las partes media y sur de la laguna las aguas se han mantenido más verdes y turbias.

A partir de septiembre se observó un nuevo proceso de incremento de la clorofila que alcanzó su máximo en octubre y al final del ejercicio se suavizó bastante. Pero en cualquier momento podría volver a ocurrir un nuevo evento extremo. Son especialmente de riesgo los episodios de intensas precipitaciones, como las que experimentó la laguna en otoño, que arrastran consigo grandes volúmenes de sedimentos terrígenos altamente cargados de nitrógeno y fósforo.

Se está banalizando demasiado el funcionamiento del Mar Menor. Es un sistema bastante complicado y nuestra capacidad de predecir, aunque las condiciones sean las apropiadas para que ocurra, es limitada y hay que ir con mucha cautela.

Antes de lo que supusieron las imágenes de los episodios de anoxia y mortandad masiva de peces, una de las imágenes más impactantes de esta larga crisis del Mar Menor que se inicia entre 2015 y 2016 fue ver la pérdida de la mayor parte de la pradera marina que ustedes, desde el Instituto Español de Oceanografía, mostraron junto con ANSE. ¿Cuál es el estado actual de esa pradera marina y en qué medida ha logrado recuperar espacio la Cymodocea, la especie original que poblaba el fondo del Mar Menor?

En 2016, desapareció el 85% de la pradera marina, toda la que se encontraba por debajo de tres metros de profundidad. La pradera de Cymodocea no ha recuperado nada de ese espacio y esto lo sabemos a ciencia cierta porque tenemos una red de puntos donde hacemos un seguimiento de esos límites para ver si avanza o retrocede a esas zonas profundas. De Cymodocea quedan unas praderas que llamamos someras, porque están a poca profundidad, inferiores a 3 metros, que están en buen estado, son muy densas y muy dinámicas. Pero no han sido capaces de avanzar. De hecho incluso continúa retrocediendo en algunas zonas. Este terreno perdido por la Cymodocea lo ha ocupado de forma absoluta un alga, otro macrófito dominante, que es la Caulerpa prolifera, que coexistía con la Cymodocea.

Las dos habían coexistido durante muchos años antes del colapso de 2016 gracias a las grandes cantidades de nutrientes que estaban entrando en el Mar Menor desde hacía varias décadas. Juntas manejaban esos nutrientes hasta que llegó un punto que ya no fueron capaces. Entró en juego el fitoplancton y se produjo esa sopa verde que redujo la luz hasta unos niveles bastante dramáticos y supuso la eliminación del 85% de la pradera, tanto de Cymodocea como de Caulerpa. En los dos años siguientes, la Caulerpa recuperó casi todo el espacio perdido, descolonizado. La Cymodocea, no.

"Antes teníamos un sistema con dos algas que controlaban una cantidad importante de nutrientes y ahora, al perder buena parte de la extensión una de ellas, la capacidad de absorber los nutrientes por parte de la vegetación ha disminuido. Por eso decimos que tenemos un sistema más frágil".

Antes teníamos un sistema con los dos macrófitos, que controlaban además una cantidad importante de los nutrientes que entraban y ahora, al perder buena parte de la extensión de una de ellas, la capacidad de controlar esos nutrientes, de absorberlos, de retenerlos por parte de la vegetación ha disminuido. El control que ejerce la Cymodocea sobre el nutriente es bastante mayor que el que hace Caulerpa, que es mucho más dinámica y, si bien tiene una capacidad de absorber nutrientes muy alta, los devuelve al medio porque su ciclo de producción es muy dinámico. Produce biomasa y al cierto tiempo la descompone. Hemos perdido parte de la capacidad, de la eficiencia en el control de los nutrientes. Por eso decimos que tenemos un sistema menos resiliente, un sistema más frágil, más vulnerable a los cambios.

Ahora bien, no hay base científica para decir que Caulerpa es una alga ‘mala’. Entró en el Mar Menor igual que entraron otras especies mediterráneas, cuando cambiaron las condiciones de salinidad y temperatura por la apertura del canal del Estacio. La Caulerpa encontró un paraíso no solo porque la salinidad y la temperatura ya se lo permitían sino porque además había una cantidad de nutrientes que iban cada vez a más.

No olvidemos que el problema del Mar Menor viene desde los años sesenta, con todo el desarrollo urbanístico por el turismo, el aumento de la población, y posteriormente por todo el cambio de secano a regadío. Caulerpa y Cymodocea son dos especies capaces de coexistir y eso es lo que han hecho durante todas estas décadas desde que abrieron el Estacio. Las dos han contribuido a una de las funciones ecosistémicas más potentes que es el control de los nutrientes, actuando a modo de filtro de la columna de agua, de filtro verde. El problema fue que las cantidades de nutrientes en el medio han superado muy considerablemente la capacidad máxima de estas especies de controlar dichos nutrientes, aumentando la disponibilidad de los mismos para el fitoplancton y favoreciendo las condiciones de aparición de un evento extremo de sopa verde como el ocurrido en 2016.

Imagen captada por el satélite Sentinel-2 el 10/01/2023 donde se aprecia la entrada de agua al Mar Menor desde la rambla del Albujón / COPERNICUS

¿Se puede hablar de diferentes situaciones dependiendo de la zona del Mar Menor a la que nos refiramos? ¿Hay zonas que anticipen mejor los episodios de sopa verde y/o anoxia?

La heterogeneidad espacial del Mar Menor es muy alta y habría que hacer análisis más detallados y objetivos pero, a nivel general, sí se ve cierta tendencia a que los episodios de explosión fitoplanctónica y de anoxia empiezan por la parte central y sur. Tiene lógica porque en la parte central incide directamente la rambla del Albujón y todas las salidas del acuífero [Cuaternario, altamente contaminado por nitratos]; también es la zona donde se concentran las ramblas, coincidiendo además con las mayores y más próximas extensiones de suelo agrícola, que son fácilmente arrastrados por la escorrentía superficial durante eventos de lluvias torrenciales. Por otro lado, hacia el sur, la tasa de renovación hidrodinámica va disminuyendo. Digamos que las aguas están más confinadas y los nutrientes, y la materia orgánica, permanece más tiempo en la masa de agua y la probabilidad de que se desencadene una explosión fitoplanctónica es mayor.

Hay artículos científicos publicados previos al evento de sopa verde de 2016 en los que se ponía en evidencia la existencia de un gradiente de nutrientes y clorofila desde la rambla del Albujón hasta la isla de la Perdiguera, lo que ya era un claro indicador del proceso de eutrofización de la laguna. Partiendo de la base de que ese caudal por la rambla del Albujón sigue estando ahí, ese gradiente sigue existiendo, pero a diferencia de la etapa anterior, el deterioro de las masas de agua afecta a casi toda o toda la extensión de la laguna. Esto no solo es debido a la existencia de otras muchas entradas de agua y nutrientes, sino también a la evidente desestabilización de todo el sistema.

Imagen captada por el satélite Sentinel-2 el 13/09/2019 de las escorrentías producidas por las lluvias torrenciales en la madrugada del 12 al 13 de septiembre de 2019 en el Campo de Cartagena y Mar Menor. / COPERNICUS

Esa entrada de agua por la rambla del Albujón procede en buena medida del agua que aflora del acuífero Cuaternario, altamente contaminado por nitratos y que está a rebosar. ¿Es posible tener una opinión, desde un punto de vista científico, en el debate sobre si debe recuperarse el proyecto de sacar agua del acuífero y desnitrificarla, el famoso colector del plan Vertido Cero?

Como científico lo que tengo que decir es que el conocimiento que tenemos del balance de masas, de lo que está entrando en la laguna por unos u otros sitios, lo que sale, el balance final y los nutrientes que llevan unas entradas y otras, es todavía bastante incompleto. No tenemos un criterio objetivo para apostar ciegamente por una medida, sobre todo si conlleva una inversión económica importante.

Aquí me gustaría romper una lanza en favor de la necesidad de ciencia, de decisiones basadas en ciencia. Hay quien parece que transmite que ya se sabe todo y que ya se ha estudiado todo pero no es verdad. El conocimiento que se tiene de esos balances del Mar Menor es muy escaso, insuficiente, por lo que aventurar o apostar por una medida ciegamente como la solución única, desde el punto de vista científico, no tiene ninguna base, ninguna justificación. Que hacemos números y resulta que sí, que es la única forma, bien. También puede ser que no merezca la pena bombear y si tienen que estar saliendo durante años aguas del subterráneo con nutrientes, tendrán que estar saliendo, hasta que salgan menos y el ecosistema pueda recuperarse. Lo que está claro es que, si no dejamos de meter nutrientes en origen, el problema persistirá siempre. El problema no es el agua, son los nutrientes que la actividad humana sigue inyectando al sistema.

¿Retirar algas el pasado verano contribuyó a mejorar el estado de la laguna?

La que se ha retirado es otro tipo de alga mucho más oportunista. Me faltan datos pero dudo mucho que una retirada parcial de biomasa de las orillas sea capaz de causar un impacto importante en el balance de nutrientes de la laguna.

¿Ve lógico que siga vivo el debate sobre el principal origen del desequilibrio del Mar Menor, a pesar de las evidencias científicas?

El debate se polariza en dos extremos: o son aguas de origen agrícola o son aguas de origen urbano. Esto es una falacia. Hay aguas de origen agrícola y hay aguas de origen urbano. La cuestión es en qué proporción contribuye cada una a lo que está pasando y de esto estudios publicados dicen que el 85% de la contribución es de origen agrícola y ganadera y el 15% de origen urbano.

"El estudio de los procesos ecológicos que rigen el funcionamiento del ecosistema es la única vía para determinar la causa de los desequilibrios del mismo y su relación con la actividad humana. Todo lo demás es pseudociencia y circo".

En ciencia, si tú no estás de acuerdo con lo que dice alguien lo que tienes que hacer es plantear un estudio, con una aproximación científica válida e intentar publicarlo con una revisión por pares. Nosotros, el IEO-CSIC, ahora mismo estamos en pleno proceso de activar un programa bastante ambicioso financiado por el MITECO que incluye monitorización oceanográfica, satélites, muestreo in situ, etc., así como una serie de estudios para conocer en profundidad cuáles son los orígenes de los nutrientes que entran en la laguna, por dónde entran y en qué proporción. El estudio de los procesos ecológicos que rigen el funcionamiento del ecosistema es la única vía para determinar la causa de los desequilibrios del mismo y su relación con la actividad humana. Todo lo demás es pseudociencia y circo.

Hay opiniones, también desde el ámbito científico, que cuestionan el resultado de aquel estudio elaborado por Tragsa que cifraba en algo más de 8 hm3 el agua que entra no por la superficie sino a través del subsuelo desde el acuífero al Mar Menor. ¿Cuál es su opinión?

Yo no dudo que ese estudio esté bien hecho, igual que otros estudios que hay, que pueden diferir. No quiere decir que estén mal, quiere decir que hay variabilidad. En ciencia, cuando hay tal variabilidad, es que hacen falta más datos para tener la imagen completa. Necesitamos más estudios que aporten un entorno estadístico que nos permita tomar decisiones. Si no, es un dato perdido sin entorno estadístico. Todo depende sobre todo de la ventana temporal en la que se hace el estudio. Hay una variabilidad a largo plazo, entre años, dentro del año, plurianual que, dependiendo de cuándo hagas el estudio te va a dar un resultado o te va a dar otro. Si queremos tener rigor científico en nuestra toma de decisiones, tenemos que tener esa variabilidad. Cuanto antes lo tengamos, antes podremos tener las soluciones.

¿No se ha hecho lo suficiente para conocer el estado del Mar Menor?

Yo creo que, aunque no se ha reaccionado como se tenía que reaccionar, porque ya han pasado seis años, al menos ahora parece que se está tomando más conciencia y hay inversiones tanto por parte del Estado como por parte de la comunidad autónoma para mejorar la monitorización, mejorar el conocimiento científico. En mi opinión, hay que hacer un mayor esfuerzo y en el plazo más corto posible para poder tener esa información lo antes posible.

Las macrogranjas de porcino aumentaron de nuevo sus emisiones contaminantes en 2021 - DATADISTA

El 80% de los municipios con menos de 5.000 habitantes que tienen macrogranjas de porcino ha perdido población en una década

Antonio Delgado — dom., 18 dic. 2022 12:50:44 +0100

En España hay 2.465 macrogranjas de porcino con capacidad para cebar animales de más de 2.000 cabezas y 834 macrogranjas para reproducir cerdas con más de 750 plazas, según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Estas instalaciones industriales, debido a su tamaño, son consideradas contaminantes y deben enviar sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero, principalmente de metano y amoniaco. En ellas se crían y ceban a millones de animales durante varios ciclos a lo largo del año.

En 2022, están ubicadas en 1.260 municipios de todo el país, especialmente en Aragón, Cataluña y la Región de Murcia. La mayoría de estos municipios (el 84%) tienen menos de 5.000 habitantes y el 80% ha experimentado una disminución en su población en los últimos 10 años, según un análisis de datos realizado por DATADISTA de la situación de las macrogranjas de porcino y la variación del censo de población de 2011 y 2021, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta radiografía nos permite observar la situación poblacional de los municipios donde se encuentran la mayor concentración de estas explotaciones porcinas.

Evolución de la población en los municipios con 9 o más macrogranjas de porcino

El impacto de las macrogranjas en la "España vaciada"

Donde el impacto de la reducción de la población es más notable, es en aquellos municipios con grandes extensiones de territorio y poca población.

La Serranía Celtibérica es una región de España con una densidad de población baja, menor a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta región abarca una superficie de más de 65.000 km2 y se encuentra en las provincias de Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Burgos, Segovia, Soria, Castellón, Valencia y La Rioja. La mayoría de la población tiene 50 años o más. En la Serranía Celtibérica hay 330 macrogranjas de porcino ubicadas en 169 municipios. En los últimos 10 años, el 94% de estos municipios han experimentado una disminución en su población.

La instalación de estas instalaciones industriales no ayuda a fijar población en estos territorios. Hay que tener en cuenta que el proceso industrial de una macrogranja de porcino se encuentra altamente tecnificada y con una o dos personas se pueden criar miles de animales durante todo el año. Además, tienen un impacto directo sobre otras actividades económicas como el turismo debido a los olores que desprenden las balsas de purines que se encuentran al aire libre en la mayoría de estas explotaciones.

Ganan población principalmente los grandes municipios con macrogranjas

En España, el 75% de los todos los municipios -independientemente de su tamaño- que tienen al menos una macrogranja de porcino han experimentado una pérdida de población. El 25% de los municipios que cuentan con este tipo de explotaciones ganaderas ha visto aumentar su población. Entre ellos se encuentran capitales de provincia y las grandes ciudades donde las macrogranjas no son una actividad económica dominante, como Zaragoza, Málaga, Murcia, Cartagena, Jerez de la Frontera, Albacete, Lleida o Jaén.

Un caso destacado es Lorca (Murcia), donde hay 48 macrogranjas de porcino y la población ha aumentado en 3.877 personas en una década, situándose en 95.726 personas. Lorca también cuenta con industrias auxiliares de la agroindustria, centros comerciales, empresas de servicios y un campus universitario. El 21% de la población de Lorca es extranjera, principalmente marroquíes y ecuatorianos.

Es importante tener en cuenta que en estos grandes municipios el crecimiento de la población no se debe únicamente a la presencia de macrogranjas, sino que hay muchos otros factores que influyen en el cambio demográfico.

Las macrogranjas de porcino aumentaron sus emisiones de metano en 2021 hasta superar por primera vez las 100.000 toneladas

DATADISTADatadista

Urrea: "He de reconocer que hemos aprendido a cerrar el grifo [al regadío ilegal]. Ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho."

Ana Tudela — dom., 23 oct. 2022 09:00:00 +0200

"No somos los únicos [con un problema de contaminación por nitratos en los acuíferos]. España está mal. Europa está mal".
"Que un organismo de cuenca ordene la agricultura no se había hecho nunca. Hemos sido pioneros. (...) No sé si otros nos seguirán. (...) Vimos que teníamos la posibilidad de limitar el uso de fertilizantes y nos acogimos a ella. (...) No hemos hecho nada diferente de lo que tenía que haber hecho la Administración autonómica".
"He de reconocer que nosotros hemos aprendido a cerrar el grifo [al regadío ilegal]. Ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho. (...) Tenemos ya 6.000 hectáreas desconectadas. (...) El Gobierno autonómico, lo que tiene que hacer es que en el terreno desaparezca la infraestructura de riego y si era monte o matorral, que vuelva a ser monte o matorral y, si era un secano, que pase a ser secano. (...) Llevan del orden de 900 o 1.000 hectáreas restituidas".
"Vamos a hacer un plan intensivo de control de la ganadería, de determinadas granjas. (...) Yo creo que en seis meses habremos visto una parte importante del Campo de Cartagena".
"A nosotros nos rompen coches. Hay violencia contra el personal de campo de los organismos de cuenca. No es generalizado, pero sí es un dato relevante que alguien que es la policía se vea agredida, bien personalmente o bien en los medios con los que trabaja, por los ciudadanos a los que en teoría sirve".
"Hay en torno a 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación [de acuíferos]. Por lo tanto, ese es el volumen de agua que en principio, en el 2027, deberíamos ser capaces de no extraer. (...) En este momento no podemos decir qué parte [de superficie de regadío] va a ser sustituida por un cambio de cultivo; qué parte va a tener un recurso externo, aunque algunas sí las sabemos ya porque hay desaladoras [de agua de mar] que ya están sustituyendo agua subterránea, y qué superficie no se podrá seguir cultivando".
"Todo el país está en una situación de riesgo con mayor o menor gravedad, en función de su localización geográfica, por el tema del cambio climático. Eso es evidente. Parece que los expertos nos han convencido ya, si tenían que convencernos, de que va a haber menos aportaciones [de agua]. Y si va a haber menos aportaciones, hay que adaptarse".
"Nuestro plan [de tercer ciclo] refleja un conjunto de actuaciones, tanto respecto al trasvase Tajo-Segura como de las aguas subterráneas, para intentar mantener en lo posible la actividad socioeconómica y, si tiene que disminuir, que sea lo mínimo posible. Porque al final es el soporte del territorio. (...) El Ministerio está trabajando para poder minimizar esos impactos, con todo el plan de desalación, ampliación, interconexión y de plantas fotovoltaicas. (...) Habrá que esperar al final, a ver cómo se cierran los planes [del Tajo y del Segura], y entonces será cuándo realmente tendremos la certeza de ese impacto que se pueda producir".
"Si hace falta más agua, hoy por hoy, el escenario que nos planteamos es un incremento de desalación adicional a lo que ya hay y lo que está ampliándose. Yo lo que sé es que ahora mismo las desaladoras, si no están al 100%, están al 95%. Es decir, no podemos, o podemos pero no se correspondería con la realidad, decir que en la cuenca del Segura sobra agua".

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se sienta con DATADISTA de nuevo en octubre de 2022. Es un momento clave para el organismo de cuenca. Con los planes de tercer ciclo (2022-2027) en pleno proceso de aprobación, que en el caso del Segura incluyen la obligación de reducir en 190 hm3 el agua subterránea que se extrae de unos acuíferos sobreexplotados en paralelo a un recorte del trasvase Tajo-Segura aún por definir pero que ya está provocando tensiones a todos los niveles; un dictamen motivado de la Comisión Europea a España por no haber protegido las aguas subterráneas de los nitratos de la agricultura que apunta directamente a las consecuencias para el Mar Menor; recién entregados por los regantes los informes técnicos sobre las medidas cautelares impuestas por la CHS para reducir los fertilizantes en el Campo de Cartagena; y con 6.000 hectáreas de regadío ilegal con el grifo ya cerrado después de años en que ninguna administración parecía verlo, Urrea no puede decir que se esté aburriendo desde que cogió las riendas de la CHS a mediados de 2018.

EL EFECTO DEL AVISO DE EUROPA

CONTEXTO | El 2 de julio de 2020 se conocía el dictamen motivado de Bruselas a España, previo a un posible expediente sancionador, por no haber protegido las aguas subterráneas de la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura. Entre los ejemplos destacados, la Comisión Europea apuntaba al estado del Mar Menor y la insuficiencia de las medidas tomadas tras la crisis de la 'sopa verde' de 2015 a 2016 y el primer episodio de anoxia y mortandad masiva de peces de octubre de 2019.
La comunicación de Bruselas lo cambió todo. En cuestión de días, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró oficialmente contaminado el acuífero Cuaternario, la capa superior de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, y tomó medidas cautelares que afectaban directamente a la agricultura. Las principales: controlar la cantidad de fertilizante en las tierras más cercanas al Mar Menor y limitar a dos los ciclos de producción de hortícolas. Resultó que sí se podía. Que si un Gobierno autonómico, en ejercicio de sus competencias, no obliga a los agricultores a cumplir los límites de fertilizantes que establece la ley, la administración hidráulica puede hacerlo.

PREGUNTA | Científicos y ecologistas llevaban décadas avisando del riesgo del regadío superintensivo y sus fertilizantes para el Mar Menor. La sopa verde fue en 2016. El primer episodio de mortandad de peces, en 2019... ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en actuar?

RESPUESTA | Si no se actuó antes, habría que preguntarles a los que estaban antes. Yo llegué el 1 de agosto de 2018. Al final de ese año tuvimos ya un episodio de lluvia importante y en 2019 pasó lo que pasó. La Confederación tiene las competencias que tiene, no tiene una varita mágica, permítanme la presión, para poder resolver los problemas. Tiene un ámbito competencial muy claro.

Si se mira el mapa de España de contaminación de acuíferos, no somos los únicos. España está mal, Europa está mal. El problema que ha activado todo esto ha sido la crisis ecológica del Mar Menor. Si tú tienes un acuífero que está contaminado, y es duro lo que voy a decir, pero no afecta ni a las personas, porque el abastecimiento urbano va por otra vía, y no tiene un ecosistema asociado que se vea perjudicado, tienes una bomba de relojería ahí abajo, pero no explota. El problema es cuando explota.

Y cuando esto explotó, primero con la crisis de 2015, se empezó a reaccionar. Después de lo de 2019 hicimos un análisis muy serio y concienzudo de hasta dónde la ley nos permitía actuar como organismo de cuenca y encontramos las claves. Esto de las medidas cautelares, que un organismo de cuenca ordene la agricultura no se había hecho nunca. Hemos sido pioneros. No sé si nos seguirán otros en otros sitios, pero nosotros vimos que había unos mecanismos legales.

El legislador suele hacerlo bien, suele dejar claves para que las cosas vayan bien. Lo que hay que hacer es aplicarlas. Nosotros, en el momento que vimos que teníamos esa posibilidad, a través de Junta de Gobierno, de limitar la utilización de fertilizantes, nos acogimos a ella.

Pero desde un punto de vista estrictamente técnico, no hemos hecho nada diferente de lo que tenía que haber hecho la Administración autonómica. Son las mismas cifras, las mismas restricciones que tienen ellos en sus buenas prácticas. Lo mismo que tienen ellos en sus leyes.

PREGUNTA | Una vez hecha esa declaración de contaminación o de riesgo químico del acuífero, que por cierto supera desde hace muchos años el límite legal de 50 mg por litro de nitratos y que afecta directamente al Mar Menor, ¿qué mecanismos se activan?

RESPUESTA | Una vez está diagnosticada una masa de agua como afectada por contaminación o con riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo, que es la denominación exacta, hay que actuar en dos frentes. El primero, que es lo que ha venido diciendo el Ministerio [de Transición Ecológica] desde el minuto cero, hay que actuar en origen. Lo que no podemos es seguir contaminando la masa de agua.
Esa es la razón de ser de las medidas cautelares.

Y esa es la razón de ser de esos controles exhaustivos que estamos realizando, tanto desde el punto de vista del control de la superficie de riego... Porque no nos engañemos, la superficie de riego que se está regando de manera ilegal hace dos efectos perversos o negativos: por un lado, consume un agua que no debería de consumir y que tendría que estar consumiendo otro y además está utilizando unos fertilizantes que está introduciendo en principio en el acuífero.

EL REGADÍO ILEGAL

CONTEXTO | La comunicación de Bruselas aceleró también el proceso de cierre del grifo a miles de hectáreas de regadío ilegal junto al Mar Menor que durante años ninguna administración pareció ver. A pesar de las denuncias y exhaustivos informes de organizaciones como ANSE y WWF, solo cuando tuvo lugar el primer episodio de mortandad masiva de peces en el otoño de 2019 la CHS reconoció la existencia de ese regadío ilegal. El reconocimiento derivó durante meses en un nuevo rifirrafe entre el organismo de cuenca y el Gobierno de la Región de Murcia por si debía actuar antes el encargado de cerrar el grifo o el competente en revertir el terreno a su estado legal, ya fuera monte o secano.

PREGUNTA | Ese regadío ilegal, que también se tardó muchos años en detectar, ¿en qué medida está ya erradicado?

RESPUESTA | Tenemos ya 6.000 hectáreas desconectadas de las 8.000, 8.500 que estábamos manejando. Estoy convencido de que, de aquí a final de año, si no las tenemos todas, nos quedará muy poco. Eso se ha conseguido con el esfuerzo del personal e incluso con el apoyo y hay que decirlo, del Seprona, hemos ido de la mano en multitud de actuaciones y como digo yo, sin horario. Empiezan por la mañana y hasta que no han cerrado todo lo que tenían que cerrar, no han parado.

PREGUNTA | Incluso una vez reconocidas esas miles de hectáreas de regadío ilegal, se repitió el ya habitual rifirrafe entre Confederación y Gobierno autonómico por quién debía hacer qué. Ellos les acusaban a ustedes de no cerrar el grifo. Ustedes a ellos de no restituir el terreno al estado legal. ¿Cuál es la situación ahora?

RESPUESTA | Yo he de decir que nosotros hemos aprendido a cerrar el grifo, porque hasta ahora he de reconocer que ni yo ni mis antecesores lo habíamos hecho, salvo con los pozos. Un pozo está localizado y si es ilegal, vamos, precintamos, sacamos la maquinaria y se corta el grifo. Pero aquí se ha producido una casuística más compleja porque son fincas que una parte tiene derecho de riego, otra parte no, las infraestructuras son comunes a las dos, están enterradas, no sabemos por dónde van... Al principio, nosotros, no sé si en un exceso de ingenuidad, creíamos que si ellos [el Gobierno autonómico] restituían, iba a ser mucho más rápido que ponernos nosotros a buscar tuberías en el campo, por decirlo de alguna manera.

Visto que el tiempo pasaba y aquello no era efectivo, arbitramos un procedimiento, con todas las garantías jurídicas para el usuario por el que, en el inicio del expediente sancionador, ya adoptábamos la medida cautelar de corte del suministro. El expediente podía seguir su camino largo y de recursos hasta el contencioso administrativo si fuera necesario pero la medida cautelar tenía un recorrido mucho más corto. Nos ha pasado en algunas ocasiones que el usuario lo recurre pero el tribunal ha dicho que la medida está bien fundamentada y por lo tanto se le puede cortar el grifo. Lo que no hago es, en fincas particulares, que es una propiedad, entrar a eliminar sistemas de riego e infraestructuras. Eso no es mi competencia.

El Gobierno autonómico, lo que tiene que hacer, en cumplimiento de su normativa, es realizar esa restitución, es decir, que en el terreno desaparezca la infraestructura de riego y si era monte o matorral, que vuelva a ser monte o matorral y, si era un secano, que pase a ser secano.

Ellos, para iniciar su procedimiento administrativo de restitución, vinculaban que el organismo de cuenca hubiera ultimado su expediente sancionador. Todos sabemos que un expediente sancionador, y si no lo sabemos lo digo yo, son muchos meses. Porque la Administración es garantista desde el punto de vista del usuario.

Para restituir un terreno a su situación, yo creo que lo único que necesitan de la Confederación es un certificado de que esa superficie no tiene derecho de riego. Ese ha sido, por así decirlo, el rifirrafe que ha llevado a que, si no me equivoco, nosotros hemos cortado el grifo en 6.000 hectáreas, le hemos comunicado [al Gobierno autonómico] 5.000 hectáreas y como ellos empiezan a actuar cuando yo les comunico, llevan del orden de 900 o 1.000 hectáreas restituidas. Si en el minuto cero, con un listado de parcelas que no tienen derecho de riego se hubiese iniciado el procedimiento, esa restitución estaría más avanzada.

PREGUNTA | Todas esas actuaciones son las que afectan al regadío ilegal pero además hay unas medidas cautelares que son las que se toman en julio de 2020 y que afectan al regadío legal. ¿Cuáles son las que consideran más efectivas y en qué punto de aplicación están?

RESPUESTA | Yo creo que hay fundamentalmente dos cuestiones. Una es el control de la fertilización, es decir, que la dosis de fertilizante que se esté utilizando sea la que, insisto, la comunidad autónoma tiene en sus libros, porque ella es la competente en agricultura. Y por otro lado hemos limitado el número de puestas de hortícolas. Es decir, [el regadío] en el Campo de Cartagena sabemos que tiene una intensidad importante y lo hemos limitado a dos puestas. Desde el punto de vista de la carga [de nitratos] al acuífero, esas dos cuestiones son las más significativas.

Eso es lo que nos han presentado [los regantes]. Creo recordar que han presentado unas 37.072 hectáreas y eso cubre el 98% de la Zona 1 y la Zona 2, que es donde había que realizar el control. Es decir, todo el mundo ha presentado documentación, excepto ese 2%. Ahora, lo que hay que ver es si lo que han presentado realmente responde a las medidas cautelares, si están completas, si no... Lo están analizando ahora los técnicos de la Comisaría de Aguas para ver si realmente esos informes reflejan el cumplimiento o no de la medida. Yo creo que en unos tres, cuatro meses, podemos tener la totalidad.

Sobre la batalla judicial [contra las medidas cautelares], entendida en los recursos contencioso administrativos que han ido poniendo, no solo los regantes sino también otras administraciones, los jueces nos han dado la razón. Han dicho que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Hay que actuar en origen, hay que controlar que la agricultura no produzca eso que se llama un exceso de fertilización que al final drena y contamina.

PLAN INTENSIVO DE INSPECCIÓN DE MACROGRANJAS

RESPUESTA | El otro frente que hemos abierto es el de la ganadería. Vamos a hacer inspecciones de determinadas granjas. Hemos firmado un convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para acceder al registro de explotaciones ganaderas, al que no accedíamos, y poder ir con nombres y apellidos a inspeccionar estas actividades. Ellos son los que tienen que controlarlas. Nosotros lo que tenemos que poner y ponemos en nuestros informes son las medidas para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Si la balsa está impermeabilizada y tiene un gestor de residuos, ¿por qué vamos a informar desfavorablemente? Pero claro, luego tendremos que comprobar que nuestras medidas se están cumpliendo por parte de la Administración que debe de hacerlas cumplir.

Estamos estableciendo el planning para hacerlo y yo creo que en seis meses habremos visto una parte muy importante de lo que es el Campo de Cartagena. Ya hacemos controles, no es que digamos que la ganadería no la tocamos, no. Pero lo que vamos a hacer es un plan intensivo de control de la ganadería.

Lo más importante es la segunda parte, porque yo creo que esa primera [control de la agricultura y la ganadería] la vamos a conseguir. Tardaremos más o tardaremos menos pero, si me permiten la expresión, eso es más o menos fácil. Ahí es cuestión de dedicar un esfuerzo, controlar y al final constatar que no se está introduciendo [más carga de nitratos en el acuífero].

Pero ahí abajo hay un embalse de agua [subterránea] que ya está afectado. El problema no lo hemos resuelto por mucho que ya no le estemos metiendo carga contaminante, que es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tendrá que determinar el plan de ordenación: qué sistema de renovación se puede producir para que con el tiempo se pueda diluir ese agua que hay ahí abajo. Si ya no le metemos carga, sigue habiendo lluvias, sigue habiendo infiltraciones, eso se irá diluyendo, pero en tiempos incompatibles con conseguir el buen estado de la masa.

EL ACUÍFERO CONTAMINADO QUE REBOSA JUNTO AL MAR MENOR

CONTEXTO | La masa de agua subterránea bajo el Campo de Cartagena no solo tiene altamente contaminada su capa superior, el acuífero Cuaternario. Además, su nivel freático está tan alto que sus aguas contaminadas rebosan en superficie y van a parar al Mar Menor a través de las ramblas. También llegan a la laguna por el subsuelo. En 2019, el Plan de Vertido Cero incluyó la inversión en un sistema de extracción de algo más de 12 hectómetros cúbicos de agua del acuífero y la implantación de un colector para llevar el agua a una planta de desnitrificación. La medida servía para reducir el nivel freático y evitar que el Cuaternario siguiera aportando el río contaminado que hoy sigue llegando de forma constante al Mar Menor pero además preveía reenviar el agua desnitrificada y desalada a los regantes para su uso.

El Ministerio de Transición Ecológica aparcó este plan y lo ha sustituido por una solución basada en la desnitrificación natural del agua que brota del acuífero, lo que ha provocado el enfado de los regantes, que han visto truncadas sus expectativas de recibir más agua, y del Gobierno de la Región de Murcia.

PREGUNTA | El acuífero no solo sigue contaminado sino que aporta aguas contaminadas al Mar Menor porque está tan lleno que rebosan en superficie . ¿Cómo se va a solucionar? ¿Qué riesgo ven de que al final haya que recuperar el plan del colector pero con años de retraso?

RESPUESTA | El Ministerio se ha pronunciado en el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor y, en principio, lo que está contemplado es la creación de cinturones verdes que tendrán la misión de desnitrificar. ¿Cómo se alimentan esos cinturones verdes? En unos casos con agua superficial que pueda venir por la rambla y en otros casos extrayendo agua del acuífero. Estamos barajando en torno a 4,5 a 5 hm3/año. Por lo tanto, sí que va a haber ya una primera extracción de agua del acuífero mediante los sondeos correspondientes, para que terminen alimentando esos cinturones verdes que realizarán un proceso de desnitrificación, llamémosle natural.

En función de cómo funcione todo ese sistema y los plazos que vayamos viendo que afectan al acuífero y su recuperación, el Ministerio entiendo que ratificará, potenciará o modificará lo que está haciendo. Con una premisa, que en origen habremos cortado la entrada de fertilizantes.

El marco de actuaciones prioritarias es del año pasado, creo recordar que se presentó en noviembre de 2021. Se está trabajando en los proyectos. Esos proyectos tendrán que hacer una tramitación ambiental, hay unas expropiaciones que realizar, pero yo no estoy hablando del medio plazo. Entendemos que en el 2023 tendrá que haber alguna visualización de actuaciones de esta naturaleza. De hecho, ya estamos trabajando en determinadas ramblas, en este caso las mineras. Ahora lo que es prioritario es hacer estas actuaciones que insisto, son controles en origen y cinturones verdes para la desnitrificación natural. En función de cómo funcione eso supongo que habrá que tomar nuevas determinaciones.

EPISODIOS DE VIOLENCIA EN EL CAMPO

CONTEXTO | En los documentos de tercer ciclo de otras confederaciones hidrográficas se recogen episodios de violencia contra el personal que ha ido a precintar pozos o simplemente a inspeccionar. Personal de la Confederación del Guadalquivir que iba a comprobar la existencia de pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, se han visto en más de una ocasión rodeados por decenas de regantes, que se habían avisado unos a otros por whatsapp, y han terminado incluso en el hospital tras ser rescatados por la Guardia Civil. La misma Confederación del Guadalquivir tuvo que actuar con el factor sorpresa para cerrar pozos que tenían ya sentencia en contra y acudir de noche y con la Guardia Civil. Cuando se cerró el salmueroducto tras el episodio de sopa verde del Mar Menor también hubo escenas violentas en el Campo de Cartagena y fue preciso que acudiesen los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

PREGUNTA | ¿Está siendo pacífica la implementación de las medidas actuales?

RESPUESTA | A nosotros nos rompen coches. Hay violencia contra el personal de campo de los organismos de cuenca. No es generalizado, pero sí es un dato relevante que alguien que es la policía se vea agredida, bien personalmente o bien en los medios con los que trabaja, por los ciudadanos a los que en teoría sirve. Afortunadamente no es... son destrozos y ponemos la denuncia correspondiente, que no sé si al final encuentran al culpable o no lo encuentran, pero no podemos hacer más.

Nosotros lo que intentamos es concienciar a la gente. Y yo creo que está concienciada. Es decir, eso son excepciones. Yo lo que tengo es que romper una lanza en favor de los funcionarios y funcionarias y personal laboral de esta casa. Porque estos años están siendo muy intensos y están, como digo yo, yendo más allá de lo que un trabajador normal en una empresa normal está obligado a hacer.

ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS

PREGUNTA | La contaminación por nitratos no es el único problema de los acuíferos de la cuenca del Segura. Hay un alto número de masas sobreexplotadas, según declaran ustedes en los documentos del plan de tercer ciclo. ¿Qué se va a hacer para cumplir con Europa y alcanzar los objetivos medioambientales en 2027? ¿Qué cuantía de agua de mar desalada ya está o va a estar destinada a sustituir agua subterránea que se extraía de acuíferos sobreexplotados?

RESPUESTA | En riesgo cuantitativo, que era lo que tradicionalmente se conocía como sobreexplotación de acuíferos, tenemos del orden del sesenta y tantos por ciento de las masas de la cuenca. Tenemos ahora mismo otras tres masas en vías de hacer el mismo trámite que con la de Campo de Cartagena pero con la sobreexplotación. Están ya declaradas en riesgo cuantitativo y estamos con la constitución de las comunidades de usuarios y del plan de ordenación.

El balance con el que nos estamos moviendo es que hay en torno a 190 hectómetros cúbicos de sobreexplotación. Por lo tanto, ese es el volumen de agua que en principio, en el 2027, deberíamos ser capaces de no extraer de las masas de agua [subterráneas]. Ello implicaría o un recurso alternativo, si no en la misma cuantía en cuantía inferior, cambios de cultivo que exijan menos agua o la reducción de la superficie de riego. Porque si no hay agua suficiente, alguna superficie se verá afectada. Eso es lo que determinarán los planes de ordenación.

En este momento no podemos decir qué parte va a ser sustituida por un cambio de agricultura; qué parte va a tener un recurso externo, aunque algunas sí las sabemos ya porque hay desaladoras [de agua de mar] que ya están sustituyendo agua subterránea insostenible, y qué superficie no se podrá seguir cultivando.

La desaladora de Águilas pusimos como condición que una fracción de esa agua fuera a atender recursos de aguas subterráneas con un decalaje en el tiempo para hacerlo de manera gradual, dejar de extraer el agua. Yo creo que ahí estaríamos hablando del entorno de unos 15 a 20 hectómetros cúbicos. Valdelentisco, que es la otra desaladora, ahí también hay una fracción que va a estar yo creo entre 5 y 10hm3. Y luego en Torrevieja también se está reservando en el entorno de 20hm3. Esas son las cantidades con las que nos estamos moviendo para un cambio de un agua por otra.

Luego habrá que hacer la fracción, que yo creo que va a ser la más importante, de la reconversión o de la reordenación agrícola de tipología de cultivo para ir a cultivos que sean menos demandantes [de agua]. Por el cultivo, no por la modernización. Es conocido que el goteo está introducido en un porcentaje importantísimo de Murcia y Alicante. No es una utilización de menos agua para el mismo cultivo, es cambiar el tipo de cultivo.

PREGUNTA | Una parte del agua de mar desalada la están destinando a sustituir agua subterránea que regaba regadíos que no eran legales. Se decidió regularizarlos si eran anteriores a 1998, lo que se llamó regadío consolidado. ¿Cuántas hectáreas se han regularizado ya de ese regadío que fue ilegal?

RESPUESTA | A partir de 2018, con la desaladora de Águilas habremos consolidado unas 3.500 hectáreas de esa zona. Luego en Valdelentisco habrá otra regularización de ese consolidado pero que ahora mismo no está todavía otorgada y están pendientes de los informes de la Oficina de Planificación para determinar qué partes consolidar y qué parte no. El problema ha surgido porque en el periodo de sequía del 2015 al 2018 se otorgaron unas autorizaciones al amparo del decreto de sequía que permitían el riego, pero no ostentaban el respaldo de un derecho previo. Cuando llegamos nosotros y se acaba la sequía, pues evidentemente eso no puede seguir. Todo eso ha habido que desmontarlo.

TRASVASE TAJO-SEGURA

PREGUNTA | En los documentos del tercer ciclo, ustedes alertan de graves efectos si se reduce el agua para regadío, tanto si es por la menor cuantía procedente del Trasvase Tajo-Segura, como si se sustituye subterránea por agua de mar desalada, que es más cara y afectará a la competitividad. ¿Está en riesgo la economía hasta ese nivel? ¿Hay opción a la reducción de consumo de agua en la situación actual?

RESPUESTA | No solo nosotros, yo creo que todo el país está en una situación de un riesgo con mayor o menor gravedad, en función de su localización geográfica, por el tema del cambio climático. Eso es evidente. Parece que los expertos nos han ya convencido, si tenían que convencernos, de que va a haber menos aportaciones.Y si va a haber menos aportaciones hay que adaptarse.

Las vegas tradicionales del río Segura tienen un agua y una modernización realizada y no tienen déficit. A pesar de que haya una disminución de las aportaciones, se vería ligeramente disminuida su garantía, pero en principio no tendrían unos problemas, digámosle acuciantes.

La otra pata son las aguas subterráneas. Ahí ya hemos dicho que hay una fracción importante de sobreexplotación y en función de esos planes de ordenación, puede terminar habiendo una afección socioeconómica por pérdida de superficie.

Y la otra tercera pata es el Trasvase Tajo Segura. El Ministerio lo que está es con un programa de actuación consciente, no sé si llamarle riqueza o soporte socioeconómico de un territorio, de que hay que dar un agua para poder continuar con la actividad de una manera adecuada. Ahí nuestro plan refleja un conjunto de actuaciones importante, tanto en el Tajo-Segura como de las aguas subterráneas para intentar mantener en lo posible y si hay que disminuir que sea lo mínimo posible esa actividad socioeconómica. Porque al final es el soporte del territorio. Si uno mira los PIB de las distintas comunidades autónomas y del sector primario de Murcia y Alicante tiene un peso importante.

PREGUNTA | Lo que dicen sus documentos de tercer ciclo es que, el recorte del trasvase, tal y como está planteado en el borrador del plan del Tajo, tendrá unos efectos negativos muy importantes en el regadío de la cuenca del Segura. ¿Va a acabar la falta de agua en una guerra de demarcaciones?

RESPUESTA | Nosotros hemos hecho un análisis técnico, lo hemos reflejado, hay quien dice que nos hemos quedado cortos y hay quien nos dice que nos hemos pasado. Yo lo que... vamos, yo no, el Consejo del agua de la demarcación, que es el que aprueba ese documento, lo que puso de manifiesto en su momento es que en función de las cantidades que se manejen habrá distintos impactos. El Ministerio está trabajando para poder minimizar esos impactos, con todo el plan que está en marcha de desalación, ampliación, de interconexión y de plantas fotovoltaicas. Habrá que esperar al final a ver cómo se cierran los planes y entonces será cuándo realmente tendremos la certeza de ese impacto que se pueda producir.

Hemos establecido como una posible reserva, en caso de que haga falta más agua. Evidentemente, si hace falta más agua, hoy por hoy, el escenario que nos planteamos es un incremento de desalación adicional a lo que ya hay y lo que está ampliándose.

Eso es lo que el plan quiere decir, en caso de que haya alguna necesidad de incrementar la disponibilidad de recurso. Nosotros no podemos contemplar en un Plan de cuenca, digamos, de un ámbito territorial determinado, transferencias de otros ámbitos territoriales. Nosotros hacemos nuestra foto y teóricamente, si no fuera suficiente, para eso está el Plan Hidrológico Nacional, que es el que debe compatibilizar los distintos planes.

Yo lo único que sé es que ahora mismo las desaladoras, si no están al 100%, están al 95%. Es decir, no podemos o podemos pero no se correspondería con la realidad decir que en la cuenca del Segura sobra agua. El abastecimiento a la población sí que está blindado Y desde ese punto de vista sí que hay unas desaladoras, que son las de la Mancomunidad de los canales del Taibilla, que no están agotadas, en previsión de que pueda producirse algún fallo en el suministro de agua superficial. El documento oficial de la Cuenca del Segura dice los recursos disponibles que son, dice las demandas consolidadas constatadas y dice la brecha que hay.

🎙Capítulo 3. España al límite (II): nacionalizados, camino al rescate

Ana Tudela — jue., 09 jun. 2022 12:00:00 +0200

ESCUCHA EL CAPÍTULO 3

Cena de los principales banqueros en el Ministerio de Economía con la plana mayor del Banco de España en Basilea y sin enterarse de nada. Dimisiones, cuentas presentadas sin auditar, reformulaciones. El 9 de junio de 2012, hace diez años, el ministro de Economía Luis de Guindos anunciaba la petición de ayuda a Europa para rescatar a parte de la banca. Un máximo de 100.000 millones de euros que acabaron quedándose en 41.333 millones y que iba a pagar la banca. No fue así. La factura del rescate ha pasado en su mayoría al bolsillo de las ciudadanas y ciudadanos. El volumen que alcanzó el rescate se debió al desastre que se arrastraba de la burbuja inmobiliaria y la tardanza en sanearlo pero la pérdida absoluta de confianza en España se debió también a lo que ocurrió en las frenéticas semanas antes de la solicitud de la ayuda. Vamos a contarlo.

Guion, datos, locución y montaje: Ana Tudela

Edición de sonido: Antonio Delgado

CRISIS DE MEMORIA
Capítulo 3. 
España al límite (II): nacionalizados, camino al rescate
LOCUCIÓN: “El 9 de junio de 2012 lo tengo marcado en el calendario como el día más trascendente de los que he vivido como ministro de Economía. (…) A las 15 horas tenía la conference call con los socios del Eurogrupo.  Mi preocupación era dejar bien claro que no era un rescate completo a España, (…), sino un programa destinado exclusivamente a los bancos”.
(…) “Si hay un asunto que me ha perseguido desde el principio -y del que aún queda tiempo para conocer el punto final- es Bankia. La entidad ha representado mucho lo que la crisis arrojó sobre la sociedad española. Una mala gestión económica con derivas políticas y judiciales, en un contexto de sufrimiento e incertidumbre para una parte importante de la población”.
LOCUCIÓN: Sigo leyendo España amenazada, del ex ministro de Economía Luis de Guindos.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): ¿El señor de Guindos? Oiga, no me voy a poner aquí a pelearme con el señor De Guindos. Si usted quiere citar al señor De Guindos o hacerle propaganda a su libro, usted mismo la hace, a mí me da completamente igual.
LOCUCIÓN: Hombre, don Rodrigo Rato, cómo estamos. Por cierto, se le nota que le da a usted completamente igual.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Yo le digo lo que yo sé. No voy a hablar de la profesionalidad de cada cual en las sociedades financieras que ha estado o lo que ha sucedido. Me parece que no es lo que nos trae hoy aquí.
LOCUCIÓN: Rato-De Guindos, De Guindos-Rato. Dos hombres. Dos rivales. Testosterona a saco. Una guerra personal en medio de la crisis de una entidad financiera que estuvo a punto de llevarnos por delante. Y al euro también. Qué humano todo. Su relación profesional anterior. Rato cuando era ministro de Economía y De Guindos estaba a sus órdenes. Ese trato en los despachos. Ese tono cuando uno habla del otro. De Guindos, que habló una y otra vez de su ex jefe en sus declaraciones ante la Comisión de Investigación sobre el rescate financiero en el Congreso sin decir su nombre. Y el coro. Las risillas de fondo cuando uno le atizaba al otro. Esos niños riéndose al ver a guiñoles meterse con la cachiporra. Toma, toma, toma.
Hace 10 años España pedía ayuda a Europa para poder rescatar a su banca. Hace 10 años, empezaba la caída de uno de los grandes símbolos del milagro español. Un intocable hasta ese momento. Momento que, por cierto, cada uno de ellos, De Guindos - Rato, recuerda… a su manera.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): El 6 de mayo, el ministro de Economía me exigió la dimisión, que se hizo efectiva el 9.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El lunes 7 de mayo, el presidente del grupo me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante un comunicado en el que decía haber decidido pasar el testigo a un nuevo gestor, por estimar que era lo más conveniente para esta entidad.
LOCUCIÓN: 7 de mayo de 2012. Esa noche, esa misma noche tras anunciar su dimisión al frente de Bankia, Rato reserva mesa en el Restaurante El Qüenco de Pepa y se da un homenaje de 341,65 euros Y, hagan sus apuestas. Saca su tarjeta black de Bankia… Y paga.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El anterior presidente de Bankia…
LOCUCIÓN: Rato. Rodrigo Rato.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): …yo no le pido que dimita. Dimite él. ¿Por qué? Uno, porque veía todo lo que se venía encima; dos, porque había presentado unas cuentas sin auditoría, que es una falta especialmente, especialmente relevante, no sé si usted es consciente al respecto, y en tercer lugar porque yo creo que sabía perfectamente, perfectamente que, de forma muy rápida, se iba a recomendar la conversión de las participaciones preferentes en capital, las que tenía concedidas BFA, y eso era en última instancia la nacionalización. Y hay una primera conclusión evidente de una nacionalización y es que cuando tú nacionalizas una entidad lo primero que tienen que hacer es cambiar al equipo de gestión, ¿no? Me parece que era un lunes por la mañana, me comunica que iba a dimitir, que lo iba a comunicar inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que había hablado con el señor Goirigolzarri y me pide que si puedo llamar, que el señor Goirigolzarri lo que me había pedido es… bueno… qué opina el Gobierno de que yo llegue. Y yo, como he indicado en mi exposición, le llamo y le digo que me parece, que me parece, que me parece bien. Mire, únicamente al día siguiente, me vuelve a llamar el ex presidente de… el anterior presidente de Bankia.
LOCUCIÓN: Rato.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Y me dice que lo ha pensado bien y que va a continuar de presidente hasta la siguiente junta. En ese momento, ahí sí, ahí sí que le dije: Mire, usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Convoca al consejo y dimite. A lo mejor el anterior presidente de Bankia…
LOCUCIÓN: Rato.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): …estaba confundiendo lo que era la petición inicial que nunca existió de dimisión con esta específica que sí existió.
El 9 de mayo, los consejos de administración de BFA y de Bankia aceptaron la renuncia, nombraron al nuevo presidente  y acordaron además solicitar al Fondo de Reconversión Ordenada Bancaria, el FROB, la conversión de participaciones preferentes de Bankia en acciones ordinarias de capital.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Y la acción de Bankia se desplomó.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Permítanme recordarles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso a Bankia una sanción por una infracción grave como consecuencia de prácticas de manipulación de mercado en las semanas previas a la dimisión del anterior presidente…
LOCUCIÓN: Vale, vale, vale. Por favor, señor De Guindos. Yo no niego esa operativa ilegal con acciones propias de Bankia en los últimos días de Rato ni digo tampoco, como parece querer dar a entender el señor Rato, que su dimisión, por el hecho de ser él, hiciera que se cayese la acción. Pero hace diez años pasaron cosas loquísimas en este país y estamos aquí para recordarlas porque el mundo, y cuando digo el mundo me refiero al mundo de los dineros, perdió por completo la confianza en España. Que estábamos mal, que teníamos un roto de impagos del sector inmobiliario en el sector financiero enorme, sí, pero lo que pasó es que dejaron de creerse nuestras cifras, perdieron la confianza en nuestro supervisor y pidieron revisiones exhaustivas de las entidades financieras españolas por firmas externas, mientras se publicaban informes de sesudas casas de análisis que hablaban de agujeros en la banca de hasta 270.000 millones de euros, más de una cuarta parte del PIB español. Este país estaba mal, muy mal, y no seré yo quien venga aquí a defender la gestión de Rato pero pasó algo más que eso para tumbar los títulos españoles en bolsa y disparar la prima de la deuda española. Y para poner al euro contra las cuerdas.
Algunos de los países del euro, entre ellos España, se asomaban de nuevo a la recesión, las políticas de austeridad seguían siendo la consigna, los tira y afloja con Grecia iniciados en 2010 se habían convertido en algo que tensionaba los mercados de forma periódica y España estaba metida en una locomotora de reformas, de recortes y de incertidumbres todas a la vez y el dinero huyó. Y sí, en medio de todo aquello, ocurrió lo de Bankia. A los hechos, por favor.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El 14 de mayo, el FROB aceptó la conversión de las participaciones preferentes de BFA-Bankia en acciones. Supuso, de facto, la nacionalización de BFA e, indirectamente, de Bankia.
LOCUCIÓN: En mayo de 2012, hace una década, los españoles nos convertimos de verdad en banqueros. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que había apoyado a las entidades con problemas dándoles dinero, invirtiendo en títulos, a cambio de un interés, modificó su inversión en Bankia directamente por acciones. Nos hicimos propietarios de Bankia y por tanto responsables de salvarla con nuestros impuestos si se veía con problemas para devolver sus ahorros a quienes los habían dejado allí metidos. Quizás era la única opción pero iba en contra de lo prometido durante las elecciones unos meses antes.
MARIANO RAJOY, CANDIDATO PP / DEBATE ELECTORAL (7-11-2011): Yo no voy a meter dinero público…
LOCUCIÓN: a pesar de que el PP tenía ese plan en mente desde antes de llegar a la Moncloa, como contamos en el capítulo anterior. Fue el paso final en un camino en que, se supone, se había intentado evitar el rescate con dinero público a toda costa. Un camino iniciado por un Gobierno socialista en el que se habían fusionado entidades enormes con enormes problemas, unas más que otras, se habían hecho salidas a bolsa y se había metido en la ecuación, otra vez, a inversores minoristas, a ciudadanos de a pie,
EFECTO: Manuel tiene una pequeña empresa…
LOCUCIÓN: A Manuel y a Manuela, que veían en la tele que podían hacerse banqueros a partir de 1.000 euros.
EFECTO: Hazte banquero a partir de mil euros.
LOCUCIÓN: Y a quienes les instaron con gran entusiasmo desde las oficinas de Bankia a que comprasen acciones. Que sí, que la sentencia de la salida a bolsa de Bankia dice: “La información financiera incluida en el folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía”. Pero vamos, que todos sabemos que la gran mayoría de los inversores minoristas se leyeron ese folleto de arriba abajo con la misma atención y cautela con la que aceptamos las condiciones legales de las aplicaciones del móvil. Con el visto bueno del Banco de España, de la CNMV, con decretos aprobados por un Gobierno del PSOE pero con el apoyo del PP nacional. De los populares y socialistas autonómicos y su papel antes y durante la crisis ya hablaremos luego. Y al final, nacionalizados.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El 25 de mayo, Bankia presentó finalmente sus cuentas reformuladas, ya auditadas, que recogían unas pérdidas de 3.030 millones de euros, lo que contrastaba con los 307 millones de beneficios que aparecían en las cuentas sin auditar presentadas apenas un mes antes. Esa misma tarde el consejo de Bankia decidió pedir una ayuda de 19.000 millones de euros al FROB.
LOCUCIÓN: Usted aún no lo sabía cuando dijo esto ante la Comisión de Investigación sobre el rescate en el Congreso, señor de Guindos, pero la Audiencia Nacional ha dicho en su sentencia sobre Bankia que la reformulación de las cuentas, ese paso de los 300 millones de ganancia a los 3.000 de pérdidas que dicho así como lo ha dicho usted suena al fraude contable del siglo, no fue correcta. Se aplicó a los resultados de 2011 el efecto de normas que usted aprobó en 2012. El Ministerio Fiscal reconoció en sus conclusiones provisionales que “los cambios normativos nunca debieron aplicarse retroactivamente a las cuentas de 2011”. Goirigolzarri declaró que en la reformulación de las cuentas fueron muy importantes una serie de acciones sobrevenidas y la estimación del impacto en el valor de las inversiones inmobiliarias. Vamos, que si la economía iba a hundirse un poco más, los pisos que se estaba quedando la banca de promotores que no pagaban y sobre todo el suelo iba a seguir perdiendo valor y no se conocía el fondo. Goirigolzarri añadió: “Honestamente creo que entre febrero y mayo de 2012 hay un cambio excepcional en el entorno económico que viene de finales del año anterior”. ¿Fue eso un factor fundamental para que se disparase el valor del agujero de Bankia?, preguntan. Y Goirigolzarri respondió: “Sí, evidentemente”.
En cualquier caso, ahora hablamos de cuándo empieza a dispararse la cifra de dinero público que se va a inyectar en Bankia para cubrir los préstamos que no le estaban devolviendo, ni le iban a devolver jamás, sobre todo los promotores inmobiliarios a los que había dado crédito a espuertas. Pero el problema está en la duda que se extiende sobre los que sí le estaban pagando en tiempo y forma. Recordemos que esto acaba con una petición de ayuda a Europa de 41.300 millones de euros para salvar no solo a Bankia, a sino otras cuantas antiguas cajas de ahorros. Una cantidad que, si echásemos un euro a un cesto cada segundo, tardaríamos en reunir más de trece siglos.
SINTONÍA
LOCUCIÓN: Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria. Un viaje de una década hacia la Gran Recesión. Un podcast de DATADISTA para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después. Entra en DATADISTA.com y ayúdanos a seguir haciendo posible nuestro trabajo. España al límite. Capítulo 2: Nacionalizados, camino al rescate
En mayo de 2012, con los mercados mirando para decidir si apostaban todo a España en rojo, un presidente de una gigantesca entidad financiera y el ministro de Economía de España se pusieron a hacer malabares ante los focos incumpliendo unas cuantas normas en lo que se refiere a regulación financiera. Si la solidez de la banca se basa en gran medida en la confianza, no es de extrañar que aquello casi nos llevase por delante.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El 4 de mayo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un hecho relevante con las cuentas del ejercicio anterior que Bankia había presentado, que no iban acompañadas del correspondiente informe de auditoría; un hecho realmente inaudito.
LOCUCIÓN: Sin duda, señor De Guindos. Pero la historia de 2012 no empieza ahí. Empezamos el año con usted diciéndole al Financial Times que la banca española tenía un problema de 50.000 millones de euros por los impagos del sector inmobiliario, dato que le había dado el Banco de España y que se refería a un grupo de entidades pero que el mercado se tomó como prueba de que España no había limpiado de sus bancos los excesos de la burbuja, lo que afectó a todas, a todas las entidades. Se tarda un mes en aprobar las medidas que tienen que tomar las entidades financieras para cubrir ese agujero. Y los mercados hirviendo y, sí, con la cosa caldeada, una de las mayores entidades financieras, a la que ya miraba todo el mundo, hace públicas sus cuentas del año anterior sin el informe de auditoría. ¿Y esto qué es? Pues sin el informe obligatorio con la opinión sobre las cuentas del auditor, que es quien tiene que verificar que están hechas correctamente. Buaaa, vivir al límite.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Deloitte tenía obligación de dar su opinión sobre las cuentas. No la dio. No la dio pero la había dado informalmente. El 19 de abril hay un documento de Deloitte que está en la causa en la cual Deloitte no tiene ninguna salvedad, cero, sobre las cuentas de Bankia. Lo que pasa es que si Deloitte hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley y que nadie se lo ha exigido y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer.
LOCUCIÓN: La había dado informalmente. En fin, pues es verdad, señor Rato, ese documento está en la causa que juzgó la salida a bolsa de Bankia pero hay más cosas en la causa. Una causa que ya tiene sentencia de la Audiencia Nacional y en la que todos han sido absueltos porque culparles a ustedes, los gestores por mal que lo hicieran, y librar como se ha pretendido a los reguladores, los supervisores, los gobiernos que cambiaron y los que no cambiaron leyes, las autonomías, los sindicatos y, sí, también las patronales que pelearon con uñas y dientes para no perder el poder de las cajas, pues era complicado. Pero eso no quita para que en los hechos probados de la sentencia sobre la salida a bolsa de Bankia aparezcan correos y actas que hablan de aquellas cuentas de 2011 y de su auditoría.
10 de diciembre de 2011.
De: Juan Manuel Alonso, gerente de Deloitte
Para: Soraya Paredes, directora del Área de Auditoría de Bankia
Asunto: Información referida y pendiente de auditoría de Bankia/BFA 2011
“El ritmo de recepción de la mayor parte de la información está siendo muy lento, siendo aún mucha la información que tenemos pendiente de recepción dadas las fechas del año en las que nos encontramos”.
LOCUCIÓN: Mientras desde Bankia le daban largas al auditor, que empezaba a desesperarse por no recibir la información necesaria para su trabajo, dentro de la entidad, esa información llegaba al consejo de administración.
A ver, que Bankia estaba muy mal. El 12 de diciembre de 2011, dos días después del correo del auditor pidiendo la información que le falta, se celebra precisamente reunión del Consejo de Administración de Bankia
Octavo punto del orden del día: Grupo Inmobiliario.
José Manuel Fernández Norniella, consejero ejecutivo, expone la situación del riesgo inmobiliario de Bankia. Tiene adjudicadas por impago 53.123 unidades inmobiliarias que incluyen viviendas, locales, suelo, etc. Vamos, que Bankia se está convirtiendo en una inmobiliaria gigantesca porque se va quedando con los pisos, los terrenos, los locales, los garajes de aquellos alegres constructores que construían a crédito desde el suelo al último picaporte y que de repente, oh sorpresa, ya no pueden pagar.
Teeeengo, sueloooo, señoraaaa!!! Teeeengo suelooooo!! Garajes, garajes con su techo y hasta su puertaaa!! Viviendas en primera línea de solaaaar urbanizado. Me las quitan de las manos, oiga!!
Qué valía todo aquello con el mercado parado y, por más que la banca quisiera sostenerlo, con el valor cayendo en picado? Es verdad que en reuniones de alto copete dedicadas a dar la consigna de Vende España hubo uno que dijo que todo el suelo español valía cero y otro contestó, pues me lo compro todo. Valor tenía o lo tendría en el futuro. Pero no había mercado. Estaba roto. El miedo a que la caída no tuviese fondo lo paralizó todo con la misma fuerza con la que mantuvo subidas de dos dígitos cuando no parecía haber techo.
El problema cuando te estás quedando con algo que no puedes vender, vamos que no puedes convertir en dinerito, es a ver cómo recuperas el dinero que has prestado para devolvérselo a sus dueños, dinero que recordemos venía en gran medida del ahorro de otros países, alemanes, franceses…, cuyos bancos habían canalizado hacia España durante años porque le sacaron enormes beneficios.
Bankia no solo se había quedado con viviendas, suelo, etc. Debido a los impagos se le habían adjudicado empresas inmobiliarias como tal. Algunas al 100% y otras con socios dentro. Y menudos socios. Fernández Norniella le explica al consejo que son 350 socios de los que el 80% son promotores inmobiliarios. En su mayoría, insolventes. El 51% de los negocios inmobiliarios procede de Bancaja, la antigua caja valenciana, y tiene riesgo alto. El 20%, de Caja Madrid, riesgo bajo. Resto de cajas del grupo: 29%. Riesgo medio.
Si se ponía a precio de mercado, es decir, se calcula a cuánto se podría vender todo aquello en aquel momento y se hacía un ajuste en los balances, las cuentas del año iban a crujir. Norniella dice que están negociando con el Banco de España cómo hacerlo de forma escalonada y que las perspectivas de conseguirlo son buenas. De esto se puede pensar lo que se quiera pero lo que no tiene sentido es pensar que era un problema solo de Bankia. Toda la banca se negaba a reconocer el valor real de sus activos inmobiliarios, aunque los de algunos fueran muchos más y de peor calidad que los de otros. Bankia tiene un plan. Reunir todos los activos inmobiliarios en una sola sociedad y poner a gestionarlos a gente que sepa del negocio inmobiliario. La situación era muy complicada.
Los auditores habían hecho durante años la vista gorda, pero ahora tenían al mundo entero observando lo que estaba pasando en España. Y Bankia sabía que no les iba a gustar lo que tenía dentro.
4 de enero de 2012
De: Celma, auditor externo de Bankia
Para: Soria, auditor interno de Bankia
Asunto: Retraso en la entrega de documentación de las sociedades inmobiliarias.
“Hola Miguel Ángel:
El objeto de este correo es comunicarte que, en los casos de las revisiones de las sociedades inmobiliarias, nos están diciendo que no nos dan nada hasta el 16 de enero. Es un retraso importante”.
12 de enero de 2012
De: Celma, auditor externo
Para: Alberto Ibáñez, presidente del comité de auditoría de Bankia
“Gracias por tu llamada para ver cómo evoluciona la información pendiente” (…) Como verás, sigue siendo muy importante. Además, como te han dicho, en el área inmobiliaria los retrasos se siguen acumulando”.
El 3 de febrero, se aprueba el Decreto Guindos I. Las entidades financieras tienen que provisionar, es decir coger de sus beneficios o pedírselo a sus accionistas, unos 50.000 millones para cubrir sus créditos inmobiliarios con problemas, los dudosos. Se calcula que a Bankia corresponden unos 5.000 millones.
9 de febrero de 2012
De: auditor externo BFA/Bankia
Para: auditor interno BFA/Bankia
Asunto: Actualización e información solicitada y pendiente
“dado que estamos a nueve de febrero creemos que la situación de retraso en la recepción de la documentación (en especial del área inmobiliaria donde la carencia es casi absoluta) es difícil de justificar y hace muy difícil avanzar en la realización del trabajo de auditoría. (…) Reiteramos nuestra preocupación por la falta de información sobre el área inmobiliaria. Os agradeceríamos que se agilice la obtención de la información y se nos diga cuándo vamos a recibirla”.
14 de febrero de 2012 9.10 horas a.m.
De: presidente del comité de auditoría y cumplimiento de Bankia
Para: auditor externo
Gracias, Paco. Estoy hablando casi diariamente con Soria y con menos periodicidad con Durá, el interventor. Me aseguran ambos que tendrán la información en tiempo y forma de cara a reportar el cierre del año a finales de marzo”.
14 de febrero de 2012 11.36 minutos
De: auditor externo
Para: presidente del comité de auditoría y cumplimiento de Bankia
“Estimado Alberto. (…) Como verás, seguimos sin recibir las tasaciones. La situación no sabemos cómo calificarla”.
14 de febrero de 2012 18.05 minutos
De: auditor externo
Para : presidente del comité auditoría y cumplimiento de Bankia
“Gracias. Es una lástima que, teniendo desde hace tiempo, como tenéis, las tasaciones (estamos hablando de unas 2.000, no es un tema de un día, que las habéis ido recibiendo) no nos las hayáis ido dando con tiempo para trabajar de forma ordenada. A día de hoy, es una limitación en el alcance [de nuestro trabajo]”.
El 28 de marzo de 2012, el Consejo de Bankia aprueba las cuentas de 2011. EN las actas del consejo de administración de su matriz, BFA, se habla de que el auditor emitirá su informe. Es decir, aún no lo ha hecho. “Se indicaron aspectos pendientes de recibir que se están atendiendo desde la intervención y la auditoría externa”. La información aún no estaba entregada.
El 17 de abril de 2012, el Departamento de Inspección de la Dirección general de Supervisión del Banco de España le dice a Rato que han aprobado el plan de saneamiento para cumplir con el Decreto Guindos I.
18 de abril de 2012 Rato llama por teléfono al auditor externo. Quiere saber qué pasa con el informe de auditoría. Si va a ser favorable. Rato es quien le dice que va a haber una inyección de capital público en Bankia y entonces el auditor le contesta que, en ese caso, la auditoría sería favorable. Rato le pide que se lo mande por escrito. Se lo pone por escrito en un correo. El correo del que habla usted, señor Rato.
24 de abril de 2012. Ángel Acebes dimite como presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento de BFA.
25 de abril. El FMI, a petición del Gobierno de España, anticipa la publicación del informe sobre la banca española. No citan a Bankia pero hablan de ella sin dejar lugar a dudas.
30 de abril. Se remiten las cuentas de Bankia a la CNMV sin informe de auditoría.
4 de mayo de 2012. Se publican las cuentas como hecho relevante. Sin informe de auditoría.
7 de mayo de 2012. Comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del presidente de Bankia, don Rodrigo de Rato y Figaredo.
COMUNICADO DE RATO A LA CNMV: “Como presidente de Caja Madrid, desde enero de 2010, y después como presidente de Bankia, hemos afrontado… Caja Madrid lideró con éxito la mayor operación financiera de España en la que han participado siete cajas: Bancaja… la caja de Canarias… logramos sacarla a bolsa con un reforzamiento patrimonial de 3.000 millones de euros… en 2011 Bankia consiguió unos beneficios de 309 millones de euros…
Una vez cumplidos todos los anteriores hitos, he decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para esta entidad. (…) Voy a proponer a José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de BFA y Bankia. (…) Para mí, ser presidente de Bankia, BFA y Caja Madrid durante estos dos años ha sido un gran honor y me ha dado grandes satisfacciones personales y profesionales. (…) La confianza depositada en nosotros por más de 10 millones de clientes y más de 400.000 accionistas es una de las mayores satisfacciones que he tenido como presidente de Bankia y la gran fortaleza que respalda el futuro de esta entidad”.
LOCUCIÓN: Después de años negando las cifras de saneamiento de la banca que habían apuntado insistentes informes casi desde el principio de la crisis, de un cambio de Gobierno que trajo el reconocimiento público de esas cifras mucho antes del decreto de saneamiento que se vendió como la cura al mal que se arrastraba, llega aquella semana. Una semana de reuniones en el Ministerio de Economía a espaldas del Banco de España, cuya plana mayor está en Basilea y no se entera de nada, y de la salida de Rato después de unas cuentas sin auditar. Nadie se fía de España. No solo de sus cifras actuales sino de cuánto más se pueden deteriorar. Cuántos créditos más pueden caer en impago, cuánto tardarán en contagiarse todos los bancos del mal de una economía que se acercaba ya a un 25% de paro, el déficit oculto, la incapacidad de recaudar lo que se recaudaba con la burbuja, administraciones públicas que no pagan a sus proveedores que pueden a su vez caer en impago de sus deudas, parálisis general y un mercado inmobiliario roto que está pasando a manos de los bancos. 10 de mayo de 2012. Reunión del Eurogrupo. Luis de Guindos se encuentra con el resto de ministros de Economía de la zona euro, que le van a pedir una valoración independiente del ladrillo en manos del sistema financiero español. Independiente quiere decir de una entidad privada, externa. El supervisor que debía de hacer esa valoración, el Banco de España, un órgano en teoría independiente no les resulta de fiar. El propio Gobierno español, con sus actuaciones, ha dado enormes motivos para no fiarse.
11 de mayo de 2012. El Gobierno aprueba un nuevo decreto de saneamiento del sistema financiero. A los 50.000 millones de provisiones para cubrir el agujero de los impagos del sector inmobiliario se le suman otros 28.000 millones que deben apartar por si la economía va a peor y caen en impago activos que por el momento están sanos pero son de alto riesgo. Además, deben crearse sociedades, bancos malos, que se queden con los activos procedentes del ladrillo que se ha ido quedando la banca.
LOCUCIÓN: Por cierto, vaya salida por la puerta grande, señor Rato. Parece mentira, solo dos años y cuatro meses después de su nombramiento como presidente de Caja Madrid. Dos años y cuatro meses, que no estuvo más, y se ha llevado usted puesta la culpa de todos los males que provocaron el rescate bancario. Tremendo éxito de crítica y público. Pasó de ser el nombre incontestable, el que llegó a la presidencia de Caja Madrid para acabar con la guerra a muerte en el seno del PP por controlar la caja, al rostro de su hundimiento.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Si me acusa usted, tiene usted los tribunales ahí, acúseme.
LOCUCIÓN: Un poco de calma, señor Rato. Si precisamente de lo que venimos a hablar aquí es de lo que pasó hace diez años pero sobre todo de lo que pasó antes para llegar a aquella situación.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Quiero llamar la atención a sus señorías sobre dos comparecencias parlamentarias que se produjeron en mayo de 2012. La primera, el 23 de mayo, del ministro de Economía, señor De Guindos, en la que cifra ante esta Cámara, en el Congreso de los Diputado,s en 7.000 millones las necesidades de Bankia para cumplir con las provisiones de sus dos decretos, el de febrero y el de marzo. Quiero recordar que el primero ya lo habíamos cumplido parcialmente, con la aprobación que el Banco de España nos hizo el 16 de abril. Quedarían, para cumplir con los dos decretos, unos 5.000 millones. Pero también el señor de Guindos afirma en esa comparecencia ante la cámara -y leo textualmente- que el Gobierno está dispuesto a dar a los nuevos gestores lo que pidan. Es bueno recordar que por aquellas fechas, el nuevo presidente de Bankia, el señor Goirigolzarri, había amenazado públicamente con dimitir si no se le daban los 19.000 millones.
Pero la segunda comparecencia, del entonces gobernador del Banco de España, señor Fernández Ordóñez, ante el Senado, dos días después de hacerse públicos los 19.000 millones, dice textualmemte el señor Fernández Ordóñez: Esta es la primera crisis de un banco abordada sin el Banco de España. El Gobierno me ha impuesto silencio sobre el tema, pero yo creo que sería interesante lo que eventualmente yo pudiera decir en una rueda de prensa. Cierro las comillas. Nunca se celebró esa rueda de prensa.
LOCUCIÓN: Dice la Ley de Autonomía del Banco de España que este “deberá supervisar, conforme a las disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito”. Hace una década se consideró que una entidad financiera tenía tales problemas de solvencia que la vía de salvarla y con ello a quienes tenían allí depositados sus ahorros era nacionalizarla pero para ello no se contó durante todo el proceso con el Banco de España. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quería que se conociese su opinión sobre lo que estaba pasando. El 30 de mayo de 2012 compareció en el Senado. Los senadores allí presentes, como por lo menos media España, estaban, por decirlo pronto, flipando. Incluido el del Partido Popular, que pidió explicaciones y se encontró con esto
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): El principal problema que tiene en este momento la economía española es la caída de todos los indicadores de confianza en los últimos meses, agravada en las últimas semanas coincidiendo con la gestión de la última crisis bancaria.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): En nombre del grupo socialista, señor Lerma.
JOAN LERMA, SENADOR POR EL GRUPO SOCIALISTA / COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): Ha habido una comparecencia solicitada por el gobernador en el Congreso para explicar la situación que no parece haber sido atendida por el Gobierno.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Utrera
FRANCISCO UTRERA, SENADOR POR EL GRUPO POPULAR / COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): Me gustaría entender, oír una explicación de cómo es posible que de unos planes de ajuste de apenas 5.000 millones de euros tengamos que pasar a solicitudes de fondos que ciertamente no considerábamos como posibles hace unas semanas. El Banco de España me consta que tiene inspectores full time, es decir, jornada completa, todo el día, todo el día durante años, en las principales… en todas las entidades financieras pero en las principales por docenas…
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): La inspección del Banco de España es completamente intrusiva y de eso presume. Y de hecho yo creo que es bueno que sea intrusiva, porque está dentro de las entidades. En Bankia había quince personas fijas constantemente dentro de la entidad. Por tanto, esta teoría de que el Banco de España no conocía las cuentas es imposible.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): A mí me gustaría contestarles. Yo escribí una carta a la presidenta de la Comisión de Economía diciendo que veía una preocupación de la opinión pública que yo creo que el gobernador del Banco de España debía dar su versión sobre el tema, sobre todo cuando se estaba dando otra. Me parecía que era legítimo que los ciudadanos pudieran conocer la versión del Banco de España. Bueno, parece que, parece que el Gobierno considera que el gobernador del Banco de España no debe hablar en este momento o, si habla, en puerta cerrada. Qué es lo que yo creo, a pesar de que creo que la verdad es lo que cada uno juzga, pero uno debe tener la versión del Gobierno, de los gestores, del Banco de España. El Gobierno decide en este momento que no. Y yo les digo una cosa: en este momento, la situación de desconfianza del país es tan grave que yo creo que hay que aceptar lo que dice el Gobierno. A pesar de que a mí me gustaría hablar. Ustedes pueden imaginar que yo mañana digo que voy a hacer una rueda de prensa y algunos vendrían, ¿verdad? Algunos… para contar cómo veo yo cuándo ha sido, cómo estaban las cajas en la situación antes de la integración, todos los procesos de leyes que obligaron a integraciones etcétera y cómo se ha gestionado esta crisis bancaria, que no la ha gestionado el Banco de España. Es quizás la primera crisis bancaria que no ha gestionado el Banco de España. Y sobre todo eso tengo opinión. Y estamos en una situación muy seria. Y quien lleva las riendas es el Gobierno y por tanto hay que apoyarle, creamos que esté equivocado o no equivocado. Y por esta razón, pues no les puedo contestar. Con la gestión de esta crisis bancaria ya hemos llegado a una situación dramática y yo tengo mi opinión pero, yo creo que, en este momento, si el Gobierno ha decidido eso, yo creo que lo que debo hacer es eso y eso es lo que voy a hacer. Por tanto lo siento. No contesto a nada.
LOCUCIÓN: ¿A nada? ¿Siendo aún gobernador del Banco de España se negó o le impusieron no hablar de Bankia unas semanas después de su nacionalización? ¿Estaba usted de acuerdo, señor Javier Aríztegui? Más que nada por que era usted subgobernador del Banco de España en aquellos días convulsos.
JAVIER ARÍZTEGUI, EX SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EX PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): Hombre, vamos a ver. Para la estabilidad financiera española en aquel momento era imprudente hablar de esos temas. Y por tanto de la Comisión de la Economía del Congreso me llegó el criterio que se había acordado por los representantes de la comisión que no se iba a hablar de Bankia se podía hablar de cualquier otra cosa. Y a mí me pareció que era lo prudente y lo sensato.
LOCUCIÓN: ¿Qué dice a eso, señor De Guindos?
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Ante los problemas, hace falta ser transparente, hablar con claridad y actuar con prontitud. Eso fue lo que hizo este Gobierno desde el primer momento. Particularmente en el ámbito financiero, que fue sometido al mayor ejercicio de transparencia de toda la banca europea.
LOCUCIÓN: Ay, la memoria. Qué puñetera. Esto debe ser porque la comisión de investigación del rescate financiero se tardó en hacer seis años y porque esto lo dijo en esa comisión, seis años después, porque, a ver, transparencia, transparencia. Por más que se pidió no hubo comisión de investigación sobre el rescate en 2012 y lo que hubo fue esa versión light a la que ni estaban obligados a acudir aquellas personas a las que se cita ni están obligadas a decir la verdad. Se le debe haber olvidado, si no, claro pues esto no…
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Como decía un famoso pensador, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia delante.
LOCUCIÓN: Tire, tire usted hacia delante que nosotros estamos aquí precisamente para comprender. Déjenos a nosotros en aquel 30 de mayo de 2012 con el gobernador del Banco de España, a ver si nos dice algo de esa cifra de 19.000 millones que necesitaba Bankia.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL SENADO (30-04-2012): No sabemos ni cuánto va a ser. Lo tiene que señalar el Gobierno, hasta qué punto…
ALBERTO GARZÓN, DIPUTADO POR IZQUIERDA UNIDA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): ¿Esto es normal? ¿Esto a su juicio es un procedimiento normal a pesar de la regulación y la normativa en España y el carácter que tiene que tener el Banco de España y sus funciones? ¿Es normal que en un caso de estas características… cuando ya han percibido que hay un problema de solvencia en España de enorme magnitud las relaciones sean con el Ministerio de Economía y no el Banco de España? ¿Usted dijo algo? ¿Hubo reuniones previas, borradores en esas reuniones con el Ministerio de Economía? ¿Cómo fue el proceso concreto? ¿El Ministerio de Economía le dice a usted que tiene que cumplir una serie de exigencias, su relación es absolutamente opaca para el Banco de España? ¿Cómo fue realmente ese proceso? ¿Cuál es el conflicto de interés que usted está sugiriendo que existe para que el Banco de España no se entere absolutamente de nada?
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Nosotros presentamos, según nos exigía la ley, un plan de cumplimiento del Guindos I al Banco de España. Y nos lo aprobó. Al mismo tiempo y sin el Banco de España, el ministro me indicaba que querían que hiciéramos más. No me dijo nunca qué era más ni cómo lo podíamos hacer. Todo eso se produjo efectivamente sin el Banco de España y yo tengo la impresión de que sin conocimiento del Banco de España. Y no es una impresión personal. Es lo que dice el gobernador del Banco de España el 30 de mayo en el Senado. Se me ha impuesto silencio sobre este tema y esta es la primera crisis bancaria en la que el Banco de España no participa.
LOCUCIÓN: Bueno, señor Rato. De nuevo esto es cierto pero falta información. El Banco de España le aprobó el plan, es verdad, y también les dijo que había que generar confianza en los inversores, considerar el impacto que iba a tener la aplicación de las nuevas normas en los resultados de Bankia y hacer un plan de racionalización y profesionalización de la gestión.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Los 19.000 millones no están decididos por el Banco de España en el momento de mayo. Y lo dice el gobernador en la Comisión del Senado. Es la primera crisis bancaria en la que el Banco de España no participa. Pues entonces ya está. Yo no digo que estuvieran mal. Yo le digo que yo respondo de los 4.600 millones que pedí. Pero no puedo responder de los 19.000 millones que pidió el señor Goirigolzarri. Lo que ya sabemos es que el Banco de España nunca estuvo en esa cuestión. Fue una decisión política.
LOCUCIÓN: Hombre, señor Rato, si el señor Goirigolzarri los pidió porque hacían falta y eso en parte se debió a su gestión, algo tendrá usted que decir. ¿O es que no hacían falta? ¿No hacían falta 19.000 millones que se iban a poner de dinero público y que de hecho luego fueron más? ¿Cómo se llegó a esa cantidad? ¿Quién la calculó o la decidió?
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Pues como tiene usted al señor de Guindos, que además le lee usted la literatura, pues nada. Tráigalo usted y pregúntele.
LOCUCIÓN: Voy.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Muchas gracias, muchas gracias, por hacer publicidad de mi libro. Esto me recuerda cuando… quién era… me parece que era Paco Umbral cuando fue a ese programa, no si yo aquí vengo a hablar de mi libro.
LOCUCIÓN: Mmmm. Bueno. Su libro. Capítulo 6. La dimisión de Rato. Epígrafe: La cena de los banqueros. “El viernes 4 de mayo de 2012, reuní en el Ministerio a los presidentes de los cuatro grandes bancos españoles”.
PEDRO SAURA, DIPUTADO DEL GRUPO SOCIALISTA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): La cena de los banqueros.
LOCUCIÓN: Perdone, señor Saura, del grupo socialista. Que igual no le he dado el tono que merece. La cena de los banqueros…
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): La famosa cena de banqueros, que no fue cena ni nada, es decir, que…
LOCUCIÓN: Señor De Guindos, si lo de menos es lo que cenaron. Lo importante es con quién se tomaron las decisiones de aquellos días. Emilio Botín, del Banco Santander, ya fallecido; Francisco González, del BBVA, que ya no es presidente; Isidre Fainé, de La Caixa y Rodrigo Rato, de Bankia. Si el poder pesase no habría habido vigas que sostuviesen aquel encuentro.
ALBERTO GARZÓN, DIPUTADO POR IZQUIERDA UNIDA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): ¿Es cierto que en mayo hubo una reunión entre el señor Guindos, el señor Isidro Fainé, el señor Emilio Botín y el señor Francisco González? ¿Es cierto que hubo esa reunión? ¿Es cierto que en esa reunión se pudieron contemplar posibles alternativas?
LOCUCIÓN: Le responde el señor De Guindos en su libro, señor Alberto Garzón: “Botín, González, Fainé, Rato estaban aquella tarde sentados a mi alrededor tomando un modesto tentempié”, qué empeño, por cierto, en aclarar que no fueron las bodas de Caná, sigo, “y hablando de miles de millones de euros difíciles de digerir. El encuentro se produjo en la sala donde solemos celebrar las reuniones que requieren cierto espacio pero en las que también se puede conseguir cercanía. Tiene una mesa redonda de gran tamaño en la que caben una docena de personas, sin jerarquías. Es la sala (…) donde acordamos el rescate bancario un mes después de aquel encuentro con los banqueros”.
LOCUCIÓN: ¿Y el Banco de España?
JAVIER ARÍZTEGUI, EX SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EX PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): Nosotros estábamos en Basilea y cuando llegamos a Madrid, bueno, aquello había sucedido y obviamente había sucedido fuera de nuestro control porque no estábamos aquí ni estábamos informados que eso se estaba debatiendo.
LOCUCIÓN: ¿La reunión se hizo sin presencia del Banco de España?
JAVIER ARÍZTEGUI, EX SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EX PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): Esa decisión que fue nuclear nosotros no estábamos presentes… pues sí, es verdad, pero no significa nada más que eso. Pasó mientras la cúpula del Banco de España estaba en Basilea reunida en el Comité que estaba tomando decisiones en ese momento.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): Que no participó no tengo duda porque yo sí participé y no estaba.
PEDRO SAURA, DIPUTADO DEL GRUPO SOCIALISTA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): El señor De Guindos en su libro lo que dice es que hubo una cena el viernes 4 de mayo de 2012 donde no estaba el gobernador del Banco de España, donde estaba el señor Francisco González, el señor Botín, el señor Fainé y usted mismo y el ministro. Y efectivamente no estaba el gobernador del Banco de España pero lo que me parece más escandaloso es que no esa cena sino dos días después, el domingo por la tarde, se vuelvan a reunir y usted le dé cuentas del plan de saneamiento para que le aprueben, no el Banco de España el plan de saneamiento de Bankia. No. Los banqueros y el ministro.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (09-01-2018): En mis conversaciones con el ministro de Guindos sobre Bankia en marzo, abril y mayo de 2012, este se apoyó en los principales competidores, a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia. En ninguna de estas tres reuniones estuvo presente el Banco de España. Mi opinión personal, por lo que valga, es que se le ocultaron estas reuniones.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Vamos a ver, mire, tal como estábamos nosotros, por qué me reunía yo con los banqueros en ese momento. Hubiera sido una irresponsabilidad que no me reuniera con los banqueros. Con una crisis bancaria, financiera de caballo, el ministro de Economía, que además ya tenía prestado no sé cuánto en preferentes del Frob a las diferentes instituciones y que además tenía concedidos, por ejemplo, en el caso de Bankia, 35.000 millones de euros en avales, si yo no me hubiera ocupado hubiera sido un i-rres-pon-sa-ble. Porque además estaba todo a punto de estallar.
LOCUCIÓN: De acuerdo, señor De Guindos, dice usted en su libro: “La reunión estaba convocada para explicar a los principales actores del sector financiero en España las medidas de saneamiento adicionales contenidas en el denominado Guindos II. Para los bancos suponía no solo un esfuerzo añadido que iba a afectar a sus resultados y a sus accionistas sino también la necesidad de cubrir los activos inmobiliarios considerados no problemáticos”. (…) “A este (encuentro) le siguió otro, dos días después, el domingo 6 de mayo, ambos a última hora de la tarde. No hubo cena formal.”
LOCUCIÓN: ¿Por qué otro?
Dice De Guindos: “Casi al final de la reunión, Rodrigo Rato me pidió que convocase otra vez a los banqueros para hablar exclusivamente de Bankia. Se comprometió además a presentar un nuevo plan. Quedamos el domingo 6 de mayo a la misma hora en el mismo sitio. A lo largo de dos horas, Rato explicó su plan y escuchó las intervenciones de los banqueros. La más dura, la de Francisco González. A González le apoyó Botín, ante un Fainé tibio. El plan de los 7.000 millones de euros de inyección pública era insuficiente porque el agujero de Bankia era más grande, según la opinión dominante”. Rato lo cuenta de otra manera, claro.
El hecho es que lo que pesó para resolver la situación de Bankia fue la opinión de los banqueros principales del país, que cierto conflicto de interés tenían, digo yo, porque el dinero que pusiéramos todos para sostener Bankia tenía que servir para recuperar la confianza del mundo en todo el sector financiero español. ¿Cuánto pedirías tú?  Echa, echa ahí billetes. No lo digo yo, lo dice De Guindos: “La situación de la entidad había que arreglarla con urgencia porque afectaba a la credibilidad de todo el sistema financiero. Esta era la sentencia, expresada o aseverada, de los presentes y que reflejaba con exactitud lo que estaba en el ambiente de los mercados”.
Bueno, eso y el pánico de ver a España gestionar una crisis bancaria enorme como pollo sin cabeza, señor De Guindos, pero bueno, sigo con su libro. “La reunión terminó al filo de las 10 de la noche y, cuando yo estaba a punto de salir, me llama Rato y pide volver a verme, esta vez a solas. Le explico que la situación ha llegado a un límite y que habría que convertir las preferentes en manos del Frob en capital. Rato me responde que ello supondría la nacionalización de la entidad y entonces insinúa que está pensando dimitir. Al día siguiente, lunes 7 de mayo, me llamó desde el coche camino de la Moncloa para decirme que iba a presentar su dimisión al presidente del Gobierno”. (…) “Él mismo se dio cuenta de que no podía presidir una entidad nacionalizada por un Gobierno del PP. No tenía pase. Esta fue la verdadera razón de que presentara su dimisión, curiosamente a Rajoy, en lugar de hacerlo ante el Banco de España, como hubiera sido lo procedente para cualquier presidente de una entidad financiera”.
LOCUCIÓN: Señor De Guindos, ¿ante el Banco de España? ¿Habla usted del supervisor de la banca, al que excluyó usted de todo el proceso o desde luego de algunas reuniones clave en las que se trataron las necesidades de capital de Bankia y donde sí estuvieron los competidores de la entidad?
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): Vamos a ver. Vuelve usted a la cena de los banqueros que si Banco de España que si no Banco de España. Pero vamos a ver, mire yo me reunía con los banqueros, en algunas ocasiones ¿sabe para qué me reunía? Para pedirles dinero. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer el Fondo de Liquidez Autonómica o porque teníamos que hacer el Fondo de pago a Proveedores. Y les tenía que pedir dinero. Porque nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro español.
LOCUCIÓN: Guindos continúa: “Rato no era un banquero al uso. Seguía siendo un político y como tal se comportó en aquellos días finales al frente de Bankia. ¿Puede un político presidir un banco?” Esto es lo que se pregunta De Guindos y él mismo se contesta: “La condición es que lo dirija como tal y Rato no lo entendió así. Tardó tiempo en darse cuenta de que debía profesionalizar la gestión de la entidad”.
LOCUCIÓN: ¿Y Miguel Blesa, era político o banquero? ¿Y Julio Fernández Gayoso, el expresidente de Caixanova, decidió él la desastrosa fusión con Caixa Galicia o se la impusieron desde la política? ¿Se acuerdan de cómo Alberto Nuñez Feijóo gastó un millón de euros públicos para un informe en favor de la fusión de las cajas gallegas, de cómo aprobó por vía de urgencia una ley gallega de cajas pensada exclusivamente para impedir que las entidades de la región se fusionasen con cajas de otras regiones? Aquello de la galleguidad y la fusión de Caixanova y Caixa Galicia creó un consejo de administración de 22 personas, incluidos los dos copresidentes. Órganos paritarios con miembros duplicados a todos los niveles salvo a ras de suelo, en las oficinas, donde entró con fuerza la tijera porque, claro, la duplicidad de oficinas entre dos cajas gallegas era muy alta. ¿Qué me dice de Narcís Serra y las operaciones inmobiliarias de Catalunya Caixa? ¿Y de José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat valenciana, al frente de Bancaja? ¿En qué momento levantó nadie la voz para sacar a los políticos de las cajas?
Se hizo cuando todo se estaba viniendo abajo, con la burbuja inmobiliaria y de crédito estallada, la morosidad escalando, las entidades quedándose con activos inmobiliarios de los promotores quebrados. Y ni siquiera entonces lo pusieron fue fácil.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Hoy la situación es muy distinta a la que había en principio, cuando las CCAA tenían la capacidad de vetar fusiones, poder que dificultó mucho el proceso.
LOCUCIÓN: Hubo que inventarse unas fusiones que llamaron frías para convencer de que había marcha atrás, para que las comunidades autónomas fuesen soltando poco a poco la presa.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Los SIPs, sin los cuales hubiera sido imposible consumar el número tan alto de fusiones interregionales que finalmente se consumaron.
LOCUCIÓN: Eso, los SIPS. Una fusión que ni sí, ni no. La pregunta es: ¿Fue mejor tener un número limitado de entidades, aunque fuese para intervenirlas después, que haber ido dejando un goteo de intervenciones de decenas de cajas que hubiera anulado por completo la confianza en el país? Pues visto cómo acabo todo, a saber. En cualquier caso, incluso con aquellas fusiones frías, los SIPS, comunidades del PP y del PSOE recurrieron la ley al constitucional en cuanto vieron la posibilidad de que el Banco de España entrase con todo a controlar las entidades en lugar de hacerlo ellos a través la asamblea. Con todo derrumbándose, se agarraron a su poder en las cajas como un gato a unas cortinas. En las fusiones se negoció de todo, porque no querían unirse.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Ello obligó a llevar a buen término negociaciones complejísimas con las partes implicadas, sindicatos, gestores, comunidades autónomas, etc. con intereses muy distintos de los que rigen en cualquier sociedad mercantil. Discusiones interminables con escasa base económica para fijar el poder de cada uno de los participantes en las fusiones de las cajas.
LOCUCIÓN: ¿Discusiones, sobre qué, por ejemplo?
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Dónde se deben ubicar las sedes sociales.
LOCUCIÓN: Ah, pues muy importante, sí. Y no solo en las fusiones interregionales, creo que en la sede gallega hubo que aprovechar las obras que ya estaban en marcha para ampliar la sala del consejo de administración. Para que pudiera caber toda la gente que había que meter allí.
Pero algunas de las fusiones interregionales que usted defiende, señor Fernández Ordóñez, resultan más que cuestionables por cómo acabaron. O no se acuerda usted de aquel 1 de junio de 2010, cuando citó en la sede del Banco de España al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat Valenciana por el Partido Popular por cierto. ¿No fue usted quien, cuando Olivas ya estaba allí, llamó a Rodrigo Rato por teléfono y le dijo que se reuniese con ustedes?
Veinte minutos después, Rato llegaba al Banco de España y usted les dice a ambos que les habilitaba un despacho para que empiecen a negociar inmediatamente su fusión, que si no lo hacen, el Banco de España intervendría Bancaja. Bancaja. El desastre valenciano que ha quedado diluido tras el gigantesco rescate de Bankia.
Una decisión, juntar una de las manzanas más pochas con otra enorme también muy dañada, de la que usted, señor Fernández Ordóñez, se desentendió cuando le pidieron explicaciones en la comisión de investigación del Congreso. A pesar de que el Banco de España conocía perfectamente la situación de cada una de las entidades, desde luego de Bancaja, a la que habían hecho una inspección de arriba abajo durante muchísimos meses, ustedes no eran responsables.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): La ley le dejaba la obligación de todo esto a las cajas, a las entidades que se fusionaban. Eran ellas las que tenían la obligación de averiguar que la otra caja estaba bien. Y eso era bueno en la ley, porque cuando vinieran a decir, bueno, es que el Banco de España no me dijo que había esto. No, mire usted. Usted tiene la obligación de saber que con quien se fusiona está bien y por tanto a mí no puede pedir responsabilidad.
LOCUCIÓN: Pero, ¿qué me dice?
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): ¿Perdón?
LOCUCIÓN: Que forzaron ustedes la fusión. ¿Entonces en quién recae el control de algo tan delicado como el sistema financiero si se hacen normas para esquivar toda responsabilidad? Rato se convirtió en el foco perfecto de un mal en el que, si no todos, muchos metieron la cuchara durante décadas. Era parte de ese sistema podrido pero se le usó para mucho más que pedirle cuentas por sus dos años y cuatro meses en Caja Madrid y después Bankia. Dice De Guindos en su libro: “Rodrigo Rato había sido mi jefe durante el Gobierno de José María Aznar cuando fue vicepresidente segundo y ministro de economía hasta 2004. (…) Me reunía muchas veces con él en el mismo despacho en el que yo le recibiría años después durante aquellas semanas previas a su dimisión al frente de Bankia. Era una sensación extraña, quizás incómoda”. Enga ya. Na.
Con Rato fuera de Bankia, la entidad nacionalizada y pidiendo cerca de 20.000 millones de euros de dinero público, además del Banco de España fuera de juego, Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió retirarse a sus aposentos. Dimitió como gobernador un mes antes de que le venciese el mandato y, con él, otros como el subgobernador, el señor Aríztegui.
JAVIER ARÍZTEGUI, EX SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EX PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): Obviamente el Banco de España lo que trata es, en vista de que tenemos una tormenta, tratar de manejar esa tormenta y después ya viene la petición de Oliver Wyman por parte de… solicitud de por parte de Europa al Gobierno, etc. Etc. Y al gobernador le pareció lo más sensato dimitir un mes antes de su mandato, porque convenía una clara sintonía, gobierno-oposición, digamos Parlamento que pusiese un nuevo tándem y obviamente yo puse mi puesto a disposición.
LOCUCIÓN: Pero el libro de De Guindos deja una pista más de dónde venían las decisiones de aquellos días: “El 29 de mayo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anunció su cese a partir del 10 de junio, un mes antes del cumplimiento de su mandato. (…) La situación era insostenible, como me argumentó el entonces principal banquero de España, Emilio Botín, cuando me planteó la necesidad de adelantar la salida de Fernández Ordóñez”.
LOCUCIÓN: Aaaaaag. El principal banquero me planteó la necesidad de quitar al máximo responsable del supervisor de la banca. Pero, pero, pero… ¿Y la independencia del supervisor respecto al Gobierno? ¿Y la independencia del Gobierno respecto a la banca?
FRANCISCO DE LA TORRE, DIPUTADO DE CIUDADANOS / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): En 2012, las autoridades europeas, usted lo ha citado, contrataron a Oliver Wyman y Roland Berger para evaluar los activos del sector bancario español. ¿Cree que esta medida restaba credibilidad y suponía un menosprecio a la labor de inspección y supervisión del Banco de España?
JAVIER ARÍZTEGUI, EX SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EX PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (11-12-2017): Vamos a ver. A Oliver Wyman y Roland Berger les contrató el Banco de España porque tenía una encomienda del Gobierno de España. A su vez, las autoridades europeas se lo habían sugerido al Gobierno de España. Obviamente nosotros, que somos una institución disciplinada, no nos hizo especialmente felices, como se puede usted imaginar, pero cumplimos con la petición del Gobierno y se hizo este análisis. Y se hizo y obviamente implicaba por nuestra parte, y lo he reconocido en mi intervención inicial, que habíamos tenido un problema de comunicación. Que estábamos diciendo cosas que luego se confirmaron absolutamente impecables pero los mercados financieros en aquel momento juzgaron que se necesitaban seis, ocho veces más de ajustes, etc. Etc. Etc. Y no fuimos capaces de transmitir que esa opinión pues era una opinión tertuliana, charlatanesca pero que había que fijarse en los datos. Obviamente no nos hizo felices a nadie.
¿Qué dictaminaron las autoridades internacionales que controlaron el ejercicio de Oliver Wyman, que contó con las cuatro principales firmas auditoras, revisando durante el verano de 2012, expediente a expediente, los activos del sistema bancario? ¿Concluyeron tal vez que la contabilización había sido fraudulenta y que las entidades habían ocultado su situación real con la tolerancia del Banco de España? Pues bien, de los 251.000 millones de créditos frente a todos los sectores reestructurados, llevaron a dudosos 6.000 millones. Es decir, el 2,3 por ciento de los créditos renegociados o, si prefieren, el 0,2% del saldo total. De las carteras de promoción y construcción, donde teníamos el principal problema, se reclasificaron 4.000 millones, lo que suponía el 3,2 por ciento de los créditos renegociados de este sector o el 1,6% del saldo total de créditos frente al sector de construcción y promoción. Es decir, un importe reducido.
LOCUCIÓN: Pues estuvimos a punto de pedir 100.000 millones de euros y eso que las entidades ya habían hecho buena parte de las provisiones por los decretos Guindo I y Guindos II. Porque Bankia estaba mal pero no era la única. Por poner otro ejemplo, el lío gallego nos costó 8.000 millones de euros que ya se han dado por perdidos. O lo smás de 12.000 millones de Catalunya Caixa. 100.000 millones fue la primera cifra que se dio de petición de ayuda a Europa. ¿No, señor De guindos?
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): 100.000 millones es un cálculo a priori que se dio para no generar ninguna duda. Después se utilizaron como usted sabe 41.000 millones únicamente.
LOCUCIÓN: Claro, lo que yo decía. Echa ahí billetes. Porque cuando se pierde la confianza en la banca recuperarla puede convertirse en una tarea inútil o, si se consigue, carísima. Seguro que nada tuvo que ver su relación personal con el señor Rato en la forma de gestionar aquello ni su empeño en coger el timón sin contar con el Banco de España despertando todas las suspicacias posibles.
Esta es una historia larga que tiene muchos más implicados que los que se ha querido dejar como culpables exclusivos. Una historia de todos los que no quisieron irse de la fiesta que se inició en los tiempos en que Rato era ministro de Economía y que se estaba viniendo abajo cuando lo nombran presidente de Caja Madrid.
Por cierto, señor Rato. ¿Se equivocaron colocándole al frente de la caja? Tampoco es que las opciones fuesen
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES (02-11-2009): El vicepresidente de la Comunidad de Madrid
LOCUCIÓN: Hablando de aquella guerra y de las opciones que manejaron para liderar Caja Madrid. Doña Esperanza Aguirre, bienvenida a crisis de memoria.
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES: Querernos enfrentar me parece que es absolutamente idiota. Lo que ocurre es que según la ley vigente y que, si alguien la quiere cambiar y que sea el gobernador del Banco de España el que nombre al presidente de Caja Madrid, a mí me parecerá bien. Yo cumplo la ley.
LOCUCIÓN: Bueno, usted tenía un candidato claro para presidir una entidad financiera que desde luego no era el candidato al que apoyaba el alcalde de Madrid, que quería que siguiera Miguel Blesa. Y la liaron parda, cambiaron leyes, movieron sillas y papeles para salir vencedores. E Ignacio González, que era su candidato a presidir Caja Madrid, solo dio un paso a un lado porque la guerra que usted y Alberto Ruiz Gallardón protagonizaron por controlar una caja, por cierto, seriamente dañada y en plena crisis financiera, alcanzó tal nivel que desde Génova les impusieron un nombre al que nadie se atreviese a cuestionar.
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES (02-11-2009): El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha expresado esta mañana su apoyo a Rodrigo Rato para presidir Caja Madrid y yo quiero decir que Ignacio González, con este apoyo de esta mañana, continúa una serie de actuaciones llevadas a cabo con toda lealtad para lograr la estabilidad de una institución tan importante como Caja Madrid.
LOCUCIÓN: Qué viejas se quedan algunas lealtades y las buenas palabras en algunas sedes.
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES (02-11-2009): Conozco a Ignacio González desde hace 25 años, ha estado cerca de mí en distintas etapas de su vida política: en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ministerio de Educación y ahora en la Comunidad de Madrid. Con su decisión de hoy hace un nuevo servicio.
LOCUCIÓN: Ajám. Bueno ya sabemos aquello como acabó.
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES (20-04-2017): Hoy es un día en el que estoy conmocionada como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González.
LOCUCIÓN: Que había sido arrestado por el supuesto desvío de dinero público a través del Canal de Isabel II.
ESPERANZA AGUIRRE, EX PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID / DECLARACIONES (24-04-2017): Dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del grupo municipal popular (…) Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva y ahora me siento engañada y traicionada. Me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González.
LOCUCIÓN: Aaaah, las cajas. Qué bonitos tiempos en que tenían en sus manos esas gigantescas máquinas de crear dinero. Qué guerras, qué unte, qué pringoso todo. Qué correos tenemos hoy para entender cómo llegamos hasta ese momento de 2012 en que casi casi … en fin. Bendito Draghi. Ese pasado en el interior de una caja, ese trasiego de favores, prebendas y estrategias para mantenerse en el sillón, te lo vamos a contar en el próximo capítulo.
Recuerda que en DATADISTA.com tienes los datos y los documentos y todas las intervenciones que has escuchado, quién las dijo, dónde y cuándo las dijo.

Radiografía de la contratación en abril, primer mes con la reforma laboral plenamente en vigor

Ana Tudela — dom., 29 may. 2022 12:20:00 +0200

La máquina de hacer y deshacer empleo que es España ha bajado revoluciones. Aunque el peso de los eventuales sigue siendo muy alto, para ser una tipología de contrato que ha quedado restringida a supuestos muy determinados a riesgo de importantes multas, cae el número total de contratos mensuales por efecto de la reducción de los ultrabreves, los de menos de una semana. Por otro lado, abril dejó los residuos del abuso que se hizo durante décadas del contrato de obra y servicio y en su lugar trajo cifras históricas de contratación indefinida. Sin embargo, los contratos fijos también encierran dudas, sobre todo por el peso que han cogido los fijos-discontinuos y el temor a que se estén utilizando como sustitutos de los temporales y/o los de obra o servicio.

Récord de contratos indefinidos firmados en un mes sobre el total de contratos registrados: 48,2%. Récord de contratos indefinidos registrados en un mes en términos absolutos: 698.646. Las cifras más llamativas de abril, el primer mes con el nuevo esquema de contratación de la reforma laboral plenamente en vigor, son ya muy conocidas pero el detalle del mes encierra más información sobre cómo y hacia dónde ha empezado a evolucionar el altísimo nivel de precariedad del mercado español con los cambios. Una evolución que ya ha empezado a levantar suspicacias sobre los atajos que puedan estar tomando un algunas empresas frente a las barreras contra la temporalidad.

Los contratos registrados en abril se dividieron por primera vez prácticamente a la mitad entre indefinidos y temporales pero ese dato encierra cierto efecto estadístico derivado de que se firman menos contratos. No es algo negativo, al contrario.

Si se compara con el mismo mes de 2019, para esquivar el efecto de la pandemia en la comparativa, en abril de este año se firmaron 315.000 contratos menos que entonces y la gran caída está en la modalidad ultrabreve, la de menos de siete días, protagonista de las históricas subidas netas de afiliación de los lunes y caídas de los viernes a las que se había acostumbrado el mercado laboral español. Su peso cae diez puntos sobre el total de contratos pero está muy lejos de desaparecer a pesar de las penalizaciones introducidas para este tipo de contratos. Los de menos de una semana siguen representando un 19% del total de contratos firmados. Caen también el resto de contratos de menor duración pero los que duraron menos de un mes en abril siguieron representando el 29% de los contratos firmados.

Uno de los grandes cambios que cabía esperar de la entrada en vigor de los nuevos contratos es el efecto de la desaparición de los contratos por obra o servicio en la nueva reforma laboral. La caída, que venía anticipándose meses antes, es muy significativa pero en la estadística de abril aún aparecen cerca de 43.000 contratos registrados en el mes por obra y servicio que, según ha explicado a DATADISTA el Ministerio de Trabajo, se deben a contratos iniciados antes de la entrada en vigor de las nuevas modalidades pero que no habían sido registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal hasta abril.

Es en esa caída de los contratos por obra o servicio donde parece residir la principal clave de la subida de los indefinidos, porque los contratos eventuales por circunstancias de la producción también experimentan una importante caída, en buena medida por el comentado efecto del fuerte descenso de los contratos ultrabreves. Aún así su número sigue siendo relevante. La reforma laboral no los prohíbe pero limita su uso a cambios no previstos en la producción, con un máximo de seis meses al año, o previstos pero por un máximo de 90 días al año no consecutivos. En abril han tenido lugar algunos de los momentos del año claves en la estacionalidad, como la Semana Santa.

También se ve un trasvase claro del que era el contrato de interinidad al nuevo contrato de sustitución, una de las modalidades que se han habilitado para permitir la contratación temporal.

Sospechas con los fijos-discontinuos

Los contratos indefinidos, grandes protagonistas de los titulares, suben en todas las modalidades de jornada, con fuerza también en los considerados de mayor calidad: los contratos fijos a jornada completa. Estos supusieron el 40% de los contratos indefinidos registrados en el mes y el 19,6% de todos los contratos registrados. En abril de este año se firmaron 284.732 contratos indefinidos a jornada completa, un 176% más que en abril de 2019.

Pero el fuerte repunte en los contratos fijos-discontinuos (+907%), que se consideran indefinidos aunque los trabajadores cobran desempleo en el tiempo en que no están trabajando, y la resistencia de los temporales ha inquietado en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Esta semana, Europa Press informaba, citando fuentes del Ministerio de Trabajo, del envío por parte de la Inspección de Trabajo de cartas dirigidas a 83.600 empresas de sectores altamente estacionales para comprobar que el contrato fijo-discontinuo y las casuísticas permitidas en los eventuales se están utilizando correctamente. El primero podría estar teniendo una alta rotación que haría pensar en la posibilidad en que se esté utilizando como sustituto de los temporales.

Temporalidad juvenil

Los contratos eventuales caen casi diez puntos sobre el total de contratos aunque siguen manteniendo un alto peso en todas las franjas de edad, especialmente entre 16 y 24 años, con porcentajes por encima aún del 40%.

Crecen los eventuales en la categoría sin estudios

Entre los casos que invierten la tendencia media está el de los contratos de las personas sin estudios porque, aunque hay un fuerte incremento de indefinidos y una brusca caída de la contratación por obra o servicio, son los únicos que han visto incrementarse el peso de los contratos eventuales por circunstancias de la producción con respecto a abril de 2019.

Colectivos de pacientes, médicos y sindicatos denuncian ante el Defensor del Pueblo falta de transparencia y rigor en el estudio que definirá la covid persistente

Antonio Delgado — mar., 24 may. 2022 10:20:00 +0200

La Plataforma de Colectivos y Asociaciones de Pacientes Long Covid ACTS, la Asociación Long Covid Aragón, el Colectivo Covid 19 Persistente Madrid, junto con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el Sindicato de Enfermería SATSE y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos han denunciado ante el Defensor del Pueblo falta de transparencia en el estudio CIBERPOSTCOVID, encargado por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), para definir la covid persistente en España.

A finales de agosto de 2021, el Ministerio de Sanidad anunció la puesta en marcha de un estudio para definir como enfermedad la situación de miles de pacientes que, después de haber pasado la covid-19, han continuado durante meses con una variedad de síntomas incapacitantes que les impiden volver a su estado de salud anterior a la enfermedad. La definición es importante para poder contabilizar el número de personas que se encuentran en esta situación y poder gestionar las bajas laborales e incapacidades asociadas a la misma.

En la actualidad no se conoce el porcentaje de la población en España que ha pasado la enfermedad y tiene persistencia en sus síntomas después de haber pasado la fase aguda de la enfermedad. Estudios preliminares realizados en Reino Unido y otros países con afectados de la primera ola indican que podría afectar al 10% de las personas que pasaron la enfermedad con especial incidencia en mujeres entre 35 y 55 años. Esta falta de diagnóstico también impide que las bajas laborales superen los tribunales médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Estos colectivos ya expresaron su preocupación por las declaraciones realizadas por Ferrán Barbé, responsable del Estudio, en una entrevista con DATADISTA debido a que consideran que Barbé confunde la enfermedad con secuelas y daños orgánicos que también puede dejar la covid-19, "llegando a achacar los problemas a otras patologías o comorbilidades previas que nada tienen que ver con la Covid Persistente o Long Covid."

En su escrito ante el Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso DATADISTA, explican que empezaron a detectar algunas irregularidades desde la fase inicial del estudio debido a la falta de multidisciplinariedad en el equipo, "sobredimensionando unas especialidades médicas frente a otras (se focaliza en la problemática respiratoria frente a otras) y con ausencia de algunas disciplinas que tienen una importante trayectoria investigadora en la materia".

Desde enero de 2022, explican en su escrito, una docena de pacientes participaron en esta fase del estudio Delphi a través de un cuestionario web que "permitía a los participantes cambiar sus respuestas tras conocer las de los demás; una misma persona podía contestar varias veces al cuestionario computándose por duplicado; el estudio podía ser contestado por personas sin experiencia alguna o relación con la enfermedad."

Estas entidades también denuncian que incluso se había incluido un mensaje en el propio estudio con la siguiente advertencia: “En caso de tener filas resaltadas en rojo y con icono de alerta significa que no estás alineado (tu voto no está dentro de rango intercuartil IQR) con la multitud en esta pregunta en particular, y podría ser interesante revisar de nuevo esta pregunta y repensar tu respuesta, en relación con los debates abiertos”.

Silvia Guerrero, coordinadora del grupo de investigación del colectivo Long COVID ACTS, explica a DATADISTA que "hemos pedido la documentación del estudio, que debe ser pública, porque no sabemos ni quiénes son el comité del expertos y cómo se elaboraron las preguntas del Delphi". "Nos encontramos que las preguntas estaban ya definidas, muy orientadas a la parte pulmonar y de secuelas, que no es lo que caracteriza a la enfermedad de covid persistente y muchos de los expertos que formaron parte de esas reuniones expresaron en ese momento que era la primera vez que oían sobre la patología".

El pasado mes de diciembre, se publicó en la revista científica The Lancet una definición de consenso de la covid persistente avalada por la OMS. Este trabajo fue la primera definición consensuada a nivel internacional y estuvo coordinado por Joan Soriano, médico epidemiólogo del Hospital de La Princesa e investigador del CIBERES. Soriano confirma a DATADISTA que ha participado en las reuniones de progreso y discusiones de los resultados parciales del estudio liderado por el doctor Barbé.

Debido a las quejas que expresaron en privado, estos colectivos mantuvieron el 25 de abril de 2022 una reunión telemática con Cristóbal Belda, director del ISCIII, donde le transmitieron su malestar y preocupación por el desarrollo del estudio. Desde entonces, denuncian que no han recibido ninguna información o documentación por parte del ISCIII, a pesar de que aseguran que Belda "se comprometió a facilitar la información necesaria para que estas imprudentes declaraciones no mermasen la confianza en la objetividad del estudio". También denuncian que el equipo liderado por Barbé ha dejado fuera del estudio "de forma deliberada" a los pacientes que forman parte de estos colectivos.

Según datos de los denunciantes, la participación de los pacientes no llega al 6% en una encuesta en la que apenas han participado 300 personas, por tanto, consideran que no puede alcanzar los mínimos estándares de calidad de un estudio de estas características.

Preguntados por estas cuestiones tanto el Ministerio de Sanidad como al ISCIII, al cierre de este artículo aún no hemos recibido respuesta de estos organismos.

MAPAS | El número de explotaciones de porcino cae un 50% en una década mientras sube un 20% el de animales

Antonio Delgado — jue., 05 may. 2022 09:00:00 +0200

El sector ganadero avanza hacia la concentración. Menos explotaciones pero de mayor tamaño en el número de cabezas por cada instalación industrial. La ganadería en su conjunto ha sufrido una caída en el número de las explotaciones en la última década mientras ha aumentado el número de cabezas principalmente en caprino, bovino y porcino, según el Censo Agrario 2020, publicado esta semana por el INE. Esta estadística, que se realiza cada 10 años, es la radiografía más completa sobre la situación de la agricultura y ganadería en España.

El porcino es el sector ganadero donde la caída en el número de las explotaciones ha tenido un mayor impacto. Las explotaciones porcinas han caído un 50,3% respecto a 2009 hasta situarse en las 34.673, mientras que el número de cabezas ha aumentado un 21,8% hasta los 30,1 millones de animales en 2020. España lidera desde el año 2015 el número de cabezas de porcino de la Unión Europea cuando superó a Alemania como el principal productor.

Mostramos en mapas cómo se concentran estas instalaciones en la península ibérica según el análisis realizado por DATADISTA del Censo Agrario 2020.

Número de explotaciones por municipio
Los municipios con un mayor número de explotaciones se sitúan en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Murcia, Extremadura y Galicia. Mientras que en Cataluña, Aragón y Murcia el modelo está basado en grandes explotaciones intensivas de porcino, las explotaciones en Extremadura y en las provincias andaluzas de Huelva y Sevilla son mayoritariamente en extensivo. En el caso de Galicia estas suelen ser de pequeño y mediano tamaño y es la zona de España donde hay un mayor número de explotaciones para autoconsumo.

Número de cabezas de porcino por municipio
Este mapa permite ver las concentraciones de animales en la península ibérica tanto en explotaciones extensivas como intensivas. En Badajoz y Huelva los animales se encuentran en explotaciones extensivas mientras que el modelo intensivo se encuentra principalmente en Cataluña, Aragón, Región de Murcia y en algunas zonas de Castilla y León y Castilla - La Mancha

Lorca (Murcia) es el municipio que tiene un mayor número de cabezas de porcino con 790.420 animales. Tambien es uno de los municipios con mayor número de macrogranjas del país.
Esta localidad fue noticia a principios de año debido al asalto que diversos manifestantes realizaron al Consistorio cuando iba a votarse una moción para limitar la instalación de nuevas explotaciones de porcino cerca de los núcleos urbanos. Fue aprobada un mes más tarde. Hasta final de 2022 no se espera que el texto sea aprobado de forma definitiva. El segundo en la lista es Caravaca de la Cruz (Murcia) con 681.621. Caravaca de la Cruz está situado a 60 kilómetros del municipio lorcano.

Número de cabezas de porcino por kilómetro cuadrado
Este mapa permite observar donde se está produciendo una mayor concentración sobre el territorio. Los municipios que destacan en el mapa coinciden con zonas donde la mayoría de las explotaciones porcinas existentes son macrogranjas industriales con capacidad para miles de animales. Destacan por encima del resto las provincias de Huesca, Zaragoza, Lleida, Toledo, Segovia, Soria y la Región de Murcia

Número de cabezas de porcino por población
Esta vista del mapa aflora los municipios con problemas de despoblación donde el número de cabezas de animales supera ampliamente los habitantes de esos municipios. Esto trae como consecuencia que estas explotaciones supongan un mayor consumo de recursos públicos como el agua que las poblaciones donde se encuentran arraigadas.

El aumento en el número de cabezas de porcino en España y la concentración de estas explotaciones en algunas regiones del país está teniendo un impacto sobre el medioambiente y las condiciones de vida de los territorios donde se asientan.

España ha aumentado sus emisiones de amoniaco desde el año 2013 debido al incremento en el número de animales en explotaciones ganaderas y al uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos. Otro gas contaminante que también ha aumentado es el metano, un gas cuyas fuentes principales se encuentran en vertederos y en la ganadería, según el Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos con datos para el año 2020.

El 8,16% de las emisiones de amoníaco emitidas en España en 2020 proviene de las macrogranjas de porcino, como explicó DATADISTA el pasado mes de enero. Las instalaciones con capacidad para más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o de más de 750 cerdas reproductoras tienen que estar dadas de alta en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) para permitir la fiscalización de sus emisiones.

Todos los datos de la evolución diaria de la COVID-19 en España

España ha destruido ya 1,4 millones de dosis de las vacunas contra la covid-19

Antonio Delgado — dom., 01 may. 2022 11:01:18 +0200

Las vacunas destruidas suponen el 1,43% de todas las vacunas para adultos distribuidas por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas. Las comunidades han devuelto a Sanidad 2,2 millones de dosis. El cambio de estrategia de vacunación ha supuesto la destrucción del 26% de las vacunas entregadas en España de Janssen.

El 92,6% de la población residente en España mayor de 12 años tiene la pauta completa de la vacuna contra la covid-19. La alta tasa de vacunación ha supuesto haber superado la fase aguda de la enfermedad y limitar las restricciones al mínimo. Hasta esta semana se han administrado 94.404.832 dosis, lo que representa el 97,3% de todas las entregadas. Sin embargo, a fecha de 18 de abril de 2022, casi un millón y medio de vacunas han tenido que ser destruidas en los almacenes del Ministerio de Sanidad y en las comunidades autónomas, según los datos obtenidos por DATADISTA a través de una solicitud de información pública basada en la Ley de Transparencia. De las 91.898.946 dosis para adultos recibidas hasta ese día se han destruido 1.353.047 dosis, lo que representa el 1,43% del total de dosis de vacunas.

El Ministerio de Sanidad ha destruido en sus almacenes 826.245 dosis de las diferentes vacunas mientras que las comunidades autónomas han comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que hicieron lo propio con 526.802 dosis. Respecto a las pediátricas, el Ministerio de Sanidad informa que de las 5.205.330 dosis entregadas a las comunidades autónomas, estas han informado hasta el momento de la destrucción de 5.870 dosis.

Entre las vacunas desechadas en los almacenes del Ministerio de Sanidad se encuentran las devueltas por las comunidades autónomas. Por ejemplo, DATADISTA ha podido acceder a un acta de destrucción de Baleares donde se indica que 29.000 dosis de AstraZeneca que fueron devueltas a Sanidad tuvieron que ser destruidas a su llegada a Madrid por rotura en la cadena de frío. "Cuando se recibieron en Madrid se nos informó que, tal y como las habíamos colocado en la furgoneta refrigerada, no se podía garantizar el mantenimiento de la cadena de frío; por lo que se tuvieron que desechar una vez allí."

Las vacunas han sido destruidas principalmente por haber caducado sin que hayan sido administradas o tuvieron que ser desechadas por haberse roto la cadena de frío. En una respuesta parlamentaria por escrito al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, publicada esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Gobierno ha explicado que "la causa más importante por la que una parte muy pequeña de las vacunas recibidas han caducado es la adecuación de la logística a los cambios en la Estrategia de vacunación".

Según el cálculo realizado por DATADISTA del coste medio por dosis, la vacunas desechadas en España tuvieron un coste total estimado de alrededor de 9 millones de euros.

España destruye el 26% de las vacunas entregadas de Janssen

Hasta el 18 de abril de 2022, se habían destruido más de medio millón de vacunas de Janssen. Esto representa el 26,2% de los dos millones de dosis entregadas en España por el fabricante. Este preparado monodosis ha sido utilizado en España con mayores de 40 años y con determinados colectivos que fueron difíciles de captar y vacunar.

483.745 dosis de Janssen fueron destruidas en los almacenes del Ministerio de Sanidad el pasado 28 de febrero. Según el informe al que ha tenido acceso DATADISTA, la destrucción fue motivada porque se distribuyeron en condiciones de refrigeración para su utilización inmediata y caducaron a los seis meses tras su recepción. Una vez descongeladas las vacunas no pueden volver a congelarse. Si hubieran estado congeladas, estos preparados hubieran caducado entre abril y mayo de 2023.

Con respecto a otros fabricantes, España ha destruido el 4,64% de todas las vacunas de AztraZeneca entregadas en España; el 1,3% de las de Moderna y el 0,26% de las de Pfizer.

Más de dos millones de dosis han sido devueltas por las comunidades

El número de dosis de vacunas destruidas puede aumentar en las próximas semanas debido a que las comunidades autónomas habían devuelto, hasta finales de marzo, a los almacenes del Ministerio de Sanidad 2.197.290 dosis, según una respuesta parlamentaria por escrito al Grupo Parlamentario Vox publicada esta semana en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

De los 2,2 millones de vacunas devueltas, el Ministerio de Sanidad no especifica las que han sido ya destruidas pero estarían dentro de las 826.245 destruidas en los almacenes de Sanidad en Madrid.

Más del 50% de las vacunas devueltas son de AstraZeneca, seguidas de las vacunas de Janssen. Esto es debido a los cambios registrados en la estrategia de vacunación al apostarse por las vacunas de ARN mensajero (ARNm) para la administración de las terceras dosis entre la población general.

No todas las vacunas devueltas pueden ser donadas

Las vacunas donadas por España a otros países a través de la iniciativa COVAX era, hasta finales del pasado mes de marzo, de 39.555.450 dosis, según los datos facilitados por la AEMPS a una petición de información realizada por DATADISTA. A estos datos hay que sumarle otras 3.294.000 dosis mediante donaciones bilaterales y 1.686.940 dosis revendidas al mismo precio que costaron a Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay, Fiyi y Andorra.

En total, España había donado y revendido 44,5 millones de dosis. Esta cifra son las vacunas comprometidas que ya habían llegado a destino. Al final del primer trimestre de 2022, España se había comprometido a donar 74 millones de dosis, según los datos publicados (PDF) por la iniciativa COVAX.

El problema con las donaciones es que no pueden realizarse a través de la iniciativa COVAX si la fecha de caducidad está próxima. Por lo que aquellas dosis que cumplan esta condición y estén almacenadas en España tendrán que ser destruidas. No se quiere repetir el fiasco de Nigeria que en diciembre pasado tuvo que destruir 1.066.214 dosis de AstraZeneca caducadas que habían sido donadas al haberse enviado con una fecha muy próxima de caducidad.

Radiografía de la contratación indefinida en España

Ana Tudela — dom., 24 abr. 2022 10:30:00 +0200

El mercado laboral español es una trituradora de contratos, una rueda de papeleos, de altas y bajas sistematizadas de los mismos trabajadores y trabajadoras que han llevado a la conocida creación neta de empleo de los lunes, destrucción neta los viernes y bajadas y subidas aún más bruscas a principio y final de mes. Sin embargo, 2022 se ha estrenado con un cambio de tendencia relevante y en aumento. En marzo, se firmaron 513.677 contratos indefinidos, récord mensual en términos absolutos de la serie histórica y récord también en porcentaje sobre el total de contratos registrados en el mes, alcanzando el 30,73%. El 45,89% de los contratos indefinidos firmados correspondió a mujeres.

Todo esto ocurría antes de que entrase en vigor el nuevo esquema de contratación de la reforma laboral, en el que se eliminan los contratos por obra o servicio y los contratos temporales quedan limitados a incrementos no previstos de la producción, con un máximo de seis meses, y a incrementos previstos pero solo un máximo de 90 días al año no consecutivos. Para toda actividad que tenga picos estacionales, se dirige la contratación hacia los fijos-discontinuos.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantaba esta semana que en abril, ya con el nuevo esquema de contratación plenamente en vigor, el impulso de los contratos indefinidos ha seguido en aumento.

¿Qué puestos de trabajo son los que más contratos indefinidos están registrando? ¿En qué franjas de edad? ¿Con qué nivel de estudios? ¿Se están firmando indefinidos pero a jornada parcial mayoritariamente? ¿Qué tamaño tienen las empresas que más contratan? Esta es una radiografía de la contratación de marzo de 2022, aún sin la reforma en vigor pero ya con los datos pormenorizados publicados esta semana por el Ministerio de Trabajo, comparada con el mismo mes de 2019, el último no afectado por la pandemia. En los próximos meses habrá que sumar la monitorización de la duración media de los contratos para saber si la estabilidad que se presume a los indefinidos se cumple.

España muestra, en toda lista sobre contratación que se haga, el país de servicios que es y que fue una de las causas del nivel de afectación al empleo de la pandemia. En términos absolutos, las ocupaciones que más contratos indefinidos registraron en marzo fueros los empleados/as de servicios de restauración (casi el 14% de los indefinidos registrados) y dependientes/as de tiendas y almacenes (6,8%).

No es solo un efecto de términos absolutos en un país que contrata mucho en la restauración. El 36,78% de los contratos de empleadas y empleados de la restauración cerrados en marzo fue indefinido, por encima de la media de indefinidos. No es el mayor porcentaje, claro está. Es en la categoría de directores de departamentos administrativos y comerciales, con un porcentaje de indefinidos del 87,33% de los contratos firmados, y los profesionales de tecnologías de la información (84,79%), así como los directores generales de alojamientos, restauración y comercio (75,15%) donde mayor peso tienen los indefinidos.

El porcentaje de contratos indefinidos firmado crece en todos los segmentos tanto por edad, como por nivel de estudios o tipo de jornada. Si se mira por franjas de edad, se ve cómo en todos los casos los contratos indefinidos cerrados en marzo de 2022 pasan a estar en el entorno del 30% de cada franja de edad, frente a las cifras alrededor del 10% que mostraban todas las edades en el mismo mes de 2019. Incluso los menores de 20 años, franja que registraba solo un 7,10% de indefinidos en el último marzo prepandemia sobre el total de contratos en esta franja de edad, ha pasado a rozar el 27% en marzo de este año.

La punta de la flecha indica el dato de marzo de 2022. La parte posterior de la flecha, el dato del mismo mes de 2019. La orientación de la flecha, si aumenta (dcha.) o disminuye (izqda.).

Ahora bien, si se compara con el resto de franjas de edad, la de menos de 20 años sigue siendo la segunda que menos contratos registra tanto en el total (3,4%) como indefinidos (3%), solo por debajo de los mayores de 59 años.

Con cifras muy similares en el número total de contratos registrados en marzo de 2019 y el mismo mes de 2022, los contratos de obra y servicio siguieron utilizándose en su último mes de existencia antes de la entrada en vigor de las nuevas normas de contratación de la reforma laboral, aunque con una considerable pérdida de protagonismo. En marzo de 2022, se firmaron 378.089 contratos por obra o servicio. En el mismo mes de 2019, fueron 633.120 contratos de esta modalidad.

Además, se firmaron 603.663 contratos eventuales por circunstancias de la producción, frente a los 755.743 de 2019. Esta tipología ha pasado desde finales de marzo a estar mucho más limitada, puesto que solo se permitirá por incrementos no previstos de la actividad y no estacionales durante seis meses. Si el incremento de la actividad es previsible, solo puede utilizarse 90 días no consecutivos al año.

En términos absolutos, los contratos en principio de mayor calidad, los contratos indefinidos a jornada completa, aumentaron en marzo 2022 vs marzo 2019 casi un 140%, pasando de 108.755 contratos indefinidos a jornada completa firmados en marzo de 2019 a 260.822 en marzo de este año. Su peso se reduce respecto a los indefinidos a jornada parcial pero muy ligeramente y siguen siendo mayoritarios, al pasar del 67,38% al 64,77%.

Hay una fuerte irrupción de los contratos fijos-discontinuos, que en la nueva normativa laboral obligan a su uso frente a fórmulas temporales que han sido eliminadas o no se permiten para actividades estacionales recurrentes. Los contratos fijos-discontinuos se multiplican por 5,6 pasando de 18.872 en marzo de 2019 a 106.002 en el mismo mes de este año.
El 37% de los contratos indefinidos registrados en marzo de 2022 correspondieron a micropymes de 1 a 9 empleados. Estas empresas son las mayores contratadoras (29% de los contratos de todo tipo firmados por el total de empresas). Si se amplía hasta las empresas con 25 o menos empleados, estas fueron las que registraron el 56% de los contratos indefinidos de marzo.

Los grandes empleadores, aquellos con más de 10.000 empleadas/os, son los únicos que no incrementan el porcentaje de contratos indefinidos sobre su total de contratos registrados en marzo de 2022 respecto a 2019. La causa no está en los de obra o servicio ni en los eventuales por circunstancias de la producción. En este caso, se debe a cómo han disparado el uso del contrato de interinidad, que se incrementa casi diez puntos, pasando del 29,4% al 38,7% entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2022 Hay que señalar que el resto de empresas también han aumentado el uso de la interinidad pero nada comparado a los grandes empleadores

En marzo de 2019, los contratos indefinidos eran casi testimoniales para las personas sin estudios: menos del 5%, mientras que los de obra o servicio se situaban cerca del 60% y los eventuales por circunstancias de la producción sumaban otro 31%. En marzo de 2022, los indefinidos pasaron a situarse en el 22,3%, frente al 44,58% de los contratos de obra y el 27,46% de los eventuales.

El mayor porcentaje de indefinidos en los contratos registrados en marzo se da en las personas con nivel de estudios postsecundarios de segundo y tercer ciclo, que llegan a rozar el 40% de indefinidos de los contratos registrados, frente al 22,5% de marzo de 2019.

A partir de abril, ha entrado plenamente en vigor el nuevo esquema de contratación de la reforma laboral.

Evolución de la vacunación contra la COVID-19 en España

DATADISTA — vie., 22 abr. 2022 20:30:00 +0200

ACTUALIZADO 22-04-2022 20:30h

94.295.766
Vacunas administradas

40.375.699
Personas con pauta completa

85,27%
Población vacunada con pauta completa

Las comunidades autónomas han administrado hasta el momento un total de 94.295.766 de dosis de las diferentes vacunas contra la COVID-19 en España. Es el 96,92% del total de vacunas que les han entregado. Extremadura ha puesto el 100,0% de las dosis. Ceuta, 88,85%. Actualmente hay 40.375.699 personas con la pauta completa de la vacuna, lo que representa el 85,27% de la población residente en el país.

Evolución del porcentaje de personas con la pauta completa de la vacuna en España

Evolución de la vacunación contra la COVID-19 por CCAA

Evolución semanal de vacunados con la pauta completa contra la COVID-19 y el compromiso del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado 6 de abril con el siguiente calendario de vacunación. El objetivo era tener al 70% de la población residente en España con la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 a finales de agosto. Es decir, 33 millones de personas. En este gráfico se muestra la evolución semanal y el compromiso del Gobierno.

Este porcentaje ya no sirve para la ansiada inmunidad de grupo. La variante Delta se ha extendido en estos meses hasta suponer casi el 100% de los casos secuenciados y ahora el nuevo objetivo es alcanzar el 90% de la población con la vacuna completa.

En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del número de personas con la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en España que se va sumando cada semana.

Evolución del número de dosis administradas de la vacuna en España. Los picos y la falta de datos observados en la evolución diaria son debidos a que, los fines de semana, el Ministerio de Sanidad no publica informes de seguimiento. Los datos publicados los lunes incluyen las vacunas administradas el viernes, sábado y domingo.

Vacunas semanales recibidas por España

Em esta tabla se muestran las dosis de vacunas contra la COVID-19 que han ido llegando semanalmente a España por cada uno de los laboratorios.

Evolución del porcentaje de personas con la pauta completa de la vacuna por CCAA

En Galicia, el 90,52% de la población ya ha recibido la pauta completa de la vacuna. Melilla, el 73,47%.

Porcentaje de la población vacunada por grupo de edad

El 100% de los mayores de 80 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna frente al 99% de los que está en la franja de edad entre los 70 y 79 años. Los porcentajes están estimados según la población residente en 2020. Tener al 100% de los mayores de 60 años es vital para reducir al mínimo las defunciones por COVID-19. El 94% de los fallecidos en España por la enfermedad tenía 60 años o más.

Análisis, datos y gráficos para entender la evolución de la enfermedad causada por el coronavirus en España.

Ferran Barbé: “El conocimiento científico hoy no nos permite estar convencidos al 100% de que [la covid persistente] existe”

Porcentaje de población vacunada mayor de 12 años

El 92,9% de los mayores de 12 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. El 92,5%, la pauta completa.

Porcentaje de personas mayores de 80 años vacunados

La vacunación masiva de los mayores de 80 años que no residen en un centro institucionalizado empezó a realizarse a finales de febrero. El 100% de la población mayor de 80 años en España tiene puesta al menos la pauta completa de la vacuna.

Disminuye el porcentaje de fallecidos de más de 80 años

El 64% de todos los fallecidos confirmados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia tenía 80 años o más. Desde la tercera semana de 2021, momento en el que comenzó la vacunación de la segunda dosis de la vacuna en residencias de mayores y centros sociosanitarios, el porcentaje de fallecidos semanales de más de 80 años con respecto al total de fallecidos ha ido bajando desde finales de febrero de 2021. En este gráfico puedes observar su evolución.

El número de casos diagnosticados en las residencias de mayores ha caído más de un 90% desde el pico de la tercera ola, entre el 25 y el 31 de enero de 2021, donde fallecieron 778 personas. Entre el 12 y el 25 de julio de 2021 han fallecido 44 personas en residencias por COVID-19 y se han contagiado 1.525 personas.

Vacunación en residencias de mayores y centros sociosanitarios

El plan de vacunación, que comenzó el 27 de diciembre de 2020, se centró en primer lugar en residentes y personal sanitario en centros de mayores y en centros sociosanitarios. De momento es el único grupo del plan de vacunación del que el Ministerio de Sanidad ha empezado a publicar información actualizada.

Hasta el 3 de junio de 2021, el 99,7% de las personas institucionalizadas en estos centros ha recibido la primera dosis de la vacuna y el 93,3% la pauta completa.

El minoritario rechazo a la vacuna en España

España envía semanalmente al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) información sobre la evolución de la vacunación. Hay una parte de esta información que el Ministerio de Sanidad no publica en sus informes pero sí envía al ECDC, como por ejemplo, el número de personas que han rechazado la primera dosis de la vacuna. Hasta el 10 de octubre de 2021 y a falta de consolidación de la serie histórica, solo el 0,23% de las personas que habían sido llamadas en España para ponerse la primera dosis la había rechazado. En total 81.462 personas de las cuales el 6,4% son trabajadores sanitarios o sociosanitarios. Es decir, 5.227 personas. Este rechazo no significa que sea por miedo a las vacunas, también puede darse el caso de personas que han pasado la enfermedad y han decidido no ponérsela o que no hayan acudido a la citación por otros motivos.

Hasta el 10 de octubre, el número de personas que había rechazado la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca era testimonial, a pesar del cambio de estrategia de vacunación, reservado en España a la población entre 60 y 69 años, debido a eventos trombóticos poco frecuentes detectados en Europa asociados a la vacuna. Solo 15.530 de 5.103.859 personas vacunadas decidió no ponerse la primera dosis o no acudió a la cita.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Debido a la falta de normalización, accesibilidad y reutilización de los datos de evolución de la COVID-19 por parte del Ministerio de Sanidad, DATADISTA comenzó a publicar el 12 de marzo de 2020 los datos desagregados en formato CSV en su cuenta de Github del resumen de situación por la COVID-19 en España y otros datasets relacionados después de un proceso semiautomático de extracción, limpieza y normalización de las tablas de la situación diaria acumulada de la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. Desde entonces, decenas de analistas, especialistas en epidemiología, científicos de datos y periodistas están reutilizando esta información en sus proyectos, estudios y artículos.

Todos los datos de la evolución diaria de la COVID-19 en España

DATADISTA — vie., 22 abr. 2022 20:00:00 +0200

Análisis, datos y gráficos para entender la evolución de la enfermedad causada por el coronavirus

ACTUALIZADO 22-04-2022 20:00h

505,86
Casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años

11.736.893
Casos diagnosticados

+74.679 añadidos de días anteriores a la serie

103.721
Fallecidos

(187/7d)
+455 añadidos de días anteriores a la serie

3,84%
Ocupación de camas UCI por pacientes COVID-19

Evolución de la pandemia por franjas de edad

Evolución de la tasa de incidencia acumulada de COVID-19

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes es uno de los principales indicadores que nos permite conocer la evolución de la pandemia. Desde el 28 de marzo de 2022, la incidencia acumulada solo se mide en los mayores de 60 años. Una incidencia por encima de 2.500 casos se considera un nivel muy alto. El objetivo es tener menos de 250 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años.

La incidencia acumulada en España en mayores de 60 años es de 505,86 casos por cada 100.000 habitantes.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por CCAA

Navarra 1211,71
Asturias 1129,79
Galicia 1123,78
Castilla y León 944,53
La Rioja 811,50
Extremadura 779,81
Cantabria 763,64
Murcia 758,72

Canarias 695,32
País Vasco 628,84
Ceuta 619,40
España 555,47
Baleares 538,12
Aragón 499,68
C. Valenciana 497,74
Melilla 413,54
Castilla La Mancha 403,16
Cataluña 377,96
Andalucía 316,26
Madrid 291,78

Evolución de la Incidencia acumulada y la ocupación en UCI

En este gráfico de doble eje se muestra la evolución de la incidencia acumulada y la ocupación en UCI desde la segunda ola hasta la actualidad. El efecto de la vacunación se puede apreciar a partir de la quinta ola, cuando más del 70% de la población cuenta con la pauta completa de la vacuna.

Evolución de la incidencia por grupo de edad desde la quinta ola

La quinta ola y las primeras semanas de la sexta ola se han caracterizado por afectar a niños, adolescentes y adultos jóvenes frente a olas anteriores donde la media de edad se situó por encima de los 40 años. En la quinta ola, la edad media de los afectados fue de 26 años. En la sexta ola, de momento, está en 27 años.

Tasa de incidencia media semanal por grupo de edad

Este gráfico muestra la evolución de la tasa de incidencia semanal entre vacunados y no vacunados en las últimas ocho semanas con datos completos. La incidencia de casos es mayor entre no vacunados en todos los grupos de edad.

Evolución del porcentaje de camas ocupadas en UCI por pacientes COVID-19 y no COVID-19 en España

Una ocupación de camas UCI por pacientes COVID-19 por encima del 25% se considera un nivel muy alto, según el documento de respuestas coordinadas (PDF) para el seguimiento tras la fase agurda de la pandemia.

Hay 341 personas en una UCI en España diagnosticadas con COVID-19, el 3,78% del total de ingresados en estas unidades. En las últimas 24 horas ha habido 39 ingresos y 34 altas.

Comunidades autónomas con mayor porcentaje de ocupación de pacientes COVID-19 en UCI: Castilla y León (7,96%), País Vasco (7,27%), Ceuta (5,88%), Melilla (5,88%), Cataluña (5,5%), Aragón (4,93%).

Evolución del porcentaje de camas ocupadas en UCI por pacientes COVID-19 y no COVID-19 por provincias

Evolución del porcentaje de camas ocupadas en hospitales por pacientes COVID-19

Una ocupación por pacientes por encima del 15% se considera un nivel muy alto.

Hay 6.112 personas ingresadas en un hospital en España por COVID-19, el 4,94% del total de ingresados en estas unidades. En las últimas 24 horas ha habido 801 ingresos y 853 altas.

Comunidades autónomas con un mayor porcentaje de ocupación: Asturias (10,69%), Galicia (7,72%), Castilla y León (7,64%), Cantabria (6,25%), País Vasco (5,96%), Murcia (5,1%).

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

La investigación de DATADISTA 'España intensiva', mención especial en los Premios Ortega y Gasset 2022

DATADISTA — mié., 06 abr. 2022 18:41:33 +0200

La investigación España intensiva: así ha cambiado el campo a fuerza de PAC y mercado, realizada por DATADISTA y publicada simultáneamente en nuestro medio y en elDiario.es, ha recibido una mención especial en la categoría de Mejor cobertura multimedia en los premios Ortega y Gasset 2022, los grandes galardones del periodismo en español.

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por el diario El PAÍS, buscan resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que hayan destacado a lo largo del año por su calidad.

El premio a la Mejor historia o investigación periodística ha sido para la investigación sobre la pederastia en el seno de la Iglesia española, publicada en el diario EL PAÍS. En la categoría de Mejor cobertura multimedia, se ha premiado el trabajo El reto tras la masacre: memoria, verdad, justicia y no repetición, publicado por el medio nicaragüense Divergentes. El premio a la Mejor fotografía ha sido para la periodista mexicana Sáshenka Gutiérrez, de la agencia EFE. El galardón a la Trayectoria profesional ha sido para los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, fallecidos en Burkina Faso el 26 de abril de 2021.

España intensiva

España intensiva es un trabajo de investigación periodística realizado durante siete meses en 2021 que explica cómo el campo ha cambiado y está poniendo en cuestión los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Política Agrícola Común, la PAC. Árboles de secano que se riegan, ganado engordando en serie en macrogranjas, modelos integrados que producen, envasan y distribuyen, fondos de inversión invirtiendo en agricultura.

Explicamos cómo funciona la PAC en España, cómo cambió al regadío un árbol de secano como el olivo y descubrimos los daños que, tan solo después de tres décadas desde que se descubrió, se han producido ya en el Acuífero de la Loma, en Jaén.

También desvelamos que las grandes integradoras de porcino, a pesar de facturar cientos de millones de euros y tener altas rentabilidades, están recibiendo subvenciones millonarias de las Administraciones. Entre estas, el porcino ha encontrado diversas vías para lograr subvenciones de la PAC.

Los colectivos de pacientes de covid persistente piden la destitución del líder del estudio que debe definir la enfermedad

DATADISTA — mar., 05 abr. 2022 20:25:00 +0200

Los colectivos de pacientes afectados por la covid persistente manifiestan su disconformidad con las declaraciones realizadas por el doctor Ferran Barbé, responsable del estudio sobre Covid persistente en España, en una entrevista realizada por DATADISTA.

La plataforma nacional Long Covid ACTS y los colectivos y asociaciones de pacientes de Aragón, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana han emitido en el día de hoy sendos comunicados donde muestran su rechazo a las declaraciones efectuadas por el neumólogo Ferran Barbé a DATADISTA.

Long Covid ACTS pide la destitución de Ferran Barbé como coordinador del estudio "Síndrome post-COVID: definición, prevalencia, identificación de predictores y opciones terapéuticas", un encargo del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad para ayudar a definir la enfermedad en los sistemas de clasificación y tratamiento. Actualmente el estudio se encuentra realizando encuestas a los pacientes y expertos seleccionados para su presentación a finales de mes.

Los pacientes reunidos en esta plataforma manifiestan su disconformidad con sus declaraciones ya que considera que se trata de una enfermedad multisistémica. "Su abordaje exclusivo desde la neumología y/o su consideración como enfermedad “imaginaria” no se ajusta a las definiciones ya existentes. La Organización Mundial de la Salud reconoce la enfermedad y la definió el 6 de octubre de 2021", indican.

El neumólogo encargado del estudio que definirá la covid persistente en España explica a DATADISTA los avances de la investigación que coordina junto a un grupo de expertos.

Comunicado íntegro de Long Covid ACTS (PDF)

El neumólogo Ferran Barbé declaró a DATADISTA que no cree que "estemos en condiciones aún de definir esta condición como enfermedad. Es una situación que no tenemos bien tipificada." Además considera que "no podemos decir lo que no sabemos ni sobrediagnosticar condiciones ni pacientes. Esto no es bueno ni para el paciente ni para el Sistema Nacional de Salud ni para la ciencia".

Los colectivos y asociaciones de pacientes de Aragón, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana también han emitido un comunicado donde rechazan las declaraciones del doctor Barbé e indican que "un profesional con un sesgo inicial tan importante con respecto a nuestra enfermedad no debería estar al cargo de un estudio tan relevante para los pacientes afectados de Long COVID."

Estas asociaciones afirman en su comunicado que "muchos pacientes de la primera ola tuvieron que errar de médico en médico para intentar averiguar qué les estaba pasando, cuando nadie hablaba de ello en los medios de comunicación. Los primeros en denegar las derivaciones de los médicos de familia fueron, precisamente, los neumólogos. De hecho, por la falta de atención de los pacientes persistentes, se crearon los grupos de pacientes en el mundo entero, para apoyarse mutuamente al no haber información de ningún tipo al respecto."

Por su parte, la plataforma Long Covid ACTS considera que Barbé hace caso omiso "no sólo a las definiciones ya existentes, sino a la propia codificación ya creada y puesta en marcha el 1 de enero de 2022, trasladada por parte del Ministerio de Sanidad". También destacan la Guía de pacientes realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y avalada por 47 sociedades médico-científicas.

En el comunicado hacen hincapié a que, en sus declaraciones, Barbé tampoco hace referencia al estudio publicado recientemente por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III “Persistent Overactive Cytotoxic Inmune Response in a Spanish Cohort of Individuals With Long-Covid: Identification of Diagnostic Biomarkers”, que "describe características inmunitarias específicas de las personas que siguen sufriendo síntomas y signos de la COVID-19 varias semanas y meses después de haber pasado la infección aguda.".

Ferran Barbé explicó a este medio que "el hecho de que mediáticamente esta situación [la covid-19] vaya perdiendo protagonismo como temática de primera página también ayuda a que el tema, por decirlo de alguna manera, se vaya serenando."

En este sentido, los colectivos y asociaciones de pacientes de Aragón, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana consideran que "no se pueden buscar las causas de una enfermedad si no se cree en ella, o si se opina que [la prensa] “influye y mucho. Y está demostrado el poder de los medios y la reiteración de un mensaje a la hora de aflorar problemas de salud. Eso es muy antiguo” o que es algo que nos estemos imaginando por la situación de pandemia, cuando numerosos profesionales de la Salud han declarado que es real y que no nos lo inventamos".

COMUNICADO DE PRENSA F.B..pdf

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Comunicado íntegro de los colectivos de pacientes Long Covid (PDF)

COMUNICADO COLECTIVOS Y ASOCACIONES PACIENTES_LONG COVID_05042022.pdf

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Covid persistente: la punta del iceberg de un nuevo problema de salud pública

Cada vez afloran más casos de personas que pasaron la covid-19 y arrastran un catálogo de síntomas similares que les dificultan una vida normal. Afecta a adultos, sobre todo a mujeres, pero también a niños. En Reino Unido se han detectado ya 1.000.000 de posibles casos.

Los colectivos de pacientes de covid persistente piden la destitución del líder del estudio que debe definir la enfermedad

Ferran Barbé: "El conocimiento científico hoy no nos permite estar convencidos al 100% de que [la covid persistente] existe"

Antonio Delgado — dom., 03 abr. 2022 09:00:00 +0200

El neumólogo encargado del estudio que definirá la covid persistente en España explica a DATADISTA los avances de la investigación que coordina junto a un grupo de expertos.

"El calendario previsto es que para finales de este mes ya podremos transmitir al ISCIII la primera versión avanzada, casi, casi final."
"No creo que estemos en condiciones aún de definir esta condición como enfermedad. Es una situación que no tenemos bien tipificada."
"No podemos decir lo que no sabemos ni sobrediagnosticar condiciones ni pacientes. Esto no es bueno ni para el paciente ni para el Sistema Nacional de Salud ni para la ciencia".
" En la medida en la que recuperemos una vida pre-covid(...) muchos de los problemas que ahora relacionamos con covid persistente irán perdiendo relevancia".

Ferran Barbé, jefe de Grupo del Centro Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) | IRBLleida

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto con el director del Instituto Carlos III (ISCIII), Cristóbal Belda, anunciaron a finales de agosto de 2021 el encargo del estudio 'Síndrome post-COVID: definición, prevalencia, identificación de predictores y opciones terapéuticas' para investigar los síntomas persistentes del virus.

Este estudio se realiza mediante el método Delphi, uno de los métodos de prospectiva más utilizados para la búsqueda de un consenso entre un grupo de expertos. Para Sanidad este estudio es prioritario para ayudar a definir la enfermedad en los sistemas de clasificación y su tratamiento.

El pasado 8 de marzo, Carolina Darias, en una comparencia en el Senado, manifestó que tienen "las máximas esperanzas en que este estudio primero identifique la sintomatología a partir de la cual se puede decir que estamos ante covid persistente y que sobre todo nos indique el camino para mejorar el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación tras la enfermedad".

El estudio está dirigido por el neumólogo Ferran Barbé, jefe de Grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), jefe de Servicio de Neumología del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida y director del grupo de investigación en patología respiratoria de l'Institut de Recerca Biomédica de Lleida (IRBLleida).

Pregunta: ¿En qué situación está el estudio?

Respuesta: El estudio se inició en noviembre del año pasado. El calendario previsto es que para finales de este mes ya podremos transmitir al ISCIII la primera versión avanzada, casi, casi final, de lo que todo el grupo de expertos que estamos trabajando en este tema desde hace unos meses entendemos como covid persistente y las repercusiones que puedan tener sobre el Sistema Nacional de Salud. La metodología Delphi siempre establece consensos. Es una forma de aproximar posiciones en las que todo el mundo se sienta cómodo.

¿Con la presentación del estudio terminaría vuestro trabajo?

Una vez respondamos a la solicitud que nos hace el ISCIII, luego vamos a publicar los resultados de este consenso en una revista científica, aunque esto requiere más tiempo. También se elaborarán unas series de materiales de comunicación para difundir ese consenso.

Va a ser un punto de partida para que todos podamos hablar el mismo lenguaje y nos podamos entender. En la medida que avance el conocimiento y la ciencia, y el entender esta condición de covid persistente, la definición se tiene que ir ajustando y concretando, porque en el momento actual hay muchas más preguntas que respuestas.

¿Con este trabajo, el Ministerio de Sanidad va a poder hacer una definición de lo que es la covid persistente?

Yo creo que se tiene que ir poco a poco. No creo que estemos en condiciones aún de definir esta condición como enfermedad. Es una situación que no tenemos bien tipificada y a partir de aquí es cuando al menos hablaremos todos el mismo lenguaje.

Si esto acabará siendo realmente una enfermedad o un síndrome no lo sabemos. Veremos cómo evoluciona el conocimiento y si hay realmente marcadores biológicos que nos ayuden a decir esto es y esto no es, o si al final acabamos con una serie de condiciones. Es decir, si se cumplen tres de cinco pues se puede diagnosticar. En esto estamos como con la fibromialgia y algunas de las enfermedades reumatológicas que se identifican y se definen en base a criterios y hay que cumplir un mínimo de equis criterios de una serie. Ya veremos. Hay que ir despacio. No podemos decir lo que no sabemos ni sobrediagnosticar condiciones ni pacientes. Esto no es bueno ni para el paciente ni para el Sistema Nacional de Salud ni para la ciencia. Todo requiere su tiempo. Es verdad que hay mucha presión y mucha prisa, qué es y qué no es, pues no lo sabemos y esa es la respuesta.

Muchos pacientes que llevan más de un año con estos síntomas han sido dados de alta de sus bajas laborales por esta falta de diagnóstico.

No es por la falta de diagnóstico. Hay muchos términos que se mezclan aquí. Hay una serie de condiciones, de situaciones y de secuelas de pacientes que han tenido una covid grave que incluso han acabado con un transplante de pulmón. Nosotros vemos a pacientes que llevan ya dos años desde que han sido datos de alta y aún están arrastrando secuelas de la enfermedad. Este es un tema.

Luego hay otro tema que es la persona que refiere una serie de síntomas que atribuye a una infección, o supuesta infección por SARS-CoV-2 y eso es mucho más difícil de demostrar. El que uno tenga una condición de covid o post-covid esto no tiene nada que ver si puede o no puede trabajar. Dependerá de muchas cosas. En primer lugar, el trabajo que tenga. En segundo lugar, de la afectación. Una afectación en la que no somos capaces de identificar ninguna alteración ni a nivel respiratorio, ni a nivel osteomuscular, ni a nivel mecánico y que impida a un sujeto trabajar. Esto hay que tomárselo con mucha prudencia.

¿Hay consenso entre lo que son secuelas de la covid y la covid persistente?

No, la verdad es que no. Para esto se hace el Delphi. En esto cada profesional le es imposible diferenciar el paciente que tiene una secuela del paciente que se ahoga, no tiene fatiga y ninguna alteración. ¿Esto es covid persistente? Esto es imposible. Quizás haya extremos pero la zona gris es el 90% de los sujetos que han transmitido una enfermedad por SARS-CoV-2. Estos son los planteamientos que hacemos los profesionales asistenciales.

Luego hay otra forma de encararlo por parte de los pacientes o las personas que han padecido SARS-CoV-2, que va a ser casi toda la población. Entonces que en una situación concreta yo la atribuya a que en su momento me infecté por un coronavirus esto es muy difícil de ligar y sobretodo si esa condición o sintomatología es difícilmente objetivable. Hay que ser muy prudente, descartar muchas cosas y hay que perfilar la condición previa del paciente. En muchos casos lo que se nos refiere es que ya existía antes de la infección por SARS-CoV-2.

¿A qué se refiere con que ya existía antes de la infección?

A que los síntomas, en una medida u otra, precedían a la infección en el paciente. Piense que nosotros vemos de todo.

¿Esto es independientemente de cómo se pasó la fase aguda de la enfermedad? Es decir, personas con covid persistente que pasaron la enfermedad de manera asintomática pero luego los síntomas le aparecieron tiempo después.

Esto a lo mejor existe. No lo sé. Necesito datos objetivos para estar convencido. Y necesito una explicación biológica para entenderlo. Es posible que esta situación o conocimiento científico que tenemos hoy no nos permite estar convencidos al 100% de que eso existe. A lo mejor dentro de 6 meses o un año tenemos evidencia de ello.

Nuestro trabajo siempre es ayudar a las personas. Si una persona me viene con un problema, yo se lo intentaré solucionar, sea el que sea. Tenga el antecedente que tenga. También es lógico que la persona cuanto más grave ha estado -las secuelas, consecuencias o persistencias, lo llamemos como lo llamemos que esto no es lo importante de una infección- más tiempo va a tardar en recuperarse.

Una persona que ha estado asintomática y que a los seis meses presente una sintomatología que atribuimos a que hace seis meses estuvo infectada por un coronavirus... todo puede ser. En medicina todo es posible, pero bueno habrá que ser muy prudente.

Luego hay que ver si estas secuelas, condiciones o síntomas son invalidantes. Habrá que buscar por qué son invalidantes y es poco probable que tengan que ver con una infección asintomática de seis meses antes. Esto es ciencia y en medicina es poco demostrable hoy por hoy. Yo como científico me tengo que basar en lo que sea capaz de ver y tocar, como Santo Tomás.

¿Las opiniones de los profesionales y científicos que participen en el estudio Delphi deben estar basadas en la evidencia?

Sí, hemos de ser rigurosos en lo que hacemos y siempre estando al lado de los pacientes. Siempre intentando ayudar y ayudarnos. Queremos hacer las cosas lo mejor posible y sobretodo no dejar de atender, de tratar y de tomar con la máxima consideración lo que nos refiere el paciente que tenemos sentado enfrente, pero por otro lado también tener muy claro que nosotros no vamos a sobrediagnosticar enfermedades. No vamos, entrecomillas, a crear condiciones o que no tengan una base biológica o que se puedan explicar de forma clara. Esto en algunas situaciones y en algunos campos en el ejercicio de la medicina ha pasado, pero esto es muy contraproducente, primero para el paciente y segundo para el sistema.

La verdad es que a la larga lo que vemos en nuestra práctica clínica y en la experiencia -que tenemos ya más de dos años- es que los pacientes progresivamente, reflejen la condición que reflejen, mejoran y acaban estando bien. El hecho que mediáticamente esta situación vaya perdiendo protagonismo como temática de primera página también ayuda a que el tema, por decirlo de alguna manera, se vaya serenando.

¿Usted cree que hay mucha gente que piensa que tiene covid persistente porque lo está leyendo en medios?

Eso influye y mucho. Y está demostrado el poder de los medios y la reiteración de un mensaje a la hora de aflorar problemas de salud. Eso es muy antiguo.

¿Cree que el 10% de las personas que han pasado la enfermedad pueden tener covid persistente como estiman algunos estudios preliminares?

Fíjese, si hemos pasado el covid millones de personas, estamos hablando de que habrá millones con esta situación. Si esto fuese así hoy estaríamos colapsando los sistemas de salud. No sé, yo creo que todo se ha exagerado un poco. Hace falta un poco de serenidad, perder un poco el miedo a lo desconocido como ha sido la covid-19. También en la medida en la que recuperemos una vida pre-covid, es decir, que se acaben las situaciones de aislamiento, de confinamiento, de que en el trabajo podamos tener una relación con los compañeros como era antes, que el uso de las mascarillas no sea tan necesario como lo fue en el pasado, que podamos volver a tener vida social... muchos de los problemas que ahora relacionamos con covid persistente irán perdiendo relevancia. Estoy convencido. No hemos pasado solo la infección. Hemos sufrido un shock social y cultural. Nuestra forma de vivir la hemos tenido que frenar de golpe y eso pasa factura.

¿El estudio recoge las definiciones previas de covid persistente que también se han realizado mediante estudios Delphi?

Todas las definiciones previas que existen y han sido publicadas se han recogido y compartido con todo el grupo de expertos. Cada una tiene un matiz diferente y nosotros por supuesto que vamos a tener presente la definición de la OMS pero vamos a hacer nuestra propia definición. Evidentemente no va a ser 180 grados diferente. Sí que puede incorporar matices locales y exigencias y un poco de rigor diferente a cuando uno hace una definición que va a ser aplicable a todo el mundo y la realidad es muy diferente. La OMS acepta situaciones de SARS-CoV-2 de infección no demostrada porque en su momento no había test y hay sitios donde sigue sin haber test. La definición que hace la OMS ha de valer para todos los países del mundo. La definición que vamos a hacer en España va a valer para España donde sí que hay test y donde no hay ninguna situación en la que uno no se pueda hacer una PCR.

Las personas que remiten una covid persistente que son de la primera ola no tuvieron acceso a un test

La primera ola fue hace dos años. Nosotros tenemos pacientes que han estado muy graves en la primera ola y que siguen teniendo problemas y tienen una cronología lógica. Y en estos es en los que persisten secuelas o covid persistente o como lo queramos llamar. Los que pasaron el covid asintomático en la primera ola o con un poquito de tos y que ahora dos años después persistan síntomas y que eso sea atribuible a que quizás hace dos años tuvieron una infección por SARS-Cov-2... bueno no lo sé.

¿Qué opina de que las pruebas de inmunidad celular se añadan a la cartera del Sistema Nacional de Salud para saber si se pasó la enfermedad para personas que no tuvieron acceso a test?

No hay ninguna evidencia que justifique su necesidad. Los médicos hacemos lo que creemos que tenemos que hacer en beneficio del paciente y los test de competencia inmunológica los hacemos cuando estamos delante de un enfermo del que tenemos la sospecha. En la medicina a la carta es el profesional quien aconseja el mejor test y el mejor estudio para cada situación.

¿Qué piensa de los estudios que indican que parece que el virus se acantona en el cuerpo y produce una reacción del sistema inmunológico?

Esto es una muy buena hipótesis de trabajo que no tiene nada que ver con la covid persistente. Es decir, que tengamos virus acantonados, como el virus del herpes o citomegalovirus acantonados no significa que yo tenga que estar enfermo ni que me tenga que quejar de que afecte a mi salud. Pueden ser cosas perfectamente diferentes y en su momento ese virus que pueda reactivarse y pueda dar algún tipo de manifestación clínica no es descartable en absoluto pero eso forma parte del proceso de investigación que estamos llevando a cabo en esa enfermedad como en otras. Esto no es causa-efecto. No significa que tenga que tener ninguna consecuencia clínica porque en nuestro organismo tenemos millones de bacterias y tenemos virus. Tenemos más material genético microbiano que nuestro propio material genético como humanos. Esto es naturaleza. Es biología. Es muy importante para conocer el comportamiento de un determinado virus.

Los colectivos de pacientes afectados por la covid persistente manifiestan su disconformidad con las declaraciones realizadas por el doctor Ferran Barbé, responsable del estudio sobre Covid persistente en España, en una entrevista realizada por este medio.

Covid persistente: la punta del iceberg de un nuevo problema de salud pública

Las otras muertes de la pandemia: las causas que más crecieron en 2020 además de los 74.839 fallecidos por COVID

MAPAS | Los mapas de las batallas, explosiones, protestas tras un mes de invasión de Ucrania por Rusia

Antonio Delgado — dom., 27 mar. 2022 11:00:00 +0200

Este domingo se cumplen 32 días de la invasión de Ucrania por Rusia. Un largo mes de ataques a objetivos militares pero también civiles, explosiones en el centro de las ciudades, batallas en las que los ucranianos han mostrado una resistencia que hace 32 días pocos esperaban. Los mapas se han ido plagando de puntos, batallas o edificios destruidos sobre el terreno, algunos de los cuales ya han pasado a integrar la parte más oscura de la historia de la humanidad. Batallas, explosiones, protestas.

En este mapa puedes ver todas las localizaciones de los eventos violentos y conflictos recopilados por el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) entre el 24 de febrero y el 25 de marzo de 2022 en Ucrania.

Batallas

Explosiones

Protestas

Disturbios

Desórdenes

Violencia

BIELORRUSIA

POLONIA

RUSIA

MOLDAVIA

Mar de Azov

CRIMEA

RUMANÍA

FUENTE: ACLED, Naciones Unidas, OpenStreetMaps y elaboración propia

En las dos últimas semanas, el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano se ha frenado, aunque no el uso de bombas y misiles frente a instalaciones militares y civiles. Naciones Unidas ha contabilizado hasta el momento el fallecimiento de 1.104 civiles, de los cuales 96 son niños, y 1.754 personas heridas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) considera que las cifras reales serán muy superiores debido a los retrasos en el envió de la información desde las regiones con mayor número de hostilidades. El Gobierno ucraniano eleva estas cifras hasta los 4.000 civiles fallecidos por el conflicto.

La mayoría de los fallecidos y heridos civiles se han debido a bombardeos de artillería pesada, lanzamientos de cohetes, ataques aéreos y misiles a todo tipo de instalaciones civiles. La OMS registró 52 ataques a hospitales y centros de atención sanitaria. También se han producido daños a medio millar de centros educativos, según el Gobierno ucraniano.

La ciudad de Mariúpol es una de las que está sufriendo un mayor asedio por parte de las tropas rusas y un bloqueo de la ayuda humanitaria, lo que ha llevado a una situación extrema a sus más de 400.000 habitantes. Esta ciudad portuaria es estratégica, ya que se encuentra situada en las orillas del Mar de Azov y es la salida para una parte importante de las exportaciones de cereales y acero que se producen en el país. Ucrania es el responsable del 15% de la producción mundial de cereales.

El Mar de Azov, que tiene una profundidad similar al Mar Menor en España, se une al Mar Negro a través del estrecho de Kerch. El control de este estrecho por parte de Rusia dificulta el comercio exterior de Ucrania.

El centro de Análisis por Satélite e Investigación Aplicada de Naciones Unidas ha realizado un análisis preliminar de los edificios destruidos o dañados en el área residencial del distrito de Livoberezhnyi en Mariúpol hasta el 14 de marzo de 2022. Dos días después, el Ejército ruso atacó el Teatro Dramático de Mariúpol, donde se habían refugiado hasta 1.300 personas, la mayoría mujeres y niños. Según el Gobierno ucraniano, hasta el momento han contabilizado 300 fallecidos en este ataque.

Edificios destruidos o dañados en el área residencial del distrito de Livoberezhnyi en Mariúpol. Fuente: UNITAR, OpenStreetMaps y elaboración propia | DATADISTA

El cerco de la ciudad de Mariúpol y otros territorios como Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, ha dejado a 1,4 millones de personas sin acceso a agua potable. Según Naciones Unidas, 4,6 millones de personas tiene acceso limitado al agua potable.

La resistencia de Kiev

El ministro de Defensa de Rusia ha asegurado este viernes que la primera fase de su intervención en Ucrania está casi completada y que ahora se van a centrar en la "liberalización" del Donbás. Un tercio de este territorio estaba en manos de separatistas prorrusos desde 2014.

Sesión informativa, celebrada este viernes, de los altos mandos rusos donde se muestra un mapa con las zonas controladas mayoritariamente en Ucrania | Ministerio de Defensa de Rusia

Esto no significa que vayan a cesar los ataques en otras partes del país. El anuncio produce recelos en occidente debido a que Rusia ya ha jugado al despiste, como cuando anunció, semanas antes de la invasión, que se estaba retirando de las fronteras con Ucrania. Este fin de semana ya se han producido ataques con misiles de crucero de oeste a este del país.

En este mapa puedes ver los ataques las batallas y explosiones que se han producido desde el 24 de febrero y hasta el 25 de marzo en la ciudad y alrededores de Kiev.

Batallas

Explosiones

Protestas

Disturbios

Desórdenes

Violencia

Eventos violentos catalogados en la ciudad de Kiev y alrededores ocurridos entre el 24 de febrero y el 25 de marzo de 2022. Fuente: ACLED, Naciones Unidas, OpenStreetMaps y elaboración propia | DATADISTA

Más de 3,8 millones de desplazados fuera del país

La invasión de Ucrania ha dejado hasta el momento una cifra cercana a los 4 millones de personas desplazadas del país. La mayoría de ellas son mujeres, niños y personas mayores. Es la peor crisis de refugiados que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial, superando los desplazados que dejaron las guerras en la antigua Yugoslavia durante la década de los 90, con 2,4 millones de personas.

También se han producido desplazamientos dentro del país. Naciones Unidas calcula que diez millones de personas, casi un cuarto de la población, ha tenido que dejar su hogar.

La mitad de la población infantil del país, alrededor de 4,3 millones de niños y niñas, ha tenido que abandonar su hogar. Unicef estima que 1,8 millones han salido del país y 2,5 millones son desplazados dentro de Ucrania.

MAPAS: 2004-2014-2022, cómo han cambiado las misiones OTAN frente a Rusia en las que participa España

Ana Tudela — dom., 20 mar. 2022 10:00:00 +0100

Hay dos fechas clave que han modificado, ya en este siglo, la política de defensa de la Alianza Atlántica en el Este de Europa con respecto a Rusia: 2004 y 2014. España participa desde hace años por diferentes vías en esa presencia, con un coste que en 2021 fue de 366 millones de euros y 2.137 efectivos, teniendo en cuenta los diferentes relevos.

Incluye la misión de Presencia Avanzada Reforzada, misión defensiva por tierra que nació tras la invasión de la península ucraniana de Crimea por Rusia en 2014; la misión de Policía Aérea del Báltico, nacida con la incorporación de Estonia, Lituania y Letonia a la OTAN en 2004 pero que multiplicó por tres su presencia también tras lo ocurrido en 2014; la misión de Policía Aérea Reforzada en Rumanía y Bulgaria; las agrupaciones navales permanentes de la OTAN, con una historia que se remonta mucho más en el tiempo pero que ha adquirido especial relevancia ahora por la presencia en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Báltico; y los 36,2 millones de la operación defensiva de apoyo a Turquía frente al régimen de Bashar al-Assad en Siria, régimen apoyado por Rusia, con una batería Patriot que mantiene España bajo mandato OTAN en la ciudad de Adana.

Además habría que añadir, dentro del mando OTAN, la operación Sea Guardian contra el terrorismo, la de apoyo en Irak y la ya finalizada en Afganistán.

2004, nace la Policía Aérea del Báltico. 2014, triplica su presencia y se extiende a Rumanía y Bulgaria

En 2004, tras la incorporación de Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria a la Alianza Atlántica, pero sobre todo de Estonia, Letonia y Lituania y, dada la carencia en estos países "de una fuerza de combate que les permitiera cumplir con las tareas de vigilancia y control sobre su territorio y llevar a cabo misiones de alerta de reacción rápida", se creó en el seno de la OTAN la Policía Aérea del Báltico, según explica la web del Ministerio de Defensa español.

Es una "misión defensiva", que se inició con la presencia constante de 4 aviones de combate que iban enviando países de la Alianza en turnos de 4 meses a la base de Siauliai, en Lituania. Los primeros fueron cuatro F-16 de Bélgica. Antes de 2014, España participó en 2006 con cuatro Mirage F-1 del Ala-14.

Segunda fecha clave: 2014. Es el año de la crisis de Ucrania, tras el Euromaidán de finales de 2013, nombre que se da a las protestas en Kiev contra la corrupción y en favor de la asociación del país con la Unión Europea tras la marcha atrás dada en el último momento por el entonces presidente ucraniano, el aliado del Kremlin Viktor Yanukóvich. Es el año en el que Rusia invadió la península ucraniana de Crimea y el año en que empezó la guerra del Donbás.

Ese año, la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN triplicó sus fuerzas. Se amplió a 12 aviones de combate presentes siempre en la zona, procedentes de 3 países aliados, relevados igualmente cada cuatro meses que usan, además de la base lituana mencionada, la de Amari en Estonia y la de Malbork en Polonia. El refuerzo se debe, dice la web de Defensa, "al aumento de las incursiones de los aviones rusos en el espacio aéreo báltico".

También en 2014 se extendió la Policía Aérea a la zona sur, con presencia en Rumanía y Bulgaria, que, aunque sí cuentan con capacidad aérea defensiva propia, fueron reforzadas con aviones de otros países OTAN para proteger el espacio aéreo en el Mar Negro.

Desde 2014, España ha participado en la Policía Aérea del Báltico en siete ocasiones con envíos de Eurofighter y F-18. En 2021, participó con cazas del Ejército del Aire desplegados en Lituania de mayo a agosto. Además participó en la Policía Aérea de Refuerzo de la zona sur enviando aeronaves a Rumanía por primera vez de febrero a marzo del año pasado.

El coste de las misiones de policía aérea en 2021 para España fue de 83,3 millones de euros. La participación fue ese año de 462 efectivos incluyendo los diferentes relevos. Esta es una de las misiones que se vieron más reducidas debido a la COVID-19 y en 2020 el coste fue de 49,3 millones de euros y 254 efectivos pero también es una de las que más incremento de recursos ha experimento en la última década. En 2015, el año tras la invasión de Crimea, el coste para España fue de 10 millones de euros, que se doblaron un año después.

En 2022, la misión continúa con despliegues de 6 Eurofighter españoles en Lituania desde el 1 de abril y Estonia a los que se unió desde el 11 de febrero el envío de 4 Eurofighter a la base Graf Ignatievo de Bulgaria, que prevén permanecer hasta el 31 de marzo.

Presencia Avanzada Reforzada: el Plan de Acción Rápida por tierra

La crisis en Ucrania de 2014 con la invasión de Crimea por Rusia tuvo otra derivada. Los países de la Alianza Atlántica se reunieron ese año en la Cumbre de Gales donde acordaron el Plan de Acción Rápida (RAP) para tener capacidad de respuesta en caso de "cambios en la seguridad de las fronteras de la OTAN" en el Este de Europa. Este acuerdo derivó en la Cumbre de Varsovia de julio de 2016, donde se definió la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.

En total son cuatro los grupos de combate de esta misión OTAN. España participa en el grupo de combate de Letonia, que se creó en junio de 2017, con una fuerza mecanizada acorazada en un batallón liderado por Canadá. Actualmente España aporta carros de combate Leopardo 2E, Vehículos de Combate de Infantería Pizarro y ha añadido una unidad de artillería de campaña, una unidad de ingenieros zapadores, elementos de apoyo logístico, un transporte oruga acorazado M-113, morteros pesados, vehículos de combate zapadores, misiles contra carro Spike, un controlador de ataque terminal conjunto y una aeronave no tripulada Raven. Hay presencia de 350 efectivos que, tras la invasión rusa de Ucrania, se ha reforzado con 157 efectivos más.

El coste en 2021 de esta misión para España fue de 85,3 millones de euros.

Agrupaciones navales permanentes

Son misiones marítimas que dan presencia permanente a la OTAN en el Mediterráneo, Mar Negro, el Báltico, en el norte y en el corredor sur, desde el Estrecho de Ormuz hasta el Canal de Suez. Están formadas por dos grupos de buques escolta y dos de cazaminas. Es la base de las llamadas Fuerzas de Respuesta Muy Rápida de la OTAN, que prevén reforzarse en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania.

Según explicó Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso, actualmente se encuentran en el Mediterráneo, como parte de esta misión, la fragata Blas de Lezo, incorporada desde el 22 de enero a la agrupación naval permanente 2 y que permanecerá hasta el 30 de junio; el buque de acción marítima Meteoro, que desde el 10 de enero al 25 de junio releva como buque de mando en la agrupación de medidas contraminas 2 al buque español Rayo, que estuvo en el Mar Negro provocando quejas del Gobierno ruso, y el cazaminas Sella, en la misma misión.

En estas agrupaciones navales permanentes han participado en 2021 un total de 869 efectivos, incluyendo los diferentes relevos, y el coste ha sido 161,2 millones de euros.

MAPAS: Países OTAN vs países UE, la Europa de los clubes de defensa mutua

Ana Tudela — dom., 13 mar. 2022 10:00:00 +0100

La guerra en Ucrania y el temor a que Putin no pare en sus fronteras está provocando numerosos movimientos en los bloques económicos y militares en los que participan los países europeos. Mostramos en dos mapas cómo están actualmente esos bloques, tanto el de la Alianza Atlántica como el de la Unión Europea, cuyos miembros han enfriado esta semana en Versalles las expectativas de una incorporación rápida de Ucrania al club comunitario.

Son los márgenes que definen por ahora dónde están las líneas tras las que el conflicto puede escalar hasta adquirir dimensión global. El presidente de EEUU, Joe Biden, lo ha verbalizado esta semana diciendo que "un enfrentamiento OTAN-Rusia equivale a la III Guerra Mundial". Algo similar ocurriría en caso de que se active el mecanismo de defensa mutua de la UE.

La guerra iniciada por Vladímir Putin está acelerando decisiones y provocando agrupamientos de países que permanecían ajenos o al menos solo parcialmente implicados en la lógica de clubes y defensa común. Se habla de la posibilidad de que Suecia y Finlandia soliciten su entrada en la OTAN, en la que no están, y ambos países han pedido a sus socios de la Unión Europea, a la que sí pertenecen, que tengan en cuenta la obligación de defensa mutua si son atacados. Dinamarca, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, va a preguntar a su población en referéndum si cambian su autoexclusión de la política de defensa común de la UE y pasan a participar en sus programas militares.

Según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte: "Las Partes", es decir, las naciones firmantes, que hoy en día son 30, "acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte (...)".

A la OTAN pertenecen:

Bélgica 1949
Canadá 1949
Dinamarca 1949
EEUU 1949
Francia 1949
Islandia 1949
Italia 1949
Luxemburgo 1949
Noruega 1949
Países Bajos 1949
Portugal 1949
Reino Unido 1949
Grecia 1952
Turquía 1952
Alemania 1955
España 1982
Hungría 1999
Polonia 1999
República Checa 1999
Bulgaria 2004
Eslovaquia 2004
Eslovenia 2004
Estonia 2004
Letonia 2004
Lituania 2004
Rumanía 2004
Albania 2009
Croacia 2009
Montenegro 2017
Macedonia del Norte 2020

Según el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, "si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance".

A la Unión Europea pertenecen:

Alemania 1958
Bélgica 1958
Francia 1958
Italia 1958
Luxemburgo 1958
Países Bajos 1958
Dinamarca 1973
Irlanda 1973
Grecia 1981
España 1986
Portugal 1986
Austria 1995
Finlandia 1995
Suecia 1995
Chequia 2004
Chipre 2004
Eslovaquia 2004
Eslovenia 2004
Estonia 2004
Hungría 2004
Letonia 2004
Lituania 2004
Malta 2004
Polonia 2004
Bulgaria 2007
Rumanía 2007
Croacia 2013

Ucrania en la UE. No tan rápido.

"No hay duda de que estos pueblos valientes que defienden nuestros valores con sus vidas pertenecen a la familia europea", dijo sobre Ucrania la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hace solo diez días, cuando ya empezaba a hacerse patente la capacidad de resistencia del pueblo ucranio y la fallida invasión relámpago pretendida por Rusia. Von der Leyen confirmaba acto seguido que Ucrania ya había pedido por carta pasar a formar parte de la Unión Europea, al igual que lo han hecho Georgia y Moldavia.

¿Es algo que pueda ocurrir en breve para beneficiarse de la protección común? No tan rápido. La UE ha incrementado el presupuesto para enviar armas a Ucrania y sigue dando pasos para cooperar con el país pero integrarlo en la Unión, como se ha visto esta semana en Versalles, no va a ser algo inmediato ni mucho menos.

Entrar en la UE no ha sido ni fácil ni rápido para los últimos que lo han intentado ni parece que eso vaya a cambiar con Ucrania, como han mostrado sobre todo los líderes de los países occidentales de la UE tras el encuentro celebrado en Versalles esta semana. La aceptación de un nuevo socio requiere la unanimidad del resto. Otra cosa es que se busquen fórmulas intermedias de asociación.

La Unión Europea quiso aprender de los errores de ampliaciones pasadas y asegurarse, antes de dar entrada a nuevos miembros en el Club, que estos cumplían principios de economía de mercado, lucha contra la corrupción, separación de poderes y respeto a los derechos humanos con solidez suficiente como para no dar marcha atrás a las reformas una vez dentro de la UE.

Actualmente tienen estatus de candidato a entrar en la UE Albania (candidata desde 2009), Macedonia del Norte (desde 2004), Montenegro (desde 2008) y Serbia (desde 2009). De estos, solo dos (Serbia y Montenegro) han logrado empezar conversaciones para la integración. La UE considera además potenciales candidatos a Bosnia-Herzegovina y Kosovo, país este último cuya independencia no ha sido reconocida por varios países, entre ellos España. Parece que fue ayer, porque de hecho no hace ni un año, cuando Merkel, aún canciller de Alemania, pedía que se acelerase este proceso antes de que Rusia y China ganasen mayor influencia en la zona.

Al margen de los Balcanes Occidentales, el eterno candidato a entrar en la UE sigue siendo Turquía, que solicitó la entrada en 1987. Sus incumplimientos en materia de derechos humanos y sus acciones en el Mediterráneo Oriental la han alejado de la posibilidad de entrar en la UE, con quien sin embargo mantiene estrechos acuerdos incluido el firmado en 2016 que convirtió a Turquía en una suerte de muro de entrada a la UE de los refugiados, sobre todo de Siria, a cambio de unos cuantos miles de millones de euros.

🎙Capítulo 2. España al límite (I): hay otra historia tras el rescate bancario

Ana Tudela — dom., 06 mar. 2022 09:00:00 +0100

ESCUCHA EL CAPÍTULO 2

Hace diez años, España solicitó ayuda a Europa para rescatar a su sector financiero. Se ha hablado tanto del rescate que se corre el riesgo de olvidarse de cómo se llegó a aquella situación, por qué se tardó tanto en intervenir, quienes estaban detrás de algunas de las decisiones más letales. Esta es una historia de ambición, de guerras políticas, de palcos de fútbol y de pelotazos, y de cómo el milagro español acabó convertido en la causa del hundimiento del país y estuvo a punto de llevarse el euro por delante. Una historia que da comienzo con un cambio de Gobierno pero que se remonta a tiempos y decisiones, a pactos en despachos y correos comprometedores de los que muchos no quieren acordarse. Vamos a contarlo.

Guion, datos, locución y montaje: Ana Tudela

Datos y edición de sonido: Antonio Delgado

CRISIS DE MEMORIA
Capítulo 2. 
España al límite (I): la otra historia tras el rescate bancario
LOCUCIÓN: “Recuerdo que el 19 de diciembre estaba jugando al tenis con mi hijo Íñigo y me llamó María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, para preguntarme por mi disponibilidad para ser ministro. Lo primero que le dije a mi hijo es que se tenía que cortar el pelo”.
Estoy leyendo España amenazada, del ex ministro de Economía Luis de Guindos.
LUIS DE GUINDOS EN LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO / PRESENTACIÓN DE SU LIBRO ‘ESPAÑA AMENAZADA’ (14-09-2016): Es difícil encontrar un marco mejor para presentar un libro
LOCUCIÓN : Gracias, señor de Guindos. Estamos aquí para recordar lo que pasó hace una década. Desde su primer recorte.
EFECTO: [PUBLICIDAD Chispas. “Sus primeros aplausos”]
LOCUCIÓN: Empieza uno por el pelo de su hijo, el sueldo de su exjefe, el gasto público… a ver cómo paras eso.
LUIS DE GUINDOS ENTREVISTADO POR ANA PASTOR EN EL OBJETIVO (22-01-2017): Este país estuvo al borde del colapso, a mediados del año 12. Al borde del colapso.
LOCUCIÓN: Una década ha pasado ya.
LUIS DE GUINDOS EN LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO / PRESENTACIÓN DE SU LIBRO ‘ESPAÑA AMENAZADA’ (14-09-2016): Fue el momento más complicado de nuestra historia reciente.
LOCUCIÓN: Bueno no le voy a contar lo que pasó en 2020 porque igual ni me cree. …Volvamos. 2012. carísimo lo del rescate de la banca, no?
LUIS DE GUINDOS EN RUEDA DE PRENSA (11-05-2012): Yo hay una cuestión que no comparto en la terminología de su pregunta. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles.
MARIANO RAJOY EN EL CONGRESO (13-06-2012): Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado.
LOCUCIÓN: Bueno, ya hablaremos de eso que nos prometieron hace diez años pero ¿Qué pasó hasta llegar a esa situación?
Vamos a contarlo. Esta es una historia de ambición, de intrigas, de palcos de fútbol y de pelotazos, de poder … y de cómo se forzó el rescate del sector financiero
TONI ROLDÁN (C’S) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO: Que eran las cajas de ahorro
LOCUCIÓN: whatever… y de cómo y cuándo se forzó el rescate del sector financiero…
TONI ROLDÁN (C’S) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO: A las cajas de ahorro.
LOCUCIÓN: …que el Partido Popular tenía en mente desde antes de llegar al Gobierno.
41.300 millones de euros. No intentes imaginarlos físicamente. No. Más. Mira. Si echásemos un euro a un cesto cada segundo, tardaríamos más de 13 siglos en juntar esa cantidad.
SINTONÍA
LOCUCIÓN: Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria, un viaje de una década hacia la gran recesión. Un podcast de DATADISTA para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después. Entra en DATADISTA . com y ayúdanos a seguir haciendo posible nuestro trabajo.
MINI SINTONÍA
Noviembre de 2011. Génova 13. Montoro y casi todo el que va a ser el equipo económico del futuro Gobierno del PP se reúnen con la prensa en torno a una larga mesa. Es un encuentro más o menos informal, para explicar las líneas de la que va a ser su política económica. Los periodistas se miran unos a otros a ver si han entendido bien. Montoro ha dicho que España está dejando pasar la oportunidad de que se rescate a sus bancos. De hacer limpieza, como se ha hecho en otros países. Esto no va a ser barato. Hay que sanear, señora.
MARIANO RAJOY EN EL CONGRESO (13-06-2012): Todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos. En el año 2009, le puedo decir que en la UE, en apoyos, se gastaron un billón quinientos mil millones de euros. Hubo un país 500.000 millones de euros, otro país 286.000 millones de euros, otro 264.000 millones de euros y en España…
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO / NUEVA YORK (24-09-2008): Quizás España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional.
LOCUCIÓN: Pues sí, en España a finales de 2008, con Lehman ya quebrado, esto es lo que decía en Nueva York el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hablábamos de rescatar a la banca con dinero público, señor Rajoy.
MARIANO RAJOY EN EL CONGRESO (13-06-2012): Esa operación que se hizo en 2009 en toda Europa, la estamos haciendo ahora.
LOCUCIÓN: Sí, señor Rajoy pero no me venga con esas, eso lo dijo usted públicamente cuando el rescate ya era un hecho. Antes de las elecciones, decía otra cosa.
MANUEL CAMPO VIDAL / DEBATE ELECCIONES 2011 (7-11-2011): Buenas noches, España. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. En nombre de la Academia de las ciencias y las artes de televisión, les damos la bienvenida a este gran debate 2011.
LOCUCIÓN: 7 de noviembre. Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a las Elecciones Generales, que falleció en mayo de 2019, se sienta frente a Mariano Rajoy, candidato por el Partido Popular. Manuel Campo Vidal modera el primer y único debate de la campaña electoral. 17 cadenas de televisión conectan con la señal. Más de 12 millones de espectadores atienden a este debate.
Hay casi 5 millones de parados. Hace seis meses que Bankia ha salido a bolsa. Quedan seis para que se pida dinero a Europa para rescatarla junto a otro grupo de antiguas cajas de ahorros. La prima de riesgo española está en plena escalada hacia los 450 puntos. Alemania y Francia amenazan con dejar caer a Grecia. Un día más en la crisis de Europa.
Pero también ese día, el del debate, Jorge Gómez ha ido a uno de sus sitios favoritos, el restaurante Los Torreznos. ¿Qué se debe?
¿Qué lleváis?
Poca cosa.
Pues 50 euros.
Con tarjeta.
¿No te quedas a comer?
No, no, que ya he quedado.
Jorge Gómez, diputado socialista durante cinco legislaturas en la Asamblea de Madrid, saca de la cartera su tarjeta black, lleva logo de Bankia, y paga.
Se va al Restaurante Chistu 128 euros., abre la cartera de nuevo, saca black, y paga.
Atención porque Miguel Ángel Araujo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular desde 1991 a 2003, miembro de la comisión de control de Caja Madrid desde 1996, está sacando su black y paga 75,28 euros en Mercadona. A ver porque la vuelve a sacar: 72,5 en una gasolinera.
Rubén Cruz, el consejero de Izquierda Unida cuyo nombramiento se jactó de haber facilitado Esperanza Aguirre
ESPERANZA AGUIRRE, MICRÓFONO ABIERTO (29-01-2010): Poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijoputa.
LOCUCIÓN: Ese mismo. 57 euros en una tienda de trajes, 42 en una papelería, 25 en un restaurante.
Pablo Abejas, buaaa, Pablo Abejas, lo que le hizo pasar a Blesa este hombre, tan PP de Madrid, tan cercano a Ignacio González,
113 euros en el restaurante La Máquina de Chamberí.
Ildefonso Sánchez Barcoj…
ILDEFONSO SÁNCHEZ BARCOJ, EX DIRECTOR GENERAL FINANCIERO DE CAJA MADRID/BANKIA (6-6-2018): Que yo soy de Madrid, que yo me he criado en la periferia. Que yo he sido el primer universitario de mi familia y me he sacado la carrera trabajando. Si yo sé de dónde vengo y no lo he ocultado nunca. No tengo guion, como me ponen algunos. Que yo he nacido en la periferia de Madrid en una casa que no tenía agua ni alcantarillado, ¿qué me va a contar usted a mí del sufrimiento de las personas?
LOCUCIÓN: Pues ya le digo cinco millones de parados había ese día en España, señor Sánchez Barcoj, pero ya hablaremos más adelante del sufrimiento de las personas mientras usted sacaba su black…
y sacó ventanilla y efectivamente 100 euros.
Guillermo Ricardo Marcos un taxi y un rtte: 95,20 euros.
Pues un día cualquiera en Bankia también.
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, CANDIDATO PSOE / DEBATE ELECTORAL (7-11-2011): He leído su programa con interés y hay una frase que querría que esta noche me explicara aquí, en este debate. Dice literalmente su programa, facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen. Porque yo mucho me temo que detrás de la palabra facilitar lo que haya sea dinero público.
MARIANO RAJOY, CANDIDATO PP / DEBATE ELECTORAL (7-11-2011): Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, han sido ustedes, no lo olvide. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes.
RUBALCABA: Usted sabe perfectamente que el Gobierno no le ha dado dinero a los bancos. Ningún dinero. Porque una cosa es comprar activos buenos de los bancos para venderlos y otra cosa es meterse en los activos tóxicos, que usted sabe que no valen nada. No son las viviendas, señor Rajoy. Es el suelo. Aquí no se ha dado ni una peseta pública a ningún banco de ninguna manera. A partir de ahora vamos a ver, si usted gana las elecciones, qué es lo que pasa.
RAJOY: Yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes sí han metido dinero público.
LOCUCIÓN: Madre mía. Decimoprimer mandamiento: no rescatarás a la banca. Lo rezan a la izquierda, donde se les ponen los pelos como escarpias de pensar en dedicar impuestos a curar los desmanes de la pérfida banca: y a la derecha, para quienes nacionalizar el corazón del capitalismo, pues es como entregarle a los descendientes de Stalin la máquina del crédito para que se compren hoces, martillos y destruyan todo.
Cuando todo empezó a venirse abajo, asumir que había que rescatar a los listos de la autorregulación no fue fácil. La sola mención de la nacionalización de la banca…
EFECTO: [Grito]
LOCUCIÓN:De la nacionalización de la banca.
EFECTO: [Grito]
LOCUCIÓN: Ok, provocaba todo tipo de reacciones en contra.  No estoy exagerando nada. ¿Recuerdan a Rajoy criticando que España no había hecho lo que el resto hizo en 2009? El resto lo hizo mucho antes pero les costó. El 18 de febrero de 2008, el Reino Unido tiene que meter dinero público para sostener el Northern Rock. Vamos, que lo nacionaliza.
El líder conservador George Osborne declara a The Guardian algo así como: Quitad vuestras sucias manos públicas de los bancos privados. Bueno el literal fue:  “Hoy es el día en que ha muerto la credibilidad del partido laborista para dirigir la economía. Gordon Brown ha torcido su camino hacia el desastre de la nacionalización. Ahora será el contribuyente el que asuma el riesgo de haber prestado 100.000 millones de libras en hipotecas a un mercado dudoso. No apoyaremos la nacionalización.”
Un periódico español, así comedido, como somos por aquí, tituló: El Northern Rock podría ser cubano.
Un mes después, EEUU tuvo que salir al rescate de Bear Sterns.
Julio. El secretario del Tesoro, Hank Paulson, pide al Congreso un bazoca cargado con cientos de miles de millones de dólares. Que no lo iba a usar, eh, que era solo para que el mercado supiese que estaban listos para rescatar a lo grande. Para que no se pierda la confianza en la banca.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE FINANCIERO (17-01-2018): No hace falta que le recuerde la importancia que tiene para la economía la percepción de los mercados sobre la solvencia del sector financiero.
LOCUCIÓN: Pero, señor De Guindos, ¿la importancia de la percepción sobre la solvencia del sector financiero? Si una de las primeras cosas que hizo usted cuando llegó al Gobierno fue irse al Financial Times y decirles que la banca española tenía un agujero en las tripas. Seguimos con 2008.
A principios de septiembre, el Tesoro de EEUU sale al rescate de dos gigantes: las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Las críticas desatadas fueron demasiado para un Gobierno republicano saliente como era el de Bush.
Una semana después, se dejó caer a Lehman Brothers.
Mirad, unas horas después de que Lehman presentase la quiebra, el artista Geoffrey Raymond colocó un retrato del CEO del banco, Richard Fuld, en la calle, frente a las oficinas, e invitó a todo el que pasara, a transeúntes, trabajadores, a escribir lo que se les ocurriera en el lienzo.
Junto al oído izquierdo de ese Fuld indiferente a los mensajes que lo iban rodeando, alguien dejó un grito en castellano: “Nos Jodiste!”.
Millones de personas de todo el mundo podrían haber escrito aquello, pero desde despachos en plantas muy altas unos cuantos podían haber bajado para escribir en el lienzo: ¡Nos salvaste! Lehman inmunizó al mundo contra la alergia a los rescates.
Menos de dos días después de que Lehman presentase la solicitud voluntaria para acogerse al Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, EEUU nacionalizaba el gigante AIG inyectándole 85.000 millones de dólares de dinero público.
Por qué. Por qué se rescata a la banca. Aaah la banca. Ese mundo pretendidamente oscuro del que hay que hablar con voz engolada y usando anglicismos todo el rato.
Profecías autocumplidas
TONI ROLDÁN / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE: Las selffulfilling profecies
LOCUCIÓN: Préstamos dudosos
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE: Non performing loans
LOCUCIÓN: Supervisión, más bien poca.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE: Una supervisión light, ligera. Y nada intrusiva. Hands off. Manos fuera
LOCUCIÓN: La banca. ¡Qué peligro! What a danger! ¿Por qué? Porque los bancos crean dinero. ¿Qué dices? Are you insane? ¡En serio! ¡Anda ya! Mira. Imaginemos un mundo recién estrenado. Hay un empresario, un mileurista, alguien con bici y alguien que no tiene nada. Lo típico de un mundo por hacer. Al octavo día, se crea un banco. El único banco por el momento.
Primer cliente.
EFECTO: [PUERTA]
LOCUCIÓN: El mileurista con su primer sueldo.
Buenos días, quería abrir una cuenta.
¿Cuánto tiene?
Mil euros.
Venga, firme aquí. Siguiente.
El banco tiene en las cuentas de sus clientes, que de momento solo es uno, mil euros.
EFECTO: [PUERTA]
Buenos días, quería un préstamo?
Cuánto quiere?
Na, 500 euros, que me voy a comprar una bici.
Sí hombre sí. Firme aquí, aquí para el seguro, aquí para el plan de pensiones, aquí el aval de la nómina de sus padres… Perfecto.
El banco coge 500 euros de los 1.000 que acaba de ingresar su primer cliente y se los da. Y el de los mil euros, tan pancho por ahí a sus cosas de mileurista. Porque en la aplicación de su banco le dicen que sigue teniendo en la cuenta mil euros.
EFECTO: [PUERTA]
Vengo a abrir una cuenta para ingresar este cheque de 500 euros, que he vendido una bici.
Vale, vale, no me cuente su vida. Firme aquí.
El banco en ese momento tiene en las cuentas de sus clientes un total de 1.500 euros.
Y esto una y otra vez una y otra vez… Buuua. Imagina que a alguien se le ocurre decir que hay dudas de que el banco pueda devolver el dinero. La persona que ingresó los mil euros de su sueldo y la que consiguió 500 vendiendo su bici saldrán como balas a sacar su dinero. Si nadie toma medidas para evitarlo, el que llegue primero igual lo saca. Al segundo, le bajarán la verja en las narices y podrá contar a sus nietos que sufrió un corralito.
Pues en España, donde lógicamente hay muchos más bancos y clientes, no había ahorro para responder de todo el crédito que se dio durante años y años. No había ni suficientes mileuristas, ni clase media, ni trabajadora, ni de alto copete que metiese suficiente dinero en los bancos, así que los bancos y cajas de ahorros se lo pidieron a los bancos de otros países. Cogimos el ahorro de los alemanes, de los franceses y se lo dimos al de la bicicleta, que ya no quería una bicicleta sino construir casas, muchas casas que cada vez se vendían por un precio más alto.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Mientras no cambie el sistema actual de creación de dinero y este siga estando basado en los bancos privados…
LOCUCIÓN: Mientras no cambie, quizás sería aconsejable vigilar muy de cerca a los bancos, a los que les hemos dado ese poder de crear dinero mediante la concesión de créditos. ¿No cree usted, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, es decir, ex supervisor en jefe de la banca.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Porque la aportación de los accionistas en las crisis bancarias hoy en día es muy reducida y por eso los contribuyentes tienen que poner unas cantidades enormes de dinero para salvar a los bancos.
Mientras los bancos privados sean los que generen el dinero, su situación económica es importantísima porque si quiebran porque no ganan dinero o porque tienen problemas pues tenemos un problema monumental, que es el problema de que no tenemos dinero. Eso lleva a que los supervisores estén muy cuidadosos de que los bancos ganen dinero. Y cuando no ganan dinero, se preocupan.
LOCUCIÓN: Imagínese unas entidades que ni siquiera podían pedir dinero a los accionistas, como eran las cajas de ahorros. Porque no se los vigiló correctamente. Se lo dice Pedro Luis Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España.
PEDRO LUIS SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (03-10-2017): Se me releva del estricto deber de secreto en el ámbito de lo que yo haya podido conocer en mis funciones de inspector de entidades de crédito.
LOCUCIÓN: Sí, sí, le quito ese deber de secreto. Se lo quitó el propio Banco de España para que compareciese ante la Comisión de investigación del rescate bancario en el Congreso, que es donde le estamos escuchando hoy.
PEDRO LUIS SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (03-10-2017): Queremos transmitir a sus señorías que desde el punto de vista de la Asociación de Inspectores de Crédito debemos reafirmarnos en que no es cierto que no pudiera haberse hecho mucho más desde la regulación y la supervisión financiera para evitar que la crisis del sistema financiero español tuviera lugar. Pudo hacerse mucho más. No necesariamente muchas más cosas pero sí más importantes y más eficaces. Existían los medios jurídicos, humanos y técnicos para ello. Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido o al menos no tenía que haber ocurrido con la virulencia con la que tuvo lugar y que aún sufrimos. Y la institución pública más capacitada para evitarlo, por competencias, medios humanos y técnicos, no cabe duda que era el Banco de España. No es cierto que no se dispusiera del soporte jurídico para poder intervenir sobre la situación que se estaba creando. La regulación financiera, y la contable si se quiere, si queremos hacer ese matiz entre regulación de solvencia y i contable, era claramente mejorable, siempre lo es. Siempre es claramente mejorable. Pero era más que suficiente para evitar tanto daño. Uno es libre de, llegado el momento, defenderse como mejor considere, incluso contra el sentido común y negando la evidencia. Pero eso no cambia el hecho, no cambia el hecho de que si se permite que el sistema financiero se dirija al abismo, lo normal es que el sistema financiero se despeñe. Podemos equivocarnos y que no sea así pero lo normal si se empuja al sistema financiero al abismo es que se despeñe.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): La mejor forma de gestionar los problemas bancarios es que no lleguen nunca a surgir, porque así no hay necesidad de resolverlos.
LOCUCIÓN: Pero señor Fernández Ordóñez. ¿Qué hicieron para que no surgieran?
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Todas las cosas que ustedes hagan para tratar de evitar que haya crisis, la mayor utilidad es dedicarlas a que no las haya.
LOCUCIÓN: Mire, me pido una camiseta con esa frase, pero me deja usted muy intranquila.
PEDRO LUIS SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (03-10-2017): Las personas físicas y jurídicas de nuestro país… elegir adecuadamente a quienes deben dirigirla
LOCUCIÓN: Ufff!! Ahí queda eso. Tranquilo, señor Fernández Ordóñez, que lo más seguro es que no lo diga por usted o no solo por usted. El señor Sánchez Ruiz compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el rescate financiero entre otras cosas para hablar de aquella carta que los inspectores del Banco de España remitieron al ministro de Economía, Pedro Solbes, en 2006. Repito: en 2006, para advertir de los riesgos que se estaban asumiendo por la laxitud del entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, con el crecimiento desbocado del crédito, especialmente el inmobiliario.
PEDRO LUIS SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (03-10-2017): La gravedad de la situación financiera en 2006 fue la que obligó a la Asociación de Inspectores del Banco de España a salir fuera del estricto ámbito de nuestra institución y a manifestar parte de nuestro análisis y serias preocupaciones que ustedes han tenido ocasión de conocer. Aún así, de nuevo, fuimos extraordinariamente discretos para evitar que nuestras opiniones pudieran convertirse en profecías autocumplidas.
LOCUCIÓN: Y tan discretos. No supimos de la carta hasta años después, con la crisis ya estallada, cuando la publicó Carlos Segovia en el diario El Mundo. Ustedes se la mandaron a Solbes en pleno pico de la burbuja.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Hombre, la única pega que yo diría es que yo los artículos los escribía en 2003 en un momento en que, como he dicho antes, la mayoría de la gente negaba la burbuja. Y los inspectores mandan la carta en 2006. Ya está todo el pescado vendido. A buenas horas mangas verdes, ¿no?
LOCUCIÓN: Para hacerse idea de la ceguera en la que se vivía ese año, cuando enviaron la carta, fue poco antes de que Martinsa comprase Fadesa, creando la mayor inmobiliaria de España; antes de que Reyal comprase Urbis. Gigantescas operaciones corporativas de empresas que compraron otras empresas gigantes a crédito, a crédito!!! en las que la historia ha mostrado que unos estaban escapando de lo que venía a tiempo llevándose miles de millones de euros, y cuando digo unos me refiero a los que vendieron. A Ana Patricia Botín, a Florentino Pérez, a Manuel Jové, mientras otros creían estar cumpliendo el sueño de su vida, tocar el cielo de los privilegiados, los ganadores, hombres hechos a sí mismos de esos que tanto nos gustan, salido de pueblos minúsculos, de familias que empezaron vendiendo huevos. Fernando Martín, Rafael Santamaría… Señores que quisieron hacerlo todo a lo grande. Empresas a lo grande, compras a lo grande, quiebras a lo grande, deudas dejadas a la Hacienda pública a lo grande. Y cuando ellos estaban de fiesta ustedes alertaban ya del sufrimiento que esperaba a las familias cuando todo aquello reventase. Ya hablaremos de esa carta de 2006 pero lo que está claro es que el problema venía de lejos. ¿Qué pasó entonces en 2012, hace ahora 10 años, para que estuviésemos a punto de despeñarnos?
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (9-01-2018): En enero de 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales. Las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer.
LOCUCIÓN: A ver, a ver, señor Rato, que ya conocemos la guerra entre usted y el que había sido su secretario de Estado cuando usted fue ministro de Economía, el señor De Guindos, pero los datos aquí se respetan. No fueron 60.000 millones. Guindos habló de 50.000 millones.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (17-01-2018): Era prioritario aplicar una estrategia contundente de saneamiento y recapitalización del sistema que acabara con todas las dudas. El Banco de España nos comunicó que hacían falta 50.000 millones de euros tal y como yo expliqué públicamente a principios del año 2012.
LOCUCIÓN: ¿Públicamente? Señor de Guindos. ¿Y usted habla de la importancia de la confianza en la banca? ¿Dijo usted públicamente que los bancos españoles tenían un agujero de 50.000 millones en las tripas?
TONI ROLDÁN, C’S / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (17-01-2018): Alguien podría llegar a preguntarse si usted necesitaba de una crisis realmente profunda para poder eliminar el chiringuito que había montado en las cajas de ahorro y entre otras cosas echar al principal problema, que era su antiguo jefe, el señor Rato, en Bankia-BFA.
LOCUCIÓN: Bueno, señor Roldán, que no es por defender al señor Rato, entiéndame, pero el problema era muy anterior a su llegada a Caja Madrid, como demuestra la carta de los inspectores, por ejemplo. Lo cierto es que Luis de Guindos a principios de enero de 2012, un mes antes de tener lista la normativa, se sentó con el Financial Times, ese pequeño periódico local, y les dijo que había que limpiar los balances de los bancos españoles y que las provisiones adicionales necesarias, es decir, el dinero que tenían que coger de sus beneficios o de su capital para tapar el agujero, estaban en torno a 50.000 millones de euros. Los activos problemáticos del ladrillo eran más, añadió De Guindos, 170.000 millones pero bueno ya estaba provisionado un tercio y tomando casos anteriores, bastaría con 50.000. En vista de la reacción, yo creo que después de que De Guindos cuantificase el agujero, señor mercado y señora mercado, ni siguieron leyendo. Porque también dijo que en la mayoría de los casos las provisiones se harían sin problemas porque la banca española tenía en su mayoría beneficios. El problema, aseguró, era manejable. Pero…
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Desgraciadamente, en los primeros seis meses de 2012 se produjo un hundimiento de la confianza en España y en su sistema financiero, llegando a niveles que eran inimaginables al acabar 2011.
Pero en mi opinión, lo más grave de los primeros meses de 2012 fue la pérdida de confianza en nuestros mejores bancos, con desplomes en sus ratings y cotizaciones en bolsa que a lo largo del semestre fueron los que más cayeron entre los bancos europeos. Como saben, todo aquello acabó en el cierre de los mercados exteriores y la necesidad de pedir un rescate.
Porque claro si alguien que está en un gobierno dice esto está muy mal, porque han venido los anteriores y hay que cambiarlo pues entonces estamos introduciendo desconfianza.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (9-01-2018): En España salen, entre enero y septiembre de 2012, 250.000 millones. Eso es el 25% del PIB. No salieron todos de las cajas de ahorros. Mientras que yo estuve no tuvimos ningún problema de liquidez. Ninguno. Porque esos sí que se notan. Pero salieron 250.000 millones de euros del sistema financiero español. ¿Usted cree que esos salían solo de las cajas de ahorros?
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (17-01-2018): La comunidad financiera estaba convencida de que el sistema financiero español adolecía de una falta de reconocimiento del valor real en libros de su exposición al sector promotor, de insuficiencia en las provisiones y de morosidad encubierta en forma de refinanciaciones.
LOCUCIÓN: Y si no estaba convencida ya se lo dejó usted claro.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (17-01-2018): No había otra alternativa. Se había producido, señorías, la conexión entre el riesgo bancario y el soberano.
LOCUCIÓN: El hecho es que el rescate del sector financiero español no se había hecho en 2009, cuando debió hacerse según ustedes, pero cuando usted dice públicamente en 2012 que hay que ponerse a ello porque el agujero es enorme ya había estallado la crisis de la deuda pública en Europa, las primas de riesgo estaban hirviendo, el euro en la cuerda floja. Poner el foco en la necesidad de salvar a la banca con dinero público ¿no era una operación de altísimo riesgo? ¿No había que haberlo hecho con muchísimo más cuidado y rapidez? Porque esto empieza el 4 de enero con la entrevista del Financial Times, un mes antes de tener aprobadas las nuevas exigencias a la banca y sus detalles.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (17-01-2018): En febrero de 2012, el Ministerio de Economía y Competitividad impulsó un Real Decreto Ley, más tarde denominado Guindos I, que aumentó en 50.000 millones de euros las provisiones exigidas a los bancos, especialmente los que cubrían activos problemáticos ligados al crédito promotor.
PEDRO LUIS SÁNCHEZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA (03-10-2017): Estos reales decretos obligaron a las entidades a dotar provisiones por un importe más que relevante. Y estas dotaciones condujeron a que las entidades tuvieran más dificultades para repartir dividendos, lo que beneficia desde el punto de vista de la capitalización o, mejor dicho, desde la no descapitalización. Permitían discriminar entre entidades con mejor y peor situación financiera, disminuyendo el riesgo de contagio entre unas y otras y entre el sistema financiero y el riesgo soberano y algunos otros beneficios a tener en cuenta. Pero por otra parte se adoptaron en el peor momento posible. En el momento álgido de la recesión en el sistema financiero. Aún así desde la Asociación de Inspectores defendemos que es mejor actuar, sea cuando sea, que no actuar. También tenemos que decirlo.
LOCUCIÓN: Y se actuó. Pero después de contestar a cuándo, la pregunta es cómo. Hubo decretos para sanear la banca, cenas con los principales banqueros del país para hablar de una entidad competidora, hubo cuentas sin auditar de una entidad financiera gigante reformuladas, dimisiones más o menos forzadas, la nacionalización de Bankia, el cambio de presidencia. Todo durante meses, en capítulos, a trompicones. Los medios internacionales hablando de rescate y el Gobierno negándolo pero pidiendo nuevas provisiones a la banca ya sobre activos sanos. Y mientras el paro aumentaba, el coste de la deuda aumentaba, se descubría déficit público oculto y el mundo daba por hecho dos cosas: que España tendría que rescatar a parte de su sector financiero y que, estando las cuentas públicas como estaban, no iba a poder hacerlo sola y tendría que pedir un rescate.
Un respiro. Afortunadamente en 2012 ya estaba al frente del Banco Central Europeo Mario Draghi. Super Mario.
EFECTO: [Sonido vídeojuego].
MARIO DRAGHI, PRESIDENTE DEL BCE (26-07-2012): The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Si eso se hubiera prolongado, no hubiera venido Draghi, no hubiera venido el rescate, yo estoy convencido que los bancos grandes españoles hubieran tenido grandes dificultades.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (9-01-2018): Efectivamente, tiene usted toda la razón. Si Draghi no llega a decir lo que dijo y a hacer lo que hizo, en mi modesta opinión, no solo España sino probablemente el proyecto euro se habría ido al garete.
LOCUCIÓN: Mario Draghi. El hombre que salió el 26 de julio de 2012, con el euro a punto de despeñarse y la prima española en los 700 puntos, con el bazoca de hacer dinero público del BCE al hombro y les dijo a los mercados, salgan con las manos en alto y dejen de apostar contra el euro, estamos preparados para hacer lo que haga falta y créanme, será suficiente. Y funcionó.
Draghi se había estrenado el 3 de noviembre de 2011 al frente del BCE. Sí, unos días antes de aquel debate entre Rubalcaba y Rajoy.
MARIO DRAGHI, PRESIDENTE DEL BCE / RUEDA DE PRENSA (3-11-2011): Ladies and gentleman, welcome to our press conference. Today is the first time that I have had the priviledge and the pleasure of charing the meeting of the governing council of the ECB.
LOCUCIÓN: Se estrenó bajando los tipos de interés. La cosa pintaba muy mal y la autoridad monetaria europea iba tarde en todo. Draghi demuestra nada más llegar que sabe a qué viene. Que él no es Trichet.
MARIO DRAGHI, PRESIDENTE DEL BCE / RUEDA DE PRENSA (3-11-2011): The governing council decided to reduce key ECB interest rates by 25 bp.
LOCUCIÓN: Ese día, Francisco Javier López Madrid, exconsejero de OHL, consejero entonces de Bankia (antes en Caja Madrid) en representación de la patronal empresarial, también conocido hoy por ser el compi yogui de la reina, también conocido y a la espera de juicio por sus presuntos vínculos con el comisario Villarejo y el acoso a la doctora Pinto, también conocido por sus presuntos vínculos con el caso Lezo… en fin, López Madrid saca su black en un hotel de la cadena Four Seasons y paga: 2.186,21 euros.
Rodrigo Rato, saca su black, y paga: 765,72 euros en Iberia
Antonio Cámara, consejero de Bankia a propuesta del PP, tintorería, farmacia, Fnac Castellana y el Al Campo de Pío XII… 116,13 euros
Miguel Ángel Abejón, que estaba en la comisión de control ¡en la comisión de CONTROL! a propuesta de UGT, saca su black 112,7 euros en Custo Barcelona de Las Rozas
Pedro Bedia, propuesto por CCOO, 109,71 euros en una librería
Rubén Cruz, que está por Izquierda Unida, 109,3 Rtte. La Vasca
Romero de Tejada, Araujo, Rodríguez Ponga, Paco Baquero, Jesús Pedroche… del PP, del PSOE, de IU, de sindicatos, de la patronal.
Tiran de black para gastos extraordinarios y cotidianos, sin declararlo a Hacienda. Dinero de una entidad que pasa por graves, gravísimas dificultades. Y gastan porque para ellos es lo normal, llevan años haciéndolo. Lo hacen ese día, el del debate, antes de las elecciones, después de las elecciones… Pero hay un cambio en el patrón de comportamiento de uno de ellos el mismo mes en que Luis de Guindos anuncia, tras el Consejo de Ministros, las nuevas condiciones que el Gobierno acaba de aprobar para el sector financiero. El día que los anunciados 50.000 millones de euros ya tienen por encima un membrete oficial y no la cabecera de un periódico.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA / RUEDA DE PRENSA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS (3-02-2012): El decreto ley de reforma del sector bancario, sabían ustedes que el planteamiento general era, básicamente, un ajuste de 50.000 millones y a realizarlo en un año para elevar las dotaciones de los diferentes tipos de activos inmobiliarios en los balances de los bancos.
(…)
Modificaciones en la regulación del FROB. Básicamente que el FROB podrá adquirir los bonos convertibles contingentes, que en determinadas condiciones se pueden convertir en acciones.
(…)
También el Consejo de Ministros ha determinado, ha incluido en el Real Decreto Ley una serie de consideraciones, una serie de preceptos, en relación con lo que son los sueldos de los administradores y de los directivos de las entidades de crédito que han recibido ayuda pública.
(…)
Si vamos a las que tienen asistencia financiera, lo que se denomina el FROB I, en este caso para los consejeros no ejecutivos se establece una limitación total de remuneración de 100.000 euros por todos los conceptos. En lo que hace referencia a lo que es el personal de alta dirección – presidente, consejero delegado o director general- la retribución fija máxima será de 600.000 euros al año y dicho límite máximo implica al menos reducciones del 67% en la media de lo que ganan los presidentes y del 65% para CEO o directores generales
LOCUCIÓN: Entre esas entidades que habían recibido asistencia del llamado Frob I estaba Bankia. Luis De Guindos llegó al Gobierno y le recortó el sueldo a los directivos y ejecutivos de las entidades que habían recibido dinero público y el más perjudicado era su antiguo jefe, Rodrigo Rato. De Guindos le bajó el sueldo de 2,3 millones de euros al año a 600.000 euros. Ese mismo mes, Rato cambió el patrón de uso de su tarjeta black. Antes de ese momento la había utilizado, la inmensa mayoría en comercios y restaurantes, solo una vez para sacar dinero de un cajero. Pero desde febrero de 2012 empezó a hacer reintegros sistemáticos de 1.000 en 1.000 euros. Sacó mil el 22 de febrero, otros mil el 23, otro tanto el 27, 1.000 más el 28. Sacó en marzo de mil en mil y en abril. Los últimos mil euros en cajero los saca el 5 de mayo, dos días antes de su atropellada dimisión. Rato gastó con su black 99.054 euros. De cajeros sacó algo más de 16.000 euros, casi todos en esos primeros meses de 2012 que fueron sus últimos meses en Bankia. La black es por el momento el único motivo por el que ha ido a prisión. Devolvió el dinero y, por supuesto, cuando compareció ante la Comisión del Congreso, antes de la sentencia de las black, aseguró que nunca le vio ningún problema a aquello.
RODRIGO RATO, EX PRESIDENTE DE BANKIA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (9-01-2018): Cuando yo llego a Caja Madrid a mí no me informa a nadie de que esas tarjetas tienen ningún problema. Esas tarjetas no las daba yo. Las daba la secretaría del Consejo. ¿Que ahí hubo errores? No los voy a negar. Ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Pero eran unas tarjetas de gasto que yo no consulté nunca.
LOCUCIÓN: Respecto al decreto de Luis de Guindos no fue suficiente. Ni generó confianza. Al contrario. Lo que ocurrió en los meses siguientes estuvo a punto de llevarse el euro por delante. Se hiciera lo que se hiciera, la mecha de una bomba gigantesca seguía consumiéndose a toda velocidad en las tripas de la banca española. Se había encendido muy pronto. Y no fueron las familias viviendo por encima de sus posibilidades. Esa es una de las mayores falacias de la historia de la crisis. Como les dijo un banquero a los periodistas off the record en 2003, las familias españolas dejan de comer antes que dejar de pagar su casa.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): El problema por el cual han caído sobre todo cajas ha sido por la promoción y por la construcción, no por las familias.
LOCUCIÓN: Quien dejó de pagar en masa sus créditos en cuanto estallo la crisis generando un inmenso agujero a la banca fueron las promotoras inmobiliarias y las constructoras.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Seguramente aquello llegó a algo verdaderamente tremendo.
LOCUCIÓN: Datos. En diciembre de 2007, la morosidad de los créditos concedidos por la banca a promotoras inmobiliarias era del 0,53%; 1.599 millones de euros de dudoso cobro. Nada. Seis meses después, junio de 2008, antes de lo de Lehman, ya era casi del 2%, 6.203 millones de euros en créditos de dudoso cobro. Diciembre de 2008, cuando Zapatero iba diciendo lo del sistema más sólido del mundo, ya era del 6,11%; 19.416 millones de euros de dudoso cobro. Diciembre de 2011. La morosidad del sector promotor estaba ya en el 21,42%. 64.000 millones de euros en impagos. Y si miramos la construcción se añaden otros 19.000 millones. ¿Y las familias? La morosidad de las hipotecas de las familias, a pesar de que el paro superaba el 20%, no llegaba entonces ni al 3%.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Es que las subprime tenían morosidad del 40, del 50%. Y la morosidad más alta que se llega en España de hipotecas pues yo creo que es del 3, del 4%. Es decir, el 96% de las familias ha pagado religiosamente sus hipotecas. Y esto no se lo podía creer nadie. Y llegaban los americanos y decían, cómo me dice usted que en España la gente paga si además ustedes son más pobres, tienen una crisis, tienen no sé qué. Pues lo siento mucho, pero pagan. Probablemente por razones que se han querido cambiar y que yo he visto de que uno se queda sin la casa, de que además le persiguen luego con la nómina. Probablemente por razones que a lo mejor no son las mejores desde el punto de vista social y ustedes estudiarán cómo cambiarlas. Pero desde el punto de vista de la solidez de la banca española, sí.
LOCUCIÓN: Señor Fernández Ordóñez. ¿Sabe lo que decía usted en febrero de 2012 sobre esas familias que pagaban religiosamente sus hipotecas, cuando los estadounidenses se sorprendían porque eran pobres? Que había que bajarles el sueldo.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Lo de que yo digo que se tenían que bajar los salarios y tal, hombre, se puede decir porque indirectamente las negociaciones de empresa hubieran llevado mayor responsabilidad y por tanto, me puede achacar, y por tanto se puede decir que, sin bajadas de salarios, no se hubiera caído.
LOCUCIÓN: ¿Cómo? No he entendido nada de lo que ha dicho
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Por cierto. Yo me lo bajé el 15%, pero vamos.
LOCUCIÓN: Cierto, usted se bajó un 15% los 194.148 euros que cobraba al año. Y pasó a cobrar 165.026 euros.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): No es nada, ganaba mucho.
LOCUCIÓN: Poco no era.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Lo hice sin tener que bajármelo, porque no estaba obligado por lo que obligaron a los ministros. Pero aún así me lo bajé.
LOCUCIÓN: Que sí, señor Fernández Ordóñez, usted hizo muy bien su trabajo de supervisión y encima se bajó el sueldo.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): Soy el único gobernador que ha ganado menos que el anterior y menos que el siguiente. Pero bueno, he ganado mucho.
LOCUCIÓN: Dejémoslo ahí, si le parece.
Rato salió de Bankia dos años y tres meses después de haber sido nombrado presidente de Caja Madrid. Llegó en teoría para cerrar una dura guerra por el poder en la caja. Una guerra cuyo comienzo está concentrado como una pastilla de Avecrem en un correo enviado el 1 de febrero de 2008 a su antecesor, Miguel Blesa, en el que se menciona a Rato y que tiene como asunto la siguiente frase: “Una historia para destruir después de ser leída”. Pero esa guerra, que implica a empresarios, sindicatos, políticos de todo signo y nivel territorial, te la vamos a contar en la próxima entrega.
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, EX GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA / COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL RESCATE BANCARIO (07-11-2017): El PP de las autonomías estaba totalmente en contra e hicieron una presión al presidente Rajoy para que no saliera eso. Por qué. Porque perdían las cajas. Sabe usted que a los dos días hubo dos CCAA, Galicia y Madrid, gobernadas por el PP, que llevaron eso al Tribunal Constitucional, porque se les quitaba esas competencias. Y yo como, aunque no soy del PSOE uno tiene unos ciertos sentimientos, dije esto es increíble. A los dos días, la comunidad autónoma de Cataluña y Andalucía, llevaron al Constitucional también el tema.
Lo único que puedo decir es una conversación que quiero olvidar con el señor Camps para que no interviniéramos la CAM.
Se negaban a hacer fusiones interregionales. Cada caja no podía ir a otra caja no podía ir a otra caja y sin embargo
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Valdecañas sí se tira: claves del golpe del Supremo a la tradición de hechos consumados del ladrillo ilegal en España

Ana Tudela — dom., 20 feb. 2022 12:00:00 +0100

Embalse de Valdecañas | WIKIPEDIA/Marostegui

España es famosa por la resistencia de sus ladrillos. El Ayuntamiento de Marbella, en la etapa de gobierno del G.I.L., dio licencias para la construcción de más de 38.000 viviendas ilegales, muchas de ellas en zona verde, no urbanizable de especial protección. No todas se construyeron pero las dos decenas de miles que lo hicieron allí siguen. La construcción del hotel ilegal de El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería), se paralizó en febrero de 2006 y allí sigue, con un cerro de sentencias que declaran su ilegalidad pero todavía sin una que inste a su demolición. Las irregularidades de los edificios de Torre la Sal construidos por la promotora del grupo de Marina D'Or en Castellón provocaron una sentencia de demolición de uno de ellos pero la propia sentencia instruyó sobre cómo proceder desde las administraciones para esquivar la demolición.

En España es más fácil planificar construcciones sobre terreno no urbanizable, incluso ultraprotegido, dar licencias irregulares, vender las viviendas y lucrarse que tirarlas cuando la justicia, tras un larguísimo camino de años de recursos y remiendos en las leyes para evitar la piqueta, decide que aquello no hay forma de legalizarlo.

Puede haber un antes y un después de la sentencia del Supremo sobre la urbanización Marina Isla de Valdecañas, levantada en una zona de protección especial por pertenecer a la Red Natura 2000 y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) situada entre los municipios de El Gordo y el Berrocalejo, en Cáceres. El Alto Tribunal da la razón a Ecologistas en Acción-CODA y dice que el complejo debe demolerse en su totalidad, una guerra que no ha terminado aquí porque la Junta de Extremadura ya ha anunciado que acudirá al Constitucional, pero los argumentos utilizados por el Supremo crean un importante precedente.

Estas son las claves de cómo se han mantenido en pie los casos más conocidos de ladrillo ilegal en España, recogidos en el libro Playa Burbuja de DATADISTA, y qué ha ocurrido con Valdecañas, un proyecto que parecía encaminarse sin remedio a un nuevo ejemplo de hechos consumados del ladrillo español.

1. Si un proyecto es ilegal, cambia la Ley

El 7 de agosto de 1998, Jesús Gil convocaba pleno del Ayuntamiento de Marbella a las 00.05 horas de la madrugada. Ese día finalizaba el plazo dado por la Junta de Andalucía para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella en el que pensaban regularizar todas las licencias que habían ido concediendo en contra de lo planificado en el Plan General en vigor. No funcionó, nunca se dio el visto bueno a aquel Plan de Gil, aunque se le dejó seguir haciendo sin parar nada y, cuando con los años, ya con Gil inhabilitado, el problema se hizo inasumible, la propia Junta de Andalucía instó a la elaboración de un Plan General que legalizaba la mayoría de lo construido. El Plan terminó anulado por el Supremo en 2011 pero porque muchas de las construcciones estaban ya en los juzgados o ilegalizadas y aquello no había por dónde cogerlo pero se han seguido buscando alternativas desde las leyes autonómicas para legalizar las viviendas.

Hotel de El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar | DATADISTA

En 1997, una mano misteriosa cambiaba desde la Junta de Andalucía el plano de la zona del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar donde hoy se levanta el hotel de El Algarrobico. Solo tres años antes, la propia Junta había ampliado los límites del Parque incluyendo como suelo especialmente protegido el de la playa de El Algarrobico. En el Boletín Oficial, el suelo era C1 (área natural de interés general, espacio protegido no urbanizable). En los planos que con el tiempo el Supremo calificó de "triquiñuela" y el juez Jesús Rivera de "burda maniobra" pasaban a ser D2 (susceptibles de ser urbanizados). Estos planos nunca aparecieron publicados oficialmente pero se hicieron llegar como oficiales allí donde debían ser consultados a la hora de levantar el hotel y defendidos por la Junta ante los tribunales. Cuando estos obligaron al Ejecutivo autonómico a devolver los suelos a su situación original, el Boletín Oficial perpetró un nuevo truco: clasificó los suelos como C3, una figura intermedia que admite transformación. Un apaño que, pese a haber sido anulado por el Supremo, ha sido utilizado por los tribunales autonómicos para prolongar la permanencia en pie de El Algarrobico.

El caso de Valdecañas es un nuevo ejemplo de cambio de lo aprobado en favor del ladrillo. La Junta de Extremadura fue quien incluyó los terrenos en la Red Natura 2000 y quien después incumplió la protección a la que obliga esa clasificación al aprobar el proyecto de urbanización de Valdecañas. En menos de un mes desde la primera sentencia que anuló el decreto que aprobaba dicho proyecto, la Junta de Extremadura modificó la ley autonómica del Suelo para incluir un artículo que lo salvase.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentenciaba a principios de marzo de 2011 que el decreto del proyecto era nulo y que debían "reponerse los terrenos a su situación anterior a las obras", el 29 de ese mismo mes la Junta modificaba el artículo 11.3.1.b de la Ley 15/2001 para establecer que "la mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará por sí sola su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanizable compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área".

Con la nueva ley en la mano, cuando se instó a la Ejecución de la sentencia de demolición de Valdecañas, la Junta alegó "imposibilidad legal de ejecutar" por una ley modificada después de la sentencia.

El cambio de la Ley del Suelo de Extremadura fue declarado inconstitucional por sentencia de 13 de noviembre de 2019. La sentencia no dejó dudas. La Ley del Suelo estatal, tanto la de 2008 como la de 2015, estaban por encima de la autonómica en lo que a regulación de suelo protegido se refiere y por ello "los citados terrenos de la Red Natura 2000 deben quedar preservados de la transformación urbanística" y debían "ser encuadrados en la categoría de mayor nivel de protección".

El único supuesto válido para modificar los límites del área protegida era que estos se hubieran visto reducidos o modificados por "evolución natural", algo que debía quedar "científicamente demostrado". Pero además, el procedimiento para el cambio obliga a "un trámite de información pública", que "en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación". Nada de esto se produjo.

El cambio en la Ley se anuló. Pero eso no definía aún las condiciones de ejecución. Quedaba un buen número de recursos por resolver.

2. La lentitud de la Justicia, aliada del ladrillo

Se atribuye al propio Jesús Gil la frase que dice que "el hormigón tarda en fraguar sesenta días, mientras que una sentencia judicial en España tarda en llegar diez años". Eso es prácticamente lo que tardó el Tribunal Constitucional en anular la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura que pretendió legalizar el complejo de Valdecañas.

Edificio Torremarina, construido por Belmonsa en Marbella. | DATADISTA

El ladrillo pocas veces sabe de medidas cautelares y eso le regala un tiempo precioso para hacerse fuerte. La paralización en 1998 del edificio de Belmonsa por el juez Santiago Torres en Marbella fue una acción tan excepcional que provocó un terremoto en el seno del gilismo, que cercado por Torres en cuestión de meses removió tierra, mar y aire hasta lograr que el caso cambiara de juez a una magistrada afín a sus intereses. Torres acabaría logrando la inhabilitación de Gil pero no por el ladrillo y la posibilidad de intervenir el Ayuntamiento mafioso de Marbella en este ámbito se esfumó y le dio al gilismo y a sus construcciones un plazo adicional de ocho años, hasta que la operación Malaya volvió a descubrir el modus operandi que ya había descubierto Torres.

Pero incluso las construcciones que se paran, resisten. La paralización de la construcción del hotel de El Algarrobico se ordenó por auto judicial como medida cautelar en febrero de 2006, hace ahora 16 años. Allí sigue pese a las numerosas sentencias del Supremo en contra.

La Justicia es lenta pero cuando las administraciones son las aliadas del ladrillo los procesos pueden complicarse exponencialmente. Disparar con pólvora del rey, es decir, con la caja de los impuestos para sufragar el coste de abogados y procedimientos, permite multiplicar los recursos contra las sentencias contrarias a un proyecto. El Ayuntamiento de Carboneras, encabezado por el socialista Cristóbal Fernández, gastó dinero público en unirse una y otra vez a los recursos de la promotora del Algarrobico contra las sentencias que se iban acumulando y que declaraban ilegal el hotel. El Ayuntamiento de Marbella se ha empeñado en recurrir cualquier resolución que implicase indemnizar a los afectados por la era del gilismo.

La Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de El Gordo y el Berrocalejo se sumaron a los recursos y argumentos de comunidades de propietarios y la entidad Marina Isla de Valdecañas S.A. para tratar de evitar la demolición de lo que ya estaba en funcionamiento del complejo urbanístico. El Supremo no ratificó la sentencia de 2011 hasta 2014. Quedaban por delante los procedimientos de ejecución.

3. Si el cambio de la ley no cuela, no hay dinero público para demoler

En Marbella no se ha indemnizado a los afectados, no se ha demolido nada y no se inscriben en las hojas del Registro de la Propiedad las sentencias que dicen que son ilegales, perpetuando la obligación (convertida en supuesto obstáculo para las arcas municipales) de indemnizar a quien compre esas viviendas como marca la protección a terceros que compran de buena fe. Indemnizarlos a todos quebraría el Ayuntamiento es el argumento.

Mapa con las viviendas con licencia ilegal de Marbella. | PGOU de Fustegueras/DATADISTA

El Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía han arrastrado los pies durante años para no dar los pasos necesarios hacia la demolición del hotel de El Algarrobico. Su argumento: no ser quien acababa cargando con la indemnización de 70 millones de euros que pedía la promotora del hotel.

La Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y el Berrocalejo, las comunidades de propietarios, la empresa promotora presentaron recursos a la ejecución de sentencia alegando imposibilidad material para llevarla a cabo. Y aquí es donde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le dio la razón en 2020 a la Junta y el resto de recurrentes, en lo que pareció que el caso se encarrilaba a un nuevo ejemplo de hechos consumados del ladrillo español ahora malogrado por el Supremo.

En el auto de 2020 del TSJEx sobre la ejecución de la sentencia se dice que la demolición íntegra provocaría "graves perjuicios a la Hacienda pública extremeña". El cálculo del perjuicio se eleva a casi 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponderían al coste de demolición de lo edificado y 111 millones al impacto de las indemnizaciones a los propietarios, sin incluir lo que habría que indemnizar al dueño del hotel.

El alto coste procede de un estudio de parte, puesto que fue elaborado por la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, no se contrastó con la petición de otras pruebas y, según la representación de Ecologistas, "se desconoce el autor y tampoco viene fechado". Dándolo por bueno, el TSJEx destaca que sería un coste al que "tendría que hacer frente la Junta de Extremadura" y supondría "una insostenible carga económico financiera para el funcionamiento de los servicios públicos y en perjuicio de los ciudadanos, que serían quienes con sus tributos tendrían que hacer frente".

Después de tantos años de proceso, al tribunal autonómico le sirve de refuerzo a su argumento la situación coyuntural de la pandemia. El daño al "interés general", según el TSJEx, se produciría además "en una situación de terrible incertidumbre económica por los efectos derivados de la crisis sanitaria que España ha vivido con la terrible pérdida de vidas y el notable deterioro de la economía".

Esto es lo que llevó a que se acordase la demolición parcial, es decir, solo de lo que estuviese en fase de estructura o no terminado y en funcionamiento. Los hechos consumados llegaban en forma de indulto al hotel ya en funcionamiento, las 185 viviendas entregadas de las 565 inicialmente previstas, el campo de golf y el resto de instalaciones ya construidas y funcionando.

Aquí viene el precedente más relevante que puede marcar este caso frente a otros. El Supremo considera en su sentencia que "es el legislador el que impide invocar como causa de imposibilidad material de Ejecución el grave detrimento para la Hacienda Pública" (...) "Lo que se establece no es el incumplimiento sino la forma que resulte menos gravosa para la ejecución de la sentencia". (Art. 106 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).

Por ello sentencia que "no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las sentencias, respecto de todo lo que se haya construido, por la afectación de intereses de carácter socieconómico o de otra índole".

4. Empleo y riqueza, la verdad tras el eterno argumento

Vincular ladrillo y riqueza es un clásico de la historia de España. Al socialista Carlos Collado, en su calidad de presidente del Gobierno de la Región de Murcia, se le ocurrió utilizar la recién aprobada Ley de Costas para suspender en 1988 nada menos que 25 licencias urbanísticas en La Manga del Mar Menor. Los problemas financieros del llamado padre de La Manga, Tomás Maestre, le habían llevado a pagar con suelo a sus acreedores y el proyecto inicial de pocas edificaciones salpicadas a lo largo del brazo de tierra que ideó el arquitecto catalán Antonio Bonet se estaba perdiendo por completo. La permisividad de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier aprobando proyectos empezaba a dar lugar a las aberraciones que vemos hoy a izquierda y derecha.

Imagen de satélite de La Manga del Mar Menor. | IGN/DATADISTA

Collado osó enfrentarse al ladrillo y ese año se creó el lobby Club Costa Cálida, como contó con los años uno de sus integrantes. La estrategia perfectamente planificada, explicó décadas después el empresario Javier De Gea al profesor de Historia Miguel Ángel López Morell, era batallar en los juzgados y ante la opinión pública. Regaron los medios con publicidad y artículos bajo el lema La Manga está de moda. El señuelo de la riqueza fue demasiada presión para el Gobierno de Murcia.

La repetida imagen de los habitantes de Carboneras implorando por su futuro y el empleo generado por El Algarrobico ante las cámaras de televisión contrasta con la realidad contada en la investigación de DATADISTA sobre el hotel, en cuya construcción participó mínimamente población del municipio. No había carboneros suficientes y hubo que traer mano de obra migrante que vivía concentrada en unos apartamentos de la localidad. Carboneras tenía una central térmica y una cementera que, desde los años ochenta, habían cambiado el perfil económico del municipio. El desempleo era bajo e, incluso en los años de la crisis, muy inferior al de la provincia y el resto de Andalucía. La plataforma creada por impulso del alcalde y la promotora bajo el nombre 'Carboneras por su futuro' era un grupo limitado de personas a quienes se habían prometido puestos de responsabilidad en el hotel y que empezaron a rebelarse cuando vieron que la mano de obra del mismo iba a venir de fuera y que las promesas quedaban en nada.

En la aprobación inicial del proyecto extremeño de Valdecañas se decía: "La justificación del interés social del Proyecto está basada en la revitalización turística de los municipios, partiendo de la existencia de un embalse, y en potenciar con ello otros atractivos turísticos, sociales y culturales de la zona: creación de actividad económica en una zona altamente deprimida, mantenimiento de la población rural, nuevas infraestructuras públicas y mejoras ambientales".

En el auto del TSJEx de 2020 se abunda, para decidir la imposibilidad material de demolición total, en "el impacto socioeconómico en la comarca que ha supuesto el complejo Marina Isla de Valdecañas". Todo ello a pesar de reconocer que "una urbanización como la realizada no genera un número elevado de empleos, pues las labores de mantenimiento y servicios no se traducen en un altísimo número de empleos". Sin embargo, el citado auto ahora anulado que indultaba lo que se había terminado de construir sostenía que aunque el empleo no fuera elevado, unido "al mantenimiento de la población son beneficios que deben protegerse pues se enmarcan dentro de los objetivos de desarrollo de zonas rurales".

El Supremo da un paso que puede ser clave contra esta cultura de hechos consumados al estimar el recurso de Ecologistas en Acción-CODA "dejando sin efecto los autos recurridos de 2020 que acordaban la conservación del hotel, viviendas y campo de golf e instalaciones construidas y en funcionamiento, que deberán ser demolidas como el resto de obras e instalaciones".

Un paso importante pero esta historia, como ha dejado claro la Junta de Extremadura, aún no ha terminado.

La reforma laboral, de un vistazo

Ana Tudela — mié., 16 feb. 2022 20:55:29 +0100

¿Qué ha cambiado? ¿Qué no? ¿Qué partes de la reforma laboral del PP de 2012 han quedado derogadas? ¿Qué partes de la normativa fueron introducidas por aquella reforma de 2012 y cuáles por las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero tras el estallido de la crisis de deuda en 2010? Aquí puedes consultarlo de forma esquemática.

1.- El despido

(Haz clic para ampliar cada ficha)

En temas de despido no ha habido grandes cambios. La indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado en contratos indefinidos fue introducida por el PSOE de Rodríguez Zapatero a través de lo que se llamó contrato para el fomento de la contratación indefinida, hoy más que derogado. Aquel contrato acabó extendiéndose a tantos supuestos que casi se generalizó pero solo afectaba a contratos nuevos, en ningún caso a los que estaban en vigor.

El gran cambio vino con la reforma de 2012 del PP porque la generalización del despido de 33 días se extendió a los contratos en vigor. Esto se mantiene, lo mismo que las facilidades que se dieron a los despidos colectivos, que ya no necesitan el visto bueno de la autoridad administrativa laboral, lo que quita presión a las empresas a la hora de negociar con los sindicatos las condiciones de un ERE. Tampoco se han recuperado los salarios de tramitación.

2.- La negociación colectiva

(Haz clic para ampliar cada ficha)

Más se ha recuperado en lo que se refiere a la negociación colectiva pero no todo. El principal cambio viene por la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales estatales sobre los de empresa en lo que a salario base y complementos se refiere. Se mantiene la prevalencia de los convenios de empresa para el resto de puntos que quedaron establecidos en la reforma de 2012: abono de horas extra, retribución específica del trabajo a turnos, horarios y planificación de vacaciones, clasificación profesional o medidas de conciliación.

Ambos puntos también afectan a la subcontratación, porque ahora se aplica a los trabajadores subcontratados el convenio sectorial al que pertenezca la empresa de la actividad principal pero solo en materia salarial, no en el resto de puntos. Al prevalecer el convenio de empresa en el resto, si la empresa multiservicio tiene convenio propio, es el que se aplica.

3.- Modalidades de contratación

(Haz clic para ampliar cada ficha)

Donde está el gran cambio es en las modalidades de contratación. Es ahí donde el Gobierno ha puesto toda la esperanza para lograr acabar con esa foto de la que tanto te hemos hablado en DATADISTA que muestra cómo en España se crea empleo neto los lunes, se destruye los viernes, crece con fuerza el primer día de cada mes y parece una hecatombe el último. Hasta el día siguiente.

La eliminación de los contratos de obra y servicio, la reducción de las excepciones y los días anuales que permiten celebrar un contrato temporal, el aumento de las cotizaciones y las sanciones para quien suscriba contratos ultrabreves son los puntos principales del cambio.

4.- ERTE estructurales

El otro gran cambio viene de la mano de la inclusión de una fórmula permanente de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) basada en la que se diseñó para la pandemia de la COVID-19 y que todos los agentes sociales reconocen como un instrumento que se ha mostrado efectivo en la contención de rentas.

Tres de cada diez votaciones en el Congreso en esta Legislatura tuvieron votos contrarios a la indicación del partido

Antonio Delgado — dom., 13 feb. 2022 12:00:00 +0100

El Grupo Popular acumula el mayor número de errores en las votaciones durante la presente legislatura, con votos discordantes en 504 de las 3.085 votaciones analizadas
Desde el inicio de la pandemia se han emitido más de 840.000 votos telemáticos

Como adelantó DATADISTA la semana pasada, los errores en las votaciones en el Congreso de los Diputados son muy habituales, incluso si se toma como muestra lo ocurrido en lo que va de año. Al ampliar el foco y tras analizar los más de un millón de votos emitidos en la presente legislatura, se observa que de las 3.085 votaciones analizadas por DATADISTA correspondientes a las efectuadas entre febrero de 2020 y febrero de 2022, en 1.038 existen diferencias de votación entre diputados de un mismo grupo. Además, en 240 votaciones se han producido errores en las votaciones por parte de más de un grupo parlamentario.

Por ejemplo, en la sesión del 11 de marzo de 2021, diputados de cuatro grupos parlamentarios votaron de manera diferente al resto de sus compañeros. Se trataba de la votación de la enmienda a la totalidad de un texto alternativo a la Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. Dos diputados de Unidas Podemos, tres de Ciudadanos y uno del Partido Popular votaron a favor mientras que el resto de su partido votó en contra. Un diputado de Vox votó abstención y otros dos no votaron mientras el grueso de su grupo parlamentario votó en contra.

Lo mismo ocurrió el 23 de septiembre de 2021 en una votación de una enmienda del Senado para el Proyecto de Ley que modificaba la Ordenación de los Transportes Terrestres. Un diputado de Unidas Podemos, otro del Partido Popular y 12 de Vox votaron que no. 85 diputados del Partido Popular, dos del PSOE y 39 de Vox votaron que sí mientras que 33 de Unidas Podemos y 118 del Grupo Socialista se abstuvieron.

La gran mayoría de las rupturas de la orientación de voto del partido se deben a errores no intencionados por parte de los diputados. Son pocos los casos de rupturas intencionadas de la disciplina de voto como la que protagonizó la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo al haberse abstenido en la elección de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel como magistrados del Tribunal Constitucional el pasado mes de noviembre. Álvarez de Toledo tuvo que pagar una multa de 500 euros al partido.

El Partido Popular es el partido con un mayor número de equivocaciones en lo que va de legislatura

El Grupo Parlamentario Popular lidera el listado de los partidos con mayor número de equivocaciones o rupturas de voto. Sus diputados han emitido votos discordantes en 504 de las 3.085 votaciones analizadas por DATADISTA. El Partido Popular acumula el 40% de todas las equivocaciones producidas en el Congreso de los diputados en la presente legislatura.

Este partido también es el que más equivocaciones ha cometido en 2020, 2021 y en las tres primeras sesiones plenarias en lo que va de año.

El 36% de las rupturas de voto tienen que ver con enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado

La mayoría de las rupturas de voto producidas en la presente legislatura han sido en votaciones relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado y con dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. El 56% de los errores se han producido en votaciones relacionadas con estas dos materias.

Más de 840.000 votos emitidos de manera telemática

La Mesa de la Cámara ha adoptado cinco resoluciones desde el inicio de la pandemia para permitir la emisión del voto telemático de manera masiva en base al artículo 82.2 del Reglamento del 21 de mayo de 2012. Este procedimiento se realiza en base a la introducción de un usuario y contraseña y posterior confirmación en una segunda pantalla de validación. Desde el acuerdo de la mesa del 19 de marzo de 2020 no se requiere la llamada de comprobación personal descrita en el Reglamento de 2012.

Si esta norma hubiera estado vigente, los técnicos del Congreso tendrían que haber realizado desde el inicio de la pandemia más de 840.000 llamadas debido a que el 78% de todos los votos emitidos durante la presente legislatura se han realizado de forma telemática.

El 83,6% de todos los votos emitidos en 2020 fueron de forma telemática con un total de 461.432 votos emitidos. Este porcentaje bajó en 2021 hasta el 73,7% con un total de 378.639 votos emitidos. En los primeras semanas de 2022 solo el 19% de los votos han sido telemáticos con un total de 2.512 votos emitidos.

NOTA METODOLÓGICA

Para la realización de este análisis no se ha tenido en cuenta las votaciones de los grupos Mixto y Plural por esta formado por diputados de diferentes partidos políticos. Tampoco las primeras 4 sesiones de composición de la Cámara.

Hemos considerado que se rompe el voto cuando para una misma votación se producen votos diferentes entre el sí, no y abstención entre los diputados de un mismo Grupo Parlamentario.

Para una mayor transparencia y facilitar el análisis de terceros hemos publicado en nuestra cuenta de Github el dataset unificado con todos los votos emitidos desde el 4 de febrero de 2020 y hasta el 3 de febrero de 2022. También tienes disponible el dataset con todos las votaciones con los votos emitidos por cada Grupo Parlamentario.

BUSCADOR | Sus señorías se han equivocado de voto en el 21% de las votaciones en el Congreso en lo que va de año

Antonio Delgado — dom., 06 feb. 2022 12:00:00 +0100

Pleno del Congreso el día de convalidación de la reforma laboral. | CONGRESO

Equivocarse al votar en el Congreso de los Diputados es más común de lo que parece. No solo es algo que le haya sucedido al diputado popular Alberto Casero al decidir con su voto la convalidación de la reforma laboral. En 2022 se han producido rupturas de voto con respecto al resto del partido en el 21% del total de votaciones celebradas, según el análisis realizado por DATADISTA de las 38 votaciones efectuadas en lo que va de año, con 13.262 votos individuales emitidos. En las tres primeras sesiones plenarias de 2022, se han producido ocho votaciones donde algún o algunos diputados han votado lo contrario que el resto de su grupo.

Alberto Casero (PP) se equivocó cuatro veces el mismo día de forma telemática, pero su compañero Carlos Aragonés voto lo contrario que el resto de su grupo de manera presencial a una moción del PNV sobre corredores humanitarios. También 79 diputados del PP, entre los que se incluye también Alberto Casero, votaron a favor del dictamen que modifica el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo por un error al señalar el sentido del voto por parte del coordinador del partido. De los 9 que votaron en contra, es decir lo que el grupo realmente quería hacer, cinco lo hicieron de forma presencial y 4 de forma telemática.

No son los únicos que se equivocaron al votar ese día. Alberto Garzón y Pablo Echenique de Unidas Podemos votaron de forma telemática en contra de la tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de Urgencia del Real Decreto-ley sobre la reestructuración de las entidades de crédito. Fueron los únicos de todos los diputados del Congreso que votaron en contra. En la sesión celebrada el 25 de enero, ocurrió lo mismo con sus compañeros de grupo Juan Antonio Delgado y Roberto Uriarte. Estos votaron de forma telemática en contra de la tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de Urgencia del Real Decreto-ley para el fomento de la movilidad eléctrica y autoconsumo. Justo lo contrario que su grupo parlamentario.

En el grupo socialista también se han producido rupturas de voto. El 1 de febrero los diputados Mariano Sánchez y Yolanda Seva votaron de forma telemática en contra de la tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 30/2021 para la contención de la pandemia. Fue una votación donde solo hubo 4 votos en contra.

En este buscador puedes ver el listado con todas las votaciones celebradas en lo que va de año en el Congreso y lo que ha votado cada grupo parlamentario

Voto telemático, la forma de voto más utilizada en pandemia

Un análisis realizado por DATADISTA de las más de 3.000 votaciones celebradas en el Congreso de febrero de 2020 a febrero de 2022, con más de un millón de votos emitidos, muestra que el voto telemático es la forma más utilizada desde entonces, aunque el poco tiempo transcurrido de 2022 podría indicar ya un cambio de tendencia que está por consolidar. En 2020, el 83,6% de los votos se emitieron de forma telemática, mientras que en 2021 este porcentaje cayó hasta el 73,6%. En las votaciones celebradas en 2022 representan el 19% de los votos.

El voto telemático está regulado en el Congreso de los Diputados desde 2012, era una medida prevista para casos excepcionales y el voto se verificaba posteriormente mediante una llamada de teléfono. En marzo de 2020, después de la declaración del primer estado de alarma, la Mesa del Congreso permitió su uso generalizado durante el estado de alarma con un acceso mediante usuario y contraseña como método de validación. De esta manera no se tenían que realizar 350 llamadas de comprobación en cada votación. Esta norma se volvió a modificar en junio y octubre de 2020 para ampliarlo a toda la duración de la crisis sanitaria derivada de la pandemia.

La otra EPA: España pierde en una década tres millones de personas activas menores de 40 y sigue sin cuidar a sus jóvenes

Ana Tudela — dom., 30 ene. 2022 10:00:00 +0100

En una década, España ha perdido tres millones de personas activas menores de 40 años, fruto del envejecimiento de la población pero no solo. Con el coste mensual de las pensiones escalando hasta los 10.745 millones de euros, este país se permite no cuidar a sus jóvenes, con las tasas de paro juvenil enquistadas muy por encima de la media. La reforma laboral, que debe refrendar el Congreso la próxima semana, eleva la edad máxima del contrato de formación hasta los 30 años, cuando hace una década era de 21 años.

Hace tan solo un año, en enero de 2021, se superaron por primera vez los 10.000 millones de gasto en pensiones contributivas al mes (el doble en los meses de las pagas extra) y la cifra ya parece lejana. España ha pagado 10.745 millones de euros en enero de 2022 en pensiones contributivas. La inflación de 2021, precisamente el año en que se ha recuperado por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, ha sido un factor inesperado pero lo que se sabe desde hace tiempo es que la generación del baby boom va a ir cumpliendo de forma masiva la edad de retiro de aquí a 2050 y llega con historias de cotización más altas. Todo ello va a poner a prueba las costuras del sistema. Ya se han aprobado mecanismos como la subida temporal de las cotizaciones para paliar los efectos de esta situación, pero el pacto intergeneracional implica que los trabajadores en activo de cada época paguen con sus cotizaciones las pensiones en vigor y para eso se necesita repuesto intergeneracional y cotizaciones suficientes.

España debería pensar en sus jóvenes para algo más que mantener el pacto del sistema de pensiones pero las cifras dicen que ni esa está resultando una razón de peso.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha hecho públicos esta semana el INE, con ser muy positivos en las cifras generales tras el tremendo bache de la pandemia y demostrar que ha funcionado la política de contención de rentas a través de los ERTE, encierran también otra realidad: las rotundas cifras del envejecimiento de la masa laboral. En la última década, España ha perdido casi tres millones de trabajadores activos entre 16 y 39 años y ha incrementado los que tienen más de 40 años en 2,8 millones. La correlación entre franjas de edad muestra que esto no responde exclusivamente al envejecimiento. La marcha a otros países durante la Gran Recesión y el desánimo en la búsqueda de empleo en las franjas más jóvenes también juegan su parte en estas cifras.

Si se atiende a los datos de personas con empleo, el panorama como es previsible no es mejor. Hemos recuperado más de dos millones de puestos de trabajo desde finales de 2011, fecha en medio de los años más duros de la Gran Recesión (en 2012 se siguió destruyendo empleo con fuerza), pero es de nuevo en las edades a partir de los 40 años donde está el crecimiento.

Hay menos jóvenes, de los que hay son menos los jóvenes activos, es decir, que busquen empleo si no lo tienen, pero además soportan unas tasas de paro totalmente despegadas de la media. La diferencia, de ser menor, podría tener cierta lógica debido a que, con la edad, se van estabilizando las carreras profesionales pero desde la crisis desatada en 2008 la horquilla se abrió tanto que los jóvenes entre 16 y 19 años parecen sacados de la ecuación laboral, con tasas de desempleo de casi el 50% que llegaron a superar el 75% en lo peor de la crisis; y en las franjas de 20 a 24 años y de 25 a 29 años las tasas se sitúan en el 27% y el 19% respectivamente frente al 13,33% de media total.

Aquí envejecen hasta los contratos de formación: del tope de 21 años a permitirlos hasta los 30

Los contratos que alternan en la jornada trabajo y formación no son nuevos. Son un clásico de las políticas de impulso de la inserción laboral de las y los jóvenes y se basan en que, quienes no tengan la titulación requerida para suscribir un contrato en prácticas, puedan alcanzar la certificación que acredita su cualificación para un puesto de trabajo, haciendo que una parte de la jornada, que no está remunerada, se dedique a formación, mientras el resto se abona conforme a la parte proporcional a las horas trabajadas del salario mínimo interprofesional (SMI). Es un contrato que ha estado además fuertemente bonificado en las cotizaciones sociales.

Hubo un tiempo, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia y de las reformas laborales, que este tipo de contratos no podía superar los 21 años en el momento de ser suscritos, alcanzando los 24 máximo solo para los alumnos de escuelas-taller. La duración máxima de estos contratos era de dos años (más uno en caso de que el convenio sectorial lo especificase) y la jornada máxima destinada a formación estaba en el 15% del total de la jornada laboral.

En la reforma laboral de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el paro ya desbocado, se amplió hasta los 25 años la edad máxima para suscribir un contrato de formación. Se hizo de forma transitoria, hasta finales de 2011. Un año después, en la reforma de agosto de 2011, la edad de 25 años se quedó fija y se amplió transitoriamente a 30 años hasta finales de 2013. La jornada máxima dedicada a formación, con la consecuente reducción de salario, se elevó al 25%.

Cuando el Partido Popular llegó al poder, a finales de 2011, mantuvo hasta los 30 años de forma transitoria la edad máxima, en su caso, hasta que la tasa de paro bajase del 15%. La duración del contrato se fijó en un máximo de 3 años y se permitió que, terminado un contrato para una actividad, se suscribiese otro para una distinta. En estos contratos, el primer año la parte formativa podía llegar al 25% de la jornada, con la consecuente reducción del salario; y, durante el segundo y tercero, se limitaba al 15%.

La estadística, que la Seguridad Social facilita dando de forma agregada los contratos de formación con los de prácticas (estos últimos sin límite de edad), muestra cómo los contratos de los más jóvenes prácticamente han desaparecido mientras que los de 20 a 29 años empezaron a subir con fuerza desde 2011 hasta 2016 y desde entonces no han dejado de caer.

En conversación telefónica con DATADISTA, Fernando Luján, secretario confederal de UGT, comenta que "los contratos de formación tienen que servir de puerta de entrada fundamentalmente de los jóvenes al mercado de trabajo" y, sin embargo, "están absolutamente infrautilizados".

La caída desde 2016 la achaca "al aumento de la precariedad a través de la degradación de las condiciones de trabajo con la prevalencia de los convenios de empresa (derogada con la reforma actual para recuperar la prevalencia de los sectoriales). La precariedad no va solo relacionada con los contratos de duración corta, también con trabajos de muy poca calidad, que llevan aparejado la ausencia total de formación."

El nuevo contrato de formación en alternancia

La reforma laboral pactada entre Gobierno y agentes sociales, aprobada por Real Decreto a finales del año pasado, y que busca con dificultad ser refrendada la próxima semana en el Congreso, sitúa de forma indefinida en 30 años la edad de los nuevos contratos de formación en alternancia para la mayoría de supuestos (para certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo). Por otro lado, limita su duración a dos años y aumenta las garantías para que la formación exista realmente. Estos contratos entrarán en vigor el 30 de marzo.

Luján pone el acento en la parte de la reforma que está destinada a luchar contra las altas cifras de temporalidad y los contratos ultrabreves que sufren hoy sobre todo los jóvenes, aunque no solo ellos y ellas.

En cuanto a los contratos de formación, reconoce que existe cierto riesgo "de fraude" que implicaría "estar condenando a gente a cobrar por debajo del salario mínimo porque las horas que son para formación no se retribuyen" pero llama la atención sobre las garantías adicionales que se han introducido para evitarlo. La "doble garantía" que se introduce ahora incluye "el plan formativo, que se tiene que hacer en las empresas con los centros educativos y que servirá para que efectivamente sean contratos formativos. El convenio con el centro educativo tiene que estar y el tutor tiene que estar, hay que hacer un plan formativo e incorporarlo al contrato de trabajo, por lo que ya no es el hecho de que yo suscriba un contrato que se puede cumplir o no". Es más, reconoce que antes "la mayor parte de las veces no había formación".

En la reforma actual, el primer año la parte formativa equivale al 35% de la jornada, lo que deja la retribución en el 65% del SMI, mientras que el segundo año sí se establece el máximo de porcentaje de jornada para trabajo en el 85%.

Sobre la ampliación de la edad hasta los 30 años, reconoce: "Le hemos dado muchas vueltas a la edad" pero consideran que "llevarlo hasta los 30 años es una medida buena. Ahora los planes de estudio duran más, se han recortado las carreras pero luego hay que hacer un máster. Creemos que si hubiéramos hecho contratos formativos solo hasta los 21 años corríamos el riesgo de que siguiera siendo un contrato infrautilizado. Lo normal no será que con 27, 28 o 29 años se esté en los centros educativos pero, si se da, ¿por qué les vamos a limitar la puerta de entrada? Estoy convencido de que esta situación va a ser absolutamente excepcional pero, si se da, si alguien efectivamente, porque se retrasa su formación, está en esa situación, ¿nosotros le decimos que no? Le estaríamos penalizando doblemente".

Desde el Ministerio de Trabajo comentan a DATADISTA que el motivo de elevar "la edad máxima a los 30 años" ha sido "para facilitar el reciclaje profesional de las personas trabajadoras y permitir que puedan ser beneficiarias de estos contratos cuando cursan una nueva titulación".

En el país del refrán hecha la ley, hecha la trampa, los requisitos no son garantía absoluta de que no vayan a utilizarse estos contratos para rebajar costes laborales, ahora que se imponen fuertes limitaciones a los contratos temporales y especialmente a los ultrabreves. Luján lo reconoce: "Se ha cerrado bastante la puerta de entrada al fraude, pero los españoles somos muy eficaces luego para darle la vuelta". A pesar de ello, se muestra confiado en que esta vez funcione.

BUSCADOR | Consulta todas las propiedades que la Iglesia reconoce que no son suyas

Antonio Delgado — sáb., 29 ene. 2022 09:00:00 +0100

Listado con todos los bienes que la Iglesia Católica reconoce que pertenecen a un tercero o que no les consta la titularidad y que sin embargo inscribieron a su nombre. Son bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015.

El Gobierno ha entregado esta semana a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado con los 1.027 bienes inmuebles que la Iglesia considera que no son suyos. En febrero del año pasado, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados un listado con 35.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia para su estudio y comprobación. Este trabajo se realizó en cumplimiento de una proposición no de ley, aprobada en 2017, donde se pedía al Ejecutivo la relación de los bienes que la Iglesia Católica registró a su nombre gracias a una ley aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar que permitía la inscripción con una simple declaración del obispado.

De los 1.027 bienes, la Iglesia indica que solo ha podido identificar en 276 al titular al que pertenecían. En 608 bienes no se ha podido identificar al titular por falta de información. Del resto de bienes, 84 pertenecían a otras entidades religiosas; 31 no constaban como inmatriculados y 28 contienen errores. A partir de ahora, los ayuntamientos podrán localizar a sus legítimos propietarios y realizar la restitución de los bienes.

Para facilitar la localización de los bienes, DATADISTA ha realizado este buscador interactivo que permite filtrar la información por cualquier término seleccionado.

DATADISTA también ha realizado un trabajo de extracción, corrección de errores y normalización de los datos, publicados en un documento PDF, para ponerlos a disposición de los ciudadanos en un formato accesible y reutilizable debido a la falta de transparencia con la información. El archivo original contiene errores y omisión de una parte de los textos debido al formato utilizado para su maquetación. Tanto el Ministerio de Presidencia, la Conferencia Episcopal y la FEMP no han puesto a disposición esta información en un formato que permita su análisis pormenorizado. Puedes descargarte el documento en formato CSV de forma libre desde nuestra cuenta de Github.

El mapa de los municipios con mayor tasa de fallecidos por COVID-19 en España en 2020

Antonio Delgado — dom., 23 ene. 2022 12:00:00 +0100

Desde finales del año pasado sabemos que en 2020 fallecieron 74.839 personas por COVID-19 en España, según los datos de defunciones por causa de muerte publicados por el INE. De estas, 60.358 tenían el virus identificado y 14.481 con sospecha. El problema es que hasta ahora no conocíamos el impacto a nivel municipal.

Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas no ofrecen el detalle de los fallecidos por municipios que se comunican desde el inicio de la pandemia a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Solo conocemos estos datos a nivel provincial y por comunidades autónomas.

DATADISTA ha realizado un análisis de los microdatos de las estadísticas oficiales de defunciones según las causas de muerte publicadas por el INE para crear este mapa y buscador interactivo con la tasa de fallecidos por COVID-19 por cada 10.000 habitantes en España en los 649 municipios que en 2020 tenían una población superior a las 10.000 personas empadronadas. Estas ciudades suman en total 68.249 fallecidos por COVID-19, lo que representa el 91,2% del total de fallecidos en España por esta enfermedad. En el mapa no aparecen los datos de los municipios con una población inferior por secreto estadístico.

Municipios con mayor tasa de fallecidos por COVID-19 en 2020

Fallecidos con covid confirmado y covid sospechoso

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y la ciudad de Toledo tienen la tasa de fallecidos por COVID-19 en 2020 más alta de España con 154 y 120 personas por cada 10.000 habitantes, respectivamente. Le sigue San Lorenzo del Escorial (Madrid) con 102 fallecidos por cada 10.000 habitantes.

20 enfermedades han superado en 2020 el número de fallecidos desde 1980. Entre ellas destacan los fallecidos por diabetes, hipertensión, otras enfermedades del sistema nervioso, tumores malignos de páncreas o mama, suicidios, caídas accidentales o envenenamiento accidental por drogas.

El mapa de las macrogranjas de porcino en España

El mapa de los 1.372 municipios donde se concentran las macrogranjas en España

Antonio Delgado — dom., 16 ene. 2022 12:05:00 +0100

Más del 50% de los municipios de Huesca y Lleida cuenta con alguna de estas grandes instalaciones intensivas

En España hay en la actualidad 3.765 macrogranjas destinadas a la cría y engorde intensivo de aves de corral y de cerdos, según los datos Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). Su distribución por el territorio no es homogénea. 1.372 municipios tiene instalada actualmente en su superficie al menos una de estas grandes instalaciones de ganadería intensiva. Es decir, en el 16,9% de todos los municipios del país con especial incidencia en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña y en las zonas con mayor despoblación.

Municipios con más macrogranjas en España

Todas las grandes instalaciones intensivas destinadas a la cría de aves de corral y cerdos por municipios

Las provincias con mayor número de macrogranjas por municipios

En las provincias de Huesca y Lleida, más del 50% de sus municipios cuenta con alguna de estas grandes instalaciones intensivas instaladas en sus términos municipales. Le siguen las provincias de Murcia, Toledo y Girona. En esta tabla puedes ver el número de municipios por provincias que cuenta con al menos una macrogranjas de aves de corral y porcino.

Las macrogranjas emitieron 96.158 toneladas de metano en 2019. Es el 45% del total de las emisiones de metano de toda la ganadería porcina en España

Aunque en España no exista a nivel legislativo el término "macrogranja", en la práctica, las instalaciones con más de 40.000 plazas de gallinas ponedoras, más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o de más de 750 cerdas reproductoras tienen la obligación de estar dados de alta en este registro para comunicar sus emisiones anuales y disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) positiva. En la actualidad está en tramitación un cambio normativo para incluir también a las grandes instalaciones de ganado bovino intensivo en este registro.

Solo las macrogranjas de porcino aumentaron un 8% sus emisiones de metano y un 3,4% las de amoníaco en 2020. Estas macrogranjas de porcino emitieron en 2020 el 8,16% del total de emisiones de amoniaco emitidas en España con 39.477 toneladas. Respecto al metano, las macrogranjas de porcino emitieron 99.000 toneladas, el 20,4% del total del metano emitido en España.

Todos los datos de la evolución diaria de la COVID-19 en España

¿90 toneladas? La desastrosa historia del oro de España y las cifras de ‘La casa de papel’

Ana Tudela — dom., 16 ene. 2022 12:00:00 +0100

Alzado original de Yarnoz. Proyecto de ampliación. | BANCO DE ESPAÑA

Una banda de atracadores enfundada en monos rojos, anonimizada tras caretas de Dalí y con más contactos nacionales e internacionales que el rey emérito, entra en la cámara acorazada del Banco de España para robar las reservas de oro. Y se ponen tan contentos porque hay 90 toneladas. Estamos hablando de La casa de papel, está claro, pero ¿es mucho? ¿Es poco? Para cualquier grupo reducido de personas normales es una cantidad que tiende a infinito pero lo primero que hay que tener en cuenta es que en la cámara acorazada del Banco de España solo se custodian una parte de las reservas de oro del país. Las reservas del Banco de España eran algo más de 281 toneladas de oro a finales de septiembre pasado. Es decir, sí, la cantidad es factible. Ahora bien, la historia del oro español nos dice que, si la crisis financiera de 2008 hubiera tardado un poco más y la banda del profesor tarda en ejecutar el atraco con el respaldo social que obtiene en la pantalla derivado de la crisis, igual lo que se encuentran no les da ni para un par de pendientes.

España se ha deshecho dos veces de una parte importante de sus reservas de oro. Una para pagar gastos militares e importaciones de productos en plena Guerra Civil, cuando las dejó a cero. La otra, mucho más reciente, cuando en plena burbuja financiera mundial se decidió que el oro había dejado de ser un valor refugio y que tener riqueza en lingotes no generaba intereses, ni dividendos y, por tanto, no merecía la pena.

“A finales de 2004, el Banco de España poseía 523,4 toneladas de oro”, dice la memoria de la institución. Tres años después, a finales de 2007, quedaban 282 toneladas, un 46% menos. España vendió en menos de una legislatura casi la mitad de sus reservas. En conjunto, las ventas realizadas en estos periodos ascienden a 241,8 toneladas (7,7 millones de onzas troy) por las que se sacó una ganancia neta de menos de 3.000 millones de euros. Puede parecer una buena operación si se compara precio de compra y precio de venta pero lo ganado equivale a lo que cuesta pagar las pensiones diez días y esas reservas vendidas hoy valdrían casi cuatro veces más.

Tampoco es que dé para mucho. Es cierto. España invierte en otros activos y su estabilidad está básicamente ligada a su capacidad de recaudar impuestos. En cualquier caso, si echamos un vistazo a la evolución del precio de la onza de oro desde entonces, todo apunta a que la estrategia no fue muy brillante.

El oro sigue siendo un valor refugio y nunca se sabe cuándo una crisis acecha a la vuelta de la esquina y va a disparar su precio. Pues no una sino dos crisis económicas, una financiera y otra por la pandemia, se han sucedido desde aquellas ventas que tuvieron lugar con Pedro Solbes como ministro de Economía y con Jaime Caruana y después Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernadores del Banco de España. Si sirve de consuelo, España no fue la única que resbaló estrepitosamente con las ventas de sus reservas. El Reino Unido se deshizo en aquellos años de buena parte de las suyas por un precio igualmente irrisorio comparado con el actual.

Según los datos del World Gold Council basados en las estadísticas del FMI, a finales de septiembre de 2021, el Banco de España contaba con 281,58 toneladas de oro en sus reservas, situándose en el vigésimo puesto del ránking mundial.

La cámara
Si la de la banda del profesor hubiera sido una historia ambientada en épocas pasadas, también hubiera sido muy diferente. Para empezar, era preciso que existiese la cámara acorazada. El edificio del Banco de España se inauguró en febrero de 1891. Ni rastro de la cámara por aquel entonces. Fue algo menos de tres décadas después cuando se incluyó dentro del proyecto de ampliación del edificio del arquitecto José Yarnoz Larrosa.

La cámara se terminó de construir en el primer trimestre de 1936, meses antes de que parte del ejército español se sublevase contra el Gobierno legítimamente establecido y comenzase una larga guerra civil. Ocupa 2.500 metros cuadrados de los que 1.000 son muros de hormigón, bajo el patio de operaciones. Está a 35 metros de profundidad, rodeada de suelos arcillosos y agua subterránea. Sus puertas acorazadas, de varias toneladas de peso, fueron construidas por Coffres-Forts York y traídas desde Nueva York.

Una vez terminada, en marzo de 1936, se trasladaron a la cámara cerca de 700 toneladas de oro que eran entonces las reservas del Banco de España. ¿Cuánto duraron allí? No mucho.

El oro de Moscú (y el mucho menos comentado oro de París)

En el número 49 de los Estudios de Historia Económica del Banco de España, a cargo de Elena Martínez Ruiz y titulado Guerra Civil, Comercio y Capital Extranjero, se hace hincapié en las dificultades que encontró el Gobierno democrático de la República para financiar sus gastos militares durante la Guerra Civil, con bloqueos de llegada de las divisas derivadas de las exportaciones españolas por parte de diferentes países y la falta de crédito obtenido que sí obtuvieron los sublevados. Desde julio de 1936, la compra de armamento y pertrechos se pagó con las reservas de oro del Banco de España.

El 13 de septiembre se decidió enviar las reservas de oro del Banco de España a Cartagena. El traslado se produjo entre el 15 y el día 21 de ese mes. De ahí se iniciaron los traslados a París, donde era comprado por el Banco de Francia que, a cambio, daba divisas al Gobierno español que le permitían adquirir armamento. “Entre julio de 1936 y enero de 1937 se vendieron en París 194 toneladas de oro bruto con un valor de 195,8 millones de dólares”, que han recibido mucha menos atención que las operaciones con la Unión Soviética.

Estas últimas tienen su origen en octubre de 1936, cuando el Gobierno de Largo Caballero decidió enviar las reservas remanentes del Banco de España a Moscú. 510 toneladas de oro bruto (475 de oro fino) con un valor de 518 millones de dólares fueron trasladadas a la Unión Soviética entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 1936. Desde febrero de 1937, el oro español se vendió desde allí para comprar armas y otros bienes. Se daba la orden de venta; el oro, amonedado, se fundía, refinaba y convertía en lingotes y las barras se entregaban al Gosbank. Hasta que el saldo fue cero.

El economista Ángel Viñas ha realizado una de las reconstrucciones más completas de los ocurrido con el oro de España durante la contienda.

La ocupación en UCI por pacientes de COVID-19 supera ya las dos olas anteriores

Antonio Delgado — lun., 10 ene. 2022 18:43:30 +0100

Nueve comunidades autónomas se encuentran en riesgo muy alto de ocupación de las UCI por pacientes COVID-19 al superar el 25% de los ingresados. según el documento de respuestas coordinadas (PDF) para el seguimiento de la pandemia.

La ocupación de las UCI por COVID-19 en la sexta ola ya supera las dos anteriores al alcanzar el 23,58% del total de ingresados en estas unidades. El domingo había 2.200 personas en una UCI en España diagnosticadas con COVID-19. El 30,67% está ocupado por pacientes con otras enfermedades. En las últimas 24 horas ha habido 177 ingresos y 106 altas.

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de ocupación de pacientes COVID-19 en UCI son Cataluña (43,92%), País Vasco (35,55%), Aragón (28,64%), Castilla y León (28,01%), Comunidad Valenciana (26,93%), Madrid (26,81%), Navarra (26,5%), La Rioja (26,42%) y Baleares (26,28%).

Evolución del porcentaje de camas ocupadas en UCI por pacientes COVID-19 y no COVID-19 por provincias

Análisis, datos y gráficos para entender la evolución de la enfermedad causada por el coronavirus en España.

El mapa de las macrogranjas de porcino en España

Las macrogranjas de porcino aumentaron un 8% sus emisiones de metano y un 3,4% las de amoníaco en 2020

Antonio Delgado — dom., 09 ene. 2022 10:00:00 +0100

España está incrementando sus emisiones totales de estos gases de efecto invernadero a pesar de que Europa y los organismos internacionales trabajan desde hace décadas en reducirla

Localización de todas las macrogranjas de porcino para cebo y madres reproductoras (rosa) en la Península dadas de alta en el PRTR. Los mataderos especializados (negro) en este animal y las zonas vulnerables a nitratos (gris).El tamaño del punto está representado en función de las toneladas emitidas de metano en 2019 / DATADISTA

España tiene un problema con las emisiones de metano y amoníaco. Son dos de las emisiones de gases de efecto invernadero que a nivel internacional se trabaja para reducir desde hace décadas. Pero España en vez de reducirlas, las está aumentando.

En 2020, el año de la pandemia por COVID-19, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se redujeron en España, respecto al año anterior, debido a las restricciones de movilidad, la caída de la actividad industrial y por consiguiente un menor consumo energético. El único sector que experimentó un incremento de sus emisiones fue la agricultura y ganadería debido a la gestión de los suelos agrícolas, las emisiones derivadas de la aplicación de urea como fertilizante, la gestión de estiércol por parte de la ganadería y en menor medida, a la fermentación entérica, según el Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos.

Desde 2013, España está aumentando sus emisiones de amoníaco debido al incremento en el número de animales en explotaciones ganaderas y al uso de fertilizantes orgánicos (estiércol) e inorgánicos. También ha aumentado las emisiones de metano, donde entre sus fuentes contaminantes se encuentran los vertederos y la ganadería.

Aunque en España no exista a nivel legal el término "macrogranja", en la práctica, todas las granjas de más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o de más de 750 cerdas reproductoras tienen la obligación de estar dados de alta en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) y de disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) positiva. En 2021, había en España 2.441 granjas de cebo porcino con más de 2.000 cabezas y 861 granjas de cerdas reproductoras con más de 750 plazas.

Las macrogranjas emitieron 96.158 toneladas de metano en 2019. Es el 45% del total de las emisiones de metano de toda la ganadería porcina en España

El 8,16% de las emisiones de amoníaco emitidas en España en 2020 proviene de las macrogranjas de porcino, según el análisis realizado por DATADISTA de los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) y del Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos. Son 39.477 toneladas de amoníaco emitidas por estas explotaciones industriales, lo que supone un aumento del 3,4% respecto al año anterior.

Respecto al metano, las macrogranjas de porcino emitieron en 2020 99.000 toneladas, lo que supone un aumento del 8% respecto al año anterior.

La más contaminante de los últimos es la explotación porcina Finca Dehesa del Rey en el municipio de Castilléjar (Granada). Un complejo industrial compuesto por 10 núcleos de explotaciones porcinas en un área de varios kilómetros cuadrados.

Europa manda, España incumple

En 2016, una Directiva Europea modificó los compromisos de reducción de las emisiones atmosféricas después de que varios Estados miembros, entre ellos España, pidieran que se revisaran los techos establecidos con anterioridad. Este compromiso se une a la estrategia de la Unión Europea de 2020 para la reducción también del metano, otro de los gases de efecto invernadero que deterioran la calidad del aire.

En el caso del amoníaco, España incumplió todos los años el límite legal marcado en 353.000 toneladas entre 2010 y 2019. La nueva directiva ha marcado que en el periodo 2020-2029 las emisiones tienen que ser un 3% inferiores a las de 2005 y un 16% inferiores para el año 2030. Pero España sigue sin cumplirlo. Para 2020 se ha calculado que España emitió 483.360 toneladas de amoníaco, esto supone un 0,7% más que las emitidas en 2005. El 42,8% de las emisiones de amoníaco en 2020 son debidas a la gestión del estiércol y el 53,6% a los suelos agrícolas.

El amoníaco, que se encuentra presente en los purines que generan los animales de una macrogranja de porcino, se oxida al aplicarse al terreno como fertilizante y se transforma en nitrato. El pasado 3 de diciembre, la Comisión Europea anunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplir de forma sistemática la Directiva de nitratos agrícolas y no tomar medidas para evitar la contaminación de las aguas. El 22% de las masas de aguas superficiales y el 23% de las subterráneas están contaminadas por nitratos. Es decir, superan los 50 mg/litro, que es el nivel máximo permitido por la OMS.

El pasado 24 de noviembre, el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad presentaron el Plan Nacional de Salud y Medioambiente (PDF) en el que se recoge una serie de medidas para la reducción de las emisiones más contaminantes para mejorar la salud de las personas.

DATADISTA preguntó a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por los planes que tiene España para trabajar en la reducción del metano. Según Ribera "hemos observado cómo se ha producido una sensibilidad y una reacción creciente por el metano procedente de gases de antorcha, refinería y química, actividades ganaderas y agrícolas y de residuos. Queremos abordar un plan ambicioso para suelos contaminados y residuos pero aún estamos lejos de los objetivos de cumplimiento".

El problema de la calidad de los datos

El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) establece tres métodos de medición: calculado, estimado y medido. En el caso de las macrogranjas de porcino, la gran mayoría de ellas utilizan una calculadora en Excel realizada por el Ministerio de Agricultura. Esta calculadora establece la contaminación emitida en función del número de plazas disponibles y de la gestión de los purines.

El principal problema de la gestión del PRTR es que hasta ahora no se ha realizado una comprobación sistemática de los datos enviados por los complejos industriales. Solamente han saltado las alarmas cuando los datos son tan altos o bajos que rompen las series respecto a la información suministrada en sus autorizaciones ambientales. Es una información que hasta ahora era secundaria pero se quiere incluir en el Plan Estadístico Nacional para dotarlo de un mayor reconocimiento como operación estadística e inventario medioambiental, lo que conlleva, entre otras mejoras, cumplir con un código de buenas prácticas y sistematizar los plazos de recogida, validación y depuración de la información.

Por este motivo, para el año 2022, el PRTR ha mejorado los controles en la entrada de datos para que no se puedan incluir, por ejemplo, cifras negativas o muy por encima de los valores límite estimados, algo que ha ocurrido en años anteriores. Además, a partir de este mes de enero de 2022, la ganadería porcina tiene que comunicar también sus datos al sistema ECOGAN, una aplicación informática que permitirá conocer las emisiones contaminantes de las explotaciones ganaderas teniendo en cuenta las técnicas y procedimientos empleados en casa fase de la producción. Parte de estos datos se compartirán también con el PRTR. El resto de explotaciones ganaderas también formará parte del sistema ECOGAN cuando se apruebe un nuevo Real Decreto que se encuentra actualmente en fase de tramitación.

El efecto de la vacuna en la sexta ola y el riesgo de la saturación de la Atención Primaria

Antonio Delgado — dom., 19 dic. 2021 09:00:00 +0100

Con casi el 80% de la población española vacunada, la ocupación de UCI por COVID-19 es actualmente un 55% inferior comparado con niveles de incidencia similares durante la tercera ola, que tuvo lugar en las Navidades pasadas. Sin embargo, la saturación de la Atención Primaria pone en riesgo de colapso las urgencias de los hospitales.

Una semana después del puente de diciembre, los contagios han empezado a diagnosticarse de manera exponencial en España. La tendencia indica que la semana terminará con unos 150.000 casos diagnosticados, lo que supone un incremento del 50% respecto a la anterior. Continuará subiendo en las próximas semanas pero aún está lejos de los números de olas anteriores. Mientras que la quinta ola tuvo un impacto entre los jóvenes de 20 a 29 años, esta nueva ola se mueve entre los más pequeños.

Aún no se conoce la incidencia real de la nueva variante Ómicron en España pero en varios hospitales de la Comunidad de Madrid suponen más del 60% de los casos secuenciados, según informó el viernes el Consejo de Sanidad. En esta sexta ola, al igual que en otros países de nuestro entorno, se está solapando el aumento de casos debido a la variante Delta con la nueva variante que los estudios preliminares indican que es mucho mas contagiosa.

España, en un nivel de riesgo muy alto

El viernes, España entró en un nivel de riesgo muy alto de incidencia al superar los 500 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitante, según los nuevos umbrales de riesgo aprobados a finales de noviembre por la Comisión de Salud Pública.

El país lleva seis semanas consecutivas subiendo en el número de casos diagnosticados con especial incidencia en las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco. Estas comunidades han llegado a su nivel más alto de incidencia desde la primera ola.

La sexta ola se está cebando especialmente con los menores de 12 años, el grupo de edad que hasta ahora ha estado fuera de la estrategia de vacunación, lo que ha terminando afectando también a sus familiares y personas cercanas.

El nivel de hospitalización, donde también se incluyen los ingresados en una UCI, es menor que en otras olas con una incidencia acumulada similar. El viernes se notificó que había 6.667 personas ingresadas en un hospital en España por COVID-19, este dato representa el 5,35% del total de ingresados en estas unidades.

La mayoría de los casos diagnosticados son leves o moderados, lo que no está suponiendo en la mayoría de los casos un ingreso hospitalario. En este gráfico puedes comparar la situación actual de la sexta ola con las otras olas.

El problema principal es que el aumento exponencial de casos detectados está colapsando los servicios de atención primaria de varias comunidades autónomas y agotando los test de antígenos en farmacias.

El viernes se vivieron enormes colas en las puertas de varios centros de salud de la Comunidad de Madrid de personas que habían dado positivo en un test de antígenos adquirido en una farmacia.

Silvia Durán, médico de Familia y coordinadora de Delegados de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), explica a DATADISTA que "la atención primaria en Madrid ya no es atención primaria. Es un servicio totalmente colapsado y muerto. La misión que teníamos los médicos que era de atender a los pacientes ya no la tenemos. Ola tras ola estamos viendo a contactos (de positivos), rastreando, haciendo burocracia y dando bajas a pacientes sanos porque son contactos estrechos. Los médicos están agotados y muchos se han marchado."

La situación se agrava en la atención a niños y niñas, debido a que no todos los centros de salud cuentan con un pediatra en atención primaria, lo que lleva a los padres a tener que plantarse en las urgencias pediátricas de los hospitales cuando son casos leves o moderados que pueden tratarse directamente en un centro de salud. Según Silvia Durán, hay zonas de la Comunidad de Madrid con un solo pediatra repartido hasta en cuatro centros de salud.

La diferencia respecto a otras olas es la vacunación

Con casi el 80% de la población vacunada con la dosis completa y el 82,52% de los mayores de 70 años con la dosis de refuerzo, la situación de la pandemia, a pesar del aumento en el número de casos, aún no es tan extrema como en olas anteriores. La tercera ola, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, se cobró la vida de más de 11.000 personas.

Este gráfico muestra la evolución semanal de la pandemia. Desde principios de septiembre de 2021, España cuenta con más del 70% de la población con la pauta completa.

La vacuna no evita el contagio, pero sí reduce su transmisibilidad y las fases más graves y mortales de la enfermedad. Desde el principio de la sexta ola, la tasa media de incidencia semanal entre no vacunados es superior en todos los grupos de edad. La mayor diferencia se observa entre las personas mayores de 60 años, que tienen un riesgo de infección en vacunados seis veces menor que entre no vacunados.

Las personas entre 60 y 79 años vacunadas tienen un riesgo 14,5 veces menor de hospitalización y 16 veces menor de fallecimiento respecto a no vacunados. Hay que tener en cuenta que pasar la fase aguda de la enfermedad no supone en muchos casos una curación completa. La covid persistente es un nuevo problema de salud pública en todo el mundo.

Sube de manera contenida la ocupación en UCI

La ocupación de UCI por COVID-19 en España se situó el viernes en 14,03% del total de pacientes ingresados en estas unidades con un total de 1.306 personas. Este dato es un 55% inferior comparado con niveles de incidencia similares durante la tercera ola.

En este gráfico puedes comparar el número de hombres y mujeres ingresados en una UCI en España por COVID-19 en cada una de las olas de la pandemia.

La ocupación de camas UCI por pacientes con esta enfermedad está subiendo de manera constante pero contenida desde principios de noviembre cuando se situó en el 4,5%.

En Cataluña, supera ya el 25% de ocupación, lo que se considera un nivel muy alto. Le siguen las comunidades autónomas de País Vasco (21,35%), Castilla y León (19,67%), Navarra (19,49%) y Comunidad Valenciana (19,01%) con un nivel alto.

A nivel provincial, Girona y Huesca superan el 50% de ocupación de UCI por pacientes COVID-19. En total hay ocho provincias que superan el 25%: Girona, Huesca, Lleida, Gipuzkoa, León, Palencia, Castellón y Tarragona. Preocupa también la situación en Barcelona, donde la tasa de ocupación por pacientes COVID-19 es del 24% pero está ya al 61% de ocupación total, el más alto de todo el país.

Las otras muertes de la pandemia: las causas que más crecieron en 2020 además de los 74.839 fallecidos por COVID

Antonio Delgado — dom., 12 dic. 2021 09:10:00 +0100

En las últimas décadas, las causas de defunción más habituales en España son debido a enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón. Suponen entre el 11 y el 15% del total, aunque a principios de los años 80 suponían el 20%. Esto cambió en 2020. La COVID-19 se situó como la principal causa de muerte entre las 493.776 personas fallecidas.

Hay 20 enfermedades, según la lista reducida de la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, que en 2020 han superado el número de fallecidos desde 1980. Entre ellas destacan los fallecidos por diabetes (+16%), hipertensión (+16%), otras enfermedades del sistema nervioso (+10%), tumores malignos de páncreas (+8%), suicidios (+9%), caídas accidentales (+18%) o envenenamiento accidental por drogas. También ha aumentado, aunque en menos proporción, el fallecimiento por cáncer de mama (+3%).

Este gráfico muestra la evolución de los fallecidos mensuales por provincia por COVID-19 y el resto de causas en 2020.

El impacto de la COVID-19 por provincias y meses

El 30% de todos los fallecidos por COVID-19 en España en 2020 murieron en las provincias de Madrid y Barcelona en los meses de marzo y abril. Un total de 22.404 personas, según los datos analizados por DATADISTA de los fallecidos por provincia y mes según las causas de muerte.

En esta tabla puedes buscar los fallecidos totales por provincias y meses por COVID-19 identificado y sospechoso y el resto de causas de defunción en 2020.

A pesar de que las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el mayor número de fallecidos, si observamos el porcentaje de fallecidos por COVID-19 respecto al total, la foto cambia. En marzo de 2020, Segovia y Ciudad real tuvieron más del 50% de los fallecidos debido a la pandemia. En abril de 2020 la mayoría de los fallecidos fue por COVID en 16 provincias. Ninguna provincia volvió a superar este porcentaje en los siguientes meses del año.

Evolución de fallecidos diarios por COVID-19

En 2020 fallecieron por COVID-19 en España 74.839 personas. 60.358 tenían el virus identificado y 14.481 con sospecha, según los datos definitivos de defunciones por causa de muerte publicados por el INE esta semana. Es la información más precisa existente sobre el impacto de la pandemia en los fallecidos.

En este gráfico puedes ver la evolución de los fallecidos diarios en España por COVID-19 y por el resto de causas en 2020. Debido a la falta de diagnóstico y al proceso de recopilación de datos de vigilancia, durante la primera ola hay un mayor número de casos sospechosos a los que no se les pudo realizar una prueba diagnóstica.

Hasta ahora, el dato de fallecidos diarios por COVID-19 provenía de la Red de Vigilancia Epidemiológica en España (SiViEs). La última serie histórica de fallecidos indica que en 2020 fallecieron 54.375 personas por esta enfermedad. La diferencia de fallecidos con los datos del INE proviene de los casos que no fueron reportados por las comunidades autónomas a SiViEs antes del 11 de mayo de 2020 fecha en la que se puso en marcha la nueva estrategia de vigilancia y control.

Por ejemplo, la mayoría de las personas que fallecieron durante la primera ola fuera de un centro hospitalario y a los que no se les realizó una prueba diagnóstica no aparecen en SiViEs pero sí en las estadísticas del INE debido a que estas se realizan mediante el análisis individualizado de todos los certificados de defunción.

El riesgo del Americio: el voto particular de la sentencia de Palomares desvela que la radiactividad irá a peor hasta 2030

Ana Tudela — dom., 12 dic. 2021 09:00:00 +0100

Según desvela el voto particular de dos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el opaco Plan de Rehabilitación de Palomares, a cuya versión preliminar tuvieron acceso gracias a la causa, incluía la observación de que el Plutonio dejado en el terreno está derivando en Americio. Este alcanzará su actividad máxima 73 años después de haber sido 'purificado' para su utilización en las bombas. La fecha se cumplirá "entre 2030 y 2033". La radiación del americio ya no es alfa, sino gamma, con mayor riesgo para la salud. La Audiencia desestimó por defecto de forma la petición de que se establezca un plazo para la limpieza. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

Valla de acceso a una de las zonas ocupadas en 2007 en Palomares (Almería) | DATADISTA

Hace 55 años y medio, cuatro bombas termonucleares cayeron sobre la pedanía almeriense de Palomares, en Cuevas del Almanzora, tras la colisión de dos aviones militares de EEUU en plena maniobra de repostaje en vuelo. A dos de las bombas no les funcionó el paracaídas y aceleraron hacia la tierra, impactando con fuerza contra ella. El resultado fue que se liberaron, además de uranio, varios kilogramos del plutonio 241 que las bombas llevaban en su interior. Se supo desde el primer momento, según diferentes documentos desclasificados que ha ido desvelando DATADISTA en la investigación Palomares, un secreto urbanizable.

Se supo que eran varios kilos, que se dejaron sobre el terreno pese a que se firmó que la zona quedaba como antes del accidente, que la contaminación podía tener efecto sobre las personas muchos años después de liberado el Plutonio e incluso se previó que parte de ese Plutonio sobre el que se extendió una capa de tierra acabaría aflorando con el paso de las décadas como resultado de los trabajos agrícolas y de las lluvias, muy escasas pero torrenciales, típicas de la zona. (Lee aquí Los Papeles de Palomares)

Buena parte de ese plutonio sigue allí pero resulta que esa ya no es la peor noticia. El problema de que haya pasado tanto tiempo es precisamente que haya pasado tanto tiempo y que el Plutonio ya no sea Plutonio. Es Americio.

"El Americio 241 es descendiente del Plutonio 241. (...) Se prevé que el Americio alcance su actividad máxima 73 años después de la purificación del combustible de las bombas, entre los años 2030 y 2033, isótopo radiactivo cuyas radiaciones son del tipo gamma, que generan riesgos para la salud superiores a las del tipo alfa". Este párrafo está extraído del voto particular de los magistrados Juan Carlos Fernández de Aguirre y Helmuth Moya Meyer que figura en la sentencia del pasado verano de la Audiencia Nacional. Dicha sentencia rechazó el recurso contencioso administrativo de Ecologistas en Acción-Almería que exigía que se fijase un plazo para la limpieza de 50.000 metros cúbicos previstos en el Plan de Rehabilitación, así como el traslado a un lugar de forma temporal hasta que se defina su ubicación definitiva de los 6.000 metros cúbicos de suelo contaminado resultantes tras el tratamiento.

La desclasificación de documentos, al rastreo de los cables desvelados por Wikileaks e informes del Consejo de Seguridad Nuclear permiten rehacer la historia del accidente.

El voto particular, formulado por dos de los magistrados de la Sala y contrario a la sentencia, señala que ha podido conocerse este nuevo riesgo derivado del accidente de 1966 gracias a la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares preliminar (PRP) aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2010. En realidad, es un riesgo del que llevan alertando Ecologistas en Acción desde hace tiempo.

España no cuenta con instalaciones para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de alta actividad, argumento principal que ha impedido la limpieza. Las negociaciones con EEUU para que se haga responsable de los restos contaminados derivados de sus actividades bélicas durante la Guerra Fría nunca han logrado un acuerdo vinculante, motivo por el que Ecologistas optó por solicitar el almacenamiento temporal con tal de retirar el suelo contaminado del terreno.

Opacidad aunque afecte a la salud

La desclasificación del PRP, una exigencia de la Audiencia Nacional al Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez que ha estado plagada de polémica por las dificultades, plazos, consultas a EEUU y cautelas impuestas para su acceso por las partes, fue la última diligencia decidida por la Audiencia Nacional en este proceso iniciado en 2017. Se hizo in extremis, cuando ya se había fijado una primera fecha de deliberación para dictar sentencia en febrero de 2020. Y ha sido el voto particular el que desvela una de las informaciones que encierra el documento, tantas veces solicitado por Ecologistas en Acción y su abogado José Ignacio Domínguez, el abogado que logró la paralización del hotel ilegal de El Algarrobico.

La sentencia reconoce la importancia de haber conocido esa versión del PRP, a pesar de lo antigua que es y de que el Gobierno ha ignorado la petición de que se enviasen los documentos posteriores, lo que debió incluir la revisión del Plan llevada a cabo en 2015 y que, teóricamente, rebajó la cantidad de suelo contaminado que EEUU había aceptado, en principio, retirar. Toda esa documentación está declarada secreta en base a la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968.

Y su relevancia como información pública es clara. De hecho señala la sentencia que el PRP preliminar "arroja notable claridad a la cuestión que se plantea", especialmente cuando en las "consideraciones finales" del Plan se alude a que debido "a los plazos de liberación de los isótopos, debe afrontarse el Plan lo antes posible pero que resulta que no será posible su puesta en marcha sin acordar previamente el destino final de los residuos, por lo que es urgente tomar una decisión sobre dicha cuestión". Es decir, precisamente lo que pedía Ecologistas en Acción. La palabra urgente adquiere especial relevancia aquí si se tiene en cuenta que el documento que la recoge fue aprobado hace 11 años. La evolución del plutonio a americio es un proceso, no algo que vaya a ocurrir de repente en 2030 sino que alcanza en ese momento su punto álgido según la previsión del PRP. Todos estos años que se han dejado pasar no han hecho sino favorecer el incremento de ese riesgo.

Es algo que asume la sentencia. Que "dicho proyecto no se ha cumplido y que los plazos fijados han sido superados amplísimamente" ya que "la inacción ha sido la tónica que ha marcado la actuación de la Administración". Es más, añade, "la desestimación de la demanda no procede de que no asista la razón de fondo a la parte recurrente, cuestión cuyo análisis no se ha realizado de modo exhaustivo en esta sentencia pero ha quedado suficientemente planteado, sino que procede de la incorrecta articulación de la demanda y del órgano al que se dirigen las pretensiones del recurrente", el Consejo de Seguridad Nuclear. Si se hubiera dirigido ante la Administración General del Estado o incluso al Ciemat, dice la sentencia, el resultado habría sido diferente.

Haciendo suyas las alegaciones de la Abogacía del Estado, la sentencia confiere al CSN poca función más allá de ser un órgano consultivo, de estudio, independiente de la Administración General, incapaz por tanto de decidir sobre la ejecución del plan de limpieza como exigía Ecologistas. Esta postura de la sentencia es algo que rechaza también el voto particular, que cita el articulado de la Ley que regula el CSN para argumentar que "sí se le reconoce una clara iniciativa en la realización de intervenciones en áreas contaminadas".

El peregrinaje

"No es función de esta Sala en esta sentencia informar al recurrente de cuál es el organismo competente para hacer aquello que ella [sic] pretende, pero sí que podemos afirmar contundentemente que no es función del CSN", afirma la sentencia. Al no tener competencias y dirigirse la demanda contra el CSN, considera la Audiencia que dictar sentencia en favor de las peticiones de Ecologistas convertiría la propia sentencia en "plenamente inejecutable".

La sentencia no ahorra en adjetivos para afear este hecho, calificando de "errática la elaboración de escritos de alegaciones que ha guiado la actuación procesal de la recurrente".

El voto particular considera un "formalismo excesivo" que va contra el derecho a la tutela judicial efectiva el hecho de que la sentencia entienda que no se ha cumplido el requisito de dirigirse ante el organismo competente. "Para estos casos existe un remedio legal que exige al órgano administrativo reenviar la solicitud al órgano que estime competente". Es más, añaden, de no ser suya la competencia no debió contestar al requerimiento inicial de Ecologistas de cuya respuesta deriva este proceso, sino limitarse a derivar la petición a quien sí fuese competente, cosa que no hizo.

Al aceptar la mayoría de la Sala los argumentos de la Abogacía del Estado sobre la falta de competencias del CSN y no aclarar qué organismo las tendría se "condena al demandante a un peregrinaje administrativo".

Negar la mayor, incluso la oficial

Y todo esto para referirse al plutonio dejado sobre el terreno. De las zanjas en las que se enterró material radiactivo, la Audiencia no quiere ni entrar a valorar su solución porque no las reconoce. La sentencia pone en duda información de documentos oficiales, diciendo que “no consta ni existe prueba sobre la clase y naturaleza del material radiactivo supuestamente depositado en Palomares”; asegura que “nada se sabe de las condiciones del supuesto almacenamiento” y que, eso de “que en el año 1966 se construyeron dos enormes fosas de 1.000 a 3.000 m3 no puede darse por probado”, a pesar de hablar en repetidas ocasiones del documento del CSN donde se definen las fosas y su localización por georradar y de existir numerosa documentación desclasificada por EEUU sobre su creación.

Como es algo “sobre lo que no hay constancia ni de que exista ni de en qué condiciones existe”, dice la Audiencia en contra de los documentos de los órganos y organismos responsables de la seguridad nuclear en España, no se le puede reprochar inacción al Ciemat. Lo que no se ve, aunque esté señalado en mapas oficiales, no existe. 55 años después, se demuestra de nuevo el acierto de EEUU de negarse a vallar la zona de las zanjas y dejar constancia visual de dónde había dejado enterrado material radiactivo, como reconoció el doctor Langham en una Conferencia en Princeton en 1967, tan solo un año después del accidente. Lee aquí sobre las dos fosas: Cimientos sobre plutonio.

El secreto sobre la revisión del Plan de Limpieza

La sentencia considera que "en ningún momento existe exposición inaceptable para la población, sino que el principio básico de protección está garantizado". Se basa para afirmarlo en que no se ha modificado el nivel de intervención en suelo contaminado, fijado en niveles de contaminación de 1mSv/año. El recurso contencioso de Ecologistas en Acción recogía que "el PRP fue aprobado por la Comisión Europea, fijando un límite de 1 mSv/año como máxima radiación legal que puede recibir una persona en un año". Pero la clave está en que la demanda señala también que, a instancias del Department of Energy (DOE) de EEUU, el PRP se modificó "aumentando los criterios radiológicos de 1 mSv/año a 4 mSv/año" en 2015 (lo que reduciría de 50.000 a 28.000 los metros cúbicos el suelo a limpiar) en la zona 6, la de la sierra Almagrera que no fue limpiada en 1966 por su difícil acceso, como está reconocido en documentos tanto españoles como de EEUU, pero que ahora quiere ser convertida en viviendas unifamiliares para británicos por sus increíbles vistas al mar. La sentencia afirma que la modificación del PRP no existe a pesar de que no se han aportado a la causa precisamente las modificaciones del PRP posteriores al PRP preliminar de 2010.

El voto particular afea que "no se haya aportado ninguna documentación posterior al acuerdo del CSN de 2010", es decir, entre otras las revisiones del mismo que solicitó Ecologistas en Acción, "impidiendo conocer el grado de avance del proceso y la solidez de la voluntad política de llevar a cabo la rehabilitación del área contaminada en un plazo razonable".

La afirmación de la sentencia sobre el cumplimiento del principio básico de protección también contrasta con las enormes cautelas que deberían tomarse para llevar a cabo la limpieza y que están incluidas en el PRP preliminar, que incluye los equipos de protección individual que deben vestir quienes se encarguen de la misma, la longitud mínima de los tubos de aspiración o las medidas para evitar la resuspensión de la tierra.

El juez muestra que empresas agrícolas aceleraron los vertidos al Mar Menor a pesar de la 'sopa verde'

Ana Tudela — dom., 05 dic. 2021 09:00:00 +0100

Imagen de la Operación Chandos realizada por el Seprona en abril de 2019 en busca de desaladoras y pozos ilegales.

El juez Ángel Garrote, del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ha mantenido un empeño en las diligencias del proceso de instrucción que investiga el daño al Mar Menor: seguir el rastro del agua. Los múltiples datos obtenidos en el llamado 'caso Topillo' y el cruce de unos con otros indican que, tras el primer episodio de sopa verde en la laguna, que empieza a desencadenarse en 2015 y se muestra plenamente en 2016, las empresas agrícolas y agricultores investigadas, lejos de reducir sus prácticas y vertidos, las aceleraron.

Como refleja el auto de solicitud de acusaciones al que ha tenido acceso DATADISTA y que es el paso previo a la apertura de juicio oral de la primera pieza de la causa, el juez pidió de todo para seguir el rastro del agua: un informe pericial sobre la cantidad de agua que necesitaban las empresas y agricultores para la producción de frutas y hortalizas que obtenían cada año; información sobre las cantidades adquiridas por cada una a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que procede fundamentalmente del Trasvase Tajo-Segura, deduciendo cuánta tenía por tanto que venir de otros orígenes; los informes con los datos de quiénes tenían desaladoras y pozos, su situación de legalidad y uso y el nivel de nitratos de sus aguas; así como las facturas que recogen cuándo y cuánto producto químico compraron susceptible de ser utilizado en procesos de desalación, facturas que obtuvo en registros a las empresas suministradoras.

En el camino se ha topado con datos que se repiten en numerosas empresas y agricultores de los 38 investigados en esta pieza: una caída drástica de las adquisiciones de agua a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que se inicia en la inmensa mayoría de los casos en 2015 y se hace mucho más intensa en 2016 y 2017, una vez declarado el primer episodio de sopa verde en el Mar Menor, y cantidades de agua muy inferiores a la que necesita cada explotación, con un "desfase especialmente relevante en los años 2016 y 2017".

Los datos coinciden, aunque el juez no recoja este hecho, con la sequía iniciada en 2015 y la reducción continuada en ese ejercicio y los siguientes de la aportación del Trasvase. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena gestionó mucha menos agua y suministró por tanto mucha menos agua. A pesar de ello, la producción de las empresas y agricultores investigados siguió, cuando el agua que supuestamente recibían, según el perito, no daba "ni de lejos" para cubrir las necesidades de riego para esa producción.

¿De dónde salía el agua? Aquí es donde entran en juego el resto de datos analizados por el juez. En los años en que reducían más la cantidad de agua adquirida a la Comunidad de Regantes, las empresas y agricultores investigados adquirieron importantes cantidades de Ecoflow 32, Hidroperm y/o RPI 3.000 y 4.000, todos ellos desincrustantes que se utilizan en el proceso de ósmosis inversa que opera la desalación del agua. Según un estudio de costes manejado en la instrucción, se necesitan 3,85 mg de Ecoflow por litro de agua desalada. Algunas de ellas incluso adquirieron las desaladoras, con la inversión que ello implica, después de producirse el episodio de sopa verde.

Esa necesidad de desalar es indicativa de que el agua procedía del acuífero cuaternario, que se extiende bajo el Campo de Cartagena, que está contaminado por los nitratos de los abonos pero que además tiene el agua salobre porque está conectado con el Mar Menor.

El agua salobre no es apta para el riego y al desalobrarla se genera un 75% de agua útil para regar y un 25% de rechazo que concentra la salmuera y con ella los nitratos, vertido altamente peligroso para las masas de agua porque al ser abono concentrado multiplica la reproducción de organismos como el fitoplancton, pudiendo llevar a la eutrofización del agua. Es decir, lo que le ha ocurrido al Mar Menor.

Un buen número de empresas y agricultores han declarado que el producto químico se adquiría para limpiar los goteros del riego y en muchos casos han asegurado que no usaban las desaladoras que fueron localizadas en sus plantaciones, pese a que estas instalaciones tienen un alto coste que puede llegar a los 400.000 euros. A estos el juez no los ha creído. La limpieza de los goteros puede realizarse con productos mucho más baratos y no se necesitarían las cantidades adquiridas, por no hablar del déficit hídrico que resulta del cálculo de las necesidades de agua de cada explotación realizado por el perito.

Con todo ello, unido al número de pozos y desaladoras de cada explotación, el auto realiza un cálculo del agua extraída de los pozos y el vertido que habrían generado, comprobando que en la mayoría de casos este iba a la Rambla del Albujón y de ahí al Mar Menor.

Las pruebas en los pozos, la mayoría explotados sin autorización, arrojan niveles de nitratos en el agua, es decir, antes de la concentración de los mismos que provoca la desalación, que ya están muy por encima del máximo establecido por la Unión Europea, fijado en 50 miligramos por litro.

Según una analítica realizada entre mayo y junio de 2020, los hay con 92,6 miligramos de nitratos por litro (Agrícola Almazara); 113 mg/l (GS España); 150 mg/l (Finca Lo Cerezuela); 221 mg/l (S.L.J.); 203 mg/l (J.G.L. y J.G.S.); 150 mg/l (Agrotomy S.L.); 187 mg/l (Hermanos Hernanpe); 162 mg/l (J.R.V.); 83,6 mg/l (J.M.L.I.); 126 mg/l (S.C.L.); 142 mg/l (Agromaines S.L.); 114 mg/l (A.M.L.G.); 156 mg/l (A.M.); 207 mg/l (J.A.L.A.); 200 mg/l (Agrícola Los Rizaos S.L.); 122 mg/l (F.C.M.); 169 mg/l (Explotaciones Agrícolas El Mirador); 241 mg/l (Agroalframa S.L.); 342 mg/l (Agropecuaria Erica S.L.); 377 mg/l (Ciky Oro) y hasta de 404 mg/l (Veryfruit Eco).

Un último informe pericial ecotoxicológico solicitado por el juez define, empresa a empresa, que, "a la vista de los criterios de ubicación de la explotación, volumen de agua desalada en el tiempo, destino del vertido, conductividad y concentración de nitratos del agua presuntamente desalada, la extracción y el vertido que se imputa a esta empresa es susceptible de generar un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales expuestos en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada. Y este vertido, conjuntamente con el resto de vertidos analizados en la pericial, se identifica como una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico en la calidad del medio natural acreditada en el caso del Mar Menor".

El acuífero Cuaternario no fue declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado químico por la Confederación Hidrográfica del Segura hasta el año 2020 y fue a raíz del aviso de la Comisión Europea de que podía llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE por no tomar las medidas necesarias para reducir la contaminación de las aguas por nitratos derivados de la agricultura y ganadería. Esta semana, Bruselas ha hecho público que finalmente lleva a España ante el TJUE.

Las aguas verdes del Mar Menor, los episodios de anoxia, el negacionismo de algunas administraciones y sus avances regulatorios solo cuando las orillas del Mar Menor se llenaban de peces y crustáceos agonizando no han contribuido a mejorar la imagen de España ante la UE. Ahora el auto del juez comprueba que, precisamente cuando el daño a la laguna, que se llevaba advirtiendo durante décadas, se hizo patente a ojos de todo el mundo, agravaron sus actuaciones. Las fechas indicarían que, en lugar de adquirir conciencia tras el primer gran episodio de sopa verde, las empresas y agricultores investigadas en la primera pieza del 'caso Topillo' aceleraron a partir de la sequía de 2015 y durante los años siguientes los procesos que durante décadas han contribuido a dañar la laguna: la extracción de agua, su desalación, el vertido del rechazo con concentrado de nitratos al subsuelo o al Mar Menor.

La investigada número 39

La empresa investigada número 39, que no es una empresa agrícola sino la que se encargó de la instalación de las máquinas desaladoras y el suministro de los químicos a la mayoría de las explotaciones investigadas en esta pieza, añade otro dato relevante respecto a la reacción en el Campo de Cartagena tras la sopa verde. Insal siguió instalando máquinas desaladoras incluso en 2017, "siendo un hecho notorio que en el año 2016 se desmantelaron todas las conducciones del salmueroducto, evidenciándose la ilicitud de la actividad de desalación".

El administrador de Insal reconoció que conocía que tras la sopa verde se había desmantelado esa canalización que durante años recibió los vertidos de las desaladoras. La intención de ocultarlas era además evidente por las horas de madrugada a las que se transportó una de ellas y el hecho de que otra se instalase "en un contenedor situado bajo tierra, aparentemente para evitar que la máquina fuera detectada por las autoridades".

Entrevista con José Antonio Fernández, Jefe de seccion del Seprona en la Región de Murcia relativa a la operación Chandos de abril de 2019.

Insal ha sido clave en el proceso de instrucción. La aparición de su nombre en una instalación tras otra hizo que el juez ordenase el registro de la sede de la compañía, donde se obtuvo información de la localización exacta de numerosas desaladoras y las facturas con los datos de los productos químicos. En algunas de ellas figura expresamente la palabra "planta" u "ósmosis". La documentación incautada en las oficinas de Insal dio lugar a operaciones especiales de la Guardia Civil para localizar plantas de desalación.

De sequía a sequía, más de 20 años desalando agua contaminada junto al Mar Menor

El 8 de mayo de 2015 se aprobó el Real Decreto por el que se declaraba la situación de sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura. Habían pasado 20 años desde aquella otra profunda sequía, la que fue de 1991 a 1995 y que marcó un antes y un después en el proceso de degradación de las aguas del Mar Menor fundamentalmente por los efectos del regadío intensivo.

Entonces la declaración de sequía admitió la desalación de aguas subterráneas y la Confederación Hidrográfica del Segura buscó el modo de autorizar que las empresas agrícolas y los agricultores del Campo de Cartagena pudieran instalar desaladoras de forma provisional, como contó DATADISTA en La gran chapuza. Como la mayoría de los pozos no estaban legalizados y cada desaladora debía llevar un pozo asociado, optaron por hacer concesiones de pozos de sequía simultáneas a las autorizaciones de las plantas de desalación, a las que se permitió realizar los vertidos al Mar Menor, según la documentación a la que accedió DATADISTA.

El juez señala las nulas inspecciones y el negacionismo durante años de Gobiernos del PP en Murcia como causa del daño al Mar Menor

Los pozos debieron cerrarse tan pronto como se dio por terminada la sequía pero no fue así. Siguieron utilizándose. Las autorizaciones de las máquinas desaladoras se revirtieron pero se miró para otro lado no solo ante la continuación de su uso sino ante la proliferación de plantas bajo el Campo de Cartagena, que se llegaron a contar por centenares. Los pozos de sequía no se precintaron hasta la segunda década de los 2000 pero muchos de ellos se volvieron a autorizar pocos años después, con la sequía de 2015.

Los datos, empresa a empresa

Por mostrar con algunos ejemplos cómo ha desarrollado el juez la investigación, GS España, la empresa a la que el juez atribuye un mayor perjuicio económico por el daño al Mar Menor (2,55 millones de euros), necesitaba para su nivel de producción y el tipo de cultivo que practica 1,54 millones de metros cúbicos de agua al año. La suma de lo adquirido a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, es decir, el agua procedente del Trasvase, se queda lejos de esa cifra. En concreto, entre 2013 y 2017 necesitó 2,36 millones de metros cúbicos de agua más de la que obtuvo de la Comunidad de Regantes, con desfases crecientes entre 2015 y 2017.

La empresa tenía un pozo en el paraje de Barranquillo, en Torre Pacheco, y dos máquinas desaladoras que no contaban con autorización. En el registro de la empresa HIDROTEC se localizaron facturas a nombre de GS España de 18.000 kilos de Hidroperm, fechadas entre el 31 de enero de 2012 y el 19 de octubre de 2016.

El juez considera acreditado de manera indiciaria que, entre 2012 y 2016, GS España extrajo 3,27 millones de metros cúbicos de agua. El pozo del que se extrajo, según una analítica practicada en junio de 2020, tenía una concentración de nitratos de 113 mg/litro. GS España habría generado un rechazo de 818.181 metros cúbicos, "desconociéndose su destino".

En este caso, el administrador de la sociedad admitió ante el juez haber utilizado las desaladoras, aunque dijo que "pensaba que estaba autorizado, al haberse conectado al enganche de un salmueroducto especialmente diseñado para ese vertido".

Los responsables de Ciky Oro, otra de las empresas a la que se atribuye uno de los mayores presuntos daños (valorado por el juez en 1,35 millones de euros), declararon ante el juez que los 5.922 kilos de Hidroperm y los 4.488 kilos de Ropur RPI 4.000 que figuraban en facturas a su nombre de la empresa Hidrotec, emitidas entre el 8 de enero de 2013 y el 2 de febrero de 2016, "se utilizaron única y exclusivamente para la limpieza de los goteros", negando "haber utilizado las desaladoras (se localizaron tres sin autorización además de varios pozos) porque carecían de autorización".

El juez no les cree. "Es poco probable que el Hidroperm y el RPI 4.000 se destinasen a los goteros, considerando que su adquisición coincide con el periodo en que se habría utilizado la desaladora, su sobreprecio con respecto a otros productos utilizados habitualmente con esa finalidad y que no se haya aportado ni un solo medio de prueba" de ese uso. Se suma que la adquisición de los productos desincrustantes se incrementó notablemente en 2015, cuando se instala la tercera desaladora. A esto el juez añade "el importante déficit hídrico detectado". Es decir, que el agua que les llegaba del Trasvase no daba para producir lo que producían al año.

El nivel de nitratos del agua de los pozos localizados que "presuntamente alimentaban las desaladoras" está muy por encima del límite de 50 mg/l. En concreto, "arrojaron una concentración de nitratos de 377, 341 y 252 mg/l" respectivamente, según la analítica practicada en junio de 2020.

El juez considera acreditado de manera indiciaria que, entre 2013 y 2016, Ciky extrajo 1,77 millones de metros cúbicos de agua de los pozos de tres fincas para después desalarla y que este proceso habría generado un rechazo de 441.769 metros cúbicos que se vertía a un salmueroducto que desembocaba en la Rambla del Miedo.

También figuran entre las empresas investigadas aquellas que participaron en el proceso impulsado por la CHS que intentó regularizar los centenares de desaladoras del Campo de Cartagena, proceso en el que colaboraron los agricultores y que se paralizó al comprobarse la magnitud del problema, guardándose el Excel con la localización y datos de las instalaciones y optando por mirar a otro lado.

Es el caso de Pozo Camachos S.L., que según el juez habría causado un daño valorado en 1,7 millones de euros generando un rechazo de salmuera con nitratos de 592.201 metros cúbicos que fue a para a la Rambla del Albujón a través del salmueroconducto y de ahí al Mar Menor. En su caso una de las pruebas es haber adquirido a Insal 9.450 kilos del desincrustante Ecoflow 32.

Explotaciones El Montes S.L. tenía desaladora y tres pozos, de los que solo uno contaba con autorización. Compró 6.600 kilos de desincrustante Ecoflow 32 a Insal entre marzo de 2015 y septiembre de 2017 y redujo el agua consumida con cargo a la Comunidad de Regantes especialmente desde 2015, coincidiendo con los años de uso de la desaladora. La administradora de la sociedad aseguró "reiterada y contundentemente que la máquina nunca se utilizó y que el Ecoflow se destinó a desatascar los goteros". La afirmación, según el juez, "resulta poco verosímil, vista la multiplicidad de indicios expuestos". El daño económico de esta empresa se valora en 1,3 millones de euros.

Explotaciones Agrícolas Los Triviños S.L. extrajo entre 2013 y 2017, según los indicios, casi 1,5 millones de metros cúbicos de agua de un pozo para después desalarla, generando un rechazo de 372.402 metros cúbicos. Las facturas incautadas en el registro a Insal muestran que habrían comprado 5.735 kilos de Ecoflow 32 entre el 31 de enero de 2013 y el 20 de diciembre de 2017. El encargado de la explotación reconoció el uso de la instalación aunque dijo que solo se utilizaba puntualmente y que "sabían que no tenían autorización pero que la Administración consentía y pensaba que no estaban haciendo nada malo". El juez calcula el daño económico en 1,13 millones de euros.

Las 39 empresas investigadas podrían presuntamente haber cometido un delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses y su agravante del artículo 327, castigada con penas de prisión de dos a cinco años y multa de ocho a 24 meses.

El juez también atribuye a tres ex altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura un presunto delito contra el medio ambiente recogido en el artículo 329 del Código Penal.

Dirigentes de la CHS figuran como responsables de permitir el uso de cientos de pozos y desaladoras sin autorización y sus vertidos que acababan en el acuífero o en el Mar Menor. El juez imputa a tres ex altos cargos del Gobierno regional y la CHS y a 39 empresas y agricultores.

DATADISTAAna Tudela

El juez señala las nulas inspecciones y el negacionismo durante años de Gobiernos del PP en Murcia como causa del daño al Mar Menor

Ana Tudela — mié., 01 dic. 2021 07:00:00 +0100

Peces muertos en la zona de cala del pino en el Mar Menor en agosto de 2021 | ANSE

Dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura figuran como responsables de permitir el uso de cientos de pozos y desaladoras sin autorización y sus vertidos que acababan en el acuífero o en el Mar Menor. El juez imputa a tres ex altos cargos del Gobierno regional y la CHS y a 39 empresas y agricultores.

16 años estuvo Antonio Cerdá al frente de la Consejería de Agricultura y Agua del Gobierno de la Región de Murcia. 16 largos años que van desde 1999 hasta 2015, el año en que se empezó a desencadenar el primer episodio de sopa verde en el Mar Menor, y que fueron fundamentales en el daño infligido a la laguna. No hubo presupuesto ni medios para inspecciones, ni plan para llevarlas a cabo, ni una dirección general responsable de las mismas aunque la ley obligaba a ello.

En su lugar se creó una cáscara, un placebo, una comisión de seguimiento con cuatro vocales de la que no consta prácticamente actividad, a la que no se dotó ni del presupuesto, ni de los medios ni las competencias ejecutivas para actuar y que no tenía definido ni a qué dirección general del Gobierno autonómico debía reportar. "Un organismo completamente vacío de contenido", según lo califica el juez Ángel Garrote, del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, en el auto de solicitud de acusaciones previo a la apertura de juicio oral del llamado "caso Topillo", al que ha tenido acceso DATADISTA y en el que se mantiene la imputación a 39 empresas y agricultores y a tres ex altos cargos del Gobierno de Murcia y de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Las competencias y responsabilidades de Cerdá como integrante del Ejecutivo regional en manos del Partido Popular las deja el juez negro sobre blanco al tiempo que define cuáles eran las que dependían del Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Segura. Se acabaron (o se deberían acabar) las discusiones y desinformaciones sobre qué Administración ostenta qué competencias sobre la laguna. La primera: "Es claro que la Consejería de Agricultura era la responsable de elaborar la normativa afectante al uso agrícola de nitratos en el Campo de Cartagena y de velar por su cumplimiento", dice el auto.

Esa responsabilidad va a caer con todo el peso sobre los hombros de quien estuvo al frente de dicha Consejería tantos años, es decir, el citado Antonio Cerdá, "máxima y única autoridad con competencia para fijar un sistema de control efectivo" de los programas de actuación sobre el uso de nitratos. El juez considera que "existen indicios de que pudo cometer un delito de prevaricación por omisión de las inspecciones obligatorias" según el artículo 329 del Código Penal.

Según el juez, "existen en la causa indicios de que la omisión (de su responsabilidad) pudo ser deliberada" porque "aparentemente no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del Mar Menor ni, por lo tanto, consideraba necesarias las medidas de control".

Cerdá era el responsable de que elaborasen y cumpliesen los programas de actuación para proteger las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, programas aprobados por su propia Consejería con las directrices dirigidas a los agricultores sobre uso de abonos nitrogenados, que incluían la descripción pormenorizada de la dosis máxima de abonos que se podía aplicar a los diferentes cultivos, la forma de aplicarlo, los periodos de exclusión, las fórmulas para evitar el arrastre o las limitaciones en terrenos inclinados o escarpados. Programas que eran de obligado cumplimiento en las zonas vulnerables.

Papel con membrete se movió todo el que hacía falta. Se elaboraron los programas, se revisaron de forma periódica y ya. Nunca se precisó "el modo en que debían llevarse a cabo estos controles, periodicidad o número mínimo de agricultores que habían de ser inspeccionados".

No se dejó claro ni siquiera el órgano competente para efectuar las inspecciones y controles, que fue apareciendo y desapareciendo de un programa a otro. En lugar de señalar a una Dirección General de forma clara, se creó "un vehículo de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Agua y la Confederación Hidrográfica del Segura", la citada comisión, formado por tres vocales de diferentes Direcciones Generales del Gobierno regional y uno de la CHS. Entre sus funciones: "el seguimiento de las actuaciones desarrolladas en la zona vulnerable".

Ni Cerdá fue capaz, en su declaración ante el juez Garrote, de definir qué Dirección General tenía la responsabilidad del control por encima de la función encomendada a la comisión.

El juez considera que dicha comisión "en realidad se encontraba imposibilitada para adoptar medidas ejecutivas concretas". Como "buen ejemplo de esta irrelevancia", el juez señala "la escasa actividad de la Comisión que se ha podido acreditar". Solo cuatro documentos figuran en la causa de escaso valor (comunicaciones entre directivos y un orden del día).

Las únicas inspecciones que parecen haberse realizado sobre el terreno en el Campo de Cartagena son las referidas al cumplimiento de la condicionalidad para acceder a las líneas ayudas de la Política Agrícola Común, la PAC. Esto provocó que quedasen "completamente fuera de cualquier tipo de control los agricultores o empresas que no realizaran solicitudes de ayudas de la PAC, estuvieran o no en zonas vulnerables por nitratos". E incluso los que sí las solicitaban, eran inspeccionados en un porcentaje mínimo: el 1%, en línea con las bajas inspecciones que se realizan en general en España con respecto a las ayudas comunitarias.

No consta que la competencia de las inspecciones estuviera atribuida expresamente a ninguna Dirección General hasta que en 2017, tras el primer episodio de sopa verde, "se puso remedio a esta grave anomalía atribuyéndose el control del cumplimiento de los programas de actuación a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca".

El negacionismo de Cerdá y el intento de cambiar los puntos de medición de nitratos

Los años ignorando el problema, los episodios de sopa verde y mortandad masivas de peces no han hecho mella en el ex consejero de Agricultura. Según consta en el auto, "en su declaración judicial, a preguntas del Ministerio Fiscal, Antonio Cerdá expuso que no le consta ninguna publicación científica contrastable de que los nitratos sean la causa del estado del Mar Menor", aludiendo a un informe pericial aportado por su defensa que "descarta que los nitratos sean la causa del mal estado del Mar Menor" a pesar de los numerosos informes y periciales aportados en la causa que confirman sin lugar a dudas lo contrario.

En la única acta que se conserva de la comisión de seguimiento, el secretario general alude a que la Consejería de Agricultura cuestiona los resultados de las analíticas de la CHS que sirvieron para declarar el Campo de Cartagena como vulnerable a la contaminación por nitratos. Se proponía revisar la red de muestreo y rebatirse las mediciones con informes que pusieran en valor sus propios criterios "para la determinación de otros puntos de control más convenientes, sin influencias ajenas al motivo de los controles".

Operación "Chancuatro" de la Guardia Civil, en marzo de 2021, destinada a desarticular una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en el Campo de Cartagena (Murcia) | Guardia Civil

La responsabilidad de la CHS

El auto del juez Garrote señala también al Gobierno central, de quien depende la Confederación Hidrográfica del Segura, entre los responsables del daño al Mar Menor. "Se han obtenido indicios claros de que al menos desde el año 2007 los órganos directivos de la CHS han tenido conocimiento de que se estaban utilizando desaladoras privadas en un gran número de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, careciendo de la correspondiente autorización, las cuales se nutrían de pozos, muchas veces también ilegales, y que el vertido del rechazo de estas desaladoras terminaba de nuevo en el acuífero o en una red de salmueroductos que vertía a escasos metros de la desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor".

El ex presidente de la CHS José Salvador Sánchez Zorita consigue el sobreseimiento porque bajo su mandato no estaba aún en vigor el artículo 329 del Código Penal que castiga a las autoridades o funcionarios que silencian las infracciones u omiten inspecciones relativas a daños al medio ambiente. No corren la misma suerte el ex Comisario de Aguas Manuel Aldaguer y la presidenta Rosario Quesada, quienes sí ocuparon sus cargos tras la reforma del Código Penal.

El juez describe el periodo en que se mantuvo la filosofía de no molestar ni intervenir en el asunto de las desaladoras, evitando las inspecciones y sin apertura de un solo expediente sancionador, y el intento de regularizarlas, descrito en el reportaje de DATADISTA de La gran chapuza, que forma parte de la investigación sobre las causas del desastre del Mar Menor. Su número se llega a elevar hasta 800 en algún documento, El intento de regularización por parte de la CHS con ayuda del sindicato agrario COAG se hizo con la contratación de empresas para elaborar el inventario de las mismas. También se describe la ocultación del Excel con la información sobre dichas desaladoras y pozos cuando se vio que su número hacía impracticable la regularización y se optó por mirar hacia otro lado.

La claridad de las normas

El 20 de diciembre de 2001, la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia aprobaba la orden que designaba zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario la correspondiente a los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el área de la zona regable del Trasvase Tajo-Segura y el sector litoral del Mar Menor. El 3 de diciembre de 2003, se aprobaba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia. Los programas de actuación se aprobaron en 2003, 2009, 2011 y 2016, previendo la necesidad de realizar controles de campo para verificar el cumplimiento de las medidas. Dosis máximas de abonado, modo de aplicar el abono en determinadas circunstancias como zonas cercanas al agua o terrenos en pendiente.

Las competencias están claras en la normativa que detalla el juez. El Real Decreto que traspuso la normativa europea sobre contaminación con nitratos señaló a las Comunidades Autónomas como responsables de "determinar las masas de agua que se encuentran afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario, añadiendo que tendrán tal consideración las aguas subterráneas cuya concentración de nitratos sea superior a 50 miligramos por litro". La norma daba seis meses a los gobiernos regionales para designar las zonas vulnerables de sus respectivos ámbitos, debiendo elaborar códigos de buenas prácticas agrarias, y dos años para establecer programas de actuación para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario". Para comprobar la evolución de las masas de agua consideradas vulnerables, tanto los organismos de cuenca como las Comunidades Autónomas debían realizar programas de muestreo en todas las masas de agua que superasen los 25 miligramos por litro de nitratos.

Trasvase Tajo-Segura: el origen

El Mar Menor es una "laguna costera hipersalina de 135 kilómetros cuadrados de extensión que por su singularidad goza de una amplia normativa de protección ambiental, existiendo múltiples normas que lo protegen", explica el juez Garrote.

Su maldición vino porque junto a él, en su cuenca de drenaje, se sitúa el Campo de Cartagena, "una amplia extensión de más de 1.000 kilómetros cuadrados dedicada en su mayor parte a la agricultura intensiva de regadío, en la que se utilizan grandes cantidades de abonos y plaguicidas". El juez marca como origen "la implantación del trasvase Tajo-Segura en la década de los 70, sustituyéndose los cultivos tradicionales de secano por los de regadío". Desde entonces a la actualidad, añade, "se ha pasado de 10.000 hectáreas de regadío hasta las casi 60.000 de la actualidad".

Sin embargo, "la importante aportación de agua proveniente del trasvase pronto se mostró insuficiente" para regar tanto regadío como se iba implantando, lo que provocó "que muchos de los agricultores comenzaran a excavar pozos no autorizados para extraer agua de los acuíferos (...), agua muy salobre, por lo que se hizo preciso desalarla con máquinas desaladoras sin autorización de la CHS". La verdad del Trasvase se explica también en este capítulo de la investigación de DATADISTA.

Ese crecimiento en extensión, "unido al uso generalizado de abonos nitrogenados por los agricultores para la optimización de las cosechas ha provocado un incremento severo de los niveles de nitratos presentes en los suelos y en los acuíferos cuaternario y plioceno, niveles que sobrepasan con claridad el límite fijado por la normativa (50 mg/l)". Tanto, que el juez incluye las estimaciones del IGME según las que el volumen medio del acuífero cuaternario en zonas próximas al Mar Menor sería de 200 mg/litro.

1.385.659 sanciones y 816 millones de euros: radiografía en datos de la 'Ley Mordaza'

Ana Tudela — dom., 28 nov. 2021 11:27:18 +0100

El 15% de todas las sanciones desde que entró en vigor la norma en 2015 se impuso entre marzo y abril de 2020, durante el primer Estado de Alarma, aplicando el artículo 36.6, que sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse".
Estas sanciones están siendo anuladas de forma sistemática por las delegaciones de Gobierno tras la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Estado de Alarma en los que se basaron las exigencias de los agentes.
En total, entre marzo y abril de 2020, se impusieron 207.352 sanciones por importe de 149 millones de euros por incumplimiento del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana.
El mayor número de sanciones desde la aprobación de la Ley se ha impuesto por consumo o tenencia ilícita de drogas o estupefacientes no destinadas al tráfico (artículo 36.16), con el 57,4% de las sanciones impuestas.

El 11 de diciembre de 2014, eran desalojados de la tribuna del público del Congreso de los Diputados un grupo de asistentes por cantar 'Do you hear the people sing', del musical Los Miserables, durante el debate de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Los cantantes eran miembros de La Solfónica, el coro del 15M, y protestaban contra una ley que nació con el apoyo en solitario del Partido Popular y rodeada de polémica. Esta la ha acompañado durante sus ya más de seis años de vida, incluyendo varias sentencias del Tribunal Constitucional que la han avalado casi en su totalidad salvo el artículo que sancionaba la difusión de imágenes de policías en su actividad profesional o la petición de que sea revisada por su potencial represivo y la arbitrariedad que admite por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. La modificación de parte de su articulado actualmente en trámite parlamentario ha provocado las protestas de buena parte de las asociaciones policiales, apoyadas por los partidos de derecha y ultraderecha. A raíz de las protestas se han difundido muchas inexactitudes y unas cuantas falsedades sobre lo que recoge la norma y lo que se quiere cambiar.

La Ley de Seguridad Ciudadana (Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo) se aprobó al mismo tiempo que se modificaba el Código Penal, convirtiendo un abanico de comportamientos que antes eran delito y precisaban de la mediación de un juez para su castigo, en faltas administrativas con multas de hasta 600.000 euros en las que prevalecía el relato del agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y al ciudadano sancionado le quedaba el recurso de acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, con su consecuente coste. Según los datos de las estadísticas del Ministerio del Interior, desde 2015 se han impuesto 1.385.659 sanciones utilizando esta norma que llevan aparejada un solicitud de 816 millones de euros.

Hay dos precisiones a tener en cuenta en estos datos. La primera es que en los casos de Cataluña, País Vasco y Navarra, que cuentan con policía autonómica propia, Interior solo contabiliza las sanciones impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado nacionales, por lo que el dato está infraestimado. La segunda es que buena parte de las sanciones impuestas en 2020 tienen que ver con incumplimientos de las restricciones impuestas durante el Estado de Alarma y, tras la sentencia del Constitucional que declaraba nulas dichas restricciones, están siendo anuladas sistemáticamente por las delegaciones de Gobierno al haber perdido el soporte legal para su aplicación. Dicho esto, aunque finalmente se anulen, los datos permiten una radiografía bastante precisa de cuándo y con qué argumentos se ha echado mano de esta normativa desde que se aprobó.

'Ley Mordaza' y Estado de Alarma

Con la aprobación del primer Estado de alarma de la pandemia, el Gobierno que había prometido y pactado la derogación de la Ley Mordaza pasó a hacer un uso intensivo de la misma, concretamente del artículo 36.6, que sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

Se impusieron 207.352 sanciones entre marzo y abril de 2020, muchas de ellas por no cumplir o considerar excedidas las muy limitadas causas que permitían circular por las vías y espacios de uso público ya fuese a pie o utilizando el vehículo (adquisición de alimentos, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al trabajo, retorno al lugar de residencia, ir al banco, etc).

En las propias ruedas de prensa diarias en las que daban el parte de sanciones representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se detallaron en ocasiones procedimientos contra ciudadanos no por incumplimiento de las causas permitidas sino, por ejemplo, por haber ido a comprar varias veces en un mismo día a por pocos productos cada vez, extremos que nunca estuvieron definidos en la norma. Del mismo modo, se admitieron por declaraciones de miembros del Gobierno causas que no se recogieron en la norma, como sacar al perro. Al margen del espacio que estas indefiniciones dejaron a la arbitrariedad, esas sanciones quedaron sin soporte legal una vez que fue declarado inconstitucional el artículo en el que se basaron.

La sentencia del Tribunal Constitucional de julio de este año (sentencia 148/2021, de 14 de julio), que declaraba inconstitucionales y nulos los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto que estableció el primero Estado de alarma está provocando la llegada al BOE de un goteo de anulaciones de cientos de procedimientos sancionadores activados por el incumplimiento de dichos apartados.

En este vídeo describíamos algunos de los cambios que introdujo la Ley de Seguridad Ciudadana y la sanción que llevaba asociada. Es importante tener en cuenta que las sanciones administrativas se aplican siempre que la actuación no sea constitutiva de delito, porque en ese caso lo que se aplica es el Código Penal.

Los cambios

¿Qué se propone cambiar? PSOE y Unidas Podemos han propuesto que si no se notifica previamente una manifestación sea falta leve, no grave; limitar a dos horas el tiempo máximo para identificar a una persona; mantener la presunción de veracidad de la declaración de los agentes pero incluyendo que su relato sea "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario"; establecer un baremo de multas en función de la capacidad adquisitiva del infractor o que la difusión sin autorización previa de imágenes de agentes de la policía en el ejercicio de sus funciones de permita siempre que no suponga un "peligro cierto" a su seguridad o la de su familia, cambio este último motivado por la sentencia del Constitucional.

Hugo Morán: "No hay cuencas deficitarias y excedentarias. Al final tendremos un país deficitario en su conjunto"

Ana Tudela — dom., 07 nov. 2021 11:10:00 +0100

"No podemos asumir como normal que el 50% de las masas de agua no cumpla con las condiciones químicas razonables de calidad. Se empiezan a padecer procesos de restricción porque las fuentes de suministro, sobre todo urbano, empiezan a verse con unos niveles de contaminación elevados".
"Por donde hay que empezar es por sacar del sistema todas las hectáreas que están puestas en riego sin contar con concesión (junto al Mar Menor)".
En el Mar Menor, "no vamos a hacer más colectores, más hormigón, que traslade la sensación de que podemos seguir contaminando sin límite".
El Gobierno de Murcia "no ha demostrado especial diligencia a la hora de poner en marcha los mecanismos de reversión (a secano del regadío ilegal). La CHS ha iniciado la suspensión de los suministros de agua de riego (en esos terrenos)".
"Hemos de reforzar la capacidad de las confederaciones para cubrir los vacíos normativos de los últimos años, cuando se ha disparado la aparición de macrogranjas".
"El país no se puede permitir el lujo de seguir poniendo en riesgo la viabilidad de los territorios para las generaciones futuras".

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, se sienta con DATADISTA cuando ha pasado un año desde nuestra entrevista anterior. Hoy la laguna cuenta en su historial con un nuevo episodio de anoxia (falta de oxígeno) y mortandad de peces, ocurrido este verano y aún más grave que el anterior, tras el que el Gobierno central y el regional protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones, de teorías opuestas sobre las causas y sobre las soluciones. En el momento actual, las aguas parecen haber vuelto en parte a su cauce merced a una inversión de 300 millones de euros que el Gobierno central acaba de anunciar para la recuperación de la laguna.
Un día antes de que la ministra Teresa Ribera anunciase el plan, Hugo Morán compartió con DATADISTA los objetivos principales de esa inversión, que no contemplan el famoso colector que iba a llevar aguas sacadas del acuífero contaminado a una planta desaladora y desnitrificadora para después enviar el vertido con nitratos al Mediterráneo y el agua desnitrificada y desalada a los regantes.

También nos detalla los pasos que se están dando con el regadío ilegal, su visión de la reciente declaración de sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la extensión de cultivos en regadío en cuencas con déficit hídrico, el fin del concepto de cuencas excedentarias y deficitarias y sus planes para poner límites al fenómeno de las macrogranjas.

Periodismo de investigación y datos para salir del ruido

CONTEXTO MAR MENOR
El acuífero del Campo de Cartagena es un acuífero multicapa, con diferentes niveles. Mientras los acuíferos inferiores tienen un problema de sobreexplotación, el superior, del Cuaternario, que está conectado con el Mar Menor, está a rebosar pero sus aguas están contaminadas por los nitratos de los abonos del regadío, grandes enemigos de las masas de agua porque abona literalmente el fitoplancton hasta que este se reproduce en tal cantidad que no deja pasar la luz al fondo y acaba matando la pradera marina, consumiendo el oxígeno y provocando los famosos episodios de mortandad masiva de peces y crustáceos.

El 2 de julio de 2020, la Comisión Europea envió a España un dictamen motivado por incumplir la Directiva de nitratos, dándole un plazo de tres meses para subsanar las deficiencias o correr el riesgo de ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que puede terminar en sanciones.

El 22 de julio de 2020, la Confederación Hidrográfica del Segura declaraba el acuífero del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar los objetivos de la Unión Europea de contaminación por nitratos (un máximo de 50 miligramos por litro en 2027), activando así el plazo para disponer de un Plan de Ordenación del acuífero. En la misma reunión de la Junta de Gobierno de la CHS, se tomaban medidas cautelares.

PREGUNTA: Cuando tuvo lugar el primer episodio de mortandad masiva de peces y crustáceos en el Mar Menor, en octubre de 2019, se anunciaron toda una serie de medidas, se creó una hoja de ruta que se va actualizando, se hicieron estudios. ¿Qué destacaría de lo que se ha hecho desde la Administración General del Estado en este tiempo?

RESPUESTA: “Hay un hecho central que es el que marca un antes y un después en relación con los compromisos de la Administración General del Estado (…) que es la declaración de la masa subterránea (el acuífero del Campo de Cartagena, contaminado por nitratos procedentes de los abonos del regadío) en riesgo (de no alcanzar el buen estado) químico”.
“Estamos teniendo que hacer frente a un proceso de degradación ambiental de dos masas de agua: una superficial (el Mar Menor) y otra subterránea (el acuífero Cuaternario, perteneciente al acuífero del Campo de Cartagena). Donde está el origen, donde debemos intervenir para rescatar ambas masas de agua, es en la masa de agua subterránea, que es la que padece en primera instancia las consecuencias de un modelo de explotación que sobrepasa con mucho la capacidad de carga del territorio.
Esa declaración de la masa en riesgo ha permitido desplegar ya un primer plan de actuaciones (…) que establece los límites de las actividades que se puedan desarrollar en función de que estas tengan una afectación directa”.

CONTEXTO: CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DEL ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA
La Unión Europea estableció el año 2027 como fecha límite para que todas las masas de agua, superficiales y subterráneas, hayan alcanzado el buen estado cuantitativo y químico. Para lograr el buen estado químico, no se debe superar para esa fecha un volumen de nitratos de 50 mg por litro, que es el máximo compatible con el consumo humano de agua.

En el citado dictamen de julio de 2020, la Comisión indicaba que el Esquema Provisional de Temas Importantes (ETI) de la Confederación Hidrográfica del Segura para el próximo ciclo hidrológico "corrobora la gravedad de la situación en materia de contaminación por nitratos en la Comunidad, especialmente en el Mar Menor". En dicho ETI, se vuelve a fijar como objetivo menos riguroso en 2027 para el acuífero del Campo de Cartagena un volumen de nitratos de 200mg por litro.

No es la primera vez que se echa mano de la flexibilidad que permite la normativa comunitaria, claro que es así siempre que se justifique y demuestre que se toman medidas para solucionar la situación. En el Plan de Cuenca 2009-2015 se fijó un objetivo para 2027 de 90mg/l; en el de 2015-2021, se elevó ese objetivo ya a 200mg/l, cifra repetida en el nuevo. Es decir, el empeoramiento del estado del agua no llevó a tomar medidas antes sino a subir los niveles de incumplimiento previstos.

P: Esta actuación que ustedes remarcan como un hito, que la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Gobierno central, declare el acuífero Cuaternario en estado de no alcanzar el buen estado químico en 2027, se debe a un volumen de nitratos en la masa de agua que lleva muchos años muy por encima de los niveles máximos que marca Europa y, en lugar de actuar, se iban elevando los niveles previstos de un plan de cuenca al siguiente. ¿No se llega muy tarde en la declaración de riesgo? ¿Por qué no se hizo antes?

R: “No es cómodo para nadie poner en marcha procesos que generen resistencia social, oposición, debate e incluso rechazo. (…) Y esto muchas veces es lo que retrasa la toma de decisiones. Y es probablemente el factor que más influye en que luego los costes de recuperación sean mucho mayores”.
“Cuando se construye un modelo de desarrollo económico que condiciona el devenir de un territorio, porque genera empleo, permite construir proyectos de futuro a las familias, estructura todo el modelo de movimientos económicos (…) revertir esos procesos es ciertamente muy complejo. (…) Quien ha invertido su vida en un modelo concreto que nadie le había cuestionado, de repente decirle que eso tiene que tocar a su fin o que tiene que redimensionarlo genera esas resistencias sencillamente porque forma parte del modo de vida de muchas personas”.
“Las demoras en la toma de decisiones complican luego mucho más conseguir los resultados que se pretenden alcanzar y desde luego en ningún caso minoran las consecuencias, el impacto que pueda haber en el territorio en términos de afectación a la estructura socioeconómica, sino que en muchos casos lo único que hace es agrandarlo”.
“El país no se puede permitir el lujo de seguir poniendo en riesgo la viabilidad de los territorios para las generaciones futuras sencillamente porque no estamos haciendo una buena gestión de un recurso indispensable como es el agua”.

CONTEXTO: REGADÍO ILEGAL
En el año 2018, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF hicieron público un estudio basado en teledetección que concluía que en el Campo de Cartagena había en torno a 12.000 hectáreas de regadío ilegal.

El 24 de octubre de 2019, 12 días después del episodio de anoxia, el Ministerio de Transición Ecológica presentó la primera versión de la hoja de ruta de medidas urgentes para la recuperación del Mar Menor dentro de la comisión de seguimiento del Plan Vertido Cero, en la que está presente el Gobierno de la Región de Murcia. En dicha reunión, se hizo público por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había estimado mediante teledetección que había al menos 9.500 hectáreas de regadío sin concesión en el registro de Aguas. Regadío ilegal. La cifra, tras ir sobre el terreno y depurar zonas que no contaban con infraestructura de riego, ha quedado finalmente en unas 8.500 hectáreas de regadío ilegal. Desde entonces se han ido abriendo expedientes sancionadores.

P: Una vez declarada en riesgo la masa de agua subterránea, causa del daño al Mar Menor, ¿cuáles son las siguientes actuaciones?

R: “Por donde hay que empezar es por sacar del sistema todas las hectáreas que están puestas en riego sin contar con concesión”.
“No estamos en estos momentos en los procesos de toma de decisión de construcción de infraestructuras cuando ni siquiera sabemos (…) los volúmenes que habría que gestionar una vez desalojadas las aproximadamente 8.500 hectáreas en regadío que en este momento están identificadas fuera de la ordenación. 8.500 hectáreas sin derechos concesionales son del orden de 25 hm3 de agua al año”.
“Ya todos los expedientes que abarcan a todas las hectáreas están en algún grado de tramitación o culminados y ya trasladados y comunicados. (…) Es cierto que algunos de ellos han sido recurridos incluso en vía judicial, con lo cual esos tendrán su recorrido propio, pero prácticamente todas las semanas, sin solución de continuidad, hay avances respecto a la anterior. Quisiéramos que no muy allá en el tiempo pudiésemos haber culminado la totalidad de los expedientes y estuviesen ya en pleno proceso de tramitación salvo aquellos que estuviesen en algún procedimiento por alegaciones o recursos presentados”.

CONTEXTO: COMPETENCIAS FRENTE AL REGADÍO ILEGAL
Uno de los enfrentamientos entre el Gobierno central y el regional ante la última crisis del Mar Menor que empezó a finales de agosto se centró en quién tenía las competencias para actuar contra el regadío ilegal. Mientras Confederación Hidrográfica y Ministerio de Transición Ecológica afeaban al Gobierno de la Región de Murcia no estar tramitando con suficiente celeridad los expedientes para revertir a secano los terrenos con regadío ilegal, tal y como establece la ley 3/2020 aprobada por la Asamblea Regional de Murcia en 2020; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó a la Confederación Hidrográfica a que usase su capacidad de cerrar el suministro de agua a las hectáreas con expediente sancionador firme.

P: ¿Está tramitando el Gobierno de Murcia, como es su competencia, los expedientes para revertir de regadío a secano los terrenos que figuran en los expedientes de regadío ilegal de la Confederación Hidrográfica? ¿Está cortando la CHS el suministro de agua en esos terrenos donde se había instalado regadío ilegal?

R: “Se van trasladando periódicamente a la comunidad autónoma, a medida que van adquiriendo firmeza los expedientes, y es cierto que la comunidad autónoma hasta ahora no ha demostrado especial diligencia a la hora de poner en marcha los mecanismos de reversión, de tal manera que ya la propia CHS ha puesto en marcha los mecanismos a su alcance”.
“Con independencia de lo que hagan el resto de las administraciones o incluso la propia comunidad de regantes o los propios regantes, la CHS pone en marcha los mecanismos de suspensión de los suministros de agua de riego a aquellas explotaciones que no cuenten o bien con un título concesional suficiente o bien están incumpliendo las condiciones marcadas”.

P: Tras el último episodio de mortandad masiva de fauna marina en el Mar Menor se han escuchado causas de esa crisis concreta y soluciones a la misma muy dispares, que luego han desmentido informes como el del Instituto Español de Oceanografía. Las altas temperaturas, la necesidad de abrir golas como la de Marchamalo, que no era anoxia, que sí. En una sociedad polarizada en casi todos los temas, ¿qué riesgo ven en estos mensajes que se incorporan al debate?

R: “Desde el minuto uno, en este caso con el conocimiento que aporta el Instituto Español de Oceanografía, se intentó trasladar a la comunidad autónoma que el problema no era la subida de las temperaturas sino que el problema es un problema de fondo. Que no volviésemos otra vez a las andadas de pretender intentar endosar a factores ambientales meteorológicos o climáticos responsabilidades que no eran tales”.

“En el fondo del Mar Menor en estos momentos hay un volumen inmenso de toneladas de fertilizantes que le impiden a la propia laguna, a la propia albufera una recuperación de sus condiciones ambientales y si no detenemos ese proceso no vamos a permitir que el Mar Menor se recupere y por lo tanto estaremos primero eludiendo nuestras responsabilidades o, en último término, siendo cómplices de la degradación ambiental del Mar Menor”.
“Las soluciones a problemas de salud ambiental deben abordarse desde el conocimiento y de la mano de la ciencia no de la mano de la ocurrencia.
No nos vamos a desviar ni un milímetro del proceso de toma de decisiones acompañados de los diagnósticos previos del mundo científico.(…) Las ocurrencias se las dejamos a otros”.

CONTEXTO: OBRA DEL COLECTOR
El Plan de Vertido Cero previo al episodio de 2019 planeaba inversiones superiores a los 600 millones de euros, incluida la extracción de aguas del acuífero Cuaternario para bajar sus niveles, (en torno a 12hm³ al año), su canalización a través de un colector hasta una planta en el Mojón para desnitrificarlas, entregar el agua apta para riego a los regantes y dirigir la salmuera, ya desnitrificada, al Mediterráneo. La cantidad a extraer del acuífero quedaba a expensas de conocer el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea. Se encargó el trabajo a Tragsa. Los resultados dejaron en 8hm³ año el volumen que se filtra del Acuífero al Mar Menor, muy por debajo de lo estimado inicialmente. Los planes entraron en revisión.

La publicación, hace un año, de la entrevista de DATADISTA con el secretario de Estado generó una importante polémica al conocer regantes y Gobierno de la Región de Murcia que el Ejecutivo central había prácticamente descartado ya los planes del colector. Estos planes han vuelto a ser exigidos una y otra vez argumentando que, con el acuífero Cuaternario a rebosar, solo sacando agua y tratándola se impedirá que sigan aflorando sus aguas y contaminando el Mar Menor.

P: ¿Está en algún caso en los planes del Ministerio recuperar la inversión en el colector que capte las aguas contaminadas del acuífero, las lleve a una planta desnitrificadora y reparta el vertido con concentrado de nitratos al Mediterráneo y el agua apta para riego a los regantes?

R: “En estos momentos el colector no está en el plan de actuaciones inmediatas del Ministerio”.
“No vamos a hacer (…) más colectores, más hormigón, que traslade la sensación de que (…) podemos seguir contaminando sin límite, vertiendo sin límite porque al final la tecnología lo arregla todo, porque volveríamos otra vez a lo mismo, patada hacia adelante y probablemente una implosión ya muy difícil de revertir”.
“En el paquete vinculado al Fondo de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, que incorpora del orden de unos 300 millones de euros de inversión, las actuaciones van dirigidas básicamente a intervenciones de defensa frente a inundaciones, intervención en restauración ambiental, tanto de tipo minero como de vertidos urbanos; recuperación del dominio público hidráulico, recuperación del estado natural de las ramblas y recuperación del dominio público marítimo terrestre. (…) Culminado este proceso, esta primera fase, que por cierto significa el despliegue de un volumen de inversión hasta ahora inédito en relación con el rescate del Mar Menor, sabremos si son necesarias nuevas intervenciones a futuro”.
“Cada explotación tiene que tener su capacidad de gestión en parcela. No se puede socializar el 100 por 100 de los costes ambientales liberando a la actividad económica de cualquier obligación”.
“Las infraestructuras sobre las que hay que actuar en este momento es sobre aquellas que intervienen en las garantías de seguridad para los bienes y para las vidas humanas en el territorio. Sabiendo que es materialmente imposible modificar la ordenación del territorio de un plumazo, necesitamos garantizar seguridad a las personas que viven allí. Y por lo tanto tenemos que poner en marcha medidas que ayuden a minorar los riesgos inherentes a los periodos de inundación que de forma recurrente sufre el territorio”.
“Hasta que seamos capaces de reponer la resiliencia natural del propio territorio de tal manera que empecemos a conocer un entorno del Mar Menor un poco más parecido a lo que era antes del boom inmobiliario, antes del crecimiento descontrolado de la actividad agraria en el territorio y antes de la puesta en marcha de un conjunto de infraestructura que en muy pocas ocasiones tuvieron en cuenta los efectos indeseados que estas iban a producir”.

P: Hay distintas voces que recuerdan que, incluso si se quitase todo el regadío, legal e ilegal, del Campo de Cartagena, la contaminación del acuífero se mantendría durante 20 años y seguiría afectando al Mar Menor. ¿Cómo influye esta realidad en los planes del Ministerio, en caso de que influya?

R: “Hay gente que está utilizando esto con el fin poco edificante de, como da igual, no se haga. Si es igual, si no se va a conseguir revertir la condición de degradación del acuífero en décadas, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Se tardará más o se llegará más tarde cuanto más tarde empecemos”.
“Quienes intentan defender la continuidad del modelo colocan un argumento que yo creo que es falaz, que es: hay que elegir entre medio ambiente o economía. Hay que elegir entre ecología y economía. Si usted decide ecología quiere decir que vamos a la ruina y ese es el falso debate en el que nos instala desde hace mucho tiempo este proceso en el que la desinformación acaba formando parte del propio debate.
El ciudadano va entendiendo cada vez más que no hay economía sin ecología.
Si no conseguimos preservar el capital natural, difícilmente vamos a poder optar a redistribuir el capital económico”.

CONTEXTO: NORMATIVA DE NITRATOS
El Gobierno prepara la aprobación de un nuevo Real Decreto sobre la contaminación difusa por nitratos provenientes de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, hay otros reales decretos legislativos presentes en la normativa española que afectan también a esta materia y a las emisiones industriales contaminantes

P: ¿Para cuándo la nueva normativa de nitratos?

R: “Quisiéramos que el Real Decreto de Nitratos estuviese aprobado y por lo tanto en vigor antes de fin de año. (…) No ir mucho más allá en todo caso”.
“No podemos tener en nuestro país como normal que el 50% de las masas de agua no cumpla con las condiciones químicas razonables que se exigen en relación con la calidad de las aguas”.
“Se empiezan a padecer procesos de restricción porque las fuentes de suministro empiezan a verse con unos niveles de contaminación tan elevados que impiden que esas aguas puedan ser usadas para los fines que, en el orden de prioridades de la Directiva, se establecen. (…) Sobre todo la calidad de las aguas de suministro de boca, de suministro urbano”.

P: ¿Por qué no se aprovecha ese Real Decreto para introducir mejoras en otras normas que también tienen que ver con afectaciones provocadas por nitratos?

R: “Restringimos el alcance del Real Decreto sencillamente a la transposición de la Directiva, sin que ello implique que no se están tomando decisiones en otros ámbitos”.
“Irán apareciendo medidas complementarias que, abordando aspectos que no aparecen recogidos en la Directiva de nitratos, sí que al final pueden ser convergentes para alcanzar los objetivos finales perseguidos. Pero en el caso de la Directiva, y sabiendo que (…) hay ciertas resistencia en determinados ámbitos, exceder determinados límites puede dar lugar a hipotéticos recursos contra la norma”.

¿Qué se plantean en la planificación hidrológica respecto a las macrogranjas?

R: “La aparición de las llamadas macrogranjas forma parte de esa preocupación que estamos implementando en las reformas normativas y al mismo tiempo estableciendo un proceso de conexión de la capacidad de intervención del Ministerio responsable de la gestión del agua con el Ministerio responsables de la planificación agroganadera”.
“En el nuevo ciclo de Planificación Hidrológica se pretende reforzar la capacidad de las confederaciones hidrográficas en la toma de decisiones para la autorización de actividades que pudiesen poner en riesgo no solo la disponibilidad de cantidad de agua sino las consecuencias para la calidad de las mismas”.
“Vamos a mejorar sustancialmente la capacidad de las Confederaciones Hidrográficas para intervenir en casos que en estos momentos no parece que tengan cobertura suficiente para ello”.

P: ¿Se va a tener en cuenta en las autorizaciones ambientales las ampliaciones no sustanciales realizadas y el impacto en su conjunto de macrogranjas cercanas entre sí en el territorio en lugar de analizarlas de forma individualizada como se hace hasta ahora?

R: “Los efectos adversos acumulativos son uno de los déficits que hay a la hora de abordar los procesos de evaluación, por esa razón, porque se considera un nuevo proyecto como una nueva evaluación desvinculado del anterior y por lo tanto con las limitaciones que esa ampliación incorpora”.
“Luego tenemos un problema añadido y es que, allí donde tenemos más capacidad de intervenir que es en el ámbito de las confederaciones hidrográficas, la capacidad se limita al ámbito del dominio público hidráulico, siendo que muchas veces, las consecuencias tienen sus efectos fuera del propio dominio público hidráulico”.
“Hemos de reforzar la capacidad de las confederaciones para poder cubrir estos vacíos normativos con los que nos hemos venido encontrando porque es verdad que ha sido en los últimos años cuando se ha disparado este proceso de aparición de macrogranjas, bien concentradas o bien distribuidas en el territorio pero que en último término, en el sumatorio, constituyen una actividad de un volumen muy superior al que de forma desagregada se pudiese considerar”.
“La vocación del Ministerio es ir convergiendo en un proceso en el que la capacidad de intervención a la hora de colocar condiciones medioambientales de partida, obligue al conjunto de las administraciones, sea Administración General del Estado, sea autonómica o sean administraciones locales”.

¿Cómo se va a controlar la aplicación de la nueva normativa de nitratos o la sobreexplotación de los acuíferos si las Confederaciones tienen sus plantillas menguadas desde la crisis de 2008?

R: “La Administración (…) ha sufrido del 2008 hacia acá un adelgazamiento entre el 40 y el 50% de los recursos de personal que tenía a disposición para el ejercicio de sus competencias. (…) El proceso en el que estamos en estos momentos en la línea de revertirlo, invertir la curva descendente y empezar a recuperar, se va a prolongar durante unos cuantos años. Y durante ese tiempo además vamos a ir incorporando más obligaciones a una estructura que tiene unos recursos menguados”.
“La respuesta tiene que ir por una mejor capacidad de coordinación entre los recursos de las distintas Administraciones, en este caso confluyen responsables no solo de la Administración del agua, de la Administración ambiental en su conjunto, del propio Ministerio del Interior sino también de las CCAA, y por lo tanto en esa línea tenemos que mejorar la capacidad de colaboración interadministrativa”.

P: En nuestra investigación recién publicada sobre la España intensiva hemos visto cómo se extiende el olivar superintensivo, el almendro, el aguacate por Andalucía oriental, cultivos algunos antes de secano pero que ahora se riegan. ¿Es compatible esa inversión en miles de hectáreas de regadío en una cuenca con déficit hídrico?

R: “La planificación hidrológica debe preceder a la planificación agraria y no al revés, como se ha venido haciendo hasta ahora”.
“Tenemos que lanzar un mensaje muy claro al conjunto de la sociedad: si nosotros no somos capaces de poner en marcha un proceso de transición justa para acomodar nuestras capacidades de producción a los recursos naturales que tenemos, (…) nos podemos encontrar de repente con que, si no hemos tomado la decisión de recomponer las superficies puestas en regadío hasta esta fecha, podemos entrar en un ciclo en el que sencillamente no hay agua. Y ya no hay que tomar ninguna decisión administrativa, la naturaleza habrá tomado su decisión”.
“Creo que es mucho mejor para el conjunto de la sociedad que vayamos anticipando soluciones de adaptación a esa realidad que no ver cómo quienes vengan detrás se van a estrellar con una realidad sencillamente porque nosotros no tomamos en cuenta las advertencias que estábamos viendo constatadas en la evolución de la disponibilidad de recursos hídricos en función de los impactos del clima”.

P: Pero los grandes consultores financieros están recomendando invertir en esos cultivos en España y ponen los recursos hídricos y la alta rentabilidad como argumento. ¿Nos vamos a encontrar con un problema de denuncias como el que generó la fotovoltaica por no pararlo a tiempo?

R: “Vamos con muchos años de retraso, precisamente porque (…) hemos tenido una planificación agraria que ha ido siempre por delante de la planificación hidrológica. Se trataba de generar demanda, en primer término, y luego buscar la respuesta para esa demanda. ¿Con qué nos encontramos? Con que ayer (por el 2 de noviembre) la Confederación del Guadalquivir ha declarado la sequía”.
“ El problema no está en que llueva menos exclusivamente. El problema es que se demanda más de la disponibilidad del recurso que tenemos. (…) No existen cuencas deficitarias ni cuencas excedentarias. Cada cuenca tiene el agua que tiene en función de la capacidad que tiene de reponerla. (…) No calculemos en términos de disponibilidad de recursos económicos lo que está sometido a procesos naturales”.
“¿El Sáhara es un territorio deficitario en agua? No, es un desierto. (…) Si seguimos instalados en ese lenguaje de cuencas deficitarias y cuencas excedentarias, trasladar de las cuencas que se dice que son excedentarias a las que se dice que son deficitarias, al final lo que acabaremos teniendo será un país deficitario en su conjunto”.

En nuestra investigación descubrimos la existencia de un enorme acuífero, el de la Loma de Úbeda, que salvó de la profunda sequía de los noventa una extensa zona olivarera de Jaén y que, por no haber sido regularizado, hoy ya está dañado y con muchos pozos secos. ¿Cómo es posible que ocurra algo así?

R: “Si hay un déficit claro en el conocimiento y es fundamental el conocimiento, los datos, para poder tomar decisiones fundadas, es el enorme desconocimiento que hay en relación con las aguas subterráneas en nuestro país. Hemos prestado siempre mucha atención a las aguas superficiales (…) pero sin embargo tenemos un enorme déficit de conocimiento y de regulación en el mundo de las aguas subterráneas. Y esa es una asignatura pendiente que estamos intentando abordar en este momento y corregir”.

País temporal

Ana Tudela — dom., 07 nov. 2021 11:01:29 +0100

Van a volver a derogar la reforma laboral del PP. La decisión política más veces anunciada de la historia de la normativa de trabajo de nuestro país está sobre la mesa desde hace meses pero el cambio parece haber encallado en un punto: las medidas para reducir la temporalidad. A la espera de saber en qué queda la propuesta de establecer un tope del 15 por ciento de contratos temporales por empresa y si se sustituye por un abanico de posibilidades por sectores, esta es la foto en datos del subcampeón europeo de la temporalidad, donde entre el 26 y el 35 por ciento de los afiliados al Régimen General son temporales, dependiendo de la época del año; la cifra se eleva por encima del 50 por ciento si son jóvenes, y casi uno de cada cuatro contratos registrados dura menos de 7 días.

A finales de marzo, último dato desagregado por edad facilitado por el Ministerio de Seguridad Social, el 65 por ciento de los jóvenes entre 16 y 19 años que trabajan en el Régimen General lo hacían con un contrato temporal. El 50 por ciento de los que tienen entre 20 y 25 años, también. Y el 41 por ciento de los que tienen entre 26 y 29 años. Y el 32 por ciento de quienes tienen entre 30 y 34 años. Había 3.758.603 afiliados y afiliadas ocupando un puesto temporal en marzo, antes de que empezasen los meses de mayor temporalidad, los de verano, y eso es el 26 por ciento de todos los afiliados en el Régimen General.

El 5 de agosto de 2011, el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, escribió una carta confidencial al entonces presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy bastante famosa. En ella le exigía entre otras modificaciones legislativas, que suspendiera temporalmente (valga la redundancia) la norma que limitaba el encadenamiento de contratos temporales. La limitación al encadenamiento de contratos se había introducido en 2007 y había funcionado. En un país de altísima temporalidad como es España, el índice de afiliados sujetos a contratación eventual se había reducido diez puntos desde la entrada en vigor de la prohibición.

Trichet pidió esta y otras medidas de forma confidencial y como condición para comprar deuda española en los mercados, como ya estaba comprando de otros países, para reducir la tensión que tan cara estaba costando (la prima) y que amenazaba al país.

La temporalidad en España es eso que todo el mundo señala como debilidad, que todo partido que aspira a gobernar promete solucionar, que está en todos los argumentarios de las reformas laborales, que afean a este país las instituciones europeas y que, cada vez que se limita o intenta limitar, provoca movimientos visibles y no tan visibles a nivel para amortiguar el cambio.

El límite de encadenamiento de contratos temporales fue recuperado por el Partido Popular en 2012 pero, cuando el empleo empezó a crecer, o se encontraron otras fórmulas para mantener una fuerte temporalidad, como la subcontratación; o bien las empresas optaron por asumir la penalización en cotizaciones sociales que implica.

LA MÁQUINA DE HACER CONTRATOS

El recurso al contrato temporal ha ido engrasando una máquina burocrática que hizo que cada año desde que se inició la recuperación económica tras la crisis de 2008 hasta la llegada de la pandemia se marcase un nuevo récord en número de contratos registrados, no como signo de que el mercado laboral español sea sano sino precisamente como reflejo de que los contratos cada vez duran menos y por eso se firman más. Son las mismas personas entrando una y otra vez en la maquinaria laboral cada vez a mayor velocidad.

En 2021, el panorama no ha cambiado. Entre enero y septiembre, ambos incluidos, se firmaron 13.790.763 contratos, de los que el 44,4 por ciento eran eventuales por causa de la producción y el 36,7 por ciento, por obra o servicio. El 22 por ciento duró menos de 7 días.

Aunque afectan más a las franjas de edad más jóvenes, el contrato ultra rápido de duración inferior a siete días está ampliamente extendido en todas las franjas de edad.

Por sectores, llaman la atención los contratos de duración indeterminada, donde se englobarían los contratos por obra o servicio, muy extendidos en España, en los que en muchos casos no se especifica la duración del contrato sino que este termina cuando lo hace la necesidad de trabajadores. Su lógica reside en que el contrato tenga flexibilidad cuando no están claros los tiempos de necesidad de mano de obra, como ocurre en el sector de la construcción, donde el 65 por ciento de los contratos firmados son de duración indeterminada. Llama más la atención que lo sean en el 42 por ciento de los contratos del sector de la Educación, en el 45 por ciento de los contratos del sector de Información y Comunicaciones o en el 50 por ciento del empleo doméstico.

En los contratos eventuales de duración determinada, llama también la atención que el 37 por ciento de los firmados por la industria manufacturera duren menos de 7 días, lo que ocurre en el 36 por ciento de los contratos de la Hostelería, en el 35 por ciento del sector del Transporte y Almacenamiento y en el 24 por ciento de las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales.

Este ritmo de contratación ultra breve es el que lleva a que en este país se cree empleo neto los lunes, se destruya los viernes, repunte con fuerza el primer día de mes y se hunda el último.

El Mar Menor avisó: la zona central empezó a quedarse a oscuras el 19 de julio

Ana Tudela — dom., 26 sep. 2021 13:00:00 +0200

Situación de los fondos del Mar Menor el 28 de agosto de 2021 en la zona centro de la laguna a 5,5 metros de profundidad. Fuente: Anse y WWF.

El pasado 31 de mayo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) sumergió, en la zona central de la laguna del Mar Menor, un sensor a 5 metros de profundidad para medir la disponibilidad de luz en la columna de agua. Lo recuperó el 24 de agosto. Para entonces, los peces y crustáceos muertos, tras el nuevo episodio de falta de oxígeno (anoxia), se contaban ya por toneladas en las orillas. Al comprobar los datos recogidos por el aparato, algo que solo fue posible al sacarlo del agua y analizar sus registros, vieron "claramente cómo, a partir de principios del mes de junio, los valores máximos diarios" de la irradiancia submarina PAR (radiación fotosintética activa) "experimentan una reducción paulatina y constante hasta alcanzar valores muy próximos a cero (casi oscuridad) a principios de agosto y manteniéndose así durante todo el mes". El punto de inflexión de la extinción de la luz "se produce a partir del 19 de julio".

La "reducción de la disponibilidad de luz en la columna de agua" es "uno de los efectos más inmediatos de la proliferación masiva de fitoplancton". Estos microorganismos fotosintéticos reciben los nitratos, principalmente del abono de los regadíos, con el mismo entusiasmo que una lechuga, reproduciéndose de forma descontrolada bajo determinadas circunstancias dada la acumulación de vertidos que sufre ya la laguna. Su acumulación acaba dejando el fondo a oscuras, sin capacidad de recibir la luz del sol por parte de las algas del fondo, que mueren, realimentando el fenómeno.

Ese boom fitoplanctónico empezó esta vez "a finales de primavera y continuó creciendo de forma exponencial a finales de agosto".

Variación temporal del valor máximo diario de la irradiación PAR (gráfico inferior) a 5,5m de profundidad en la zona central del Mar Menor obtenida por un sensor sumergible. Los picos son máximos diarios en las horas centrales del día. En el gráfico superior, evolución de la turbidez del agua obtenida a partir de la diferencia entre el sensor superficial y el más profundo a 5,5m de profundidad y la ley de Lambert Beer. FUENTE: Informe Nuevo Evento de Mortalidad Masiva de Organismos Marinos en el Mar Menor: Contexto y Factores del Instituto Español de Oceanografía, que se basa en datos propios del programa DMMEM IEO-CSIC

Otros parámetros daban previamente la alerta, como el aumento de la clorofila derivada precisamente del proceso fotosintético multiplicado, un clásico de los episodios de sopa verde y/o mortandad masiva que lleva experimentando la laguna desde 2015. Traducción: el Mar Menor avisa. Otra cosa es que se escuche lo suficiente a pesar de que la laguna, desequilibrada tras décadas de vertidos de nutrientes, lleva más de cinco años al borde del colapso total y lo ha demostrado en cuatro grandes episodios de reproducción descontrolada del fitoplancton.

Cada uno de esos episodios han venido precedidos de cambios en los niveles de oxígeno, clorofila, turbidez... en zonas concretas y con variaciones justificadas en factores determinados. Es decir: son medibles, anticipables, sus cambios se detectan. ¿Por qué entonces esas caras de sorpresa en las tribunas? ¿Por qué esas teorías tan dispares como precipitadas? La primera pregunta es si se está monitorizando a un nivel adecuado la situación extrema que vive la laguna. La respuesta parece ser que es bastante mejorable.

"Los sucesos ocurridos recientemente en el Mar Menor y la enorme confusión sobre sus causas son en parte reflejo de un deficiente sistema de monitorización de la albufera, que debe ser mejorado y actualizado para detectar estos eventos y sus causas de forma inequívoca, fiable y transparente", reza una de las conclusiones del ya conocido estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) titulado Nuevo Evento de Mortalidad Masiva de Organismos Marinos en el Mar Menor: Contexto y Factores, hecho público recientemente. Un informe que, sustentado en datos actuales e históricos, descarta teorías como la de las altas temperaturas como causa del evento o la de la necesidad de dragar golas como la de Marchamalo, que conectan el Mar Menor con el Mediterráneo, defendidas desde el Gobierno de la Región de Murcia.

La defensa de la apertura de las golas, que mantiene el Ejecutivo de López Miras, es una de las teorías que más polémica ha levantado dado que el intercambio de aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo se ha visto históricamente forzado con dragados como el del Canal de Estacio para facilitar la entrada de barcos de mayor calado. La consecuencia, lejos de ser positiva, fue el descenso de la salinidad en el Mar Menor, una de las vulnerabilidades de este actualmente.

Quién mide el Mar Menor

Son varios los organismos que tienen sus ojos puestos en el Mar Menor. El IEO, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y autor del citado informe realiza mediciones periódicas a pesar de no contar con un presupuesto destinado en concreto a esta finalidad. Sí lo tienen, procedente del Gobierno de Murcia, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena, que monitorizan la laguna y alimentan con sus informes y recogida de datos el Canal Mar Menor. Según confirman fuentes del Gobierno de López Miras a DATADISTA, estas mediciones de clorofila, salinidad, oxígeno, temperatura, turbidez y transparencia se realizan "semanalmente". Una de las principales críticas que reciben estos datos que se cuelgan periódicamente es que se publican de forma tardía y que se hace con valores promedios, sin especificar en qué punto del Mar Menor se han tomado.

Ambas universidades publicaron en Canal Mar Menor sendos estudios realizados expresamente tras el nuevo episodio de mortandad masiva de peces en los que las mediciones son mucho más concretas y definidas por zonas y/o estaciones de muestreo. "Ante la aparición de peces y crustáceos muertos en las orillas de las playas de Islas Menores, Punta Lengua de Vaca y Cala del Pino el lunes 16 de agosto se procedió a realizar campañas de medida de parámetros oceanográficos mediante perfilador CTD equipado con sensores auxiliares los días 16 y 18 de agosto con un total de los 48 perfiles verticales", explica el de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Son estudios centrados en el episodio de este año, sin comparativa de parámetros con otros episodios previos o niveles de temperaturas históricos, por ejemplo, como sí hace el del IEO para descartar la teoría de que haya sido esa la causa del evento. Que esa sea una causa determinante sí se alimenta, por ejemplo, en el informe de la Politécnica a pesar de reconocer que lo hace basándose en una ola de calor de cuatro días previa al episodio de mortandad.

Esta falta de coordinación entre organismos que están monitorizando el Mar Menor es otra de las críticas, abonada por las desavenencias en el seno del Comité de Asesoramiento Científico que se creó en 2016 y que sufrió en 2019 tan numerosas como importantes bajas de científicos relevantes (Julia Martínez, Miguel Ángel Esteve, Víctor Manuel León, Juan Manuel Ruiz, José Álvarez...), entre críticas por la politización del comité. Las actas de este no se publican desde mediados de 2018.

Según Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE), la situación del Mar Menor justificaría el establecimiento "de un sistema de boyas que permitiera medir cada 24 horas los principales parámetros, especialmente en periodos como verano. También sería importante medir la evolución del intercambio de agua" entre la laguna y el mar mayor, el Mediterráneo. "Eso permitiría evaluar, predecir, pero exigiría que los grupos de trabajo estuvieran coordinados".

La importancia del contexto: 4 grandes episodios de una larga crisis

Una de las fortalezas del estudio del Instituto Español de Oceanografía es que contextualiza el episodio del pasado mes de agosto, señalado como el último "evento de mortalidad masiva de fauna marina en el Mar Menor", parte del "proceso de eutrofización que la laguna costera viene experimentando a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de los aportes masivos y casi continuos de nutrientes procedentes de la actividad humana". Nutrientes que llegan a la laguna por las ramblas, "principalmente por las aguas de rechazo de las desalobradoras" privadas del Campo de Cartagena, que sacan agua contaminada por nitratos del Acuífero Cuaternario y la desalobran para regar, generando un vertido que concentra los nitratos; "las aguas subterráneas" del propio Acuífero, tan lleno que aflora a la superficie y acaba en el Mar Menor, con el que además está conectado de forma subterránea; "el arrastre de agua y materiales de la cuenca vertiente durante las lluvias torrenciales" y los "colectores pluviales conectados al sistema de alcantarillado".

Son ya cuatro los grandes episodios de proliferación fitoplanctónica, con periodos intermedios de aguas más transparentes, que forman parte de "la crisis distrófica del Mar Menor" iniciada en 2015, explica el informe. El primero es el conocido como episodio de sopa verde de 2016, al que siguió un segundo episodio de sopa verde entre 2017 y 2018. El tercer episodio, asociado a las DANAS de 2019 y 2020, fue el que inauguró los eventos de mortandad masiva de fauna marina. El cuarto es el que se ha vivido este año.

El comportamiento de los parámetros que indican que se avecina un nuevo episodio es similar. Ocurre por ejemplo con la concentración de clorofila, que se elevó en los cuatro episodios "por encima de la media general registrada en décadas anteriores". En el caso del tercero, el que sucedió a las DANAS, "se alcanzaron niveles mucho mayores probablemente por la entrada de enormes cantidades de materia orgánica (con alto contenido no solo en nitrógeno sino también en fósforo) asociadas a los sedimentos terrestres arrastrados por las lluvias a la laguna, la mayoría procedentes de terrenos agrícolas", dice el informe del IEO.

Pero la clorofila no aumentó solo tras las DANAS, aunque estas disparasen los niveles. El 4 de octubre de 2019, cuando faltaban ocho días para que las orillas de la playa de Villananitos empezasen a llenarse de peces moribundos en busca de oxígeno, la Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE) y WWF difundieron un vídeo grabado la última semana de septiembre en el centro de la cubeta norte del Mar Menor a una profundidad entre 4 y 6,50 metros. El fondo mostraba los peores temores desde el episodio de sopa verde de 2016. Turbidez, bloom fitoplanctónico, falta de luz. Ya desde finales de agosto, los parámetros de clorofila, etc. estaban indicando que la laguna podía estar de nuevo al borde de desequilibrarse ante cualquier evento.

Este año, ese indicador también empezó a avisar con tiempo. "Muestreos adicionales realizados en marzo y julio de 2021 corroboran que en marzo las concentraciones de clorofila ya empezaban a ser algo elevadas, en particular en la costa oeste. El 27 de julio las concentraciones ya alcanzaban valores medios de 12-13 µg/l, muy similares a los alcanzados en anteriores blooms fitoplanctónicos en la laguna, observándose los valores máximos frente a la Rambla del Albujón. Los valores medios más elevados se observaron en la parte central y sur" de la laguna.

Informe del Instituto Español de Oceanografía

El incremento de la clorofila desde mediados de julio hasta el 26 de agosto siguió "una dinámica de tipo exponencial", que llevó a que los valores medios de clorofila sobrepasasen los 20 mg/litro en las zonas centro y sur de la laguna.

Este hecho también lo recoge el último informe de la Universidad de Murcia publicado en el Canal Mar Menor. "La concentración de clorofila, tras haber mostrado un cambio drástico tal y como se anticipaba como probable a finales de julio y se constató a primeros de agosto, ha seguido aumentando su concentración. (...) En general, las concentraciones en la capa profunda en toda la cubeta sur son muy preocupantes por lo que supone de acumulación de materia orgánica".

La desaparición de la pradera marina

Aunque hay discrepancias importantes entre los tres informes citados que han llamado la atención teniendo en cuenta su origen científico, si en algo coinciden es en la posible desaparición de la pradera marina que habrá provocado la oscuridad en el fondo. "Los valores de radiación luminosa en el fondo indican que la vegetación del fondo tenderá a desaparecer en poco tiempo -si no lo ha hecho ya– incrementándose la materia orgánica en el agua y reforzándose los mecanismos de formación de anoxia. Los animales muertos en el fondo pueden constituir un aporte adicional importante de materia orgánica al agua", explica el de la Universidad Politécnica de Cartagena.

"De continuar durante más tiempo esta condiciones en que se encuentra el Mar Menor, podría repetirse la mortalidad masiva de las algas que colonizan el fondo, retroalimentando el evento actual de turbidez por más tiempo y agravando aún más la situación de anoxia", comenta el del IEO, que confirma que en algunas zonas ya es un hecho. "Este hecho ha sido ya confirmado en la zona sur, donde la pradera de Cauliphera a 5m ha desaparecido casi por completo".

Imagen tomada por ANSE y el Instituto Español de Oceanografía

Conocer el estado de las algas del fondo del Mar Menor es algo que también necesita seguimiento. Si ha sido posible conocer en los últimos años los cambios que ha experimentado ha sido por estudios como los realizados por la Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE) junto con la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y el Instituto Español de Oceanografía. Por el momento se han realizado tres estudios físicos en este sentido, en 2014, 2016 y 2018, que representan respectivamente: una cartografía del fondo de la laguna previa al episodio de sopa verde; el estado cuando tuvo lugar la sopa verde, con mortalidad masiva de la pradera marina; y la situación dos años después, cuando se documentó la recuperación aunque con el alga Caulerpa y no con la que originalmente era predominante en el fondo del Mar Menor, la Cimodocea Nodosa.

Pensiones: de tener 66.000 millones en la hucha a deber 66.000 millones al cajón de los impuestos generales

Ana Tudela — mar., 29 jun. 2021 09:40:56 +0200

66.815 millones de euros llegó a tener acumulados España en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como hucha de las pensiones. Fue en 2011, con la crisis avanzada, pero procedentes aún de los tiempos de cifras históricas de empleo, cuando las máquinas de recaudación funcionaban a todo trapo a base de ladrillo y de una economía dopada con una gigantesca burbuja de crédito. Ya no están. Se destinaron desde 2012 sobre todo a abonar las dos pagas extra anuales de las pensiones contributivas porque los ingresos por cotizaciones no daban y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió modificar la Ley, saltar los topes, para poder sacar del fondo mucho más del límite anual establecido originalmente.

El Gobierno socialista de Zapatero también tuvo su papel en el desgaste, al destinar a pagar prestaciones por desempleo, en los primeros años de la crisis, 12.690 millones de euros de excedentes de la Seguridad Social que debían haber ido a la hucha. Una cantidad nada desdeñable pero que palidece al lado de los 74.437 millones sacados de la hucha con gobiernos del PP, a los que se sumaron otros 5.900 millones ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

El hecho es que, a finales de 2019, a la hucha le quedaban 2.153 millones. Calderilla, comparado con lo que llegó a acumular esta reserva hoy casi zombi a la que ningún Gobierno se atrevía a echar la llave definitiva para no dejar su logo pegado a ese capítulo de la historia.

[Actualización 15-11-2021: El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anuncia el cierre de un acuerdo con los sindicatos para volver a activar los ingresos en la hucha de las pensiones mediante una subida de 0,6 puntos porcentuales en las cotizaciones por contingencias comunes desde 2023 y hasta 2032. En esos 10 años se prevé haber dotado el Fondo de Reserva con 50.000 millones de euros. La patronal se ha desvinculado del acuerdo. Según Escrivá, para una base de cotización en torno a 2.000€ mensuales supondrá un incremento de unos 12€ de los que 10 serán aportados por la empresa y 2 por el trabajador o trabajadora].

El fondo de reserva no estaba, lógicamente, en una cuenta corriente de un banco sino invertido, mayoritariamente en deuda pública. Esa inversión dio lugar a cerca de 29.000 millones de euros de rendimientos que contribuyeron a incrementar la hucha. Agotada esta, se agotaron los rendimientos.

De la hucha al préstamo anual

Cuando la hucha se quedó en los huesos, lo que ya no era posible obtener ni rascando con el cuchillo en el fondo se sustituyó por un préstamo anual desde el Tesoro a la Seguridad Social que ha hecho que la deuda de esta con el cajón de los impuestos generales vaya a rozar este año los 100.000 millones de euros. El primer préstamo se produjo en 2017, con el PP en el Gobierno, por importe de 10.192 millones de euros distribuidos en dos partes coincidiendo con los meses de las pagas extra de las pensiones.

Desde los Presupuestos Generales de 2018, los últimos que se dejó firmados Cristóbal Montoro (PP), la cuantía anual se elevó a 13.830 millones de euros, que mantuvo el PSOE según se iban prorrogando los Presupuestos de 2018 una y otra vez. En los Presupuestos de 2021, los primeros aprobados desde entonces, se mantuvo el préstamo, cuyo abono fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 1 de junio.

No toda la deuda de la Seguridad Social con el Estado se debe a estos préstamos destinados a pagar pensiones desde que se consumió la hucha. En esa cantidad se incluyen 17.169 millones de deuda histórica que mantenía la Seguridad Social con el Estado desde los años noventa del siglo pasado, cuando se cargaron a la caja de las cotizaciones gastos del Insalud por 3.372 millones pero, sobre todo, pensiones no contributivas que no deberían haber estado financiadas con cargo a las cotizaciones. Además hay que restar los cerca de 15.000 millones extra prestados en 2020 por el Tesoro a la Seguridad Social para hacer frente al desequilibrio provocado por la COVID-19, entre otras partidas, lo que deja la cantidad total de los préstamos para pensiones desde que se agotó la hucha en algo más de 66.000 millones.

Los gastos indebidos que lastraron la Seguridad Social

Aunque la separación de fuentes tenga en los préstamos del Tesoro un roto que ha ido creciendo con los años, no es el único. Hay otro en sentido inverso, lo que dificulta el cálculo de qué se está pagando y con qué.

Se trata de los gastos impropios que ha asumido históricamente la Seguridad Social con cotizaciones, como son los gastos de gestión, pero también las bonificaciones a la contratación en forma de menores cotizaciones por contingencias comunes, en las que se incluye la cobertura de las pensiones, lo que disminuía los ingresos por este concepto. Gastos que debería haber asumido el Estado como parte de sus gastos de funcionamiento y de sus políticas de fomento del empleo, entre otras partidas, y que han sido fundamentales en el engorde del déficit de la Seguridad Social.

Incluso el complemento a mínimos, una de las partidas importantes del presupuesto gestionado por la Seguridad Social, se tardó muchísimo (25 años) en transferir completamente a la cuenta del cajón de los impuestos generales. El Tribunal de Cuentas hizo público un informe en 2020 afeando que "esta demora ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo a cotizaciones sociales un importe estimado en, al menos, 103.690 millones de euros, siendo en parte responsable de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan a la Seguridad Social".

Y esos 103.690 millones son solo teniendo en cuenta dos gastos de los que no debió asumir la Seguridad Social. En concreto, 71.862 millones del complemento a mínimos entre 1990 y 2013 que no le correspondían y 31.828 millones de gastos de asistencia sanitaria.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogieron por primera vez una transferencia (no préstamo) de 18.396 millones de euros de los impuestos generales a la Seguridad Social para cubrir estos conceptos que no deberían haberse estado sufragando con cargo a las cotizaciones. No ha sido suficiente. Incluso con esa transferencia, volvió a habilitarse el préstamo del Tesoro para el pago de pensiones, recientemente aprobado en Consejo de Ministros.

El Pacto de Toledo incluyó en sus recomendaciones que la transferencia por gastos impropios de la Seguridad Social se elevase a cerca de 22.000 millones de euros en 2023. El acuerdo anunciado ayer por el Gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones ha decidido adelantar un año la previsión y situar esa cantidad anual ya desde 2022. ¿Evitará eso los préstamos para pagar pensiones? En el Gobierno creen que es probable que sigan siendo necesarios préstamos desde el Tesoro para equilibrar las tensiones de un sistema que, desde enero de este año, abona mensualmente por pensiones contributivas más de 10.000 millones de euros, que se duplican en los meses de las pagas extraordinarias.

Pagar pensiones con impuestos

España tiene déficit en sus cuentas anuales, lo que significa que los gastos que no se cubren con ingresos se tienen que financiar pidiendo dinero, con deuda pública, actualmente en niveles históricamente altos. Aunque las políticas monetarias expansivas y los planes de estímulo tienen en mínimos la rentabilidad que se exige a la deuda española hasta llegar a tasas negativas, la losa será una pesada carga cuando ese ciclo cambie.

Esto supone asumir que parte del pago de las pensiones contributivas se esté ligando al cajón de los impuestos generales (IVA, IRPF, Sociedades e Impuestos Especiales) en lugar de obtenerlo de las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas. Es un hecho que comulga mal con la separación de fuentes.

Aunque la fórmula sea la de préstamo, que tiene un plazo de devolución de 10 años y no supone intereses, no parece factible creer en su devolución por un supuesto superávit futuro de la Seguridad Social, cuyo gasto en pensiones contributivas va a seguir creciendo hasta alcanzar su máximo en 2050 según las previsiones. Hoy por hoy parece más creíble que se sigan prorrogando los plazos de devolución y en algún momento tenga lugar una condonación de la deuda por parte del Tesoro. Es decir, que acabarán siendo los impuestos generales los que paguen intereses y principal de esa deuda emitida para pagar pensiones.

Como detalle, además, al cajón de los impuestos no aportan todas las CCAA en el mismo régimen, mientras que la de la Seguridad Social es una caja única de la que sí salen las pensiones contributivas de todos los territorios en condiciones iguales.

Por otro lado, pagar intereses por esa deuda será el reverso tenebroso de lo que fue posible durante los años de mayor saldo acumulado de la hucha de las pensiones.

2020, el año con más fallecidos en un siglo y menos nacimientos desde 1900

Antonio Delgado — jue., 17 jun. 2021 17:20:00 +0200

Durante 2020 fallecieron en España 492.930 personas, la cifra más alta desde 1920 cuando fallecieron 494.290 personas. Desde ese año nunca habían fallecido tantas personas. En 1920 se produjo la última ola de la pandemia de la gripe española que azotó el país entre 1918 y 1920.

El INE ha publicado hoy las cifras provisionales para el año 2020 de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población. La diferencia de tan solo 1.360 personas fallecidas respecto a 1920 puede que acorte o se supere cuando la información sea definitiva en diciembre de 2021.

Aún no es posible conocer cuántas personas fallecieron en 2020 debido a la covid-19. Lo sabremos cuando el INE publique a finales de verano de 2021 los datos definitivos de la estadísticas de defunciones según la causa de muerte para 2020. De momento sabemos que 45.684 personas fallecieron por covid-19 entre marzo y mayo de 2020. Es una información que se realiza analizando uno a uno los tres tipos de cuestionarios estadísticos sobre fallecimientos existentes en España: Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED), Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) y Boletín Estadístico de Parto (BEP).

Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de las personas que fallecían tenían menos de un año o más de 60 años. En 1903, el primer año que hay datos de defunciones clasificadas por edades, el 23% de todos los fallecidos tenía menos de un año de edad. Más de 110.000 niños en una población inferior a los 20 millones de habitantes. En 2020, solo han fallecido 981 menores de un año de una población de 47,3 millones.

2020, el año que nacieron menos niños en los últimos 120 años

Los nacimientos también han sufrido una caída histórica en los últimos 120 años. 2020 es el año que menos nacimientos se han producido desde 1900 con 339.206 nacimientos. El número de nacimiento ha ido cayendo en España desde 2008, el primer año de la crisis económica española. Ese año nacieron 519.779 personas.

Esta caída en el número de nacimientos unido al envejecimiento de la población hace que el saldo vegetativo -la diferencia entre defunciones y nacimientos- esté en valores negativos desde 2015. En 2020, el saldo vegetativo es de -153.724 personas. Por primera vez desde 1900 el saldo vegetativo anual disminuye en más de 100.000 personas.

Anteriormente solo había sufrido un retroceso durante el primer año de la pandemia de la gripe española en 2018 y en el último año de la guerra civil en 1939. Hay que tener en cuenta que durante los años de la guerra civil española (1936-1939), las estadísticas de nacimientos y defunciones no están completas. Muchos nacimientos ocurridos durante esos años se inscribieron en los registros en años posteriores. Lo mismo ocurre con los fallecimientos, cuando al término de la guerra civil se inscribieron en el registro a muchos desaparecidos o fallecidos ocurridos durante la contienda.

Diez gráficos que muestran el impacto de la vacunación contra la covid-19 en España

Antonio Delgado — dom., 13 jun. 2021 10:00:00 +0200

En mayo de 2021 han fallecido 1.200 personas, según la última actualización de la serie histórica publicada por el Instituto de Salud Carlos III y a falta de consolidación de la serie. El número de fallecidos por esta enfermedad baja por cuarto mes consecutivo y se sitúa en niveles de verano de 2020.

En lo que va de año, han fallecido en España 26.316 personas por covid-19. El 43% falleció en enero de 2021 debido a la relajación de medidas durante las Navidades.

El número de fallecidos ha ido cayendo semanalmente. En la primera semana completa de mayo de 2021 fallecieron 408 personas frente a las 150 de la última del mes, a falta de consolidación de la serie en las próximas semanas.

Los siguientes tres gráficos muestran la evolución en España por franjas de edad desde el inicio de la pandemia y con datos del mes de mayo y los primeros días de junio de 2021.

El mes de mayo terminó con el 100% de los mayores de 80 años y el 91,1% de los septuagenarios con la pauta completa. El 89,4% de las personas entre 60 y 69 años y el 58,2% de las de entre 59 y 59 años fue vacunado con al menos una dosis.

Evolución por franjas de edad desde el inicio de la pandemia

Evolución por franjas de edad en mayo de 2021

Evolución por franjas de edad entre el 1 y 9 de junio de 2021

En los primeros días de junio, las personas entre 40 y 59 años concentran la mayoría de las hospitalizaciones e ingresos en UCI. También han caído los contagios entre los mayores de 50 años.

El efecto de la vacunación en los mayores de 60, que acumulan el 94% de todos los fallecidos por covid-19 desde el inicio de la vacunación, se nota en las últimas semanas con caídas en el número de casos, hospitalizados, ingresos en UCI y fallecidos.

Este gráfico muestra la evolución del porcentaje de casos semanales por grupos de edad. Los mayores de 60 años han ido perdiendo peso en el total de casos diagnosticados semanalmente conforme han ido aumentado las coberturas de vacunación de cada grupo de edad mayor de esta edad.

Las personas de más de 80 años representan el 64% de todos los fallecidos diagnosticados con covid-19 en España desde el inicio de la pandemia. Han fallecido más de 50.600 personas con 80 años y más. Desde que comenzó la administración de la segunda dosis de manera mayoritaria a este grupo de edad, el porcentaje de fallecidos ha ido cayendo. En mayo de 2021, los mayores de 80% solo han representado el 32% del total de fallecidos.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la vacunación con al menos una dosis y con la pauta completa.

Mayo ha sido el mes en que se empezó a vacunar a los mayores de 50 años mientras que en junio se ha abierto la vacunación para las personas hasta 40 años. La falta de pauta completa del grupo entre 60 y 69 años se debe a que a este grupo se le ha administrado mayoritariamente la vacuna de AstraZeneca, cuya segunda dosis, según la ficha técnica, hay que administrarla entre 10 y 12 semanas después la primera. Para las vacunas de Pfizer y Moderna, la segunda dosis se debe poner entre la tercera y cuarta semana después del primer pinchazo.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Covid persistente: la punta del iceberg de un nuevo problema de salud pública

Antonio Delgado — dom., 06 jun. 2021 09:20:59 +0200

A principios de mayo de 2020, Silvia Soler (Castelldefels, 53 años) leyó en un artículo del diario Ara el caso de Lara. Esta vecina del barrio del Eixample en Barcelona explicaba al periodista Marc Toro que hacía más de cincuenta días que tenía síntomas de covid-19 y no le remitían.

Soler se identificó con la mayoría de los síntomas que describían en el artículo y al moverlo por redes sociales se encontró con otras mujeres de Cataluña, como Cristina Raso, que estaban en la misma situación. Ocho se unieron y decidieron crear el primer colectivo de afectados por covid persistente en España.

La red fue creciendo conforme personas de otras comunidades autónomas les fueron contactando. En los meses siguiente se fueron creando otros colectivos regionales como en Madrid, Andalucía, País Vasco o Aragón. En enero de este año decidieron crear una plataforma de alianza de los colectivos autonómicos bajo el paraguas de Long COVID ACTS (Autonomous Communities Together Spain). Actualmente están inscritas más de 3.000 personas.

Yolanda, Cristina, Úrsula, Sandra, Nuria, Mercedes, Ana, Ascensión y Delphine del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

Secuelas y la covid persistente

Una de las cosas que han ido aprendiendo los médicos que están en primera línea de la pandemia es que la duración de la recuperación de la covid-19 no está necesariamente relacionada con la gravedad de la enfermedad inicial o si el paciente tuvo que estar ingresado en un hospital.

Una parte de las personas que han pasado la enfermedad se encuentran con secuelas. Estas lesiones en órganos suelen darse principalmente en pacientes que tuvieron una afección grave de la enfermedad, requirieron hospitalización, incluso ingreso en UCI.

Por otro lado, se identifica con covid persistente a las personas en las que, durante 12 semanas o más, la sintomatología de la covid-19 sigue estando presente independientemente de que el paciente haya sufrido la enfermedad de forma asintomática, leve o grave. Los primeros casos empezaron a observarse muy pronto, al principio de la pandemia, pero cada vez están aflorando más casos gracias a las acciones de comunicación que están haciendo los afectados en muchos países del mundo.

En febrero de este año, la OMS celebró una reunión mundial con pacientes, médicos y otras partes interesadas para empezar a comprender la covid persistente, trabajar en una descripción clínica consensuada y recopilar datos sobre la enfermedad. Es un primer paso. Una semana antes, La OMS incluyó la covid persistente en la guía clínica sobre la enfermedad. También en enero, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España (CCAES) incluyó por primera vez una referencia a la covid persistente en una actualización del documento científico técnico sobre la enfermedad (PDF).

La OMS considera que, dada la gran escala de la pandemia, muchas personas en el mundo estarán afectadas pero de momento no hay cifras oficiales. Los únicos datos disponibles se basan en encuestas realizadas entre los pacientes. Uno de los países que más ha trabajado en la afectación de estos síntomas es Reino Unido, tanto en estudios científicos como a nivel gubernamental. La Oficina de Estadística de Reino Unido ha publicado este viernes la última actualización de su estimación de la prevalencia de síntomas continuos después de la infección por covid-19. Estiman que hay un millón de personas en Reino Unido con síntomas que persistían más de cuatro semanas después de la infección por el virus. 869.000 personas continuaban con síntomas al menos durante las 12 semanas previas a la encuesta y 376.000 llevan más de un año con estos síntomas.

Son datos muy preliminares pero la información de estos y otros trabajos muestran que la covid persistente puede afectar a entre el 10 y 15% de las personas que han pasado la enfermedad. Extrapolando este porcentaje al número real de personas que se han podido contagiar en España, calculado por DATADISTA, estaríamos hablando de entre 740.000 y 1.100.000 personas con algún tipo de afectación después de 12 semanas de haber pasado la enfermedad.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, a preguntas de DATADISTA sobre la situación en la que se encuentran los afectados por covid persistente en España ha explicado que "hasta ahora nuestra prioridad ha sido salvar vidas pero somos conscientes del problema de la covid persistente y no nos vamos a olvidar de ellos".

En estos porcentajes estimados de personas afectadas hay un amplio espectro de gravedad en las afectaciones. No todos los afectados tienen la misma gravedad. Hay personas que les queda un cansancio que les hace que tengan que dormir más horas de lo normal, pero pueden reincorporarse a su vida laboral. Es el caso de Miguel Méndez (Madrid, 34 años) que se contagió en marzo de 2020. Pasó tres días malos en su casa en los primeros días de la enfermedad pero a las pocas semanas empezó con la sensación de ahogo, cansancio extremo, falta de concentración, dolores de cabeza y mareos. Más de un año después, Méndez continúa con estos síntomas y ha cambiado de trabajo. "Ahora estoy de media jornada de lunes a jueves y los viernes los paso durmiendo del cansancio que tengo".

Otras personas tienen un grado de afectación completa con muchos síntomas que les afecta a su vida social, laboral y familiar. Son los que más preocupan a los investigadores.

Elena, Inma, Ingrid, Katia, Sebastián, Pilar, Nerea, Mari Mar y Ana del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

La falta de diagnóstico y tratamiento

Fran Mera, médico de familia e investigador principal de E-SPERANZA COVID19 del Instituto Catalán de la Salud Fundación IDIAPJGOL está tratando de averiguar si un medicamento para el asma y la rinitis, el Montelukast puede servir para los pacientes con covid persistente. "En mayo de 2020 empecé a ver sanitarios, como mi mujer, que al reincorporarse al trabajo empeoraban. Entonces planteé una hipótesis que estaban haciendo algún tipo de reacción alérgica al virus. Una respuesta muy exagerada de su enfermedad. Pensé en este medicamento porque justamente se utiliza para tratar situaciones en las que no se tendrían que producir ahogos". El trabajo de Mera hasta ahora ha sido mediante observación clínica con más de 50 pacientes. "Mi mujer se reincorporó al trabajo a mediados de junio de 2020 y hasta ahora sigue sin problemas". De la serie de casos estudiados por Mera, "hay un 80% que muestran una mejoría clínica con el tratamiento. No solo síntomas respiratorios sino también la fatiga y del área cognitiva".

Mera está pendiente de la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para poner en marcha un ensayo clínico en fase III junto con el Instituto Catalán de la Salud Fundación IDIAPJGOL. De momento han lanzado un crowdfunding.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) junto a otras 47 sociedades científicas, médicas y los colectivos de afectados presentaron a principios de mayo de este año una guía clínica de atención a pacientes covid persistente para ayudar a diagnosticar de manera correcta la enfermedad. Se describen hasta 201 síntomas de la afectación multiorgánica producida por la covid persistente. Estos datos han sido recopilados gracias a una encuesta a la que respondieron 1.834 afectados en España. Los síntomas más frecuentes son: astenia, cefalea, bajo estado de ánimo, mialgias, disnea, diarrea y palpitaciones. El promedio de síntomas por pacientes es de 36 aunque el 50% de los encuestados citaron hasta 58 síntomas. Esta variedad de síntomas diferentes pueden ser persistentes o ir apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo.

Lorenzo Armenteros es Médico de Familia del Servicio Gallego de Salud, portavoz covid-19 de la SEMG y uno de los coordinadores de la guía. "Son pacientes que nunca han estado libres de síntomas. Han tenido la fase aguda y siguen teniendo síntomas de la enfermedad". Armenteros hace una distinción clara entre las secuelas de la covid-19, conocido como Post-Covid y la covid persistente o "Long Covid". "El Post-Covid suele afectar a personas que han estado ingresada, principalmente a hombres por encima de los 60 años. En cambio, la covid persistente afecta a personas que ni si quieran llegaron a ir a un hospital. La mayoría de los afectados son mujeres entre los 35 y 50 años con una media de edad de 43 años, aunque también puede afectar a personas mayores y niños".

Sobre los problemas que pueda causar en el organismo la covid persistente a largo plazo, Armenteros explica que "la covid persistente de momento no se ha comprobado que cause secuelas aunque nadie niega que puedan darse con el tiempo. De hecho hay una cierta teoría de que pueda producirse un envejecimiento precoz y con ello posiblemente secuelas".

La guía clínica publicada por la SEMG se ha convertido rápidamente en el documento de referencia. El Ministerio de Sanidad la ha incluido, a finales de mayo, en la última actualización de información clínica (PDF) sobre la enfermedad. Este hecho es muy importante porque va a permitir a los médicos de atención primaria y hospitalaria aprender a diagnosticar la enfermedad. Durante este último año muchos pacientes, a través de los colectivos de afectados, se han quejado de la falta de empatía y sensibilidad con la enfermedad por una parte del personal médico y la descoordinación entre especialistas.

En Cataluña, el colectivo de afectados por el covid persistente impulsó la creación de una guía clínica para el diagnóstico realizada junto con pacientes, dos médicas de atención primaria, el Departament de Salut y el Instituto Catalán de la Salud. La guía clínica se presentó el pasado mes de marzo.

Toñi, Yolanda, Isabella, Elena, Edurne, Elena, Monika, Ainhoa y Amaia del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

Isabella Delgado (Getxo, 51 años) forma parte del colectivo de afectados en el País Vasco y lleva las redes sociales. Empezó a sentir síntomas de la enfermedad el 11 de marzo de 2020. Desde entonces lleva 15 meses con cansancio extremo, taquicardias posturales, descompensación de la tiroides, fatiga, falta de concentración y memoria, entre otros síntomas. "Es como vivir con jet lag constante o como cuando te despiertas con rescaca. Estás ralentizada y no puedes ir a tope." Está diagnosticada pero se queja de que la tratan de forma individual por cada síntoma.

En España, muchos hospitales han creado en los últimos meses Unidades Post-Covid pero los afectados con covid persistente se quejan de que están pensadas principalmente para tratar a pacientes con secuelas.

Beatriz Fernández (Madrid, 41 años) tuvo los primeros síntomas de la enfermedad el 6 de marzo de 2020. "Una tos muy tonta un par de semanas, luego febrícula muy débil y ardor en el pecho". La trataron telefónicamente desde su centro de salud y al continuar con varias semanas con este ardor fue al hospital "donde me recetaron Omeoprazol". Fernández entiende ahora que el ardor del pecho que sentía al principio eran los síntomas de la parestesia neurológica que arrastra aún a día de hoy. A estos síntomas se le añaden otros como problemas digestivos, dolor de garganta y oídos. En agosto le dieron el alta y desde entonces se encuentra teletrabajando desde casa.

A ella la mandaron a la Unidad Post-Covid del Hospital Ramón y Cajal, pero la remitieron inmediatamente a medicina interna debido a que no entraba dentro del perfil Post-Covid. "Las Unidades Post-Covid de los hospitales están enfocadas a rehabilitar a personas que han estado ingresadas graves en ellos, pero las personas con covid persistente no tenemos acceso a ellas, salvo alguna excepción".

Uno de los centros pioneros en España en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con covid persistente está en el Germans Trias i Pujol de Badalona. Marta Massanella, investigadora del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y una de las coordinadoras de la Unidad de Covid Persistente, explica que la unidad se creó cuando "la doctora Lourdes Mateu se dio cuenta de que había personas que meses después de haber pasado la infección aguda se quejaban de que continuaban con síntomas muy molestos". Algunas de las que tenían estos síntomas persistentes era personal médico del hospital.

Massanella explica que la unidad se creó entre la Fundación Lucha contra el sida y las enfermedades infecciosas, el grupo de Investigación Traslacional en Inmunología y Envejecimiento (TRIA) de IrsiCaixa y la parte asistencial del Hospital Germans Trias i Pujol "para poder entender cómo ayudar a estas personas pero también el porqué de la persistencia de los síntomas".

En la actualidad la Unidad de Covid Persistente está tratando a 285 pacientes y 312 personas están en lista de espera. Para dar a conocer la enfermedad y recoger fondos para la investigación han lanzado recientemente la campaña "No te lo inventas".

Teresa Domínguez (Madrid, 55 años) fecha en el 8 de marzo de 2020 el primer día de sus síntomas debido al covid. Domínguez piensa que se contagió en la residencia de personas con discapacidad intelectual en la que lleva trabajando 28 años. Tuvo que ir dos veces al hospital durante la fase aguda de la enfermedad pero al reincorporarse al trabajo notaba que no podía hacer las mismas tareas que antes. "Al levantar una garrafa de 5 litros de agua me mareé y me subió la tensión del sobreesfuerzo. A las dos semanas me volvió a pasar lo mismo y me tuvieron que llevar al hospital en silla de ruedas". Está de baja desde noviembre de 2020 debido a los mareos, dolor de cabeza, fatiga, ahogo y otros síntomas que le impiden hacer su trabajo. "Subir una bolsa con 3 kilos de frutas por la escalera me ha supuesto estar 3 semanas sin poder hacer otras cosas. A veces no he podido ni sacar la ropa mojada de la lavadora". Domínguez se queja del trato recibido durante su recorrido por hospitales y atención primaria debido a que ponían en duda sus síntomas hasta que entró en la Unidad Post-Covid del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. "Lo primero que me dijo la doctora fue que no me cuestionaba".

Rosa María, Juan, Estefanía, Cristina, Castellar, Montse, Pilar, Marta y Loli del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

También afecta a los niños y adolescentes

Mónica Portella (Zaragoza, 50 años) tiene una hija de 16 años que se contagió a finales de diciembre de 2020. Esos días tuvo síntomas de tipo digestivo pero no lo relacionaron con la covid-19. A finales de enero, al empeorar la situación y aparecer otros síntomas, le hicieron una prueba PCR y un test de anticuerpos en la que dio negativo en ambas. Pagaron por su cuenta un test de inmunidad celular que salió positivo lo que les hizo volver a la consulta del hospital. "La mandaron a psiquiatría al pensar que tenía ansiedad emocional por la pandemia. Salimos las dos llorando de la consulta".

Su hija continúa con cansancio extremo, ahogo, falta de memoria y concentración, dolor de cabeza, taquicardias, problemas estomacales, dolores articulares, ojos secos, dolor de garganta... Aún no tiene un diagnóstico clínico por covid persistente.

María Mendez es Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Germans Trias de Badalona y coordinadora de la Unidad Pediátrica de Covid Persistente. Es el primer centro de estas características en España. "Al cabo de unos meses de estar en funcionamiento la Unidad de Covid Persistente para adultos empezamos a recibir desde pediatría derivaciones de niños que nos pedían para diversos especialistas." La inauguraron en diciembre de 2020. En estos primeros meses ya han pasado por la unidad 80 niños y adolescentes entre los 5 y los 18 años. La edad media es de 13 años.

"Todos tienen fatiga muy importante que a veces les impide hacer vida normal. Un porcentaje grande de estos niños no pueden ir al colegio o van solo a tiempo parcial. Además de la fatiga, tienen niebla mental (dificultades de concentración y de atención), taquicardias, cefaleas y un conjunto de síntomas muy variados".

Esther, Carmina, Carmen, Ana, Toñi, Tito, Nuria, Natalia y Chus del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

La clasificación como enfermedad de la covid persistente

La falta de registros de la enfermedad hacen imposible conocer la dimensión del problema. En España, solo Aragón y Cataluña cuentan actualmente con una clasificación destinada a la covid persistente en su registro de enfermedades. Es el primer paso para empezar a conocer el número real de afectados. El resto de comunidades autónomas utilizan el síntoma principal del paciente para clasificarlo. Lorenzo Armenteros explica que "si yo tengo un paciente en el que predomina como síntoma la tos o la cefalea y lo incluimos como tos y cefalea, va a quedar registrado en un proceso diferente. Debemos incluir esa tos y esa cefalea dentro de un proceso que es covid persistente porque son sintomatologías que han surgido cuando estaban con la fase aguda de la enfermedad y que en ningún momento de su proceso ha desaparecido".

Desde la Subdirección General de Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad explican a DATADISTA que actualmente la clasificación B94.8 "Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas" es la que debe utilizarse tanto para secuelas como para covid persistente. Es la misma codificación utilizada en los centros médicos de Estados Unidos. En la próxima actualización de la clasificación de enfermedades CIE-10 ES 2022 está previsto utilizar la clasificación U09.9 "Afección Post COVID-19".

Desde la Subdirección General indican que aplicando estos códigos se podrá obtener la información del número de pacientes por covid persistente. "Los datos se irán registrando conforme los pacientes se vayan diagnosticando".

La OMS también ha anunciado que en el CIE-11, la nueva clasificación de enfermedades que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, han reservado una codificación de enfermedad bajo el epígrafe de síndrome Post Covid-19 en el que se incluirá tanto a pacientes con secuelas como con covid persistente.

Lorenzo Armenteros considera que la clasificación B94.9 no es la adecuada y tampoco está de acuerdo con la nueva codificación de la OMS. "Nosotros estamos contactando con las autoridades de la OMS para explicarles que lo que llaman Post-Covid coinciden totalmente con las características de un covid persistente y consideramos que el síndrome Post Covid-19 con secuelas es una entidad diferente a la covid persistente".

Marta Massanella indica que para ellos "el código B94.8 podría aplicarse a estos pacientes, aunque se pueden clasificar también por los antecedentes personales de infección por coronavirus covid-19 (Z86.19-1). Desde la Unidad estamos trabajando para encontrar criterios objetivos que permitan categorizar los diversos perfiles de pacientes".

Desde el colectivo de afectados por la covid persistente de Cataluña alertan también que las personas que tienen tramitada la baja como accidente laboral, la codificación B94.8 solo debe constar en el expediente personal y no en el expediente de incapacidad temporal, ya que este cambio supone pasar a ser una contingencia común desde el inicio de la baja. Esto implica que el INSS pueda reclamar la devolución de parte del dinero ingresado.

Delphine Crespo (Zaragoza, 47 años) es la coordinadora de comunicación del colectivo de afectados por la covid persistente en Aragón. Se contagió por covid-19 a finales de marzo de 2020. Estuvo de baja los tres meses siguientes pero continuó con síntomas como cansancio extremo, tensión alta, fatiga, disnea, dolores musculares y articulares, taquicardias por cambios posturales, mareos, dolores de cabeza... "Durante el tiempo que estuve trabajando, cuando volvía a casa dormía 3 y 4 horas seguidas y luego de nuevo toda la noche". Crespo está siendo tratada desde la Unidad Post-Covid del Hospital Miguel Servet de Zaragoza pero explica su descontento "todo por llamadas y sin seguimiento apenas". Se encuentra de baja laboral desde el 25 de mayo de 2021 con un diagnóstico clasificado como covid persistente. "Esperamos que el uso de esta clasificación sirva para crear un registro real de pacientes".

Sonia, Sara, Charo, Raquel, Montse, Marina, Mariló, Luisa y Laura del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

Bajas laborales por covid persistente

Durante la primera ola, solo 1 de cada 10 casos fue diagnosticado. Acceder a un test PCR durante las primeras semanas de la pandemia estuvo muy limitado. Esa falta de diagnóstico está afectando a las personas de baja laboral con síntomas por covid persistente cuando ahora, un año después, se tienen que presentar a los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para prolongar su baja.

A la gran mayoría de los pacientes que durante la primera ola llamaban a atención primaria o a los teléfonos habilitados por las comunidades autónomas, le recomendaban no ir al centro y pasar un mínimo de 15 días encerrados en una habitación. Muchos de ellos ni siquiera cuentan ahora con una prueba diagnóstica.

Nuria Hernández (Sevilla, 44 años) explica que "es injusto que cumplas las normas, te aísles en tu casa y como no tienes un diagnóstico clínico ahora te perjudica". Ella estuvo 5 días ingresada en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por neumonía bilateral debido a la covid-19 de la que había empezado a tener los primeros síntomas a finales de marzo de 2020. Actualmente aún arrastra síntomas de la enfermedad: cansancio extremo, falta de concentración, dolores articulares y musculares, taquicardias, dolores de cabeza... "Me han visto hasta 8 especialistas". Hernández lleva 14 meses de baja y el INSS le ha prorrogado la baja directamente por un SMS por seis meses más. "No sabes cómo te vas a levantar mañana. Dar un simple paseo puede significar estar dos o tres días acostada". Hernández explica que todo el mundo debería tener claro que "la covid-19 no son 15 días". Actualmente está siendo tratada en la Unidad Post-Covid del Hospital Virgen del Rocío. "Yo he tenido suerte, pero hay gente que no la ha visto nadie".

Flori, Irene, Fátima, Anna, Amaia, Oier, Bea, Bego y Sonia del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

Lorenzo Armenteros cree que esto es una complicación añadida para los afectados de la primera ola. "Los pacientes con diagnóstico y sin diagnóstico han tenido las mismas consecuencias, entre ellas la covid persistente." Una característica de los pacientes con covid persistente es que muchos de ellos no han desarrollado anticuerpos o los han perdido de forma muy rápida. Por tanto, también suelen dar negativo en estas pruebas. Armenteros considera que la única prueba que indicaría si el virus ha pasado por el cuerpo es la prueba de inmunidad celular pero "la prueba no está disponible en el catálogo de servicios de los médicos de atención primaria, incluso en muchos hospitales no se hacen". Tienen que pagar por ella a través de una clínica privada los 120 euros de media que cuesta.

Fran Mera explica que "la prueba muestra si tu cuerpo ha estado en contacto con el virus pero no implica que hayas desarrollado la enfermedad." Mera considera que, "si tienes una clínica compatible, tuviste contacto con un medio sanitario y te dieron la baja laboral por covid y tienes una prueba de inmunidad celular positiva es muy probable que tengas un covid persistente".

Mónica Portella explica que la prueba de inmunidad celular que le hizo a su hija sí le ha servido a la médica de familia pero "no la ha apuntado en el diagnóstico porque la prueba la aporto yo" y, al no estar este tipo de prueba en la cartera de atención primaria, la médica de su hija tampoco la ha podido pedir.

Fuentes de la Seguridad Social aseguran a DATADISTA que solo se utilizan criterios médicos para dar de alta a los trabajadores afectados con covid persistente o sintomatología compatible. Según estas fuentes, la falta de una clasificación de la enfermedad por covid persistente no tiene ningún peso en los tribunales del INSS. "La única causa por la que un trabajador es dado alta es por curación o mejoría, que le permite realizar su actividad laboral".

Sobre la falta de pruebas diagnósticas o test PCR en los trabajadores con incapacidad temporal que se contagiaron durante la primera ola, desde la Seguridad Social aseguran que tienen en cuenta "el mayor número posible de pruebas objetivables" pero no han aclarado si un test de inmunidad celular lo es.

Mera asegura que es una situación excepcional que se debería contemplar en los tribunales. "Vamos a tener mucha gente que va a quedar en el limbo. No va a tener el diagnóstico y realmente lo es. Es muy injusto para muchos pacientes que no tuvieron acceso a una prueba PCR".

Beatriz Pérez (Madrid, 51 años) empezó a recibir asistencia médica telefónica el 18 de marzo de 2020. Ese mismo día le dieron la baja. Debido al empeoramiento de su estado tuvo que ser ingresada durante 6 días por neumonía bilateral. A la salida del hospital estuvo 50 días aislada en una habitación de su casa porque continuaba con síntomas y ningún médico le decía nada. "Andaba alrededor de la cama, miraba por el balcón, pero estaba mucho tiempo tumbada porque era lo que me pedía el cuerpo".

A día de hoy sigue con fatiga, cansancio extremo, alteraciones cognitivas, dolores de estómago, musculares y de cabeza e incluso caída del cabello. Está siendo tratada en la Unidad Post-Covid en el Hospital de Fuenlabrada donde sigue pendiente de pruebas. Sin embargo, el 17 de mayo de 2021 recibió una carta certificada del INSS donde le instaban a que se incorporara al trabajo el 11 de mayo de 2021. "Reclamé a los 4 días pero no he recibido respuesta". Este silencio administrativo negativo equivale a que no han admitido su reclamación. Pérez asegura que los médicos emitieron un diagnóstico favorable pero el INSS no lo ha aceptado. Ahora mismo se encuentra utilizando los días de vacaciones que no disfrutó el año pasado pero sabe que en unas semanas se tendrá que reincorporar.

María Eugenia, Miguel, María Concepción, Beatriz, Mercedes, Juana, César, María y Belén del colectivo Long COVID ACTS. Crédito: Long COVID ACTS / DATADISTA

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

El 15 por ciento de la población española se ha infectado por el coronavirus

Antonio Delgado — dom., 30 may. 2021 09:20:00 +0200

7,4 millones de personas en España se ha infectado por el virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, según el cálculo realizado por DATADISTA.

Estimación de la evolución de los casos diagnosticados y posibles casos no detectados. Simulación realizada en base a la tercera y cuarta ronda del Estudio de Seroprevalencia por parte del Instituto de Salud Carlos III y un escenario conservador de la capacidad de diagnóstico desde diciembre de 2020 estimada en el 70%. Datos hasta 27/05/2021 / Ministerio de Sanidad, ISCIII, CCAES y elaboración propia • Casos por la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico menos 6 días.

El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad indica que hasta el 27 de mayo de 2021 se habían notificado un total de 3.668.658 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El problema es que no todos los casos existentes se han podido detectar. La mayoría de ellos durante la primera ola.

Según el cálculo realizado por DATADISTA, en base a la prevalencia de las cuatro primeras rondas del estudio de seroprevalencia y la capacidad de diagnóstico actual estimada por el CCAES, al menos 7,4 millones de personas se han infectado en España por el coronavirus, lo que representa el 15,5% de la población residente en el país. Esta es la foto más aproximada a la infección real desde el inicio de la pandemia.

Al número de personas que han pasado el virus y que siguen vivas se le sumaría las personas vacunadas para conocer qué porcentaje de la población se encuentra inmunizada en España. Es decir, el porcentaje real de personas inmunizadas en España actualmente sería superior al porcentaje de personas con la pauta completa de la vacuna. Según el último informe de vacunación, hay 8.804.363 personas con la pauta completa de la vacuna, lo que representa el 18,6% de la población.

El problema es que no es posible conocer la suma por grupos de edad de cuántas personas realmente hay inmunizadas por la vacuna y cuántas que hayan superado la enfermedad, debido a que el Ministerio de Sanidad no puede determinar toda la casuística. No todas las personas que se han infectado desarrollan anticuerpos. Lo que sí sabemos es que el 100% de los mayores de 80 años ya han recibido la pauta completa. En total, 2.835.268 de personas. Es decir, en estas cifras también deben estar todas las personas que habían pasado la enfermedad.

Según la estrategia de vacunación, las personas que han pasado el virus y tienen más de 65 años deben recibir dos dosis de la vacuna. Mientras que los menores de esa edad solo recibirían una dosis a los seis meses de haber pasado la enfermedad.

En esta tabla puedes ver los casos diagnosticados, los posibles casos no detectados calculado por DATADISTA y los porcentajes de vacunación por grupos de edad.

Estimación de los casos diagnosticados y posibles casos no detectados por grupos de edad. Simulación realizada en base a la tercera y cuarta ronda del Estudio de Seroprevalencia por parte del Instituto de Salud Carlos III y un escenario conservador de la capacidad de diagnóstico desde diciembre de 2020 estimada en el 70% para los menores de 80 años y del 90% para los mayores de 80 años. Datos hasta 27/05/2021.
(*) Hay 1.042.216 personas con la pauta completa de la vacuna entre 16 y 49 años que no es posible agrupar por décadas al no publicar Sanidad los datos desagregados

Fuente: Ministerio de Sanidad, INE ISCIII, CCAES y elaboración propia.

El cálculo de la capacidad de diagnóstico

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) realizó durante 2020 cuatro rondas de un estudio de seroprevalencia. Las tres primeras rondas, entre abril y junio, y la última, en noviembre. Gracias a este estudio, se puede calcular la capacidad de diagnóstico mediante los casos detectados y la prevalencia de anticuerpos IgG contra el virus entre la población residente.

El cálculo realizado por DATADISTA, con la última serie histórica disponible, muestra que durante la primera ola solo fue detectado el 9,5% de los casos. Dicho de otro modo, de cada 10 casos con COVID-19, solo se pudo detectar uno. Esto fue debido a la escasez de material, tests, reactivos y laboratorios preparados para realizarlos. Las primeras pruebas diagnósticas que detectaron el virus en España se tuvieron que realizar en un único laboratorio: el Centro Nacional de Microbiología (CNM).

Durante la primera ola, la mayoría de las pruebas se realizaron en pacientes con sintomatología grave que necesitaron atención médica. Con la llegada de tests PCR, desde mediados de abril de 2020, el número de pruebas realizadas fue creciendo de forma exponencial y con ello aumentó la capacidad de diagnóstico. La cuarta ronda del estudio de seroprevalencia, realizada en noviembre de 2020, determinó que el 9,9% de la población española había pasado el virus mientras que la capacidad de diagnóstico se situó en torno al 65%.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) considera que desde diciembre de 2020, la capacidad de diagnóstico de la enfermedad está entre el 70 y el 75% de los casos. Es decir, ahora se detectan siete de cada diez casos.

Sin fecha para la quinta ronda

La capacidad de diagnóstico durante la tercera y cuarta ola se conocerá cuando se realice la próxima ronda del estudio de seroprevalencia. El Ministerio de Sanidad tenía previsto realizar una quinta y sexta ronda del estudio durante el primer semestre del año pero hasta el momento no hay una fecha prevista. Raquel Yotti, directora del ISCIII, comentó en enero que se pondría en marcha cuando el 70% de la población estuviera vacunada.

Los esfuerzos necesarios para poner en marcha este estudio en los centros de atención primaria están puestos, desde principios de 2021, en la campaña masiva de vacunación. Desde Sanidad también indican que el estudio se tiene que adaptar a la evolución de la pandemia ya que muchos de los participantes de las cuatro primeras rondas ya han sido vacunados lo que ha obligado a trabajar en nuevas metodologías para poder diferenciar la inmunidad por haber pasado la enfermedad de la obtenida por la vacuna.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

2.000 fallecidos en abril por COVID-19, el mes con menos muertes desde agosto

Antonio Delgado — dom., 16 may. 2021 09:30:00 +0200

El número de fallecidos mensuales por COVID-19 en España baja por segundo mes consecutivo. En abril han fallecido 2.002 personas, según la última actualización de la serie histórica publicada por el Instituto de Salud Carlos III y a falta de consolidación de la serie.

A pesar de esta bajada de la mortalidad, en 2021 ya han fallecido mas de 25.000 personas diagnosticadas con COVID-19, el 80% entre los meses de enero y febrero.

En los primeros días del mes mayo, teniendo en cuenta la infraestimación de muertes notificadas por las comunidades autónomas a la Red de Vigilancia Epidemiológica, la tendencia es de bajada con una media semanal de unos 50 fallecidos diarios, lo que indica que el mes puede terminar por debajo de los 1.500 fallecidos. Gracias a la vacunación, la tendencia seguirá bajando en los próximos meses.

Fernando Simón, director del CCAES, preguntado al respecto, cree que España no alcanzará los cero fallecidos por COVID-19 hasta finales de verano. De momento, el 5 de julio de 2020 es el único día desde el inicio de la pandemia que no falleció nadie por el coronavirus.

De momento, ya hay comunidades autónomas que notifican días sin fallecidos por COVID-19. En los últimos siete días, las comunidades autónomas de Galicia, Navarra, La Rioja, Baleares, Cantabria, Extremadura y Murcia, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han notificado menos de siete fallecidos por COVID-19. La comunidad autónoma con mayor número de fallecidos en los últimos 7 días es Madrid con 53 personas, según el último informe de seguimiento de la pandemia publicado por el Ministerio de Sanidad. Estos datos se tendrán que consolidar en las próximas semanas.

El 100% de los mayores de 80 años con al menos una dosis

Detrás de esta bajada en el número de fallecidos está principalmente al avance de la vacunación. En abril, más del 75% de los mayores de 80 años ya tenía al menos una dosis de la vacuna puesta, llegando hasta el 100% en los últimos días del mes y al 88% con la pauta completa.

Las personas de más de 80 años representan el 64% de todos los fallecidos por COVID-19 en España desde el inicio de la pandemia. Han fallecido más de 50.000 personas con 80 años y más.

El dato positivo es que el avance de la vacunación ha posibilitado que en abril de 2021, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los fallecidos de más de 80 años mensuales están por debajo del 50% de todos los fallecidos por COVID-19. Y la cifra bajará varios puntos porcentuales más durante el mayo, según el análisis de los primeros 12 días del mes.

También ha caído el porcentaje de mayores de 80 años hospitalizados. Por primera vez desde el inicio de la pandemia el porcentaje de pacientes por COVID-19 hospitalizados en este rango de edad ha caído del 20% respecto al total de personas hospitalizadas, situándose a finales de mes de abril en el 9%.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Vivir con la pensión mínima, otra cosa muy de mujeres

Ana Tudela — dom., 02 may. 2021 18:55:04 +0200

Una de cada dos mujeres con pensión contributiva de Badajoz, Cuenca y Cáceres cobra la pensión mínima. En Ciudad Real, Zamora, Jaén, Albacete y Ávila, las mujeres con pensión con complemento a mínimos superan el 45 por ciento del total de mujeres con derecho a pensión contributiva. España es un cúmulo de brechas en las que las mujeres acostumbran a salir peor paradas, especialmente si entran en la ecuación la maternidad y los cuidados y, como consecuencia, historias de cotización laboral más breves, con interrupciones y con salarios más bajos. En las pensiones hay una brecha norte-sur, una entre este y oeste, otra entre interior y litoral y una profunda de género que atraviesa todas las demás. En España, viven con una pensión con complemento a mínimos 2.265.659 personas, la inmensa mayoría (86,2%) por jubilación o viudedad. Casi el 66 por ciento son mujeres.

De las mujeres que cobran en España una pensión contributiva, el 29,1 por ciento cobra el mínimo, frente al 16,5 por ciento de los hombres. El porcentaje de mujeres que cobra la pensión mínima es diez puntos porcentuales superior al de los hombres en todas las provincias menos dos, que tampoco andan muy lejos de ese nivel.

La brecha existe en Madrid, 20,9 de las mujeres frente a 8,5 de los hombres; en Barcelona (19 frente a 8 por ciento) o en Vizcaya (16,7 frente a 5,9). Pero allí donde los hombres ya reciben pensiones mínimas en un porcentaje más alto, el porcentaje en las mujeres se dispara. Las menores diferencias se encuentran en Lugo (8 puntos porcentuales); Guipuzcoa (9,7); Álava (10,4); Gerona (10,6); Vizcaya (10,8) y Barcelona (10,9). Las mayores, en Toledo (19,8 puntos de diferencia); Ciudad Real (18); Segovia (17,6) y Pontevedra (17,4).

Un estricto control que pone coto a cualquier mejora

Cobrar la pensión mínima significa que la pensión contributiva, la que la Seguridad Social considera que se ha generado con el trabajo por el que se cotizó, no llega a un mínimo determinado y el Estado decide complementar hasta ese mínimo. A cambio, impone un estricto control a quienes cobran ese plus, limitando la posibilidad de obtener otros ingresos. Superada una determinada cantidad, hoy fijada en 7.707 euros anuales por encima de la pensión, el complemento a mínimos se va reduciendo en la misma proporción en que haya sido sobrepasada hasta desaparecer.

El complemento no se consolida, no es un derecho adquirido y es "absorbible con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones de la persona interesada, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico que den lugar a la concurrencia de pensiones", dice el BOE. Los complementos por mínimos son incompatibles con la percepción de rendimientos de trabajo, capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales.

Si se tiene cónyuge a cargo, y se cobra por ello un mayor complemento a mínimos, el cónyuge no puede ser titular de una pensión y los rendimientos entre ambos no pueden superar al año los 8.990 euros.

El complemento tampoco puede superar la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva, que en 2021 está fijada en 5.639 euros anuales. Es decir, si la pensión reconocida por el Estado es tan baja que exigiría un complemento para alcanzar el mínimo superior a esa cantidad, se limita a la misma.

A los y las que empezaron a cobrar después del 1 de enero de 2013 se les obliga además a ser residentes en España, lo que significa que no pueden pasar más de 90 días al año fuera del país.

Subidas por encima del IPC

Las cuantías de las pensiones mínimas han variado notablemente en los últimos 15 años, especialmente en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Mejorar la pensión mínima por encima del IPC fue uno de sus principales empeños y logros. Si se incluye la paga de ajuste por desviación del IPC, la pensión mínima para mayores de 65 años con cónyuge a cargo pasó de 492,02 euros mensuales en 14 pagas en 2004 a 763,30 en 2012. Incluso en su famosa congelación de las pensiones de 2011, mantuvo las mínimas al margen. El Gobierno popular de Mariano Rajoy dejó la revalorización de las mínimas desde 2014 en el 0,25 por ciento, independientemente de si el IPC se situaba por encima o no.

Revalorización anual de la pensión de jubilación mínima para mayores de 65 años con cónyuge a cargo frente al IPC de noviembre a noviembre, que fue la referencia hasta 2012. FUENTE: Seguridad Social / INE

En 2018, últimos presupuestos prorrogados una y otra vez antes de los actuales en vigor, el Gobierno de Rajoy pactó con el PNV, para sacar las cuentas adelante, una revalorización de las pensiones mínimas del 3 por ciento que se ha venido repitiendo con cada prórroga de las cuentas anuales, incluido 2019, cuando el IPC se situó en el 0,4 por ciento. Se recuperó además la paga de principios de año que compensaba las desviaciones del IPC previsto.

España, entre los países europeos con más mayores de 80 años con la primera dosis de la vacuna

Antonio Delgado — dom., 02 may. 2021 09:58:32 +0200

La última semana de abril, España ha recibido 3,9 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Astrazeneca, Moderna y Janssen. Es la semana, hasta el momento, con mayor número de dosis recibidas. El ritmo de llegada de vacunas seguirá aumentando en las próximas semanas.

La ministra de Sanidad avanzó el pasado jueves, en la comisión de Sanidad del Congreso, que durante este trimestre se espera que lleguen a España: 25,9 millones de Pfizer, 7 millones de AstraZeneca, 5,5 millones de Janssen y 3,5 millones de Moderna. Es decir, se podrá vacunar a 23,7 millones de personas con la pauta completa de la vacuna.

Hasta el 30 de abril, esta era el situación de la vacunación en España por franja de edad. El cien por cien de los mayores de 80 años ya tenía puesta al menos una dosis frente al 78,9 por ciento de los que está en la franja de edad entre los 70 y 79 años. Los porcentajes están estimados según la población residente en julio de 2020.

El grupo de edad entre 70 y 79 años es el que ha tenido un mayor ritmo de vacunación en España. A principios de abril, solo el 4,3 por ciento de los septuagenarios había recibido al menos una dosis y la mayoría de estos primeros vacunados eran residentes en centros de mayores.

Evolución de la vacunación en Europa

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) publica semanalmente los datos de vacunación en Europa, lo que permite comparar el ritmo de vacunación en España con los países europeos que comparten sus datos con esta agencia de la Unión Europea. Los últimos datos disponibles son hasta el 25 de abril de 2021. Es decir, no incluye aún los datos de la última semana ni por tanto la aceleración ni el aumento en determinados grupos de edad que habían quedado más rezagados, como el de 70 a 79 años.

En los siguientes gráficos puedes ver el porcentaje de la población vacunada con la primera dosis por cada grupo etario.

Hasta el 25 de abril, España se encontraba a la cola para la franja de edad entre 50 y 59 años. En España, las personas vacunadas en este grupo de edad están dentro de colectivos con una función esencial para la sociedad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias, Fuerzas Armadas, docentes y personal de educación infantil, educación especial, educación primaria y secundaria.

Los mayores de 60 años forman parte de los primeros grupos de priorización de la vacunación en España. El 94 por ciento de todos los fallecidos por COVID-19 en España, desde el inicio de la pandemia, tenía 60 años o más. El 30 de abril, el 72 por ciento de todos los mayores de 60 años en España ya había recibido al menos una dosis.

A nivel europeo, España, junto con Irlanda e Islandia, se encontraba, hasta el 25 de abril, entre los países con mayor porcentaje de mayores de 80 años con la primera dosis puesta de la vacuna contra la COVID-19 y cae por debajo de la mitad de la tabla entre los septuagenarios europeos.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

2.600 fallecidos en marzo: el mes con menos muertes por COVID-19 desde verano

Antonio Delgado — dom., 25 abr. 2021 09:00:00 +0200

Marzo de 2021 se ha convertido en el mes con menor número de fallecidos por COVID-19 desde el verano, con 2.676 personas, según la última actualización de la serie histórica publicada por el Instituto de Salud Carlos III y a falta de consolidación de la serie en las próximas semanas.

Esta reducción es bastante significativa después del pico de fallecidos producidos en enero y febrero durante la tercera ola. El número de muertes en marzo supone una caída del 68% de las muertes respecto al mes de febrero y 76,35% respecto a enero, mes en el que fallecieron más de 11.000 personas en España debido a la enfermedad.

La evolución semanal permite ver con más detalle la caída semanal en el número de fallecidos desde la última semana de enero. Desde mediados de marzo, el número de fallecidos semanales se ha estabilizado en 400, una situación que no se daba desde finales de agosto de 2020.

Entre las causas de este descenso se encuentran principalmente las medidas tomadas por las comunidades autónomas para atajar la tercera ola y el mantenimiento de las mismas. También han influido en parte las medias acordadas posteriormente de cierre perimetral y limitación de las reuniones en espacios públicos y privados aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud, el 10 de marzo, para la festividad de San José y la Semana Santa. Este acuerdo se realizó mediante una declaración de actuaciones coordinadas (DAC) que fue de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas. Una situación muy diferente a la vivida en diciembre cuando se decidió la flexibilización de medidas en el Consejo Interterritorial del 2 de diciembre, en un momento en que el descenso de casos tras la segunda ola aún no se había consolidado. Estas decisiones tuvieron que ser enmendadas posteriormente por las comunidades autónomas.

El avance en el ritmo de la vacunación también ha tenido impacto en el descenso de fallecidos en el mes de marzo. Durante el mes se han administrado más de 4,5 millones de dosis de vacunas, principalmente a mayores de 80 años. En este gráfico puedes ver el número de vacunas semanales administradas hasta el 18 de abril de 2021.

El 70,8% de la población de más de 80 años ya había recibido al menos una dosis de la vacuna a final de mes. Es la franja de población con mayor número de vacunados al formar parte de los primeros grupos priorizados de la estrategia de vacunación, que comenzó con las personas institucionalizadas en residencias de mayores.

El avance en el ritmo de la vacunación ha hecho que el perfil de los fallecidos haya cambiado. Mientras en enero de 2021 el 67,5% del total de fallecidos tenía 80 años y más, este porcentaje ha caído hasta el 50% durante el mes de marzo.

Desde finales de febrero y especialmente durante el mes de marzo, también ha ido bajando el porcentaje de casos diagnosticados, hospitalizados e ingresados en UCI.

En este gráfico puedes ver la evolución semanal del número de casos, fallecidos, hospitalizados e ingreso en UCI de personas de 80 años y más respecto al total hasta mediados de abril.

En enero, el 6,78% de todos los casos diagnosticados estaban situados en esta franja de edad. Este porcentaje ha caído hasta el 4,17% en el mes de marzo y se encuentra por debajo del 3% en las primeras tres semanas del mes de abril, a falta de consolidación de los datos en la serie histórica. Es la primera vez desciende tanto este porcentaje en esta franja de edad desde el inicio de la pandemia.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

🎙Capítulo 1. Una reforma laboral en tres dosis

Ana Tudela — dom., 11 abr. 2021 09:00:00 +0200

ESCUCHA EL CAPÍTULO 1

Hace una década, entre 2010 y 2012, comenzó un profundo cambio de la normativa laboral que se administró en tres dosis. Hemos viajado a aquel tiempo lejano para hablar con sus protagonistas, aunque ellas y ellos no lo saben. Nos hemos colado en el Congreso, en la Moncloa y hasta en las conversaciones confidenciales con el Banco Central Europeo. Para entender lo que pasó. Qué cambió en la reforma laboral para que una parte defienda su derogación y otra la considere el salvavidas de España. Qué prometieron y qué dicen los datos que ocurrió después. Vengan con nosotros a la Gran Recesión. No se olviden de recordar.

Guion, locución y montaje: Ana Tudela

Montaje y edición: Antonio Delgado

Agradecimientos: A la videoteca del Congreso de los Diputados, por la turra que les hemos dado para conseguir las grabaciones con el mejor sonido posible. Por su amabilidad y atención.

CRISIS DE MEMORIA
Capítulo 1. 
Una reforma laboral en tres dosis
LOCUCIÓN: "Todo había terminado. También mi capacidad para descansar. Hacia las tres, intenté dormir. Fue imposible. La tensión acumulada me lo impedía. Tan consciente era ya, aquella misma noche, de las consecuencias del compromiso adoptado, que me venían a la cabeza imágenes de Rodiezmo.
EFECTO: (Fondo) Canto de La Internacional en Rodiezmo 2009.
LOCUCIÓN: Allí donde había proclamado, delante de muchos ciudadanos, delante de Cándido Méndez y de otros representantes sindicales, que no cedería ante las presiones de los mercados”. (Extracto del libro El dilema, 600 días de vértigo, José Luis Rodríguez Zapatero. Planeta, 2013) 
PRESENTACIÓN RODIEZMO: (presenta a José Luis  Rodríguez Zapatero en Rodiezmo, 2009) Y aquí tenemos al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. (Aplausos)
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (PSOE): (Rodiezmo, 2009) Lo único que el Gobierno puede garantizar es que, en el tiempo que tengamos hasta esa recuperación económica, la protección social va a seguir, va a seguir reforzada y que por supuesto no habrá ningún recorte de los derechos de los trabajadores. Ningún recorte. Como hemos hecho hasta ahora. A pesar de las presiones. (Aplausos).
LOCUCIÓN: Lo que he leído es un párrafo del libro El dilema, 600 días de vértigo, del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.
Interrumpimos para emitir unos segundos de curiosidad (efecto megáfono): Cuando tiene que enmendar su propia política, Zapatero se acuerda de Rodiezmo, el encuentro anual de la minería asturleonesa y la UGT. Allí anunciaba cada año una de sus señas de identidad: la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC. Zapatero sufre al notar el distanciamiento de Cándido Méndez. Es incluso físico y ante las cámaras, escribe. Sufre con la convocatoria sindical en Vistalegre contra su reforma laboral. Y lo escribe. Pero no habla ni una vez del 15M, a pesar de que surgió en 2011, el complicado año que relata con tanto detalle en su libro.
EFECTO: (Fondo. Sonido ambiente de la manifestación del 15M 2011). ¡Que no, que no, que no nos representan!
LOCUCIÓN: La conexión de Zapatero con la ciudadanía está en generaciones que no tienen la espalda para acampar en Sol. Aunque serán las del 15M las que más sufran las consecuencias de todo lo ocurrido entonces.
El fin de semana del 8 y 9 de mayo de 2010, a Zapatero le pasa de todo. El día 8 tiene un ojo en Barcelona, donde operan al Rey del pulmón, otro en Madrid, donde recibe la visita de Joe Biden, entonces vicepresidente de EEUU. Biden, cuenta Zapatero, le dice que los mercados se tranquilizan con sufrimiento y lágrimas, con enfrentamiento con los sindicatos, con pruebas difíciles a los ciudadanos.
Y otro en Bruselas, donde está Elena Salgado, ministra de Economía, negociando la salvación del euro.
En la madrugada del sábado al domingo, Zapatero, desde ese colchón que es lo primero que algunos cambian al llegar a la Moncloa, intenta dormir y al mismo tiempo asimilar que va a tener que defender públicamente un recorte de gasto público de 15.000 millones de euros.
ZAPATERO: (Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2010) 15.000 millones de euros, en 2010 y 2011.
LOCUCIÓN: En contra de todas las promesas que ha hecho. Es la cifra a la que se acaba de comprometer Salgado con el resto de ministros de Economía de la zona euro. Una condición para aprobar un fondo de rescate de países europeos que sea lo bastante potente como para ahuyentar a los que están apostando contra la deuda de los países más débiles.
La duda la han sembrado los titubeos de Europa para ayudar a Grecia. ¿Podía un país del euro no afrontar la devolución de su deuda pública? ¿Podían no ayudarle sus socios?
No acción. Reacción. El interés que se exige a las deudas públicas de los más débiles se dispara. Boom. Y ahí está España, que le debe mucho, muchísimo dinero a inversores externos y lo tiene apostado en gran parte en ladrillos y suelo a través de su sistema financiero. ¡Y era una burbuja! No como el bitcoin. Je. ¡Eso se avisa! Y al estallar, ya no hay casas que hacer y se dispara el desempleo. Hay que pagar el paro a un montón gente, y se dispara el gasto. Y ya no te puedes fiar ni de los impuestos que daba el ladrillo y la rueda de la que tiraba. Que se cae todo. Y espérate, que encima el sector inmobiliario crecía a crédito y le ha dejado un agujero a la banca que no se le ve el fondo. El milagro español.
Zapatero no podrá mantener sus promesas.
Y ese año ya no irá a Rodiezmo.
El líder socialista conjuga todos los verbos que prometió no utilizar.
ZAPATERO: (Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2010) Eliminar, suspender, suprimir, reducir las retribuciones del sector público, la revalorización de las pensiones, prestaciones por dependencia, la prestación por nacimiento...
LOCUCIÓN: No será suficiente. Cada vez le van a pedir más piezas: reformas. Y aquí entra la reforma laboral. Una de las primeras que se le exigen junto con la de las pensiones. Menos de un mes después de anunciar el tijeretazo de 15.000 millones, que ha tocado pensiones, dependencia, sueldos públicos; cuando ya ha asumido que el reformador de su política es él mismo, le cueste lo que le cueste...
ZAPATERO: (Debate sobre el Estado de la Nación. Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2010) Cueste lo que cueste. Y cueste lo que me cueste. 
LOCUCIÓN: El presidente pone fecha a la inminente reforma del mercado de trabajo, que está dispuesto a aprobar con o sin acuerdo.
ZAPATERO: (Rodiezmo, 2009)  ¡No, no! Lo que hemos hecho es gobernar con diálogo. Lo que hacemos es gobernar escuchando a las partes. Aquellos que representan a los trabajadores y también por supuesto a los grupos parlamentarios. Porque con la crisis y de la crisis tenemos que salir con diálogo social y con diálogo parlamentario. Este no es un Gobierno que no escuche, no es un gobierno que no sea sensible a las demandas de los trabajadores y de los sindicatos.
LOCUCIÓN: Eso fue en 2009, señor Zapatero. Salga de Rodiezmo. Volvamos a 2010. La prima. Las presiones.
ZAPATERO: (Declaraciones. Palacio de la Moncloa, 2 de junio de 2010) El Gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, miércoles, en Consejo de Ministros, se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo.
LOCUCIÓN: Será sin acuerdo y no será la última. Ni siquiera la última de su Gobierno.
JOAN TARDÁ (ERC): (Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2010) Esto forma parte de un guion ya escrito, que se va presentando a la ciudadanía por entregas.
LOCUCIÓN: Puede ser, señor Tardá. Fíjese, solo dos días después de aprobar la reforma laboral de 2010, el director gerente del FMI le susurró en Moncloa a Zapatero que España pidiese el rescate. Y fue la primera vez de unas cuantas que se lo pidieron. Lo cuenta en el libro. Donde, de paso, privatiza un par de cartas confidenciales que cruzó con el Banco Central Europeo.
ZAPATERO: (Rodiezmo, 2009) Muchas cosas, mejor no recordarlas.
LOCUCIÓN: Bueno, señor Zapatero, acordarse es precisamente el objetivo de Crisis de Memoria.
ZAPATERO: (Rodiezmo, 2009) Hay algunos que están como frotándose las manos.
LOCUCIÓN: Puede ser. Y eso que aún no han oído cómo se orquestó la reforma laboral de 2011. Que fue la más dura del PSOE. Pero no se preocupe, que luego viene la del PP. Y la puerta que ustedes abrieron, la sacaron de los goznes.
EFECTO: Sintonía.
LOCUCIÓN: Todas las reformas laborales desde la gran recesión se justificaron en que había que acabar o por lo menos frenar la temporalidad.
Ha funcionado tan tan bien que en 2019, por coger un año que no está afectado por la pandemia, se firmaron 22.512.221 contratos. Uno de cada tres duró menos de siete días. 
Si cada vez que se firma un contrato de trabajo en España, se oyese esto
EFECTO: BATERÍA
LOCUCIÓN: El mercado de trabajo español sonaría así
EFECTO: (Fondo) BATERÍA
LOCUCIÓN: Un contrato cada 1,4 segundos
(Cándido Méndez, presidente de UGT) Hemos tomado la decisión de convocar la huelga general el 29 de septiembre
(Zapatero) Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo
(Cándido Méndez) Huelga general
(Luis de Guindos, ministro de Economía) Tomorrow we'll approve the reform of the labor market and you will see that it is going to be extremely, extremely aggressive
EFECTO: (Fondo) SINTONÍA 
(Fátima Báñez, ministra de Empleo) Más trabajo indefinido que trabajo precario.
(Zapatero) Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo.
(Cándido Méndez) Huelga general.
(De Guindos) Extremely aggressive.
(Báñez) Señorías, más empleo pero más empleo estable. 
(Zapatero) Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo.
(Cándido Méndez) Huelga general.
(De Guindos) Extremely aggressive. 
(Báñez) Promover la contratación indefinida. 
(Zapatero) Una reforma necesaria.
(Báñez) Una reforma laboral que fomenta la contratación estable. Que pretende reducir el mal endémico de la temporalidad en nuestro país. 
(Zapatero) Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo.
(Cándido Méndez) Huelga general. 
(Soraya Rodríguez, diputada del Grupo Socialista en el Parlamento) Sí, sí. Indefinidos de un año. Qué blanqueo de las estadísticas que van ustedes a realizar. 
(De Guindos) Extremely aggressive.
(Uxue Barkos, Nafarroa Bai) Salen los padres para que entren los hijos pero, resumiendo, entran salarios más precarios y salen los salarios más asentados. 
LOCUCIÓN: Hay una parte de la sociedad metida en una rueda de entrada y salida constante del mercado de trabajo que se ha ido acelerando año tras año. Da igual que los penalicen con cotizaciones más altas. En España, se crea empleo neto los lunes, se destruye los viernes, crece con fuerza el día uno y parece hundirse en una profunda crisis el día 30 de cada mes. Hasta el día siguiente.
Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria, un viaje de una década hacia la Gran Recesión. Un podcast de DATADISTA para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después.
Capítulo 1. Una reforma laboral en tres dosis.
EFECTO: SINTONÍA
LOCUCIÓN: Hay cosas que hay que entender. Cómo no van a presionar al que escribe el BOE. ¡El BOE! Que te cambia la vida. A ver, un día te despiden y te tienen que pagar 45 días por año trabajado. Y al día siguiente, ya no.
-Pero, oiga. -Eh. Lo dice el BOE. -Ah, perdón.
Entre 2010 y 2012, hubo unos cuantos cambios de calibre. ¿Qué estabas haciendo esos días a las siete y media de la mañana? ¿Subiste una verja? ¿Metiste la clave del ordenador? ¿Pusiste una anestesia? Pues todo igual, pero no.
2010. El ladrillo hace ya dos años que se ha venido abajo por el estallido de la burbuja del crédito. Ha traído paro, un buen agujero en la banca y ahora resulta que el problema es otro. La tele está ahí a diario pum-pum con la prima, la prima. Que podemos saber lo justo. Si sube, malo. Si baja, bueno. ¡Qué tensión! A ver. Que a los españoles y españolas no nos saca del bar una pandemia pero esto nos sacó. A eso llegó el nivel de estrés. Le echamos siete candados al monedero.
JUAN CARLOS MONEDERO:  (Entrevista con Infolibre) Cualquier tipo de fracaso se va a achacar a Unidas Podemos.
LOCUCIÓN: No, no, a usted no. A la cartera. Con el consumo interno tocado, los manuales dicen que hay que salir a buscar los clientes fuera, y cuando digo fuera digo fuera de España, salir de la crisis exportando. Como nos pilla otra vez tarde para ponernos a inventar el iPhone, la solución vuelve a ser exportar más barato.
Antiguamente, hijos e hijas mías, en los tiempos de la peseta, se le decía al Banco de España: ponte a imprimir billetes y se conseguía ser más barato haciendo más barata la peseta, devaluando la moneda. 
Pero, en la crisis que se inicia en 2008, la máquina de fabricar billetes estaba a 1.858 kilómetros, en Francfurt. Fabricaba euros para un montón de países y ya no mandábamos tanto sobre ella.
- ¿Y quién mandaba? ¿Y quién mandaba? - Que estaba en Francfurt.
Para producir más barato había que reducir los costes de lo que se producía: hacer devaluación interna. ¿Traducción en España? Bajar salarios.
No hay ciencia en esto. No vamos a ponernos a pensar en cosas locas como bajar el precio de la energía. Nah.
Opciones:
EFECTO: (Sonido de reloj de cuco)
LOCUCIÓN: Fabricas lo mismo con menos gente.
Despides a la plantilla cara y la sustituyes por una más barata.
Le bajas el sueldo a la que tienes.
Que las leyes te den facilidades para hacer una cosa, la otra o todas es lo que se llama tener flexibilidad externa...
FÁTIMA BÁÑEZ (PP): (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Flexibilidad externa significa generalizar la indemnización de 33 días y 24 mensualidades.
LOCUCIÓN: Señora Báñez, no haga spoiler, que vamos por 2010.
Flexibilidad externa es tener facilidad para despedir plantilla, en teoría para que el coste no te hunda la empresa, porque entonces has hecho un pan con unas tortas, y flexibilidad interna, poder cambiar las condiciones de la plantilla que tienes, en lugar de echarla.
Sobre lo primero, siempre se cruza un debate que dice que el coste del despido de los fijos es una injusticia social, porque hace que todas las crisis acaben en las espaldas de los temporales. Pues sí, imagínate, en 2008 despedir a un fijo costaba 45 días por año trabajado y el fin del contrato de un temporal, 8 días. Adivina quién desfiló primero hacia las oficinas del paro. 
También te digo que por más cambios que se han hecho y por más que prometieron que lo hacían para que no volviese a ocurrir, la crisis económica derivada de la pandemia se ha llevado por delante:
EFECTO: (Sonido dato)
LOCUCIÓN: Datos: 76.000 empleos fijos, incluidos fijos-discontinuos, y 312.129 empleos temporales. Cuatro veces más.
¿Ha bajado la temporalidad en esta década? No. Mantenemos entre un 25% y un 30% de puestos temporales, dependiendo de la época del año. Campeones de Europa. Exactamente el mismo porcentaje que cuando se hicieron las reformas. Lo que ha cambiado es que los contratos cada vez duran menos. Así que las medidas, para esto, no sirvieron.
Ahora se pide más equiparación entre fijos y temporales, más reducción de la dualidad. Con el mismo argumento.
Se supone que se trata de equilibrar las condiciones. El PSOE aumentó en 2010 la indemnización a los temporales. Sí. Pero en diferido. Fue aumentando cada año para pasar, desde los 8, hasta alcanzar 12 días por año trabajado en 2015, cinco años después.
Lo otro, lo de bajar la indemnización de los contratos fijos, fue más rápido. El PSOE lo negó hasta el último momento. Hasta que casi estaba ya en el BOE. Porque es la piedra contra su tejado. Es un tiro en el pie de sus votantes, la negación de su discurso.
ZAPATERO: (Declaraciones, 2 de mayo de 2010) No va a haber pérdida de derechos de los trabajadores en lo que afecta a la indemnización por despido.
LOCUCIÓN: Sí, señor Zapatero, sí la habrá. Aunque lo negasen incluso después de aparecer en el BOE.
JESÚS MEMBRADO (PSOE): (Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2010) No rebaja indemnizaciones por despido a los trabajadores ni merma los derechos de los mismos.
LOCUCIÓN: Jeje. ¡Qué chiquillo! Señor Membrado, cuando usted dijo esto en el Congreso, septiembre de 2010, llevaba ya meses en vigor un nuevo contrato indefinido aprobado por el Gobierno de Zapatero. Con indemnización de 33 días por año trabajado. ¿Afectaba a los contratos en vigor? No. Pero lo extendieron a tantos colectivos que prácticamente servía para cualquier nuevo contrato fijo.
CELESTINO CORBACHO, MINISTRO DE TRABAJO (PSOE): (Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2010) Debe servir para incentivar que se realicen contratos indefinidos en el futuro.
FÁTIMA BÁÑEZ, MINISTRA DE EMPLEO (PP): (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) Es hacer también la contratación indefinida más atractiva.
LOCUCIÓN: Sí, bueno, más atractiva, más barata. Si no pasa nada por decirlo. Lo que pasa es que el PSOE reconocer esto lo lleva mal. Lo hace pero… sufre. Celestino Corbacho lo explicó, lo acabamos de escuchar, porque le quedaban días de ministro en el Gobierno de Zapatero. Mira con qué alegría lo dijo Báñez. Corbacho ya había aprobado la reforma de 2010. La había modificado el Senado. Él se iba con el trabajo hecho. Pero su sustituto, Valeriano Gómez, antes de ser nombrado ministro, fue a la manifestación contra la reforma que iba a tener que aplicar él. Que era mucho más blanda, por cierto, que la que aprobaría él mismo en 2011. Las cosas del PSOE.
Porque 2011, quién iba a decirlo, fue más duro que 2010. Europa tiene que volver a rescatar a Grecia y esta vez decide hacerlo obligando a los inversores privados a dar por perdida una parte de la deuda. Mensaje: la deuda pública europea no es de fiar. 
Y llega agosto. La deuda pública española empieza a superar algunos días los 400 puntos de prima. Es como pedirle a un país con el cajón de los impuestos de España el interés de un crédito para que me compre un coche yo. Zapatero tiene en la cabeza el nivel de prima que obligado a rescatar a Grecia: 591; a Irlanda: 521; a Portugal: 518.
Y quema el teléfono. Necesita apoyos para que intervenga el BCE. Llama a todos menos al Banco Central Europeo, porque es independiente. Que compre deuda española, por dios. ¿No está comprando la de otros países?
La respuesta llega el 4 de agosto. Trichet habla. La prensa y los mercados interpretan. Creen que ha dicho que va a comprar deuda. La prima baja. A los pocos minutos, Reuters publica que el BCE, sí, está comprando deuda, pero solo de Irlanda y Portugal.
-¿Y la española? -Mira. Ahí arriba.
Y aquí viene la jugada. Zapatero habla con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y miembro, por tanto, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y le pide que hable con Trichet. Que busquen alguna fórmula para que el Banco Central Europeo compre deuda española. Y aquí llegan: las cartas. La idea es de Trichet, dice Zapatero en su libro.
CARTA DE TRICHET A ZAPATERO – ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
EFECTO: (Fondo) Música clásica.
LOCUCIÓN: Estimado Zapatero, 
Vendría muy bien que se ocupe de descentralizar la negociación colectiva. Que los convenios de empresa estén por encima de los estatales y regionales en España.
Promover la contención salarial en el sector privado.
Introducir un contrato nuevo con una indemnización muy baja.
Anular temporalmente el límite de encadenamiento de los contratos temporales.
Zapatero responde al día siguiente, sábado.
Estimado Trichet,
Que sí. Que cumplo. Pero compre deuda española.
El literal de las cartas lo puede ver en nuestra web.
El caso es que el lunes, Reuters informa de que el BCE está comprando bonos españoles e italianos. ¡Viva la independencia del Banco Central Europeo! ¡Viva la de los gobiernos! Y la prima cerró en 285 puntos ese día.
Y aquí se encuadra la reforma laboral del PSOE de 2011. Y sus nuevos sufrimientos para explicarla.
El Partido Popular no se anda con estos jaleos del qué dirán mis votantes. En esto, no. Bueno, también porque no son los mismos votantes, pero bueno. Ellos, cuando llegaron al poder, tiraron por la calle del medio. ¿Es que ellos no dan explicaciones a Europa? Claro que sí. Siempre hay que darlas. Estamos en el euro. A ver si no, ese micrófono indiscreto que pilla a Luis De Guindos, ministro de Economía con el PP, anticipándole a Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, que estaban a punto de aprobar una reforma laboral extremely extremely aggressive.
LUIS DE GUINDOS, MINISTRO DE ECONOMÍA: (Micro que capta conversación con el vicepresidente de la Comisión Europea Olli Rehn)  Extremely, extremely aggressive.
LOCUCIÓN: Y tan aggressive. El PP generaliza el despido de 33 días y 24 mensualidades para todos los contratos fijos. A la que levantaba la verja esa mañana, si era fija; al que tecleaba las claves de entrada en el ordenador y a la de la anestesia, si tenía la suerte de ser fija aún estando en la sanidad pública. Afectaba a todos los contratos fijos nuevos pero también a los millones de contratos fijos en vigor. ¿Cómo? En caso de despido, la indemnización se calcula con 45 días para lo trabajado hasta el momento de aprobarse la reforma laboral; y 33, para el tiempo trabajado desde entonces.
El PSOE, que se había hundido en las elecciones por el giro de su segunda legislatura, que se llegó a titular Zapatero gira a la derecha y atropella a Rajoy -que eso para él se queda- intenta recuperar su voz de izquierdas, ya en la oposición, y se lleva las manos a la cabeza. Pero el PP tiene muy fácil su papel. Saben perfectamente el daño que le hacen al PSOE cuando le recuerdan que, en unas cuantas cosas, fue quien abrió el melón. 
BÁÑEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Y ahora, porque lo lleva a la Ley el Partido Popular no les gusta y hay pataleo. No hay quién les entienda, señorías. Es lo mismo: 33 días por año trabajado.
LOCUCIÓN: Sí, y un máximo de 24 mensualidades pero, señora Bánez, lo mismo, lo mismo… no es. Modificar condiciones de millones de contratos fijos en vigor era ir un poquito más allá.
Lo de la flexibilidad externa no se quedó ahí. Ni con el PP ni con el PSOE.
Porque hay una opción de despido de plantilla fija todavía más barata: 20 días por año trabajado y un máximo 12 mensualidades. Es el despido objetivo, procedente. Un despido con causa. Los empresarios no lo usaban mucho porque había alto riesgo de acabar en los tribunales y, mientras estos resolvían, debían seguir pagando los llamados salarios de tramitación.
En 2010, el PSOE introduce la posibilidad de utilizar este despido cuando la empresa tenga una situación económica negativa. Esto no parece muy difícil estando en crisis, pero es una opción que queda todavía como muy abierta, aunque marcaba camino.
Pero ¡ojo a esto!, que sí fue impactante: el PSOE incluyó que, de los 20 días de indemnización, 8 los pagaría el Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa. Es decir,  que daba la posibilidad a la empresa de despedir a un coste en realidad de 12 días por año trabajado a plantilla con derechos adquiridos, mejores salarios, etc.
Al PSOE se le echó encima por supuesto la izquierda. Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya Verds:
JOAN HERRERA (ICPV): (Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2010) Hoy, gracias a ustedes, alegando la situación económica negativa, se podrá despedir con 20 días por año trabajado que, bien subvencionados, al patrón le costarán 12 días. El resto lo pagaremos con fondos públicos.
LOCUCIÓN: Pero también la derecha, que nunca pierde oportunidad de rascar en la herida socialista. José Ignacio Echániz, Partido Popular
JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ (PP): (Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2010)  Esta Ley, que subsidia el despido, hasta el improcedente, abaratándolo y además haciéndolo con fondos públicos.
LOCUCIÓN: Y Valeriano Gómez, ahí, peleando por mantener el argumento
VALERIANO GÓMEZ, MINISTRO DE TRABAJO (PSOE): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Trata de combatir también la inestabilidad, favoreciendo la contratación indefinida y haciendo que el Fondo de Garantía Salarial pueda asumir el pago de hasta ocho días de indemnización por despido.
LOCUCIÓN: Y ella en su escaño. Esperando su momento. Porque nadie, nadie, hasta la llegada de Albert Rivera al Congreso, ha disfrutado más echándole en cara algo al PSOE.
Con todos ustedes, Rosa Díez, de aquel partido que también vino a regenerar y también se fue sin conseguirlo: UPyD.
ROSA DÍEZ (UPYD): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) ¿Cómo se puede plantear, en la misma intervención, que el objetivo de esta norma que nos trae el Gobierno es la creación de más puestos de trabajo cuando se destinan recursos públicos, del Fogasa, o sea, recursos públicos, precisamente para subvencionar los despidos?
VALERIANO GÓMEZ (PSOE): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) El Fogasa seguirá financiando despidos. Solo lo hará cuando el despido sea objetivo, procedente, al fin y al cabo, cuando tenga una causa acreditable ante nuestra jurisdicción. 
LOCUCIÓN: Sí, sí. Es que durante un año subvencionaron hasta los improcedentes.
MEMBRADO (PSOE): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Significa que hemos vuelto al planteamiento legítimo. Que solamente aquellos despidos procedentes tienen que consumir en estos momentos recursos del Fogasa. ¿Eso es malo?
LOCUCIÓN: Lo de legítimo lo ha dicho usted, señor Membrado.
En la segunda reforma laboral del PSOE, la de 2011, la inspirada en la carta de Trichet, se afina más lo del despido objetivo. Se dejó acogerse a este despido más barato a empresas en pérdidas actuales o previstas o incluso en beneficios, si tenían una disminución persistente de los ingresos. 
¿Para qué todas estas concreciones? Pues para que los despidos colectivos no acaben en los tribunales. Y, si llegan, la interpretación sea clara.
Cuando el Partido Popular llega al poder lo pone más fácil.
BÁÑEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) No será más fácil. Será con causa
LOCUCIÓN: Pues con causa, señora Báñez. Se podrá despedir con causa económica cuando los ingresos, durante tres trimestres consecutivos, sean inferiores a los del mismo periodo del año anterior.
SORAYA RODRÍGUEZ (PSOE): (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Es una barbaridad económica. Se imaginan, en un momento de recesión como en el que estamos viviendo, qué empresa en este país no puede alegar una bajada de ingresos.
LOCUCIÓN: Pero si eso lo pusieron ustedes, señora Rodríguez. Me refiero al PSOE, partido al que pertenecía Soraya Rodríguez en ese momento. Hoy, al menos a esta hora, está en Ciudadanos. Creo… ¿No estará Teo en Bruselas?
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Además, para facilitar el despido, es necesario que en los despidos colectivos desaparezca la autorización administrativa. Además también ustedes suprimen los salarios de tramitación.
LOCUCIÓN: Esos sí fueron grandes cambios de la reforma laboral del PP.
Al desaparecer la necesidad de contar con autorización de la administración laboral, la empresa ya no tenía la presión de alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones de un despido colectivo. Podía hacerlo por el mínimo, los 20 días por año trabajado. Y al suprimir los salarios de tramitación, se hacía más complicado para trabajadores y trabajadoras tener pulmón suficiente para soportar un proceso judicial . Si no estaban cobrando nada.
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Solamente tiene un objetivo: disuadir a los trabajadores de que acudan a los tribunales en el caso de los despidos procedentes.
LOCUCIÓN: No lo negaron en ningún momento.
BÁÑEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Para evitar la excesiva judicialización.
LOCUCIÓN: ¿Lo ve?
Datos: Tanto en 2011 como en 2012 y 2013, hubo más trabajadores y trabajadoras despedidos en despidos colectivos que en 2009, el año negro después del estallido de la burbuja inmobiliaria. De 2010 a 2013, se despidió a 273.742 personas con esta fórmula. De estas, 153.227 personas fueron despedidas en 2012 y 2013, es decir, con la reforma del partido popular. Y ya te digo yo que el cambio era relevante. Que se lo digan a esa mujer.
JOAN BALDOVÍ (COMPROMÍS): (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Con veinticinco años de antigüedad en la empresa, a la que han echado a la calle con 18.000 euros de indemnización, en la primera semana de vigencia de su decretazo, en lugar de los 50.000 que le hubieran correspondido la semana anterior.
LOCUCIÓN: Pero no todo fue facilitar despidos. También trataron de fomentar la contratación. ¿Qué contratación?
¿Se acuerdan del contrato indefinido creado en 2010 por el PSOE, el de los 33 días? El Partido Popular también creó su propio contrato indefinido: el contrato indefinido para emprendedores.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) Y recalco que es indefinido.
LOCUCIÓN: Ya, ya, pero diga la letra pequeña.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) Está destinado a empresas de menos de 50 trabajadores.
LOCUCIÓN: Sí, bueno, la gran mayoría de las empresas españolas. La otra letra pequeña.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) La duración del periodo de pruebas de este contrato es de un año.
LOCUCIÓN: ¡Ahí va!
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Un contrato indefinido con un año de prueba. Un año de prueba. No tiene ningún tipo de protección por despido. Ni causa, ni indemnización.
BALDOVÍ (COMPROMÍS): (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) ¿Qué podrán comprar? ¿Quién se fiará de ellos con semejante contrato?
EMILIO OLABARRÍA (PNV): (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Es imposible concebir un período de prueba de un año. Y esa no es la función del período de prueba. Es solo evaluar las capacidades del trabajador para asumir las funciones que le corresponden en su puesto de trabajo. Usted sabe además que esto se presta a una suerte de fraude colectivo que, en el día 364 de este convenio, se va a proceder a la resolución de los mismos sin indemnización. No es despido gratuito es resolución en el período de prueba por pretendidamente no haber superado la prueba. Una perversión y descausalización peligrosísima, señora ministra.
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Sí, sí. Indefinidos de un año. ¡Qué blanqueo de las estadísticas que van ustedes a realizar!
LOCUCIÓN: Pues le doy las cifras. Por más contratos que se inventen, si la economía no tira, las empresas no contratan. El contrato indefinido para emprendedores cogió ritmo cuando empezó a recuperarse la economía. 
Datos: Su máximo se alcanzó en 2018, cuando se firmaron casi 300.000 contratos de este tipo. ¿Eso es mucho o es poco? Ese año el total de contratos firmados superó los 22 millones. El 56 por ciento duró menos de un año.
Este contrato ya no existe. Fue derogado a finales de 2018. Estuvo en vigor más de seis años. No logró que aumentase la contratación indefinida.
Hubo más novedades en contratación de 2010 a 2012. Estaba el I+D de los contratos a todo trapo.
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Un nuevo contrato para la formación y el aprendizaje.
LOCUCIÓN: Sí, sí. Porque aprender no tiene edad y los 30 son los nuevos 20, señor Valeriano Gómez. Hasta el año 2010, los contratos de formación se podían hacer, como máximo, hasta los 21 años. En 2010, por la crisis, se alarga la cosa de forma transitoria hasta los 25 años. Y en la reforma de 2011...
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Dada la dimensión del volumen de jóvenes sin cualificación laboral, la Ley fija, con carácter general,  en 25 años el límite máximo para poder ser contratado a través de esta figura contractual y, transitoriamente -subrayo- transitoriamente, hasta el año 2013, se extiende también la posibilidad de hacerlo a los menores de 30 años...
LOCUCIÓN: ¿Perdón?
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) ...a los menores de 30 años que no tengan ningún tipo de cualificación profesional habilitante para el desempeño de una ocupación.
OLABARRÍA (PNV): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Desde los 20 hasta los 30 años, contratos formativos. Nuestros jóvenes no van a tener más opción de ingresar en el mercado de trabajo que a través de una formación, que va a encubrir mediante un fraude de naturaleza colectiva, que usted debería evitar. Porque, si un joven formándose desde los 20 a los 30 años, cobrando el salario mínimo o percibiendo el salario mínimo interprofesional, va a estar realizando tareas ordinarias de la actividad de la empresa que le contrata, hasta un porcentaje del 75% del tiempo de duración de la jornada, ningún empresario, señor ministro, y usted esto lo sabe igual que yo, va a optar por una fórmula contractual diferente a estos contratos formativos.
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Una jornada mínima dedicada a la formación que pasa del 15 por ciento actual hasta el 25 por ciento.
MEMBRADO: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) 25 por ciento del tiempo, a formación. 75 por ciento, al empleo. Hombre, los empresarios nos piden el 10 por ciento de formación y el 90 por ciento al empleo, vamos a ser claros. Eso es lo que nos piden los empresarios. Una mizquita de empleo, digo de formación, y un trozo grande de empleo en las empresas. No. Nosotros buscamos un elemento de equilibrio.
LOCUCIÓN: Pero a ver. ¿Tienen ustedes alguna teoría de por qué hay en España ese nivel de paro entre los jóvenes? ¿Y ese nivel de temporalidad? ¿Y esos bajos salarios?
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Estas cifras, sin duda escalofriantes, se explican en buena medida por la acción de la burbuja inmobiliaria, que llevó a muchos jóvenes en la última década a abandonar prematuramente el sistema educativo.
CELIA VILLALOBOS (PP): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Y hay en este país 600.000 jóvenes, entre 25 y 30 años, que están en el paro y que no tienen formación ninguna. ¿Por qué los tenemos que dejar fuera?
OLABARRÍA (PNV): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Estamos perdiendo una generación entera, de la cual solo el 15 por ciento o el 20 por ciento, según en qué comunidades autónomas estemos hablando, son fruto del fracaso escolar o del acceso precipitado y prematuro, en el ámbito de la construcción, a un empleo antes de acabar sus estudios. Estamos hablando del 85 por ciento de los jóvenes que tienen la mejor cualificación profesional de la historia del Estado español.
OLAIA FERNÁNDEZ DÁVILA (BNG): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Señorías, si tenemos un problema de cualificación de nuestros jóvenes no es un problema derivado de la falta de formación sino, en todo caso, de la falta de estabilidad en el empleo, que le impide conseguir la experiencia suficiente que, en definitiva, es aquella que mejor cualifica una profesión.
BÁÑEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Si hay un chico que se formó en la construcción en los tiempos de la bonanza económica, tenemos que permitir que esa persona se pueda formar, por ejemplo, en otro oficio como ebanista o cualquier otra cosa para que tenga otra orientación y otro futuro profesional.
LOCUCIÓN: Siento estropearles el argumento pero vengo del futuro, no les traigo lejía pero sí que hace más de una década que estalló la burbuja y el problema sigue ahí. Y ustedes aplicaron su receta. Primero el PSOE y luego el PP.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) La edad máxima para acceder a este contrato hoy está en los 30 años. Nosotros lo mantenemos.
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) De 16 a 33 años puede un joven ahora estar encadenado a un contrato de formación.
LOCUCIÓN: Eso ya era así, señora Rodríguez. Lo pusieron ustedes.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012) Hasta al menos que la tasa de paro baje al 15 por ciento. Cuando baje la tasa de paro en España al 15 por ciento, la edad máxima para acceder a este contrato será de 25 años.
SORAYA RODRÍGUEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Para distintos oficios En la misma empresa. Primero fontanero, luego calderero...
LOCUCIÓN: Sí, eso lo cambió el PP. Lo de la misma empresa. 
El argumento principal de las reformas era acabar con la dualidad, ¿verdad? La altísima temporalidad del mercado de trabajo español. El mismo que están usando ahora. Lo pide Europa. Pues en pleno repunte de la prima, Trichet le dijo a Zapatero en su carta, que quitara el límite de encadenamiento de contratos temporales.
Este límite lo había puesto el PSOE en la reforma de su primera legislatura. Y tuvo un apoyo parlamentario amplísimo. Y funcionó. ¿Cómo te quedas? Limitar el encadenamiento de contratos temporales redujo la temporalidad.
Pues se lo cargaron temporalmente.
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) El Decreto Ley suspende, por dos años, como medida excepcional, ante los efectos de la crisis, la regla que limita el encadenamiento de contratos temporales y su conversión automática en contratos indefinidos.
OLABARRÍA (PNV): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Usted ya ha abdicado, ha tirado la toalla sobre la contratación estable.
JOAN RIDAO I MARTÍN (ERC): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Cómo tienen que estar las cosas, señor ministro, a pesar de lo que usted ha dicho, para que incluso se convalide un decreto ley que instaura nuevamente la barra libre a la contratación temporal, legalizando de facto el fraude de ley existente en estos momentos. Algo que, por cierto, sirvió para reducir de forma ostensible la tasa de precariedad de diez puntos, bajó del 35 al 25 por ciento.
LOCUCIÓN: Diez puntos. Desde entonces no ha vuelto a bajar. Entre otras cosas debido a la subcontratación.
VALERIANO GÓMEZ: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Nosotros mantendremos, por encima de todo, el compromiso de derogarla en cuanto mejore la situación del empleo. Y, si es posible, sin esperar a los próximos dos años.
ROSA DÍEZ (UPYD): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Si es tan buena, ¿por qué la van a suspender dentro de un año?
MEMBRADO: (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) ¿Saben por qué, señorías? Porque estaba perjudicando en estos momentos a la contratación. Porque, mire, las empresas, cuando tienen más de dos años a los trabajadores y los tienen que hacer fijos, los mandan a la calle en estos momentos que no hay seguridad de contratación. Los mandan a la calle. Nosotros queremos que los mantengan en el puesto de trabajo. Aunque sea temporal.
CELIA VILLALOBOS (PP): (Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2011) Pues nosotros no esperaremos ni al 1 de diciembre del 2013.
LOCUCIÓN: Eso es verdad, señora Villalobos, lo derogaron antes. Pero conste que ustedes se abstuvieron para que el decreto del PSOE se convalidase sin necesitar el apoyo de los nacionalistas. ¿Y lo que disfrutaron echándoselo en cara luego? Eso no está 'pagao'.
BÁÑEZ: (Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Encadenaron sin fin los contratos temporales, para fastidiar a los jóvenes españoles. Sí, señorías. Lo hicieron ustedes, sí.
LOCUCIÓN: Claro que sí, para fastidiar, señora Báñez.
Si hay algo en lo que han puesto el foco las reformas de la Gran Depresión es en la modificación de la negociación colectiva. ¿Por qué este interés? Dice el Estatuto de los Trabajadores que la relación laboral se rige:
por las leyes del Estado,
por los convenios colectivos
y finalmente por el contrato de trabajo, que no puede tener peores condiciones que el convenio colectivo ni por supuesto incumplir las leyes.
El convenio colectivo es un blindaje de la pera limonera de las condiciones del empleo, especialmente en empresas de pequeño tamaño, con menos capacidad de negociación por parte de la plantilla.
Hacer primar el convenio de empresa sobre los convenios estatales o sectoriales ha sido uno de los principales objetivos de las reformas. Es el primer punto de la carta de Trichet. ¿Por qué? Pues porque había que bajar costes laborales y eso era un impedimento, y ya está. 
Zapatero le contestó que lo haría. No hizo todo pero hizo un cambio importante,. Creó las comisiones ad hoc para negociar suspensiones temporales de los convenios. 
Y aquí sí que el PP rompió la baraja. Y pilló de sorpresa porque hacía diez días que se había firmado entre sindicatos y patronal l II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Este acuerdo aumentaba el poder de los convenios de empresa, contenía la subida salarial durante tres años y facilitaba los llamados descuelgues, que es la posibilidad de que una empresa suspenda temporalmente la aplicación de un convenio.
El PSOE también había regulado la posibilidad de descolgarse pero del régimen salarial y además había que definir la progresiva recuperación de las condiciones anteriores.
Con la reforma del PP, se permite inaplicar todo: la jornada, el horario, la distribución del tiempo, las funciones y por supuesto las condiciones salariales. Y no había que definir una ruta de recuperación. Pues lanzaron en tromba.
Datos: En 2013, hubo descuelgues de convenios que afectaron a 160.000 trabajadores. Luego ya baja. Al año siguiente 66.000, al siguiente 40.000, al siguiente 30.000 y, desde 2017, está alrededor de 20.000 trabajadores afectados al año.
Además, el PP dio prioridad al convenio de empresa, como estaban pidiendo, y puso límite a la ultraactividad, que es el tiempo en que se mantiene un convenio en vigor mientras se negocia el nuevo. Si pasaban dos años sin acuerdo, fin del convenio.
BÁÑEZ: (Palacio de la Moncloa. Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, 3 de marzo de 2012; Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012) Para ello, se posibilita la adaptación de funciones, los cambios en la jornada o la moderación salarial. Facilitaremos la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo en circunstancias de crisis, lo que se conoce comúnmente como descuelgue. Creemos en los mecanismos de flexibilidad interna y la posibilidad de descuelgue del convenio de ámbito superior, que dará más oportunidad a empresarios y trabajadores para que de verdad el despido pase a ser el último recurso. Reconociendo la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial. Por último, el plazo máximo de vigencia después de la denuncia de un convenio colectivo será también de dos años a partir de ahora. 
LOCUCIÓN: Ha pasado una década. La derogación de la reforma laboral, de las reformas, ha sido un debate, es un debate y será un debate. La tensión llega hasta el acuerdo de investidura del Gobierno actual y hasta el Consejo de Ministros. Ahora se retoma la negociación con sindicatos y patronal. Ni Europa ni la patronal parece que estén muy por la labor y, parte del Gobierno, tampoco. 
Hemos hablado con Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, y con Gonzalo Pina, secretario de Política Sindical de UGT. Y hemos pedido, por supuesto, hablar también con la CEOE para conocer todas las posturas de partida pero han preferido no hablar.
(ENTREVISTAS)
LOCUCIÓN: Hasta aquí, Una reforma laboral en tres dosis, el primer capítulo de Crisis de Memoria. Con guion y voz de Ana Tudela, edición de Antonio Delgado y la inestimable participación de representantes de la política de una época muy muy lejana.
Tenéis el guion íntegro, junto a los gráficos de los datos que se citan, en la zona de Crisis de Memoria de datadista.com
Nos oímos en el próximo capítulo. Hasta entonces, no se olviden de recordar.

El porcentaje de puestos de trabajo cubiertos con contratos temporales sobre el total nos ha situado a la cabeza de Europa desde hace años. Oscila entre el 25 por ciento y el 30 por ciento dependiendo de la época del año. Este nivel no ha variado con las reformas laborales. La única reforma que redujo la temporalidad fue la que tuvo lugar en 2007, cuando se limitó el encadenamiento de contratos temporales y el peso de estos bajó diez puntos porcentuales.

En España, se crea empleo neto los lunes, se destruye los viernes, crece el día 1 y cae con fuerza el último día de cada mes. La normativa penaliza con cotizaciones más altas los contratos con una duración inferior a siete días pero esto no ha impedido que se mantenga esta altísima temporalidad que, de hecho, se ha ido acelerando con los años.

El número de contratos se ha ido incrementando cada año a medida que ganaban peso los de menor duración. En 2019, último ejercicio sin el efecto de la pandemia, se firmaron 22.512.221 contratos.

Con el estallido de la burbuja del crédito y con ella la inmobiliaria en 2008, en España se dispararon los trabajadores afectados por despidos colectivos ese año y el siguiente. Sin embargo, tras los cambios en la normativa laboral que facilitaron acogerse a este tipo de despido más barato (20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades), se alcanzaron niveles superiores a los de 2009.

Uno de los cambios que trajo la reforma laboral de 2012 fue aumentar la facilidad para descolgarse de los convenios colectivos. El efecto fue inmediato, alcanzándose en 2013 casi 160.000 trabajadoras y trabajadores afectados por descuelgues de convenios. A partir de ese año, las cifras cayeron.

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores fue un contrato dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores con fuertes bonificaciones si se mantenía en el puesto de trabajo a la persona contratada durante al menos tres años. Sin embargo, en un país con una temporalidad tan alta como es España, la característica que más polémica levantó fue que contaba con un periodo de prueba de un año, lo que significaba poder mantener a una persona trabajando 364 días y deshacer el contrato sin indemnización alguna. Este contrato fue derogado a finales de 2018.

Según cuenta José Luis Rodríguez Zapatero en su libro El dilema, 600 días de vértigo, fue él quien pidió al presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, a través del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que buscasen un modo de que el BCE comprase deuda española para reducir el nivel de la prima. Trichet propuso unas cartas en las que él pondría deberes a España y Zapatero se comprometería a cumplir. Las cartas se conocieron porque Zapatero las publicó en su libro, a pesar de que figuraban como estrictamente confidenciales y que, en cualquier caso, deberían haberse considerado información pública y haberse hecho públicas para todo el mundo en páginas oficiales. Esto finalmente se logró en 2014, cuando el BCE accedió a la petición de transparencia recibida, gracias al empeño del abogado extremeño Isaac Ibáñez.

Más de 38.000 millones, la factura en prestaciones por desempleo se duplica tras un año de pandemia

Ana Tudela — sáb., 10 abr. 2021 10:11:07 +0200

El 14 de marzo de 2020, España entraba en el primer estado de alarma derivado de la COVID-19. Un estado de alarma con un estricto confinamiento asociado al lema Quédate en casa que vació las calles, echó la verja a la mayoría de locales comerciales -salvo los considerados esenciales- e incluyó un periodo de once días (del 30 de marzo al 9 de abril) de restricción casi absoluta de toda actividad, excepto una serie de servicios esenciales escogidos. El lunes 16 de marzo no fue lunes. Aplanar la curva equivalía a detener el país tanto como fuera posible y eso era hibernar la economía o dejarla al menos al ralentí y, con ella, el empleo. Las sucesivas olas de una enfermedad altamente contagiosa que exige distancia, y especialmente la virulencia de la tercera ola por el efecto de querer salvar la Navidad, han traído nuevos confinamientos, aunque menos estrictos, lo que ha seguido cebándose con el empleo en un país con un enorme peso del turismo, la hostelería y el comercio.

A cierre de marzo de 2021, España tenía aún 465.931 afiliados/as menos a la Seguridad Social que el día previo a la declaración del primer estado de alarma y 743.628 personas en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), según los datos hechos públicos esta semana.

Este recorrido, tras un año de pandemia, tiene una lectura en forma de prestaciones: más de 38.000 millones de euros, de abril de 2020 a marzo de 2021, ambos incluidos, según las cifras del Ministerio de Trabajo hasta febrero, que permiten proyectar el dato de marzo, ya que la cifra de gasto mensual de prestaciones se conoce con un mes de diferencia respecto al dato de paro y afiliación. Es cerca del doble respecto a los 19.700 millones de euros en prestaciones de los doce meses previos.

La parte menos negativa de este profundo socavón es que las prestaciones no se corresponden con personas que han ido al paro. Del total, más de 17.000 millones han financiado prestaciones a trabajadoras y trabajadores en Expedientes por Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la estrategia de contención de rentas que ha impedido la desvinculación de plantilla y empresas, y ayudado a contener con ello la destrucción de empleo experimentada durante otras crisis en relación a la caída del PIB.

Desde el confinamiento de marzo de 2020, hay meses que se han ganado a pulso el manido adjetivo de históricos en un año que ha quebrado la evolución de casi cualquier parámetro económico que se pueda observar y ha dejado la palabra récord en una cosa rutinaria, sin brillo. El pico en gasto mensual por prestaciones se alcanzó en mayo de 2020, cuando se abonaron 5.526 millones de euros, de los que 3.426 millones fueron a pagar prestaciones a personas en ERTE. Era la consecuencia del punto más alto de trabajadoras y trabajadores en esta situación de suspensión temporal del empleo, que a cierre de abril superaba los 3,8 millones de personas.

Los ERTE han ido evolucionando desde los ligados al estricto confinamiento de la primera ola a los centrados en sectores concretos y actividades afectadas por impedimentos o limitaciones establecidas por las medidas de restricción que se han ido decretando según fluctuaba la pandemia en las olas sucesivas.

Esta semana, la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba la intención de prorrogar una vez más el mecanismo de los ERTE ligado a la pandemia más allá del 31 de mayo, cuando vence la última prórroga pactada hasta ahora con los agentes sociales.

El roto de la otra crisis

Si se observa el gasto en prestaciones por años naturales, 2020 se sitúa de nuevo por delante de cualquiera de los ejercicios de la larga crisis iniciada en 2008. Ese fue uno de los grandes problemas de la Gran Recesión. Sus diferentes fases y prolongación en el tiempo, que mantuvieron durante años altas tasas de desempleo en España, hicieron que durante cinco ejercicios el gasto en prestaciones rondase los 30.000 millones de euros. El roto en las cuentas públicas fue enorme y el coste de financiación del déficit mucho más alto, dados los intereses que se pedían entonces, en plena crisis de la deuda desatada inicialmente en Grecia.

En esta ocasión, la crisis económica derivada de la pandemia se está prolongando más de lo que inicialmente se previó, dadas las sucesivas olas, pero los niveles de desempleo no han alcanzado los que se vivieron en aquella. Y aunque esta vez el parón fue enorme, buena parte de la actividad ha regresado. Por eso, salvo aquellos primeros meses de confinamiento duro, las cifras se mantienen altas pero contenidas y se espera que vayan reduciéndose aún más según coge ritmo la vacunación. Todo depende ahora de qué parte del desempleo generado se convierte en estructural.

El préstamo blando de Europa se queda en la mitad del coste de la COVID-19 para España

Al estallar la pandemia, Europa decidió armar un instrumento para dar financiación barata a largo plazo a los países que viesen incrementada de forma brusca su factura tanto por prestaciones por desempleo como por otros mecanismos destinados a congelar la economía y frenar la expansión del virus. Así nació el programa SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Aunque la decisión fue bastante temprana, el 2 de abril de 2020, e incluso la aprobación de las condiciones del programa se tenía lista mes y medio después, la necesidad de tener firmados los avales por todos los países de la Unión Europea y las primeras emisiones de deuda con cargo al instrumento SURE hicieron que los primeros desembolsos no se iniciaran hasta el otoño de 2020. En este instrumento, por cierto, ya no participa el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea por el Brexit.

En cualquier caso, una parte importante del gasto extraordinario derivado tanto de las prestaciones por desempleo y ERTE como de los menores ingresos por las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a trabajadores y empresarios se financia con un préstamo blando, con condiciones ventajosas en interés y plazo de amortización, que Europa ha concedido a España en el marco del SURE.

España, que pidió acceso al SURE el 3 de agosto de 2020, es el segundo país que más financiación va a recibir de este programa, por detrás solo de Italia, por ser uno de los que han visto su economía y mercado de trabajo más afectados por la pandemia. En total, este país tiene aprobada con cargo al SURE financiación por 21.324,8 millones de euros. El pasado 30 de marzo se recibió el quinto tramo, 4.060 millones de euros, elevando el total recibido hasta la fecha a 17.830 millones.

La cantidad se va a quedar muy lejos de lo que va a gastar el Gobierno español en desempleo, ERTE y exoneraciones a la Seguridad Social directamente relacionadas con la COVID-19. El cálculo del Ejecutivo hasta el próximo mes de mayo ya se sitúa en torno a los 40.000 millones de euros. En dicho cálculo se incluyen las exoneraciones a la Seguridad Social asociadas a los ERTE, lo que ha supuesto 5.900 millones de euros hasta marzo de 2021 por ingresos que no ha recibido la Seguridad Social; el coste de la prestación especial para autónomos por cese de actividad derivado de la pandemia, 5.405 millones, y la exoneración de cuotas de autónomos, 2.718 millones.

España no ha podido recibir más porque los tres países con mayor volumen de financiación del SURE no podían superar en conjunto el 60 por ciento de los 100.000 millones de euros que concederá como máximo este instrumento. El primer puesto lo ocupa Italia, con fondos concedidos por importe de 27.400 millones, y el tercero, a bastante distancia de los dos primeros, Polonia, con 11.200 millones. Europa está financiando a su vez este programa con emisiones de títulos avaladas por todos los países de la UE, una forma de mutualización de deuda impensable en la crisis iniciada en 2008.

En el primer informe sobre el programa SURE, emitido el pasado mes de marzo, se realizó un cálculo del ahorro en intereses de los países que han recibido fondos en comparación a lo que habrían tenido que abonar de haber emitido deuda por su cuenta para financiar la misma cuantía de gasto. En el caso de España, el ahorro estimado es de 850 millones de euros.

La deuda en pandemia

España tuvo que revisar en mayo del año pasado su programa de emisión de deuda pública en vista del fuerte incremento de gasto y caída de ingresos que ya estaba suponiendo la irrupción de la COVID-19. Frente a los 32.500 millones de euros previstos inicialmente de emisión neta (es decir, sin tener en cuenta los 173.135 millones previstos para refinanciar deuda que vencía a lo largo de 2020) se han emitido finalmente 109.922 millones: 3,4 veces más de lo inicialmente previsto.

La importancia de vacunar a los mayores de 60 años para frenar las muertes por COVID-19

Antonio Delgado — dom., 04 abr. 2021 09:20:00 +0200

El 94% de todos los fallecidos por COVID-19 en España desde el inicio de la pandemia tenía más de 60 años, aunque solo representan el 24% de los casos diagnosticados, según los datos del Instituto de Salud Carlos III. Hay 12 millones de personas residentes en el país mayores de esa edad, el 25,6% del total de la población. El diagnóstico es claro: vacunar a los mayores de 60 años salvará miles de vidas.

Los mayores de 80 años son el grupo de edad que se ha llevado la peor parte en la pandemia. Son minoritarios respecto a los casos diagnosticados pero representan el 64% de todos los fallecidos. Más de 48.000 personas, con una letalidad del 20%.

El impacto de estas muertes ha sido tan alto que en diez provincias falleció en 2020 el 2% de la población mayor de 80 años debido a la COVID-19.

Fallecidos por COVID-19 en España según el rango de edad

Los menores de 49 años representan el 61% de todos los casos pero han fallecido algo más de 1.110 personas, el 1,5% del total. Se contagian los jóvenes y se mueren los mayores.

La mayoría de los hospitalizados eran mayores de 60 años

La saturación del sistema sanitario debido a la pandemia de la COVID-19 tiene un impacto directo sobre la edad. El 66% de los hospitalizados tenían 60 años o más y el 64% de los que ingresaron en una UCI. En las unidades de críticos, la edad también ha sido un baremo para no entrar: solo el 5% de los que ha entrado en una UCI tenía 80 años o más. 199 personas desde el inicio de la pandemia.

Primero, los mayores en residencia; luego, los que están fuera

La estrategia de vacunación en España (PDF) comenzó a finales de diciembre con los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en los centros de mayores junto con los grandes dependientes. Actualmente el 98% de las personas institucionalizadas tiene al menos una dosis de la vacuna puesta.

Las personas entre 66 y 80 años y más que no sean residentes en un centro de mayores se sitúan en el grupo 5 de vacunación. La primera prioridad dentro de este grupo son los mayores de 80 años, que comenzaron a ser vacunados a mediados de febrero. Las vacunas previstas para este grupo son las de Pfizer-BioNTech, Moderna y Janssen. La franja de edad entre los 56 y 65 años de edad son el grupo 8 de vacunación. Les toca la vacuna de AstraZeneca, cuando haya dosis disponibles.

El efecto de la vacuna ya se puede observar en los mayores de 80 años

El impacto de la tercera ola en las muertes en residencias hubiera sido mayor si no fuera por las vacunas. Desde el momento que se empezó a administrar la segunda dosis de la vacuna en residencias de mayores, el porcentaje de fallecidos semanales de más de 80 años con respecto al total de fallecidos de esa semana ha ido bajando de entre el 67 y 70% de los últimos meses hasta situarse en la actualidad por debajo del 50%. Ha ocurrido algo similar con los hospitalizados. En este gráfico puedes observar la evolución del porcentaje de fallecidos y hospitalizados semanales de 80 años y más respecto al total.

Evolución del porcentaje de fallecidos y hospitalizados semanales de 80 años y más respecto al total

En el siguiente gráfico se puede observar el porcentaje de vacunación en España según el rango de edad. Es una información que el Ministerio de Sanidad ha empezado a publicar esta semana, tanto con una dosis como con la pauta completa. Hasta el 3 de abril, al menos el 77,2% de los mayores de 80 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 44%, la pauta completa. El porcentaje real será algo mayor debido a que Melilla y País Vasco no actualizan sus datos desde el 30 de marzo.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Cantabria y Navarra tienen a más del 80% de los mayores de 80 años con al menos una dosis de la vacuna puesta. En el caso de Andalucía, más del 60% tiene ya la pauta completa.

Mientras el ritmo de vacunación avanza, va llegando a su fin para los mayores de 80 años. El siguiente grupo prioritario, las personas entre 70 y 79 años está parado. Incluso las personas entre 60 y 69 años han recibido más dosis de la vacuna. Solo el 4,3% de los septuagenarios ha recibido al menos una dosis, teniendo en cuenta que la mayoría de estos primeros vacunados son residentes en centros de mayores.

Esta anomalía en el plan de vacunación, debido a la falta de vacunas en el primer trimestre del año y la limitación de edad para la administración de la de AstraZeneca, hace que España sea el país de la Unión Europea con menor tasa de vacunados entre 70 y 79 años. En este gráfico se muestra la tasa de vacunados en los países de la Unión Europea con al menos una dosis para las franjas de edad de 60 años en adelante.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Meses de retrasos en los datos de Cataluña distorsionan la información sobre fallecidos por COVID-19

Antonio Delgado — sáb., 03 abr. 2021 10:30:00 +0200

El viernes 26 de marzo, muchos medios de comunicación informaron de 590 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En algunos casos, añadieron que era la cifra de notificados, llevando en cualquier caso a la confusión de interpretar que ese dato son personas fallecidas en un día. La cifra no aparece en los informes de Sanidad, sino que se obtiene de restar al total de fallecidos publicado en el informe de Sanidad de ese día el dato reportado el día anterior. Y la diferencia entre uno y otro tiene una explicación y un origen que está provocando una recurrente desinformación que impide ver la evolución de la pandemia y con ello las consecuencias de las decisiones políticas en cada momento.

Para empezar, la cifra citada son fallecidos por COVID-19 añadidos a la serie histórica desde el inicio de la pandemia. Esto ocurre debido a que las comunidades autónomas envían con retraso sus datos. Por tanto, no, no fallecieron 590 personas entre el 25 y 26 de marzo de 2021. Si se resta el dato por comunidades autónomas se obtiene además que 524 de las 590 muertes habían sido añadidas por Cataluña.

Según el portal de seguimiento diario de la pandemia de la Generalitat de Cataluña, el 25 de marzo de 2021 fallecieron 8 personas en la comunidad. 40 en toda España, según el último informe de Sanidad. Estos datos no son definitivos. Se irán consolidando en las próximas semanas.

No solo ocurrió ese día. Esa semana, entre el 22 y 26 de marzo, los fallecidos obtenidos de restar el dato diario del informe al anterior suman 2.100 muertes, de las cuales 1.461 fueron notificados por Cataluña. Es decir, el 69,9% del total.

Los fallecidos según el día de defunción

Junto con los informes de Sanidad y la información publicada por las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mantiene actualizadas algunas series históricas para seguimiento de la COVID-19, lo que permite analizar la evolución de la pandemia. Entre la información disponible se puede conocer el número de fallecidos por la fecha de defunción.

El análisis de las series publicadas entre el 23 y el 30 de marzo realizada por DATADISTA muestra que Cataluña añadió 1.202 fallecidos a la serie de los cuales 479 fueron añadidos al mes de enero de 2021 y 365 a febrero de 2021. Esta actualización supone aumentar en esta comunidad más de un 30% los fallecidos por COVID-19 en los dos primeros meses del año.

Por tanto, la mayoría de los fallecidos obtenidos de restar notificados en los informes de Sanidad entre el 22 y el 26 de marzo son en realidad fallecidos añadidos a los meses de enero y febrero de 2021. Aún es pronto para saber cuantas personas fallecieron esa semana, pero la última actualización de la serie histórica del ISCIII muestra que desde principios de marzo ha fallecido en España menos de 1.000 personas a la semana y han ido descendiendo desde principios de febrero, a falta de consolidación de la serie.

Fallecidos por COVID-19 en España por semana

La media diaria calculada a partir de los fallecidos notificados

Algunos medios están haciendo el siguiente cálculo con los notificados: sumar todos los fallecidos obtenidos de restar el total diario de los informes publicados durante la semana y dividirlo por 7 para obtener una estimación de fallecidos diarios semanales. De esta manera se intenta eliminar la infraestimación de los retrasos en la comunicación de los casos. Pero esto también produce distorsiones en las series cuando se notifican un gran número de fallecidos de semanas anteriores.

Por ejemplo, la semana entre el 22 y el 26 de marzo de 2021 se notificaron 2.100 nuevos fallecidos lo que hace salga una media de 300 fallecidos diarios para esa semana completa. Sin embargo, observando la tendencia de los fallecidos según su fecha de defunción, a pesar de la infraestimación en los últimos 14 días, desde principios de febrero el número diario de fallecidos ha ido bajando.

En el siguiente gráfico se muestran los fallecidos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 28 de marzo de 2021 con cuatro variables: fallecidos según la fecha de defunción y una línea con la media móvil diaria a 7 días; fallecidos notificados y una línea con la media móvil diaria. Los fallecidos notificados están situados en el día previo a la publicación de los datos en el informe para permitir su comparación con los fallecidos situados en el día de la defunción. Por último, la zona gris situada en los últimos 14 días se considera que los datos para los fallecidos según la fecha de defunción están infraestimados por falta de consolidación.

En la gráfica se puede observar cómo la media de fallecidos notificados sigue estando infraestimada en el dato real de fallecidos según el día de defunción cuando estamos en una tendencia de crecimiento. En el momento en el que cambia la tendencia -en el gráfico, a partir de los primeros días de febrero- la media diaria de fallecidos notificados muestra una sobrestimación de fallecidos debido a que muchos de los fallecidos notificados siguen siendo del momento de mayor impacto de la pandemia en las defunciones.

Una variante de utilizar los datos de fallecidos notificados es sumar todos los fallecidos restados de un día respecto al anterior de los informes de Sanidad publicados entre el lunes y el viernes y considerar la cifra como los fallecidos ocurridos durante la semana. También se hace con los meses, restando el dato del último informe del mes con el del primero. Esto, por ejemplo, llevó a titular, el pasado 28 de febrero, a numerosos medios generalistas que febrero de 2021 era el mes con más muertes desde el pasado abril. Tampoco es cierto.

El problema de usar los notificados diarios obtenidos de restar los totales de los informes de Sanidad es que complican el seguimiento correcto de la evolución de la pandemia y el efecto de las decisiones políticas en cada momento, lo que al final se traduce en desinformación. El uso de la serie histórica del ISCIII permite ir viendo la consolidación de la serie y evolución pero tampoco sirve para conocer lo que ha ocurrido en la última semana. Por su parte, el dato de los fallecidos en los últimos 7 días de los informes de Sanidad, es un dato más cercano a la realidad pero sigue estando infraestimado.

¿Cuántas personas realmente han fallecido por COVID-19 en España?

La respuesta corta es que no lo sabemos. El dato más cercano a la realidad lo conoceremos cuando el Instituto Nacional de Estadística publique las estadísticas de defunciones según la causa de muerte para el año 2021. Es una información que se realiza analizando uno a uno los tres tipos de cuestionarios estadísticos sobre fallecimientos existentes en España: Certificado Médico de Defunción/Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED), Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) y Boletín Estadístico de Parto (BEP).

Antes de la pandemia, esta información se publicaba de manera anual a final de cada año, pero ahora el INE está dando prioridad al tratamiento de estos datos para acelerar su publicación. El pasado mes de diciembre, en vez de publicar los datos para todo el año 2019, decidió publicar un avance para los meses de enero a mayo de los 2019 y 2020. Ahora están trabajando para tener los definitivos de 2020 al final del verano de 2021, en lugar de diciembre de 2021.

Hay otras víctimas colaterales que nunca aparecerán en estas estadísticas. Por ejemplo, si una persona, debido a la presión sobre la capacidad asistencial por el COVID-19 no recibe un tratamiento de urgencia y muere.

¿Qué pasa si hay una epidemia?

No podemos esperar a analizar los certificados de defunción de los registros civiles para saber que tenemos un problema de salud pública.

Las autoridades sanitarias cuentan con algunas herramientas para poder vigilar la evolución de las enfermedades más transmisibles que pueden suponer un problema de salud pública. De esto se encarga el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III. Este organismo público tiene entre sus funciones la vigilancia de enfermedades con el fin de poder medir su impacto y comportamiento. Por ejemplo, durante una epidemia de gripe. Para ello, se apoya en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) que gestiona la plataforma informática SiViEs (Sistema de Vigilancia en España) para que cada comunidad autónoma pueda reportar los casos identificados de una serie de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria.

La finalidad de esta red no es tener todos los datos actualizados al minuto, sino disponer de una base suficiente de casos para poder analizar tendencias, ver evoluciones y tomar decisiones de salud pública.

¿Qué pasó cuando llegó la COVID-19?

La plataforma SiViEs se empezó a utilizar en 2011 y su implementación fue desigual entre las comunidades autónomas durante todos estos años. En 2020, cuando saltó la pandemia de la COVID-19, no estaba totalmente integrado con los sistemas informáticos de las comunidades autónomas, lo que hizo que las comunidades autónomas enviaran los datos agregados para la gestión de la pandemia. El 11 de mayo de 2020, se publicó la Orden SND/404/2020 donde se obligaba a las comunidades a empezar a enviar los casos diagnosticados de manera invidualizada a través de esta plataforma. Algunas comunidades tardaron un tiempo en poder hacerlo.

El 25 de mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad dejó de publicar las cifras de fallecidos en las últimas 24 horas en su informe diario con la información que les reportaban las comunidades autónomas en sus datos agregados. Lo sustituyó por una columna con los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Este cambio fue debido a dos causas: En primer lugar, a partir de esa fecha, los informes diarios que realiza el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se empezaron a analizar y agregar a través de los casos notificados de manera individualizada a la RENAVE. En segundo lugar, debido a que las comunidades autónomas notifican con retraso los casos. Por tanto, es un dato que no sirve para nada hasta que se consolide. El dato a 7 días, a pesar de que sigue estando infraestimado, permite ver tendencias y evoluciones, lo que es fundamental para la toma de decisiones de salud pública.

Durante los meses siguientes, las comunidades autónomas fueron añadiendo los datos invidualizados de los primeros meses de la pandemia. El 4 de noviembre de 2020, el CCAES terminó de depurar la serie y se produjo una actualización de la serie histórica. Esto hizo que de golpe se añadieran 1.326 fallecidos con fecha de defunción antes del 11 de mayo. No será la última vez. La depuración de la serie histórica seguirá ocurriendo hasta el final de la pandemia.

DATADISTA ha consultado al Departament de Salud de la Generalitat de Cataluña el motivo de los retrasos en la notificación. Aún no se ha recibido la respuesta definitiva, que será incorporada a esta información en el momento en que la faciliten.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Radiografía de la ocupación en UCI después de un año de pandemia

Antonio Delgado — dom., 28 mar. 2021 09:27:13 +0200

El 6 de abril de 2020, había más de 5.000 personas ingresadas en una UCI en España. Su impacto era desigual en el territorio. El 60% de los ingresos se repartían entre Cataluña y Madrid. En estas comunidades la saturación de las UCI superaba ampliamente la capacidad normal asistencial, según los cálculos realizados por DATADISTA. De la noche a la mañana tuvieron que reconvertir en unidades de críticos salas de reanimación, quirófanos y plantas de hospitales.

Manuel de Castro, responsable de Atención Hospitalaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) explica a DATADISTA que en esos momentos, el cribado de pacientes en las UCI en Madrid ya no era decidir si una persona de 80 años entraba o no, "había que decidir entre el paciente de 45 años, el de 55 años o el de 65 años. Espero que esto no se repita nunca".

La disponibilidad de unidades de críticos es el eslabón más débil de la cadena. No se puede permitir que la COVID-19 se coma toda la actividad asistencial de los hospitales. Es la razón principal por la que se aplican restricciones de movilidad y aforos. Se quiere evitar a toda costa que el sistema sanitario colapse.

Por este motivo, la orden que consensuaba las fases de desescalada, en los meses de mayo y junio de 2020, obligaba a las comunidades autónomas a tener disponibles entre 1,5 y 2 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Ninguna comunidad cumplía este requisito, según el análisis realizado por DATADISTA de camas UCI en el Sistema Nacional de Salud con datos desde 2010.

Esta semana, el Ministerio de Sanidad ha publicado por primera vez la serie histórica de la capacidad asistencial desde el 19 de agosto de 2020, lo que nos permite conocer mejor cómo ha impactado la pandemia en los hospitales durante la segunda y tercera ola. Esta información la remiten diariamente los hospitales al Ministerio de Sanidad.

Evolución de las camas UCI ocupadas total y por pacientes COVID-19

Este jueves había en España 1.830 personas en una UCI, lo que significa el 18,40% de los ingresados en estas unidades. Por encima del 25%, una situación considerada de riesgo alto, están las ciudades autónomas de Ceuta (52,94%) y Melilla (41,18%) junto con Madrid (34,29%), La Rioja (33,96%) y Cataluña (31,97%). En estas comunidades autónomas, la situación es preocupante debido a que no han bajado del 25% desde el pico de la tercera ola cuando el número de casos diagnosticados ha empezado a aumentar en los últimos días.

El porcentaje de ocupación diaria está calculado con la media a 7 días en función de la capacidad asistencial de los hospitales de unidades críticas con y sin respirador. Un nivel de ocupación por pacientes COVID-19 superior al 25% es una situación de riesgo muy alto.

El responsable de Atención Hospitalaria de AMYTS, Manuel de Castro, considera que para entender bien estas estadísticas hay que tener en cuenta que la capacidad estructural de las camas de UCI no ha variado mucho durante este año de pandemia. "Estas estadísticas muestran básicamente la capacidad complementaria que los diferentes hospitales han ido adaptando en base a sus necesidades."

"Si ahora tengo 3 salas con 50 camas UCI y mañana reconvierto la sala de reanimación, que cuenta con 15 puestos, como camas UCI, paso de tener una ocupación del hospital del 100% a un porcentaje menor". Sin embargo, la capacidad estructural del hospital sigue siendo la misma que antes de la pandemia.

En este gráfico se puede observar cómo ha variado la capacidad de camas UCI disponibles (con y sin respirador) entre la situación antes de la pandemia y la media de camas UCI declaradas desde agosto de 2020 por los hospitales al Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas de Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias han incrementado un 250% su capacidad.

Variación porcentual entre el número de camas UCI disponibles antes de la pandemia (2019) y la media de camas UCI disponibles en hospitales desde agosto de 2020.

¿Cómo son capaces los hospitales de aumentar su capacidad? De Castro explica la situación específica del hospital 12 de octubre de Madrid: "El área de cirugía mayor ambulatoria se ha convertido en camas UCI para pacientes COVID-19 desde la tercera ola y aún continúa así".

Evolución de las camas UCI disponibles por comunidad autónoma

El siguiente gráfico muestra la evolución de las camas UCI totales disponibles desde agosto de 2020. En muchas comunidades autónomas la disponibilidad de camas se ha ido adaptando a las necesidades de la segunda y tercera ola.

La disponibilidad de camas está calculada con la media diaria en los últimos 7 días en función de la capacidad asistencial de los hospitales de unidades críticas con y sin respirador.

La adaptación de salas y plantas en los hospitales para montar unidades de críticos para pacientes COVID-19 conlleva destinar recursos humanos a esa tarea. De Castro indica que en Madrid "cuando se abrió IFEMA como hospital, la estadística de ocupación bajó pero el problema es que no había personal para atenderlo. Un traumatólogo, por muchas ganas y empeño que le ponga, no es un especialista en medicina interna".

"¿Qué personal está atendiendo el Zendal? Un batiburrillo de varias especialidades colaborando: reumatólogos, endocrinos, cardiólogos... No lo está atendiendo el personal especialista en ello, que son los médicos intensivistas. La situación no es gravísima, pero no es normal lo que estamos viviendo. La normalidad llegará cuando el reumatólogo y el cardiólogo se dediquen a lo suyo."

Paloma Navas, ex directora general de Salud Pública en Cantabria y doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, explica a DATADISTA que "desde el principio de la pandemia hemos pensado en camas UCI como un indicador de capacidad sanitaria y hemos pasado por encima o de puntillas sobre el ratio de profesionales cualificados para tener esas camas UCI. Puedes tener una carencia de personal cualificado porque se infecten, como ha pasado en algunos brotes, o porque se den de baja debido al agotamiento por el esfuerzo de tantos meses. Las camas UCI no se cuidan solas. Las personas son los verdaderos garantes de la capacidad."

Para Navas, suceden dos efectos negativos cuando no tienes suficiente personal cualificado para la atención en UCI. "Por un lado, la atención sanitaria que reciben los pacientes no es la de una persona especializada y por otra parte, ese profesional deja de atender a los pacientes del área de donde vienen, por lo que se sufre un perjuicio en la atención sanitaria habitual. Cada vez que vemos una fluctuación en las curvas de capacidad de UCI lo que estamos viendo es cómo la COVID-19 se come la actividad sanitaria de otros ámbitos en los hospitales."

Evolución de la ocupación de camas UCI según la disponibilidad pre-COVID-19

Otra forma de observar la capacidad asistencial de las unidades de críticos es utilizar el número de camas UCI disponibles antes de la pandemia para comprobar la situación de ocupación que tendrían con y sin pacientes COVID-19. Por primera vez podemos conocer esta información en tiempo real gracias a los datos enviados diariamente por los hospitales al Ministerio de Sanidad.

El gráfico muestra la evolución de la tasa de ocupación de las UCI sin pacientes COVID-19 y la evolución de la tasa de ocupación total según el número de camas UCI disponibles en 2019, el último año antes de la pandemia.

Mientras en muchas comunidades el nivel de ocupación de pacientes no COVID-19 se mantiene estable a lo largo del tiempo, la segunda y tercera ola de la COVID-19 inciden directamente sobre la capacidad estructural.

La tasa de ocupación de camas está calculada con la media diaria de ocupación en los últimos 7 días de unidades de críticos con y sin respirador teniendo en cuenta las camas UCI disponibles del Sistema Nacional de Salud y en hospitales privados en 2019.

Un nuevo indicador de riesgo: la tasa de camas UCI por cada 100.000 habitantes

Uno de los nuevos indicadores aprobados esta semana por la Comisión de Salud Pública en el documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 (PDF) es la vigilancia de la tasa de camas UCI ocupadas por pacientes COVID-19 por cada 100.000 habitantes. El documento de actuaciones, elaborado por la Ponencia de Alertas en la que están representados técnicos de las comunidades autónomas, es importante ya que contiene los criterios e indicadores para evaluar el nivel de riesgo. Luego cada comunidad autónoma decide las medidas que considere oportuna.

En este gráfico puedes ver la evolución de la tasa calculada por DATADISTA. Una tasa por encima del 5% se considera de riesgo muy alto. Siete comunidades autónomas están actualmente por encima de esta cifra. Asturias, Ceuta, La Rioja, Melilla, Cataluña, Castilla y León y Madrid. De hecho, las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Cataluña y Madrid llevan todo 2021 superando el 5%.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Madrid amplía las restricciones de movilidad a dos zonas básicas y seis localidades

DATADISTA — vie., 26 mar. 2021 12:30:00 +0100

Desde el 29 de marzo las restricciones de movilidad afectarán a 5 zonas básicas de salud y 7 municipios debido al aumento de la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días. También se levantan las restricciones desde ese día en el municipio de Morata de Tajuña. El criterio actual para para las limitaciones son un umbral superior a 350 casos de incidencia, transmisión comunitaria y tendencia creciente.

En rojo, las zonas básicas con restricciones de movilidad

La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido en 46% las zonas básicas de salud respecto a los siete días anteriores, según la información publicada por la Comunidad de Madrid en pasado miércoles 23 de marzo. La tasa de incidencia se ha situado, el 26 de marzo de 2021, en los 235,32 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

En este momento, el umbral mínimo para tomar medidas de restricción de la movilidad es de más de 350 casos por cada 100.000 habitantes. Diez zonas se encuentran por encima de esa cifra. Tres de estas zonas básicas ya contaban con restricciones de movilidad: Valle de la Oliva, Nuñez Morgado y Virgen de la Begoña. Entre las restantes zonas básicas con una incidencia superior a 350 casos se encuentran las zonas de Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo, cuya incidencia ha subido en última semana, lo que ha motivado a la Dirección General de Salud a restringir la movilidad durante 14 días.

El 28% de las zonas básicas aún están por encima de los 250 casos, que es un valor de riesgo muy alto según el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, acordado por el Consejo Interterritorial. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera preocupantes incidencias por encima de los 60 casos.

Tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por COVID-19 en las zonas básicas de salud de Madrid por cada 100.000 habitantes

Desde el lunes 29 de marzo y hasta el 12 de abril, quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo, ambas en el distrito de Vicálvaro de Madrid y en las localidades de Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.

Seguirán con restricciones de movilidad las zonas básicas de salud de Núñez Morgado en el distrito de Chamartín; Virgen de Begoña en el distrito de Fuencarral-El Pardo; la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en el municipio de Majadahonda, y la localidad de Navacerrada.

Desde el lunes 19 de marzo la Comunidad de Madrid también levanta las restricciones de movilidad en el municipio de Morata de Tajuña.

Evolución de la tasa de incidencia acumulada los últimos 14 días en las zonas básicas de salud de Comunidad de Madrid con restricciones

La ocupación de camas de agudos y UCI es otro de los parámetros a seguir para ver la saturación del sistema sanitario. La Comunidad de Madrid tiene el 34,09% de las camas UCI ocupadas por pacientes por COVID-19, la más alta de todas las comunidades autónomas. Solo la ciudad autónoma de Ceuta tiene una mayor incidencia que Madrid.

En cuanto a las camas de agudos, Madrid tiene el 11,90% de ocupadas por COVID-19 respecto al total de hospitalizados. La media nacional es del 6,13% de camas ocupadas.

Evolución del porcentaje de camas ocupadas por COVID-19 en Madrid

Tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por COVID-19 en municipios de Madrid por cada 100.000 habitantes

Tasa para municipios con más de 5 casos confirmados.

En la capital, 6 distritos están por encima de los 250 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes: Vicálvaro(306,56), Chamartín (285,91), Barajas (275,82), Moncloa-Aravaca (275,5) , Chamberí (264,75) y Salamanca (256,67).

Tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por COVID-19 en los distritos de Madrid por cada 100.000 habitantes

En este gráfico puedes ver la evolución de los casos notificados diarios por COVID-19 en Madrid por tipo de prueba desde el inicio de la pandemia. El 24,8% de todos los casos diagnosticados en los últimos 14 días en España son en Madrid.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Debido a la falta de normalización, accesibilidad y reutilización de los datos de incidencia de la COVID-19 por parte del Ministerio de Sanidad, DATADISTA comenzó a publicar el pasado 12 de marzo los datos desagregados en formato CSV en su cuenta de Github del resumen de situación por la COVID-19 en España y otros datasets relacionados después de un proceso semiautomático de extracción, limpieza y normalización de las tablas de la situación diaria acumulada de la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. Desde entonces, decenas de analistas, especialistas en epidemiología, científicos de datos y periodistas están reutilizando esta información en sus proyectos, estudios y artículos.

Tres años más de vertidos: todo lo que ya sabían mientras el Mar Menor agonizaba

Ana Tudela — lun., 22 mar. 2021 09:47:45 +0100

Imagen de helicóptero captada durante el desarrollo de la operación Chandos / Fuente: Guardia Civil

DATADISTA accede a los expedientes de investigación a plantaciones agrícolas solicitados por el juez Garrote. Adentrarse en ellos es ver, desde el informe de la primera visita de la Inspección hace años a las fincas, la constatación en cada nueva visita de que los pozos y plantas seguían funcionando y vertiendo rechazo contaminante pese a no contar con autorización, y viajar por el tiempo transcurrido hasta la resolución sancionadora, normalmente de baja cuantía. Un largo periodo perdido que se sumó a las décadas que ya venían abonando el daño a la laguna.

12 de noviembre de 2019. Justo un mes después del episodio de anoxia que asfixió peces y crustáceos a orillas del Mar Menor. Ángel Garrote, juez del juzgado de instrucción número 2 de Murcia, encargado de la instrucción del llamado 'caso Topillo', pide mediante un auto que se confeccionen los atestados de las empresas y agricultores investigados por contaminar presuntamente el Mar Menor. Quería los expedientes completos de la Confederación Hidrográfica del Segura, desde la primera detección de una posible infracción en la plantación de un regante hasta la resolución. Quería saber quiénes eran los propietarios de las fincas y quiénes los usuarios que las regaban, en caso de tenerlas arrendadas.

Quería conocer cada gota de agua consumida por cada regante procedente del Trasvase Tajo-Segura, según la información de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; lo que había cultivado cada uno y si el agua requerida por sus cultivos equivalía a la que habían recibido de forma legal o el único modo de regar para obtener determinada cantidad de lechuga, melón o apio pasaba por haber extraído y desalobrado agua subterránea de un acuífero sobreexplotado o contaminado por nitratos.

Porque bajo el Campo de Cartagena se extiende un acuífero afectado por la filtración tanto del agua salada del Mar Menor, con el que está comunicado, como por los abonos del regadío. El agua sin desalar no es apta para el riego. Hay que mezclarla o desalarla. Y desalarla produce un 25 por ciento de vertido de salmuera en el que se concentran los nitratos, un alto riesgo para el Mar Menor, como explicó DATADISTA en la investigación sobre el desastre de la laguna.

Hace ahora poco más de un año, con España al borde de ser confinada en sus hogares por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del coronavirus, los agentes del Seprona reunieron la información y procedieron a dar el último paso antes de remitirla al juez: citar uno a uno a empresas y agricultores para informarles de que estaban siendo investigados por su “presunta participación en un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en su mayoría por “vertido continuado de aguas de rechazo de desaladora con alta afección contaminante, causándose un grave perjuicio al medio natural y en concreto al Mar Menor”. Se incluían los detalles de por qué estaban siendo investigados, los datos de los indicios de delito encontrados y se les daba la oportunidad de declarar sobre esos indicios en presencia de un abogado. La mayoría se acogió a su derecho a no hacerlo.

El ritmo fue intenso y no hubo estado de alarma que lo detuviese.

2 de marzo de 2020. Queda usted citado para las 10.00 horas.

2 de marzo de 2020. Queda usted citado a las 10.20 horas.

6 de marzo, a las 10.00, a las 10.15, a las 10.20 horas.

9 de marzo a las 10.00, a las 10.05 horas.

10 de marzo. 11 de marzo. 12 de marzo. 27, 28 y 30 de abril de 2020.

Entre los meses de marzo y abril, con el país despertando a la pesadilla de la pandemia, agentes del Seprona mantuvieron su calendario y fueron citando una a una a empresas y agricultores.

El recorrido por los expedientes, por la historia de la investigación a cada uno de ellos, según la documentación entregada al juez a la que ha tenido acceso DATADISTA, es un goteo de actuaciones que se prolongaron durante años mientras, enterrado bajo el papeleo, los recursos y los plazos, discurría hacia el Mar Menor un chorro constante de agua fuertemente cargada de nitratos, un alto riesgo para las masas de agua.

El origen se había decidido inspeccionar muchos años después de que se iniciase el problema. Entre otras cosas porque, como explicó DATADISTA, en buena medida partió de una enorme chapuza de las administraciones, y después de una dejación hoy conocida de la labor de control. Pero al fin, merced a un cambio de responsables en la Confederación Hidrográfica del Segura, se envió a la inspección sobre el terreno basándose en un listado de instalaciones ilegales que se había elaborado años atrás con la colaboración de los agricultores, a los que se les aseguró que la intención era regularizar sus instalaciones. Sin embargo, tras comprobar la enorme dimensión que había alcanzado el problema por las décadas transcurridas sin control, se optó por mirar hacia otro lado y guardar el listado durante años en un cajón.

Si esto no había supuesto ya suficiente retraso, una vez se decidió actuar y las presuntas infracciones fueron detectadas, nadie taponó la fuga hasta que el Mar Menor se volvió verde en 2016. Encontrarse en cada expediente, entre los primeros documentos, el informe de la primera visita a las fincas y ver los meses y los años pasar hasta la resolución sancionadora, es transportarse a través de un tiempo que se sumó a las décadas que ya venían abonando el daño a la laguna.

Periodismo de investigación y datos para salir del ruido

Resolución reclamación tran... by datadista

La burocracia contamina

Por poner uno de los ejemplos que figuran en la documentación, una infracción de dos pozos y una desaladora detectada en enero de 2013 no surtió ningún efecto en el momento de su detección. No tiene lugar una nueva comprobación hasta noviembre de 2014, cuando se vuelve a constatar que pozos y desaladora están en funcionamiento. El documento de incoación de expediente sancionador no llegó hasta enero de 2015, cuando se prohibió la extracción de aguas y se instó a la desinstalación de la maquinaria pero sin ser resolución firme.

Un mes después llegaban las alegaciones, negando el informe de los agentes y asegurando que los pozos no estaban en explotación en 2013 ni 2014 porque había agua de sobra del Trasvase Tajo-Segura en ese momento. Debido a esta alegación, se procedió solicitar al Jefe de Servicio de la Policía de Aguas que ratificase la información sobre los pozos denunciados y la desaladora que figuraba en el informe de los agentes, lo que tiene lugar el 16 de febrero, cuando se ratifica que el informe emitido el 26 de noviembre de 2014 "fue el resultado de la visita de inspección del mismo día y se hizo acompañado" del denunciado, "comprobándose que los pozos 1 y 2 estaban en explotación (el pozo 3 también se estaba explotando). En cuanto a la desaladora, manifestó (el denunciado) que estaba funcionando y que vertían las salmueras al salmueroducto que discurre por la zona del Pasico-Torre Pacheco". El informe de los agentes y los documentos aportados se consideró que tenían "fuerza probatoria, por tratarse de documentos realizados por funcionario público en el ejercicio de sus funciones", así como que el denunciado no aportó documentos ni pruebas de lo contrario.

Lo que sí aportó el denunciado fue la petición a la Confederación Hidrográfica del Segura, solo unos días antes, para que se regularizasen los pozos que había asegurado que no estaban en uso en el momento de la inspección.

Los citados pozos se habían autorizado al amparo de una sequía muy anterior, de mediados de los años noventa nada menos, y debían haber estado sin uso desde finales de 1996. No fue así. Al llegar una nueva sequía en mayo de 2015 se aprovechó para solicitar que se autorizasen de nuevo. El 16 de septiembre de 2015, dos años y nueve meses después de detectada la infracción, llegaba la propuesta de resolución por "derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización (...) y la apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización".

Una resolución que señala que "es de destacar que los acuíferos de la Cuenca del Segura han sido declarados en situación de sobreexplotación". A pesar de ello, la sanción se quedó en 6.000 euros por considerarse infracción leve, "ya que no han sido valorados los daños al dominio público hidráulico, ya que de haber sido así, la infracción podría ser considerada como menos grave, grave o muy grave dependiendo de la cuantía de tales daños".

¿Se paró finalmente la instalación? Se dio un plazo de 5 días para detener la extracción pero dejando la resolución a expensas de que la CHS regularizase los pozos. Y la CHS, en vista de la sequía, los regularizó.

Con ocho años de distancia, en el momento en que fueron citados en 2020 por el juez del llamado 'caso Topillo', los investigados pudieron revisar aquellos primeros informes, los de las visitas a las fincas en 2012 y 2013, donde ya estaban las claves. El número de pozos y su caudal, si disponía de contador volumétrico y su consumo, las desaladoras encontradas, las coordenadas UTM con su localización, la falta o no de autorización, si estaban en funcionamiento al visitar la explotación, qué había declarado el propietario a los agentes al preguntarle sobre su uso, dónde iba a parar el vertido cargado de nitratos del rechazo de la planta desalobradora una vez separada el agua apta para el riego de la salmuera, el caudal estimado de desalación y rechazo.

El origen y prueba del posible delito contra la laguna en un tiempo lejano en que se prestaron a colaborar, sencillamente porque estaban convencidos de que iban a regularizar sus instalaciones. Después de décadas de esta convicción de poder mantener sus prácticas, en las conclusiones de los informes de 2020 en el caso Topillo se da por demostrado, según la Inspección del Servicio de Guardería y Policía Fluvial de la CHS, lo recogido en aquellos informes iniciales como indicio de delito contra el medio ambiente.

En ellos, hay desalobradoras capaces de procesar 1.900 metros cúbicos por hora en naves a la vista de todos y otras ocultas bajo el suelo en contenedores; hay vertidos al Mojón, al salmueroducto del Mar Menor, al de Sacyr por Torre Pacheco, a la rambla de la Maraña, a la del Albujón, a la del Miedo, a la de Miranda. Agua y más agua contaminada llegando al Mar Menor o al acuífero y fotos de las instalaciones y de los entramados de tubería de pvc por las que discurría el vertido hacia su delicado destino. Hay pozos ilegales que, por haberse perforado sin control de calidad, no se sabía (ahora ya sí) si habían comunicado capas contaminadas del acuífero con otras que no lo estaban, dañando nuevas masas de agua (como se demostró después). Hay plantas desaladoras que funcionan con regularidad 40 horas semanales, la hay con tres tubos de osmosis (para la desalobración del agua) y hasta con seis, pozos cuyas aguas no se sabe a qué finca desembocan ni el volumen que se extrae

Y estaba allí, en los primeros informes que recogen cuando se detecta la infracción. Pero además hubo reincidencia. La constatación de que se seguía extrayendo agua de pozos ilegales y desalobrándola con maquinaria sin autorización cuando volvía a visitarse una instalación.

A toda la documentación de la CHS, el juez sumó los datos pormenorizados de las fincas explotadas por cada regante, sus cultivos y el consumo de agua, en base a informes basados en la información del catastro y el SIGPAC, así como los consumos anualizados entre 2013 y 2017 de cada uno de los investigados, entregados el 25 de febrero de 2020 por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

Con esta última información, un perito ingeniero agrónomo requerido por el juez elaboró un detallado informe del agua estimada que ha necesitado cada regante para alcanzar la producción obtenida de cada producto, le ha restado la procedente del Trasvase y ha calculado qué rechazo de agua contaminada habrá producido la necesidad de desalobrar el agua que le faltaba, y que se presume, dada la verificación de la existencia de pozos y desalobradoras, que ha salido del subsuelo.

El hilo de la empresa que instalaba las desaladoras

Hay varios expedientes que llaman la atención y que ya fueron destacados en su informe por el fiscal. Los de las empresas agrícolas de mayor tamaño, por el volumen de salmuera que se estima que pudieron hacer llegar al Mar Menor, y el expediente de Insal Electricidad & Automatismos, la empresa que aparecía una y otra vez en las instalaciones de las desaladoras y a la que se decidió registrar en vista de la obviedad de que no estaba dando toda la información que se le requería.

El 27 de febrero de 2018, entraron en las instalaciones de Insal efectivos de la guardia civil y se llevaron en el registro documentación como para llenar 13 cajas de cartón y una bolsa, 30 carpetas de archivo con ingresos y gastos, 14 archivadores de gastos de 2017 y 3 cajas de 2016, bloques de facturas y 6 discos duros. Aquellos registros dieron lugar a la Operación Chandos, que permitió detectar instalaciones de desalación especialmente camufladas por parte de la Guardia Civil.

Las conclusiones del SEPRONA apuntan a Insal como “la empresa que vertebra una estructura de explotación ilegal de los diferentes acuíferos de la zona del Campo de Cartagena, ya que es la responsable directa de la fabricación, venta, mantenimiento, reparación y suministro de todos los materiales y fungibles necesarios para las plantas desalobradoras de las diferentes empresas propietarias o arrendatarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, siendo por tanto Insal la cooperadora necesaria de todos los vertidos contra el medio ambiente efectuados con el agua de rechazo de cada una de las diferentes desalobradoras de sus clientes”.

De Zaplana a Julián Muñoz, ruta turística por las mociones de censura más bizarras de la costa

Ana Tudela — dom., 14 mar. 2021 08:56:41 +0100

Jesús Gil en la Audiencia Provincial de Málaga en 2003. (RAFAEL DÍAZ/EFE)

3.20h de la madrugada del 1 de agosto de 2003. José María García Urbano -el alcalde actual de Estepona, Popular y muy popular, famoso por el enorme tobogán que tanto costó y tan poco duró por el bien de las crismas de sus ciudadanos- daba fe, en su notaría de Estepona, de que las firmas estampadas en los papeles sobre su mesa sumaban la mayoría necesaria para armar una moción de censura que arrebatase la alcaldía de Marbella a Julián Muñoz. La tarde había sido intensa. Lo transcurrido de la noche, aún más. La mayor parte del tiempo lo pasaron amagando con irse sin acuerdo, entrando y saliendo de un despacho. Recibiendo llamadas, pasándose el teléfono. Era Jesús Gil, otra vez.

-Es Gil - le dijo Juan Antonio Roca a José Luis Fernández Garrosa tendiéndole el teléfono.

-Soy alcalde o me voy- le dijo este al aparato. - ¿Yagüe?... Dice que es ella o se va.

Luego escuchó unos segundos y colgó.

-Dice Jesús que no le toreamos más.

Sonó otro teléfono. Gil llamaba a otra concejala, Carmen Revilla.

-¿Qué pasa?- dijo Gil.

-Que no quieren votarla, alcalde - contestó Revilla.

-Pues votad a Garrosa.

-Marisol dice que tiene que ser ella.

-Pero son unos mercenarios, no les importa nada. Convéncelos.

Juan Antonio Roca, cerebro de la mafia urbanística marbellí, entraba y salía de uno de los despachos de la notaría. Hablaba con unos, con otros. Pasaban horas ya desde la primera reunión en el Club Financiero Marbella, donde Jesús Gil, inhabilitado en firme por el Supremo tras el caso Camisetas pero que seguía dirigiendo Marbella desde allí, había convocado a los concejales que debían firmar la moción para orquestar la operación contra quien ostentaba en ese momento el cargo de alcalde, Julián Muñoz. Razón: iba por libre. En Marbella ya no se sabía a quién había que pagar para hacer negocios, comentan fuentes jurídicas que vivieron aquella época.

Presentar a Muñoz como candidato por el Grupo Independiente Liberal (GIL) en las elecciones a las que ya no pudo concurrir Gil ya fue un pulso que estuvo a punto de dinamitar el partido, léase la mafia, pero que se había saldado a tiempo, por el bien de la familia, con la elaboración de una lista cremallera en base a uno tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío. Ganadas las elecciones, Muñoz pasó en gran parte del acuerdo. Empezó a no coger las llamadas constantes de Gil. Se acercó a la Junta de Andalucía, Isabel Pantoja mediante, y empezó a calibrar la posibilidad de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que legalizase todo lo ilegal que se había edificado en Marbella, que en muchos casos llevaba su firma porque Gil se quitaba de en medio siempre que había papeles. Le pedían una cabeza: la de Roca. Que lo destituyese. Lo hizo. Gil tocó a rebato.

Primero, la cita en el Club Financiero, donde les explicó la situación y calibró hasta qué punto estaban dispuestos a aceptar a quien iba a recibir el cetro del Ayuntamiento. Después, la notaría. Logrado el acuerdo, de madrugada, unos se fueron en avión a Lisboa. Otros a Altea, en coche.

Primer mandamiento de las mociones de censura. Desaparecer. Que si no luego vienen las segundas negociaciones, las presiones de la prensa, las amenazas.

Cuando los concejales firmantes de la moción que optaron por refugiarse en Portugal mientras llegaba el día del Pleno se encontraron en el Hotel Lisboa Plaza, se sintieron seguros. Tanto que llamaron a los de Altea para que se uniesen a ellos en la capital lusa. No les duró mucho. Antes de reagruparse los descubrió la prensa. El aeropuerto estaba lleno de periodistas. Cogieron varios coches. Nuevo destino: Madrid.

Una vez todos allí, en un reservado del Asador Donostiarra, los visitó Roca para calmarlos. No se quedó a cenar pero les prometió 20 millones de pesetas por cabeza. No era mucho, reconoció. Los tiempos de las vacas gordas habían pasado. Financiaba, dijeron en el juicio del caso Malaya contra la mafia urbanística marbellí, el gran propietario de suelo de Marbella, el millonario Judah Eleazar Binstock. Toda esta historia se puede leer en detalle porque forma parte de los hechos probados que figuran en la sentencia de Malaya, por coincidencia en las declaraciones de los implicados.

El 13 de agosto de 2003, tras hacer escala en Sotogrande, los concejales desaparecidos (ocho del GIL, tres del PSOE, tres del Partido Andalucista) llegaban en autobús a las 10.30 horas al Ayuntamiento de Marbella y eran escoltados para que no los lincharan antes de entrar al Pleno.

Muñoz sabía mucho de lo ocurrido en la notaría de Estepona, incluidas las reuniones de Roca con concejales. Por eso se dirigió a ellos allí, en público, refiriéndose a Roca:

-¿Les dio mantequita el día de la notaría, cuando estuvieron encerrados los tres solos?- preguntó a algunos.

Cuando se dio cuenta de lo que dejaba al descubierto su despecho, rectificó:

-Que conste en acta que me refiero a la mantequita colorá, que en las reuniones se pueden dar bocadillos, golosinas, chocolatinas y lo que haga falta...

En acta constó esto y lo anterior.

Marisol Yagüe fue nombrada alcaldesa y Marbella siguió con su máquina de coger dinero de la construcción y entregar parte a concejales y concejalas que votaban las licencias, como demostró la investigación de Malaya tras encontrar en los ordenadores de la empresa que gestionaba Roca el cruce de pagos entre unos y otros. Habían logrado que el mecanismo siguiese funcionando casi tres años más. La justicia encontró los restos de la fiesta, un botón de muestra de lo que debieron ser los años de las primeras legislaturas de Gil en Marbella.

MOCIONES DE CENSURA

Viajes nocturnos, reservados en restaurantes, despachos, notarías, nombramientos repentinos, tránsfugas. Gente que desaparece durante días para aparecer escoltada en un Pleno a tiempo del voto que quita y entrega poder. En este comienzo de 2021 que no da tregua, los titulares se han llenado en España de mociones de censura que fueron causa y acabaron en vía muerta y otras que han sido consecuencia y que ya se verá cómo acaban.

Por más que lo arrastren por el barro, este instrumento plenamente legítimo está diseñado en España, reflejo de la fórmula alemana, para dar una opción en positivo al Gobierno establecido cuando este pierde la confianza del poder legislativo. Es en positivo porque exige presentar candidata o candidato, no solo votar contra quien ostenta hasta ese momento el poder, lo que convierte el proceso de moción en una opción simultánea de cese e investidura. Y está tan legitimada por la normativa -desde la Constitución a los Estatutos de Autonomía y la Ley de Régimen Electoral General- como la investidura aún con restos de confeti y agujetas de saltos de balcón recién salida de un proceso electoral. De hecho, la legitiman los mismos resultados de ese proceso, los de las urnas, los mismos acuerdos de despacho con sumas y restas necesarios para la gobernabilidad, las mismas frustraciones y cesiones de todo proceso electoral que no ha logrado mayoría absoluta de ningún candidato.

Sin embargo, su traducción a la realidad y los intereses no siempre claros, por no decir en ocasiones extremadamente turbios, de sus protagonistas han dado capítulos históricos a España y le han regalado una fama al instrumento y a su marcha atrás que no parece que en 2021 vaya a mejorar. También ha dado imágenes legendarias, incluida la mutación en bolso de un presidente de Gobierno mientras se debatía su salida de Moncloa.

En el caso del Gobierno de España, la moción está recogida en el artículo 113 de la Constitución y obliga a ser presentada al menos por la décima parte de los diputados (35); deben pasar al menos cinco días desde su presentación para poder ser votada y requiere mayoría absoluta para su aprobación. Las referidas a gobiernos autonómicos, recogidas en los estatutos de autonomía, como en el caso de Madrid o el de Murcia, requieren ser presentadas por al menos el 15 por ciento de los diputados de la Asamblea, votada cuando han transcurrido al menos cinco y necesita igualmente de mayoría absoluta.

Pero, si hay un ámbito territorial que le ha regalado camino a la tinta son las mociones de censura a nivel municipal. Es ahí de hecho donde se ha tenido que ir afinando más el instrumento legal para evitar tentaciones tanto por quienes las promueven como por quienes se ven abocados a levantar del sillón la posadera.

Según el artículo 197 de la Ley de Régimen Electoral General, el alcalde o alcaldesa pueden ser sustituidos mediante moción de censura. La norma empezó con una redacción sencilla. En su versión de 1985, la moción debía ser suscrita al menos por un tercio de los concejales y aprobada en pleno por mayoría absoluta. Y ya.

En marzo de 1991, la cosa cambia. Se obliga a que la suscriba, incluso para su presentación, una mayoría absoluta de concejales, en lugar de un tercio, y a que sea votada en los quince días posteriores a su presentación. Parece ser que los alcaldes no encontraban momento oportuno para convocar el Pleno correspondiente pero, incluso fijándoles un plazo, en 1999 se consideró necesario fijar la convocatoria del Pleno de votación de una moción de forma automática. En concreto, a las 12.00 horas del décimo día hábil posterior a la presentación. Y algo más. Que el escrito registrado para la moción incluyese las firmas de quienes la apoyasen autenticadas ante notario. Además, ya en previsión de que podía liarse parda, se hizo responsable al alcalde que iba a dejar de serlo de evitar actos que tratasen de impedir la votación de la moción.

El viaje de investigación sobre el urbanismo en la costa mediterránea peninsular que es el proyecto Playa Burbuja de DATADISTA, cuyo libro puede conseguirse aquí, tiene parada en unos cuantos episodios de la historia de las mociones de censura. Marbella, zona cero de la corrupción, es aquí también ejemplo. Hay otras.

Imagen de Benidorm desde la ladera Norte en el verano de 2017. (DATADISTA)

Zaplana y la pirueta de Maruja Sánchez

Maruja Sánchez Trujillo, profesora de baile, había sido incluida por el socialista Manuel Catalán en su lista a las elecciones municipales de Benidorm de 1991. No se esperaba que saliese, pero un cambio de última hora hizo que ascendiera dos puestos. Y concejala. El PSOE gobernaba Benidorm desde 1983 y encarrilaba su tercera legislatura sin más sobresaltos cuando Maruja Sánchez Trujillo se pasó al Grupo Mixto. Y desapareció.

La intención era la de siempre. Quitarla de en medio hasta el Pleno que votase la moción en contra de Manuel Catalán y a favor de un joven candidato que había ido el último en las listas al Congreso por Alicante en 1982 pero cuyo ascenso sería imparable desde entonces: Eduardo Zaplana.

A Maruja Sánchez, se supo luego, le hicieron un tour con escala en Gibraltar y Andorra, pero los rumores sobre su posible secuestro la obligaron a aparecer antes de lo previsto en rueda de prensa en un céntrico piso de Benidorm. Y desapareció de nuevo. Esta vez se quedó cerca, en el chalet de Callosa d'En Sarrià de una asesora del Partido Popular.

El 22 de noviembre, Maruja Sánchez Trujillo se presentó en el Ayuntamiento de Benidorm para apoyar la moción de censura contra quien le había dado el pase a la política. Su recompensa fue un sueldo casi nescafé, hasta que se lo quitó otra moción. Fue nombrada por Zaplana delegada de servicios sociales y culturales de Benidorm y pasó 18 años en nómina del Ayuntamiento. Su marido consiguió despacho en el Consorcio Provincial de Bomberos, donde se ha escrito que no iba mucho.

Un año después del 'marujazo', unos 10.000 pinos de la Sierra Cortina ardieron sin control en las espaldas de Benidorm en un incendio que se investigó como provocado pero cuyos causantes jamás se logró identificar. La Ley protegía el suelo contra depredadores urbanísticos en caso de incendio pero no lo suficiente. Zaplana no se presentó a las siguientes elecciones municipales. Lo hizo a las autonómicas a la Generalitat Valenciana en 1995 y desde su puesto de presidente aprobó un Plan Director Especial que permitió levantar, sobre el suelo quemado de Sierra Cortina, el parque Terra Mítica. Aquello acabó en un entramado de facturas falsas, con el cuñado de Zaplana condenado; un coste de 400 millones frente a los 270 millones estimados inicialmente; un fracaso empresarial y una mala venta. Aunque todo eso es otra historia.

Imagen del hotel ilegal levantado en la playa de El Algarrobico. (DATADISTA)

Todo para que el Algarrobico no se pare

Entre las mociones oscuras del viaje de Playa Burbuja por la costa, está la que tuvo lugar en el municipio almeriense de Carboneras para lograr que volviese al poder el alcalde que con mayor fuerza empujó para que se levantase junto a la orilla el hotel ilegal de El Algarrobico.

El socialista Cristóbal Fernández fue alcalde de Carboneras durante 28 años de forma casi ininterrumpida, la mayor parte de ellos en representación del PSOE, aunque sus orígenes familiares e inicio en la política fueron por otros derroteros aparentemente opuestos.

En las elecciones de 1995 perdió la mayoría absoluta y, tal y como había advertido en las elecciones llamando al voto útil, el resto de partidos se alió para levantarle del asiento de alcalde. La amenaza de moción de censura persiguió a su sucesor, Antonio Hermosilla (del Grupo Independiente de Carboneras), casi desde el primer día. Primero liderada en teoría por un concejal del PP, Joaquín Túnez Caparrós, que iba a ser sorprendentemente apoyado por los concejales del PSOE con tal de quitar a Hermosilla, que tenía bastante parado todo el asunto de El Algarrobico.

Finalmente fue en 1997 cuando Gloria Ruiz, hasta ese momento del PP, permitió la moción que arrebató a Antonio Hermosilla el puesto de alcalde y se lo devolvió a Cristóbal Fernández. Las sombras se multiplicaron en torno a la tránsfuga a causa de unos pagos que su ex marido aseguró que había recibido por cambiar de chaqueta. La denuncia del ex marido no prosperó. La moción, sí.

Cristóbal Fernández volvería a perder el puesto de alcalde tras ser inhabilitado por delito electoral, en concreto primero tratar de comprar y luego presionar para que le votasen. En las siguientes elecciones se pudo volver a presentar gracias a un indulto exprés, en nueve días, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Lee aquí la investigación de DATADISTA sobre El Algarrobico, los planes mutantes, el eterno alcalde de Carboneras y las mentiras a Europa.

'Parir en el siglo XXI' nominado a mejor interactivo en el World Press Photo

DATADISTA — jue., 11 mar. 2021 11:21:00 +0100

Parir en el siglo XXI es un documental interactivo de la productora Barret, el Lab de RTVE.es y À Punt sobre el parto respetado. Desde DATADISTA colaboramos con este documental aportando análisis de datos, visualizaciones y videoanimaciones sobre la atención al parto en los hospitales españoles o cómo cada vez nacemos menos en fines de semana debido al aumento de los partos programados, entre otros contenidos.

Este trabajo ha sido nominado al Word Press Photo a mejor interactivo del año junto con una reconstrucción de los siete días de protesta tras la muerte de George Floyd's publicada por el Washington Post y un documental inmersivo de la Radio y Televisión Lituana sobre un grupo de comunidades mineras divididas por la guerra en Ucrania. Tienes la noticia en RTVE.es

6,7 millones de personas se han infectado en España por el coronavirus

Antonio Delgado — dom., 07 mar. 2021 09:53:15 +0100

Al menos el 14% de la población residente en el país se ha infectado por el virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, según el cálculo realizado por DATADISTA.

El primer caso detectado por COVID-19 en España se produjo el 18 de enero de 2021 en la Comunidad de Madrid. Desde entonces, se han diagnosticado mediante una prueba más de 3,14 millones de casos pero este dato no refleja el número de personas que ha sufrido la enfermedad. Los casos reales que ha podido haber en España son prácticamente el doble con al menos 6,7 millones de personas, según el cálculo realizado por DATADISTA en base a la prevalencia global de las cuatro primeras rondas del estudio de seroprevalencia y la capacidad de diagnóstico actual estimada por el CCAES. Esta es la foto más aproximada a la evolución de la infección real en España desde el inicio de la pandemia.

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados. Simulación realizada en base a la tercera y cuarta ronda del Estudio de Seroprevalencia por parte del Instituto de Salud Carlos III y un escenario conservador de la capacidad de diagnóstico desde diciembre de 2020 estimada en el 70%. Datos hasta 04/03/2021 / Ministerio de Sanidad, ISCIII, CCAES y elaboración propia • Casos por la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico menos 6 días

La gráfica de evolución de casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia en España nos muestra cómo, durante la segunda y la tercera ola, hay un mayor número de casos diagnosticados que durante la primera. Este dato no significa que los últimos meses haya habido una mayor incidencia del virus. Es debido a que la capacidad de diagnóstico en las primeras semanas de la pandemia era mucho menor que la actual.

Las tres primeras rondas del estudio de seroprovalencia determinaron que solo se había detectado el 9,75% de los casos. Es decir, 1 de cada 10. La cuarta ronda del estudio, realizada en noviembre de 2020, determinó que la capacidad de diagnóstico media estaba entre el 60% y 65%. Seis de cada diez casos eran detectados. Durante la tercera ola, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el CCAES ha estimado una capacidad de diagnóstico entre el 70% y 80% a nivel nacional.

Este aumento de la capacidad de diagnóstico es debido al aumento del número de pruebas realizadas por parte de las comunidades autónomas y a los sistemas de vigilancia. Hasta finales de febrero de 2021, España ha realizado más de 33 millones de pruebas de laboratorio. Unas 700 por cada 1.000 habitantes. Una capacidad similar a países de nuestro entorno como Francia o Italia.

Número de test realizados en Europa por cada 1.000 habitantes desde el inicio de la pandemia / ECDC

La capacidad de diagnóstico entre las CCAA no es homogénea y va variando con el tiempo. Durante la segunda ola, hubo comunidades como Cantabria, La Rioja, Castilla y Leon y País Vasco que fueron capaces de diagnosticar alrededor del 90% del total de posibles casos mientras otras, como Ceuta, no llegaron al 50%. La capacidad de diagnóstico durante la tercera ola por comunidades autónomas y provincias se conocerá con los resultados de la quinta ronda del estudio de seroprevalencia, que está previsto que se ponga en marcha durante esta primavera.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Hazte socio/a de DATADISTA, contigo y gracias a ti desde que arrancó la moto

DATADISTA — dom., 28 feb. 2021 12:00:00 +0100

Una parada en el primer viaje para Playa Burbuja desde El Algarrobico

En la primavera de 2016, en una conversación con un concejal de urbanismo de un municipio de la costa, descubrimos que bancos, constructoras y propietarios de suelo volvían a interesarse por el negocio del ladrillo, paralizado desde hacía casi diez años tras el estallido de la burbuja. Tras algunas llamadas confirmamos que no era un fenómeno aislado. El ladrillo quería volver y lo hacía con fuerza.

Un par de meses después nos subíamos a la Triumph, a la que le habíamos colocado una cámara en el morro, y salíamos a recorrer la costa peninsular mediterránea para recoger en imágenes cómo había quedado todo, antes de que el paisaje de suelos urbanizados sin edificar, esqueletos de edificios y apartamentos vandalizados fuera borrado por la vuelta de las grúas.

Aquel primer viaje nos dio la oportunidad de conocer a muchísima gente y sobre todo de darnos cuenta de que aquello no podía quedarse en una recogida de imágenes. Necesitaba una investigación en profundidad. Volver una y otra vez a los sitios seleccionados, conseguir documentación, planos, buscar patrones de comportamiento y fallos en el sistema. Así nació el proyecto Playa Burbuja.

El viaje nos dio además muchas horas para hablar de periodismo. De todo lo que habíamos aprendido en nuestra carrera profesional en grandes medios y como emprendedores. Lo bueno de maravillosos periodistas con los que habíamos coincidido y también cosas malas de medios donde habíamos estado. Era el momento de dejar de arreglar el periodismo de palabra y poner todo nuestro esfuerzo y ahorros para intentar hacer las cosas de otra manera. En el otoño de 2016, nació DATADISTA.

Desde un primer momento, nos pareció fundamental saber si teníais interés en el periodismo que queríamos hacer y en los temas que queríamos tratar. Lanzamos un crowdfunding para financiar el diseño e impresión de un libro que recogiese nuestra investigación sobre el urbanismo en la costa. Una preventa en base al primer viaje por la costa cuando quedaban por delante muchos viajes más, entrevistas, meses enterrados en documentación antes de que el libro viese la luz. Queríamos investigarlo de verdad y os pedimos ayuda. Y allí estuvisteis, apoyándonos.

Uno de nuestros principios es que nuestras investigaciones en profundidad terminan cuando acaban y siguen después. Playa Burbuja fue una investigación de dos años que acabó sumando más de 15.000 kilómetros recorridos y más de un centenar de entrevistas. Mereció la pena. Documentos inéditos, planos, historias personales de los habitantes de la costa, corrupción forman parte de un proyecto que ha sido recogido por los principales medios de nuestro país, incluidos periódicos, radio y televisión, y que ha sido llevado al teatro de la mano de Diario Vivo.

El crowdfunding fue un éxito pero solo el principio. Desde que Playa Burbuja vio la luz os habéis encargado de que el boca oreja funcione hasta tal nivel que las ventas del libro se han convertido en un soporte fundamental para la supervivencia de DATADISTA.

Nuestra investigación del Mar Menor: historia profunda de un desastre, a la que dedicamos nueve meses y de la que seguimos haciendo seguimiento, dio la vuelta al mundo, fue reconocida por la GIJN (Global Investigative Journalism Network) como una de las nueve mejores investigaciones en español de 2019, premiada con medalla de plata en los ÑH2020 a los mejores diseños periodísticos de España, Portugal y América Latina y ha sido traducida al inglés gracias a la Water Integrity Network. Pero lo principal es que marcó un antes y un después en el conocimiento de la sociedad de lo que había llevado al desastre de la laguna. La difusión dentro y fuera de España fue muy gratificante pero es difícil sentirse más útil que cuando te agradecen el trabajo que has hecho en el lugar donde ha ocurrido. Porque somos firmes defensores del periodismo regional y, haber podido aportar a ese nivel, es todo un orgullo.

El nuestro es un medio de investigación, datos y nuevas narrativas que trabaja para aportar en los ángulos muertos que el periodismo generalista se ha ido dejando por el camino. Es un medio para gente que quiere entender, no reafirmarse en sus opiniones. Desde que nacimos con los Cuadernos de la Corrupción, que explican de forma sencilla lo que había tras los ERE de Andalucía o te enseñan a fabricar tu propia Gürtel, nuestra filosofía siempre se ha basado en que detrás de cada proyecto, de corto o largo plazo, haya un trabajo periodístico serio y profundo y dedicar también buena parte del esfuerzo a lograr que llegue al mayor número posible de personas utilizando todas las narrativas a nuestro alcance. Y desde el primer Cuaderno de la Corrupción, dedicado a las tarjetas black, habéis hecho volar en las redes nuestro trabajo. Quizás no sepáis el grado de recompensa que significa eso para dos periodistas que han decidido apostarlo todo -tiempo, ahorros, formación- a una forma de periodismo en la que creen. Es enorme.

Con la llegada de la COVID-19, decidimos volcarnos en la información de la pandemia, como no podía ser de otro modo. Siendo el periodismo de datos una de nuestras especialidades, hemos analizado la información del coronavirus y seguimos haciendo seguimiento de la evolución de la pandemia. Dada la mala calidad del formato en el que se han ido dando los datos por parte de la Administración, desde el primer momento vimos la necesidad de automatizar la extracción de los datos, su limpieza y ordenación. Y cada dataset que íbamos generando para nuestro trabajo, lo poníamos en abierto a disposición de todo el mundo. Porque creemos en el periodismo como servicio público. Más de 50 datasets forman parte ya de un repositorio que ha sido utilizado por grandes medios o incorporado a su propio repositorio por instituciones como la Universidad de Harvard. Entre nuestros grandes orgullos está que nuestros datasets estén siendo utilizados por la comunidad científica para sus trabajos de análisis del comportamiento de la pandemia.

Hoy volvemos a pediros apoyo y abrimos la posibilidad de que os hagáis socias y socios de DATADISTA. Porque queremos crecer y seguir extendiendo la forma de hacer periodismo en la que creemos. Porque nacimos convencidos de que había una parte de la sociedad dispuesta a salir del ruido, del periodismo de reafirmación de las opiniones personales. Una sociedad que quiere saber lo que fue la Gürtel y también los ERE, que le interesa lo que ocurrió en Marbella, lo que propiciaron gobiernos del PP en Oropesa del Mar pero también los del PSOE en El Algarrobico. Que quiere saber el peso que ha supuesto para la ciudad de Madrid la deuda que asumió el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón por sus obras olímpicas o soterradas en solo una legislatura, deuda que no se terminará de pagar hasta 2030; pero también ver en datos el desastre de gestión que fueron los presupuestos participativos del Ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena. Gente que quiere entender la evolución de la COVID-19, ver el efecto de salvar la Navidad y el de imponer medidas restrictivas, sin titulares estrujados para dar cifras llamativas.

Los contenidos de DATADISTA seguirán siendo en abierto porque seguimos empeñados en lograr extender esta forma de periodismo. En esa labor seguís siendo un apoyo fundamental. Ser socia o socio de DATADISTA, desde cero euros, significa empezar a recibir nuestra newsletter con las novedades, las alertas de nuestras publicaciones, los datos básicos que hayamos recogido durante la semana. Desde 36 euros al año, la newsletter incorporará análisis en profundidad de datos y una historia semanal que, esperamos, os va a sorprender. Además tendréis acceso a servicios en exclusiva que os iremos dando a conocer. Pero sobre todo significa ayudarnos a hacer sostenible este proyecto en el momento que creemos más importante. Porque lejos de lo que pueda parecer en las redes o una parte de los medios, creemos que esta sociedad sí quiere saber, no solo elegir bando. Somos muchas y muchos. Ayudadnos a luchar contra la polarización a base de información.

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El coronavirus se lleva al 2% de los mayores de ochenta años en diez provincias

Antonio Delgado — jue., 31 dic. 2020 18:30:00 +0100

La pandemia ha tenido su mayor impacto entre las personas mayores pero en algunas provincias la factura para este segmento de la población ha sido enorme. En la provincia de Segovia ha fallecido en 2020 por esta enfermedad el 2,64% de la población de más de 80 años. En Soria, el 2,35%. En Ciudad Real, el 2,20%. En total 32.350 personas mayores de 80 años en toda España.

Porcentaje de la población mayor de 80 años por provincia que ha fallecido en 2020 por COVID-19 / ISCIII, INE y elaboración propia

Lucía Bosé, Carlos Falcó y Enrique Múgica son personas con relevancia pública con más de 80 años que fallecieron de coronavirus en España. Son solo tres nombres de las más de 32.350 personas con más de 80 años que fallecieron en 2020 a causa de la enfermedad, con prueba que lo confirma. Es decir, el 64% de las más de 50.000 personas fallecidas por COVID-19, según los datos del Ministerio de Sanidad. En siguiente gráfico se puede observar las 50.433 personas fallecidas por grupos de edad con datos hasta el 29 de diciembre.

Fallecidos por rango de edad por COVID-19 en España

Fuente: ISCII, INE y elaboración propia. Datos actualizados a 29/12/2020

El detalle de los fallecidos del coronavirus por rango de edad y provincia se pueden analizar por primera vez gracias a los datos publicados esta semana por el Instituto de Salud Carlos III. El impacto de la pandemia en las personas más mayores se ha cebado especialmente en diez provincias españolas donde en torno al dos por ciento de su población mayor de 80 años ha fallecido por esta enfermedad.

Destacan especialmente las provincias de Segovia (2,64%), Soria (2,35%), Ciudad Real (2,30%) y Valladolid (2,20%). Les siguen, con cifras cercana al 2%, otras seis provincias: Zaragoza, Madrid, Toledo, Guadalajara y La Rioja.

Porcentaje de la población mayor de 80 años por provincia que ha fallecido en 2020 por COVID-19

Fuente: ISCII, INE y elaboración propia. Datos actualizados a 29/12/2020

Más de 20.000 personas fallecieron en residencias durante la primera ola

El INE publicó a principios de diciembre un avance de los datos de fallecidos según la causa de muerte en los primeros cinco meses del año, periodo que coincide con la primera ola de la pandemia. El 30% de los 45.684 fallecidos por COVID-19, con el virus identificado y casos sospechosos, lo fueron en residencias socio sanitarias. En esta cifra no se incluyen las personas que fallecieron en un hospital tras ser trasladados desde una residencia. Los datos del INE están basados en el análisis de los certificados de defunción y son los más precisos para conocer el impacto de la enfermedad.

El Imserso es otra fuente para conocer el impacto de la pandemia en residencias de mayores. Calcula que los fallecidos por COVID-19 en residencias o procedentes de residencias fue de 20.268 hasta el 23 de junio. El análisis del Imserso proviene de los datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad hasta esa fecha y que han sido corregidos y depurados posteriormente por esta institución.

Falta de transparencia

Desde el 23 de marzo, una orden del Ministerio de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales, obligaba a las comunidades autónomas a facilitar a Sanidad un extenso listado de datos sobre la situación en las residencias de mayores. Es una información que Sanidad se ha negado a hacer pública y cuyo análisis ayudaría a conocer cómo se ha gestionado la pandemia en estos recintos institucionalizados.

El pasado 3 de diciembre, una resolución del Consejo de Transparencia en favor de DATADISTA daba 10 días a Sanidad para facilitar los datos desglosados de fallecidos, contagiados, centros intervenidos, fallecidos en centros intervenidos y causas de la intervención, entre otros, por comunidades autónomas. Hasta el momento Sanidad no ha respondido a esta resolución.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Así volvió a extenderse la COVID-19 en ocho comunidades autónomas en diciembre

Antonio Delgado — mié., 23 dic. 2020 08:00:00 +0100

La incidencia acumulada sube en Baleares, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla La Mancha, Melilla y Galicia

Evolución de la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes por comunidades autónomas desde el 1 de diciembre de 2020 / Ministerio de Sanidad y elaboración propia

La epidemia de la COVID-19 ha vuelto a extenderse en diciembre en España pero de forma desigual por el territorio. Ocho comunidades autónomas han subido su incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes mientras que se ha estabilizado en Murcia y sigue desciendo en otras nueve.

Destaca especialmente Baleares, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla La Mancha donde la incidencia ha subido de forma significativa y se ha situado por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado muy alto según el documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud el pasado mes de octubre.

El pasado 17 de diciembre, Fernando Simón, director del CCAES, situó el 9 de diciembre el punto de inflexión en la variación de la tendencia respecto a la incidencia acumulada esperada. Es una tendencia que se espera que siga aumentando en las próximas semanas. Según Simón, "probablemente está asociado a situaciones que ocurrieron a principios de diciembre o incluso final de noviembre pero es muy probable que el efecto del puente se sume".

En el CCAES asocian esta subida en el número de casos a la relajación de medidas en las diferentes comunidades autónomas a finales de noviembre donde muchas de ellas contaban con medias severas de restricción de la movilidad. Fernando Simón indicó que "no podemos asegurar que sea estrictamente por la relajación de las medidas institucionales. El problema que estamos observando es que cuando se relaja una medida institucional se tiende, durante un periodo de tiempo, a la relajación de las medidas de protección individual".

Este aumento de la incidencia acumulada antes de las fiestas de la Navidad preocupa especialmente debido a que el efecto de la Navidad puede convertirse en una nueva ola, aunque Fernando Simón explicó el 28 de diciembre que el efecto del puente en la incidencia no fue tan importante como se había esperado.

Evolución de la tasa de incidencia acumulada de COVID-19 por CCAA

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Nuestra investigación del Mar Menor, seleccionada por la Global Investigative Journalism Network y Plata en Especiales de los ÑH2020

DATADISTA — dom., 20 dic. 2020 09:00:00 +0100

Página principal del la investigación sobre el Mar Menor

Mar Menor: historia profunda de un desastre, la investigación de DATADISTA sobre las causas tras la contaminación de la mayor laguna salada del Mediterráneo occidental, fue seleccionada por la Global Investigative Journalism Network (GIJN) entre las ocho mejores investigaciones de 2019 en español, la única realizada en España.

Con solo cuatro años de vida y un equipo reducido, DATADISTA obtuvo además por este trabajo medalla de plata en una de las grandes categorías, la de Especiales, de los premios ÑH2020, los prestigiosos galardones que reconocen cada año los mejores diseños periodísticos de España, Portugal y América Latina. A esta edición de los premios se presentaron 1.888 entradas de 102 medios de 14 países.

DATADISTA dedicó nueve meses a esta investigación y su desarrollo y visualización. La amplia difusión lograda dio a conocer uno de los mayores desastres medioambientales de nuestro país y motivó su traducción al inglés para que se extendiese su conocimiento. Este especial fue apoyada por la Water Integrity Network y contó con eldiario.es y La Sexta como medios colaboradores.

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Estimación del número real de casos con COVID-19 durante la primera y segunda ola en España

Antonio Delgado — jue., 17 dic. 2020 20:00:00 +0100

Durante la primera ola se detectó 1 de cada 10 casos en España. En la segunda ola, el esfuerzo diagnóstico ha permitido detectar al menos 6 de cada 10 casos.

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados. Simulación realizada en base a la tercera y cuarta ronda del Estudio de Seroprevalencia por parte del Instituto de Salud Carlos III. Datos hasta 14/12/2020 / Ministerio de Sanidad, ISCIII, CCAES y elaboración propia • Casos por la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico menos 6 días

Los resultados preliminares de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia ENE-COVID indican que, desde el inicio de la pandemia, habría sido infectado por el coronavirus cerca del diez por ciento de la población española. Es decir, casi 4,7 millones de personas. En concreto, el estudio revela que, a nivel nacional, la prevalencia global de anticuerpos IgG para el SARS-CoV-2 es del 9,9% de la población frente al 5,2% de la ronda anterior.

Con este dato, se puede calcular la capacidad de diagnóstico de la llamada segunda ola y compararla con la primera. La tercera ronda del estudio ya indicó que se habían infectado en España 2,5 millones de personas frente a los 240.000 casos detectados. Por tanto, la capacidad de diagnóstico se situó entonces en un número cercano al 10%. Es decir, solo uno de cada diez casos fue detectado por los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.

La cuarta ronda del estudio muestra que las comunidades autónomas han tenido una capacidad durante la segunda ola para detectar entre el 60 y 65% de los casos. Según Raquel Yotti, directora del Centro Nacional de Epidemiología, esta estimación es aún preliminar y deberá estudiarse a nivel de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta también el porcentaje de población institucionalizada que no ha participado en la muestra poblacional del test, como las residencias de ancianos o las cárceles.

Fernando Simón, director del CCAES, indica que ellos estiman que el nivel de detección durante la segunda ola puede ser alrededor del 70% en la segunda ola.

En el gráfico que abre este artículo se puede observar una estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados para la primera y segunda ola teniendo en cuenta esta capacidad media de diagnóstico calculada por DATADISTA en base a la prevalencia global de las cuatro rondas. Es la foto más aproximada a la evolución de la infección en España desde el inicio de la pandemia. Aunque ahora se detecte un mayor número de casos que durante la primera ola, esto no significa que exista una mayor incidencia del virus que entonces.

En esta ronda también se ha analizado la prevalencia actual, es decir, el porcentaje de personas que actualmente tienen anticuerpos detectables con el test. En este caso el porcentaje se sitúa en un 7,1%. Según el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Microbiología está realizando pruebas de laboratorio para saber si la diferencia entre la prevalencia global y la actual se debe a la duración de la inmunidad o a otros factores.

El estudio, realizado en la segunda quincena de noviembre, está basado principalmente en el análisis con test rápidos de anticuerpos a 51.409 personas que previamente habían participado también en las tres rondas anteriores.

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados por CCAA

Durante la segunda ola, las comunidades autónomas de La Rioja, País Vasco, Murcia, Aragón, Navarra, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han tenido un mayor número de posibles casos totales infectados que durante la primera ola. Las conclusiones del estudio de la cuarta ronda indican que se ha observado una mayor dispersión en España de la onda epidémica respecto a las tres rondas anteriores.

La capacidad de detección de casos por COVID-19 también varía en función de la comunidad autónoma. En base a la tasa de prevalencia total por cada una de ellas, hemos realizado una simulación preliminar de la estimación de posibles casos totales. Cantabria, La Rioja, Castilla y León y País Vasco fueron capaces de diagnosticar alrededor del 90% del total de posibles casos existentes, mientras que la ciudad autónoma de Ceuta se quedó en el 40%.

Fernando Simón explica que en el CCAES creen que hay una diferencia importante entre comunidades en esta segunda ola. "Hay comunidades que están claramente por encima del 80% y algunas por debajo del 60%. Ya pasó en las primeras tres rondas, donde vimos que el nivel de detección era del 9,7% pero había comunidades que llegaron a detectar el 38% y hubo comunidades que llegaron alrededor del 5-6%".

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados. Simulación realizada en base a la tercera y cuarta ronda del Estudio de Seroprevalencia por parte del Instituto de Salud Carlos III. Datos hasta 14/12/2020 / Ministerio de Sanidad, ISCIII, CCAES y elaboración propia • Casos por la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico menos 6 días

Aumento en el número de test realizados

El aumento de la capacidad diagnóstica entre las dos olas se debe al refuerzo en material de salud pública y a la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control, que entró en vigor el 11 de mayo y permitió incrementar el número de test realizado. Desde el inicio de la pandemia y hasta el 7 de mayo, en España se realizaron solo 1,6 millones de test PCR. Sanidad indica que en la semana del 4 al 10 de diciembre, el último dato disponible, se realizaron en España 453.951 PCR con una media diaria de más de 100.000 pruebas diagnósticas con diferentes tipos de test.

PCR y test de anticuerpos realizados por cada 1.000 habitantes / Ministerio de Sanidad • Datos hasta 10/12/2020

Prevalencia a nivel provincial

La tasa estimada de personas que tenían anticuerpos lgC anti SARS-COV2 a nivel provincial durante las cuatro rondas del estudio de seroprevalencia ha sido bastante dispar al igual que en las tres rondas anteriores. En las provincias de Cuenca, Madrid y Soria, más del 18% de la población ya ha pasado el virus frente a menos del 4% en las provincias de A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. En la zona central de la península, es donde la infección ha sido mayor frente a las provincias del litoral.

Tasa de prevalencia global por provincias en las cuatro rondas / Ministerio de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Transparencia da 10 días a Sanidad para dar los datos de residencias que se negó a hacer públicos durante meses

Ana Tudela — vie., 11 dic. 2020 09:30:00 +0100

La resolución del Consejo de Transparencia en favor de DATADISTA implica facilitar por CCAA los datos desglosados de fallecidos, contagiados, centros intervenidos, fallecidos en centros intervenidos y causas de la intervención, entre otros.

El Imserso calcula que los fallecidos por COVID-19 en residencias o procedentes de residencias fue de 20.268 hasta el fin del estado de alarma

El 23 de marzo de este año 2020, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apareció en Telecinco explicando que, al ir a realizar labores de desinfección a algunas residencias de ancianos, la UME había encontrado residentes fallecidos. El Gobierno declaró ese mismo día que tomaría el control de la situación. Al día siguiente, el BOE publicaba una orden del Ministerio de Sanidad, a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales y firmada el día anterior, en la que se ponían bajo mandato de las comunidades autónomas no solo las residencias públicas sino también las residencias privadas, se les daba poder a los gobiernos autonómicos para intervenir centros y se obligaba a las CCAA a facilitar al Ministerio de Sanidad un extenso listado de datos sobre la situación en los centros. Unos días después, se modificaba la orden para especificar que la información debía actualizarse dos veces por semana, fijándose el plazo máximo para la primera entrega el 8 de abril.

Número de centros, número de residentes, total de fallecimientos, fallecimientos por COVID-19 confirmados con prueba, fallecimientos con sintomatología compatible, así como información detallada sobre los centros a los que se hubiera abierto expediente de intervención deberían haberse convertido en parte de la información que facilitaban los responsables de Sanidad en sus ruedas de prensa constantes, al principio incluso diarias. No era un dato menor, teniendo en cuenta que hasta mayo, según el INE, los fallecidos en residencias por COVID-19 fueron 13.746 personas, sin contar los que fallecieron en un hospital tras ser trasladados desde una residencia.

Sin embargo, no fue así. A las persistentes preguntas de la prensa desde marzo a julio se insistió en responder con un guion similar (como puede comprobarse en el vídeo). Un guión que incluía que el Gobierno había tomado medidas desde el 5 de marzo, la falta de algunos de los datos y la necesidad de analizarlos antes de hacerlos públicos en un informe que se daría a conocer en cuanto se finalizase. Con la insistencia en que estaban a punto de tenerlos todos y los estaban analizando, se dio la sensación de que hablaban de una sola entrega que daría la foto fija de lo ocurrido en las residencias. Sin embargo, los fallecimientos obviamente se acumulaban a medida que lo hacían las actualizaciones que debían entregar las autonomías.

Los 22 informes y las CCAA sin nombre

Nunca se dijo qué CCAA no estaban cumpliendo. Fueron unas cuantas, según reveló Sanidad en una reunión con los responsables autonómicos en la que tampoco dio nombres concretos. Así lo recogió Elena Sevillano en un artículo en El País el 7 de julio y lo ha podido confirmar con detalle DATADISTA porque aparece en un informe sobre residencias y COVID-19 hecho público por la Junta de Castilla y León. Hasta el 23 de junio, cuando el Ministerio de Sanidad confirmó a las CCAA que ya no era necesario que aportasen nuevas actualizaciones de los datos a la aplicación informática habilitada para ello, debían haberse presentado 22 informes por cada autonomía con los datos sobre las residencias. Solo 7 CCAA cumplieron, una incluso presentando 23 porque ya había actualizado los datos cuando llegó el aviso. Otras cuatro entregaron prácticamente todos. Dos actualizaron los datos 17 veces. Una se quedó en 14 y otra en 9. Otra más solo presentó 3, dos presentaron uno cada una y hubo una que no presentó información nunca.

En aquella reunión se dijeron más cosas, como que los datos no se hacían públicos, incluso los facilitados, por su baja calidad. Especialmente inconexos e incorrectos eran los datos referidos a los centros intervenidos.

La orden de 23 de marzo que estableció la obligación de dar esta información especificaba que su incumplimiento sería sancionado conforme a la Ley de 1981 del estado de alarma, excepción y sitio.

El análisis, para septiembre

Según consta en un informe del Ministerio de Asuntos Sociales y pese a lo que se dijo una y otra vez, fue el 25 de junio, con España respirando en la llamada nueva normalidad tras el duro confinamiento y la desescalada por fases, cuando la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebró sesión extraordinaria. Tenían por delante realizar el análisis del impacto del coronavirus en las residencias de mayores del que tanto habían hablado ya durante meses en ruedas de prensa los representantes de Sanidad. Para ello se decidió, en aquel momento, la creación de un grupo de trabajo para realizar dicho análisis, haciendo la necesidad extensiva al Comité Consultivo del Consejo en una sesión extraordinaria celebrada ese mismo día. Los trabajos, se convino, debían estar completados al iniciarse el mes de septiembre y ser validados antes de su presentación al Consejo Territorial.

Las principales cifras del informe fueron adelantadas por María Sosa Troya en El País el 6 de noviembre en base a un borrador del informe, cuya versión definitiva, según ha comprobado DATADISTA, está fechada el 24 de noviembre y en cuya portada figura que fue presentado al Consejo Territorial de Servicios Sociales el 2 de diciembre.

Según el informe, “el último reporte de datos por parte de las CCAA al Ministerio de Sanidad (de 23 de junio) presentaba 18.883 defunciones. Este dato ha sido contrastado, depurado y corregido posteriormente por el Imserso hasta los 20.268, de los cuales el 51% estaba confirmado mediante prueba”.

La depuración de los datos facilitados dos veces por semana por las CCAA realizada por el Imserso ha consistido en contrastar la información enviada a Sanidad con los datos oficiales publicados por las propias CCAA en sus web y corregir inconsistencias como añadir los fallecidos en hospitales procedentes de residencias y no solo los fallecidos en residencias para hacer los datos homogéneos, a pesar de que la orden de Sanidad se refería únicamente a estos últimos.

Obligados a dar información

En vista de la imposibilidad de salvar el muro establecido por Sanidad en las ruedas de prensa, en las que se repetía que se estaba siendo absolutamente transparente, DATADISTA pidió el 30 de abril a través de una petición de información pública por el Portal de Transparencia todos los datos desglosados sobre residencias que figuraban en el anexo de la orden del 23 de marzo y que debían entregar las CCAA a Sanidad dos veces por semana y sus actualizaciones. En ese momento, el Gobierno tenía suspendidos los plazos administrativos, en los que incluyó las peticiones de información pública pese a declarar a los periodistas como servicio esencial. Cuando el 1 de junio se levantó finalmente la suspensión de los plazos, empezó a contar el tiempo de respuesta como si fuera de cero. El Ministerio tenía un mes para contestar. Nunca lo hizo.

El 10 de septiembre, DATADISTA reclamó ante el Consejo de Transparencia al considerar que ya no cabía la saturación de peticiones como explicación y que la petición había sido denegada por silencio administrativo. El Consejo informó al Ministerio de Sanidad y le pidió alegaciones a la reclamación de este medio. Sanidad, como tantas otras veces, cosa que ya le ha afeado en muchas ocasiones el Consejo, ni siquiera se molestó en presentar alegaciones a pesar de constar la recepción de la solicitud del Consejo.

En esta ocasión, el Consejo de nuevo le recuerda a Sanidad que “la solicitud de alegaciones (…), además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios, de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto”.

Transparencia considera en su resolución que dispone de “elementos para confirmar – salvo indicación en contrario que, como hemos señalado, no se ha producido- que el Ministerio de Sanidad dispone de los datos solicitados”. De no ser así, se habría incumplido la orden. Como apunta Transparencia, “recordemos que los titulares de los centros deben garantizar la puesta a disposición de la información, que se debe facilitar -y actualizar- con la periodicidad y a través del medio que indique la autoridad competente de la respectiva comunidad autónoma”. Transparencia de hecho recuerda que según la orden del 23 de marzo “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en aras al cumplimiento de lo previsto en esta orden, será sancionado con arreglo a las leyes”.

Sanidad disponía de 10 días hábiles para facilitar la información, a contar desde el 3 de diciembre. Puede recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo e incluso, le abre la puerta Transparencia, “en el supuesto de que la información requerida no pudiera desglosarse con el nivel de detalle que se solicita, se debe hacer constar expresamente dicha circunstancia”. Ahora bien, esta vez Sanidad debe explicar por qué, puesto que la resolución insta a, en ese caso, “justificarlo debidamente”.

El pasado 2 de diciembre, DATADISTA le preguntó al ministro de Sanidad y a la ministra de AAPP por el habitual incumplimiento de la Ley de Transparencia del Ministerio más relevante durante la pandemia. El ministro, que no ha dudado en defender durante la pandemia la absoluta transparencia con que actúa su ministerio, volvió a afirmar que “el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España han tenido una actitud de completa transparencia, compareciendo semanalmente ante el Congreso de los Diputados respondiendo a las preguntas que han llegado por escrito y a todas las peticiones de información que han llegado”.

Por su parte, preguntada sobre si, en vista del incumplimiento sistemático de la normativa, contempla imponer un régimen sancionador como en otros países en el reglamento de la Ley de Transparencia, actualmente en elaboración, la ministra Darias declaró que “el Gobierno considera que la transparencia es un elemento fundamental de la acción de Gobierno” pero que “lo importante no es establecer un régimen sancionador” sino “seguir trabajando”. Así mismo, señaló “el volumen tan importante” de solicitudes de información pública, con meses en que se superan las mil, lo que supone “una importante carga de trabajo para los ministerios concernidos”.

Qué hace un dato positivo de empleo en el pico de la segunda ola de la COVID-19

Ana Tudela — mié., 02 dic. 2020 18:30:00 +0100

La afiliación subió en noviembre más que ningún noviembre desde 2006, encadenando siete meses consecutivos al alza y superando los 19 millones de afiliados. Todo ello, en el tercer mes con más fallecidos por la COVID-19, después de abril y marzo, en estado de alarma, con toque de queda, cierres perimetrales, límites horarios y cierres en la hostelería. La clave está precisamente en que la hostelería no ha caído como otros años por estar ya bajo mínimos, en el aumento en la educación y en el nuevo aumento de trabajadores en ERTE.

Variación mensual de la afiliación media a la Seguridad Social. Media de noviembre con respecto a octubre del mismo año / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y elaboración propia

El número medio de trabajadores y trabajadoras afiliados a la Seguridad Social en el pasado mes de noviembre aumentó en 31.638 personas. Si lo que se mira es esa variación intermensual, parecería el mejor noviembre en cuanto a empleo desde el año 2006. Un “dato particularmente positivo”, ha dicho el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, comparando precisamente con lo ocurrido en otros ejercicios en el mismo mes. El dato supone el séptimo mes consecutivo de incremento neto de la afiliación desde que se desató la pandemia y el confinamiento paralizó buena parte de la economía y significa volver a los 19 millones de afiliados y afiliadas. Todo eso es positivo.

Sin embargo, la fotografía del mes es mucho más amplia y, si se abre el ángulo, se explica algo que, si no, no cuadra. Noviembre ha sido el mes en el que ha tenido lugar el pico de la segunda ola, convirtiéndose en el tercer mes con más fallecidos por COVID-19, tan solo por detrás de abril y marzo. Un mes en estado de alarma, con medidas tan restrictivas como cierres perimetrales en la mayoría de territorios, toque de queda nocturno, limitaciones de horarios en la hostelería, grupos máximos en interior y exterior y, en algunos casos, cierre total de actividades no esenciales.

Todo ello ha afectado especialmente al empleo en la hostelería y, sin embargo, su caída ha sido menor a la de otros años. El mes de noviembre muestra habitualmente la cara más negativa de la estacionalidad extrema española, que provoca que en hostelería aparezcan y desaparezcan cada año 300.000 afiliados y afiliadas desde el punto más alto de la temporada alta al más bajo de la baja. El peor mes de esa montaña rusa es noviembre. Incluso en los años en los que se ha creado empleo con fuerza (o precisamente por eso) en este mes se destruían 100.000 empleos del sector.

El empleo en hostelería llegó a noviembre ya muy mermado por efecto de la pandemia, tras una temporada alta que pese al espejismo de julio se vio rápidamente frenada por los rebrotes. Buena parte del empleo que se suele destruir en noviembre no se ha destruido sencillamente porque no existía. El sector siguió destruyendo empleo (-77.840), aunque menos que otros años, sencillamente porque en el mes hubo de media 238.000 afiliados menos al sector de hostelería que el mismo mes de 2019.

A este hecho se le suma el nuevo aumento de los ERTE, ese colchón para mantener las rentas en la medida de lo posible mientras se supera el shock económico provocado por la COVID-19, que tan útil está siendo pero que provoca también que trabajadores que no están trabajando, aunque sea temporalmente, sigan figurando como afiliados. A finales de noviembre, el número de trabajadores en ERTE alcanzó los 746.900, siendo de nuevo el sector de la hostelería el más afectado, con el servicio de comidas y bebidas, con 226.008 y el de alojamiento, con 108.402.

çLa otra cara de esta situación la muestra el sector de la educación, con un aumento en el mes de 31.582 afiliados, en línea con lo ocurrido otros años.

Es un 82,2% de los firmados en el mismo mes de 2019 pero, superadas las semanas más duras de confinamiento, España volvió a la costumbre de crear empleo neto los lunes, destruirlo los viernes, crecer el primer día hábil del mes y venirse abajo el último.

El paro registrado, por su parte, aumento en línea esta vez con lo que ocurre otros años.

ERC vs Ayuso, batalla en datos por el impuesto de Patrimonio

Ana Tudela — mié., 25 nov. 2020 09:00:00 +0100

La Comunidad de Madrid es la única que lo ha mantenido bonificado al 100% desde que se recuperó por la crisis, renunciando a ingresar 5.921 millones entre 2011 y 2018.

Recaudación y/o bonificación por Patrimonio 2011-2018. En euros

Hay un impuesto que parece capaz de volver centralistas a los independentistas, federalistas a los centralistas, derechas a las izquierdas y viceversa. Hay un impuesto en España que genera pasiones en campaña electoral ya sea si se promete cobrarlo como borrarlo y, después de la fiesta de la democracia, provoca infinitos digodiegos. Señoras y señores, con ustedes, el impuesto de Patrimonio.

Esquerra Republicana de Catalunya, partido que defiende la independencia de Cataluña del Estado español, ha presentado, entre sus enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, una que pide que se cree “una cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio” para impedir la competencia fiscal entre autonomías. La idea no es nueva pero con el dedo de la enmienda señala directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por el Partido Popular, que aunque defiende que el independentismo es un ataque a la solidaridad entre regiones, ha hecho público un comunicado exigiendo “al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y no imponga nuevos tributos a los madrileños”, los únicos que no pagan un euro de Patrimonio.

La traducción en datos de esta polémica son los 5.921 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha bonificado (o visto de otro modo, renunciado a ingresar) entre 2011 y 2018 por impuesto de Patrimonio.

En el mismo periodo, CCAA como Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía ingresaron en sus arcas por Patrimonio 3.610 millones, 886 millones y 651 millones respectivamente. En total, la recaudación por el gravamen al Patrimonio de las CCAA que sí lo cobraron fue, entre 2011 y 2018, de 7.554 millones de euros.

La Comunidad de Madrid fue la única que mantuvo el impuesto de Patrimonio bonificado al 100% durante toda la crisis y continúa bonificándolo. Sin embargo, esa fórmula de la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio no la inició la Comunidad de Madrid ni el Partido Popular, sino el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien, a finales de 2007, ya metido en plena campaña electoral de las elecciones de 2008 y con la burbuja inmobiliaria y financiera al límite del estallido -en una conferencia organizada por The Economist para más señas- anunció la supresión de facto del impuesto por considerar que recaía en “las clases medias” y “no sobre las altas” que “encuentran fáciles mecanismos de elusión”.

Zapatero respondía anticipándose al anuncio un mes antes de Esperanza Aguirre, presidenta entonces de la Comunidad de Madrid, de iniciar una rebaja de los tipos aplicados al impuesto de Patrimonio hasta llegar a la supresión total en 2010. Cuando ahora se acusa a Madrid de competencia fiscal con otras regiones se hace referencia a una intención reconocida por Aguirre, quien anunció que la rebaja tenía la intención de dar una imagen de Madrid “business friendly” para “que vengan aquí los creadores de riqueza, prosperidad, bienestar y empleo”. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que él también lo suprimiría de llegar al Gobierno pero no llegó, tendría que esperar unos años, con el impuesto ya recuperado.

Fue Zapatero, BOE en mano, quien no solo bonificó al 100% el impuesto sino que eliminó la obligación de presentar la declaración, lo que provocó el apagón de datos que hay en la estadística de patrimonios en España entre 2008 y 2010. Y fue Zapatero quien lo recuperó a petición del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, de nuevo en plena campaña electoral, con Rubalcaba como candidato.

Era finales de 2011, cuando todo ingreso en las arcas públicas se hacía poco. Con la crisis de deuda apretando a España, el desempleo disparado y el Gobierno de Zapatero habiendo anunciado ya recortes nivel “me cueste lo que me cueste”. Se aprobó un 16 de septiembre de 2011 por Real Decreto-ley y se recuperó con carácter temporal pero inmediato, para poder aplicarlo a los patrimonios a 31 de diciembre de ese mismo año. Iban a estar en vigor dos ejercicios. El Gobierno de Mariano Rajoy, que se hizo con el poder por mayoría absoluta tras los comicios de noviembre de 2011, antes incluso de devengarse el impuesto, lejos de eliminarlo en el plazo previsto, lo renovó una y otra vez para no obligar a las autonomías que lo cobraban a renunciar a esos ingresos. Y renovado sigue.

La recuperación del impuesto de Patrimonio vino con importantes cambios. Fundamentalmente se elevaron los mínimos exentos pasando de los 601.012 euros como mínimo para estar obligado a declarar a los 2 millones de euros. Además se elevó el mínimo exento de 108.182 euros a 700.000 euros y la parte exenta de la vivienda habitual de 150.253 a 300.000 euros.

Como buena parte de la competencia normativa y la de recaudación recae en las CCAA, estas pudieron mantenerlo bonificado en todo o en parte. Madrid siempre lo ha bonificado al 100%. La Comunidad Valenciana y las Illes Balears lo bonificaron al 100% en el primer año de la recuperación, 2011, pero desde entonces lo cobran. Cataluña lo bonifica parcialmente desde 2015, al igual que La Rioja.

Así afectó la COVID-19 al país de los empleos de invierno y de verano

Ana Tudela — dom., 08 nov. 2020 09:00:00 +0100

Cada año, entre junio y agosto, se destruyen unos 200.000 empleos del sector de la Educación. Y cada año, entre septiembre y octubre, vuelve a crecer la afiliación en una cantidad similar. La hostelería sufre el viaje contrario, con una variación de 300.000 afiliados/as entre la temporada alta y la baja. Este octubre de 2020, la Educación mostró de media 11.858 afiliados/as más que en el mismo mes de 2019. La hostelería, 265.732 menos. La COVID-19 lo ha cambiado todo.

España es una máquina de firmar contratos. El reino de la temporalidad. Contratos de lunes que acaban el viernes. Contratos de día 1 de mes que finalizan el 30. Y contratos estacionales que han convertido en habitual sacar los empleos de invierno y guardar los de verano y viceversa como si fuese la ropa del altillo. Si hay dos sectores donde el vaivén de creación y destrucción de empleo es drástico todos los años son la educación y la hostelería. Y si hay dos sectores que se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19 son la educación y la hostelería, aunque de forma muy diferente. Su evolución, junto con el sector sanitario y de servicios sociales, explica buena parte de los datos que dio a conocer esta semana la Seguridad Social.

Educación: 11.858 afiliados/as más que hace un año

Cada año, entre junio y agosto, se destruyen unos 200.000 empleos en educación, lo que supone enviar al paro en torno al 20% del sector. Y cada año, entre septiembre y octubre, vuelve a crecer la afiliación en una cantidad similar.

Para analizar este comportamiento y lo que ha cambiado a causa de la COVID-19 hay que empezar recordando que la Seguridad Social incluye, bajo el epígrafe de educación, tanto la formal, entendida como tal la que se da en centros como institutos, colegios o universidades; como la no formal, en la que se incluye la que imparten las academias.

En los últimos años, la vuelta del verano suponía no solo la recuperación sino un incremento del número de afiliados. En parte se explica porque el profesorado de la enseñanza formal no universitaria, que no dejó de aumentar en los centros privados durante la crisis, volvió a aumentar también en la educación pública, frente a la reducción de los años de los recortes (entre 2011 y 2013). Además, se reactivó la actividad de las academias por la vuelta de las oposiciones, tras años con la oferta de empleo público congelada.

Pero incluso en épocas de crecimiento neto interanual, la afiliación en el sector de la educación oscilaba entre los 800.000 y el millón de afiliados dependiendo del momento del año que se mirase.

Profesorado de la enseñanza de régimen general según el Consejo Escolar del Estado

La enseñanza de régimen general no universitaria empleó, en el curso 2017-2018 (último dato oficial no provisional, recogido por el informe 2019 del Consejo Escolar del Estado), a 700.808 profesoras y profesores, de los que 495.518 dieron clase en centros públicos y 205.290 en centros privados. Como se puede observar en el gráfico, el profesorado del sector privado no ha dejado de crecer, ni siquiera en los años de la crisis. En el sector público, el número de profesores se mantuvo tres años a la baja antes de volver a su tendencia creciente. A estos habría que añadir unos 40.000 de las enseñanzas de régimen especial (escuelas superiores de artes plásticas, arte dramático, danza, música y escuelas oficiales de idiomas) y los cerca de 11.000 que imparten educación para adultos. La foto total que recoge el dato de afiliación del sector Educación de la Seguridad Social vendría de añadir el profesorado universitario, con un altísimo nivel de temporalidad, y la mencionada enseñanza no formal.

La estacionalidad de la educación está muy ligada a varios factores. Empezando por la educación no formal, en el caso de las academias, muchas optan por cerrar en verano, lo que se ha visto potenciado según las CCAA han ido eliminando los exámenes de septiembre.

En la educación formal, el principal motivo de los vaivenes a lo largo del año en la afiliación está en el alto grado de interinidad en los centros públicos en la educación no universitaria y la altísima temporalidad en la universitaria.

De los 498.588 docentes de la educación pública no universitaria en el curso escolar 2019/2020, según los datos provisionales del Consejo Escolar de Estado, eran interinos 145.212, más del 29%. Este año, cuando estaba prevista la convocatoria de 50.000 plazas para llegar en 2022 a un nivel de interinidad en torno al 8%, la pandemia forzó la suspensión de las oposiciones.

A finales de octubre, las CCAA ya habían contratado casi la totalidad de los 38.000 docentes adicionales previstos por la COVID-19

Según explica a DATADISTA Mario Gutiérrez, responsable de Educación en el CSIF, “ahora, la mayoría de las CCAA sí mantiene el contrato durante verano a los interinos que han trabajado durante todo el año”, los que cubren una plaza que debería ser de funcionario. Sin embargo, en torno a 40.000 no trabajan el año completo, es decir, realmente sí cubren bajas, muchas veces por maternidad, al tratarse de un colectivo muy feminizado. En muchos casos, no llegan al mínimo de meses establecido para considerarse que han realizado el curso completo (que varía por CCAA) y son despedidos en verano y vueltos a contratar para cubrir bajas con la vuelta del curso escolar.

Hasta aquí, lo habitual. ¿Qué ha ocurrido en la educación con la COVID-19?

Este año, en la primera ola del virus, se rompió la normal evolución de los primeros meses, con destrucción de empleo en marzo que fue mucho mayor en abril. El cierre de academias o la suspensión de procesos de oposición pueden explicar buena parte de lo ocurrido, pero no todo. La educación formal fue uno de los primeros sectores enviados a casa a funcionar de forma telemática, antes incluso de decretarse el estado de alarma, pero no cerró. Una de las cosas que están analizando desde el área de Educación del CSIF es en qué medida durante los dos primeros meses del primer estado de alarma, al menos hasta mayo, se dejaron de cubrir las bajas de la enseñanza pública.

El 29% del profesorado de régimen general de la educación pública no universitaria es interino

Viniendo de esa situación de destrucción de empleo en el sector, los tres meses de verano experimentaron una reducción de afiliación sensiblemente inferior a la de otros años. En septiembre y octubre, el crecimiento ha vuelto a ser robusto aunque también inferior al de ejercicios anteriores.

Tras las cifras de crecimiento esta vez está la contratación de más de 38.000 docentes adicionales en la educación pública no universitaria para cumplir con las ratios y los desdoblamientos derivados de la situación de pandemia sanitaria. Fuentes de las consejerías de Educación de las CCAA y del área de Educación del sindicato de funcionarios CSIF confirman a DATADISTA que la cifra que previeron las diferentes CCAA ya se ha alcanzado prácticamente en todos los territorios.

El resultado de toda esta evolución en el año, es que la media de afiliación en el sector educativo en octubre muestre 11.858 afiliados/as más que en el mismo mes de 2019.

Hostelería: 265.732 empleados/as menos que hace un año

La otra cara de la moneda está en el sector de la hostelería. El sector del verano por antonomasia es capaz de incorporar a la Seguridad Social cerca de 300.000 personas en la temporada alta, que empieza en Semana Santa en este soleado país, y destruir la mayor parte de ese empleo durante el resto del año.

El mazazo de la COVID-19 y el inicio de la segunda ola se han llevado por delante sin embargo el mejor momento de este sector y, aunque en julio quiso arrancar con fuerza, en el momento en que las alertas desde otros países rompieron la llegada de turistas extranjeros, el sueño se vino abajo y con él la afiliación, que ya acumulaba un fuerte golpe en marzo y abril, cuando debería haber estado ya al alza.

Ahora, con las prohibiciones de circulación por la vía pública, los límites horarios y la llegada imparable de la segunda ola han empeorado un mes ya de por sí malo como octubre. Todo promete ir a peor en los próximos meses, dado que algunas CCAA han optado ya por decretar el cierre de la hostelería.

La hostelería tuvo de media en octubre 265.732 afiliados menos que en el mismo mes del año pasado.

Construcción: el gran empleador volvió pronto

La cara opuesta de estos sectores tan estacionales tiene profundos cimientos en este país a pesar de la debacle que sufrió en la crisis anterior, la financiera, junto a la que estalló la burbuja inmobiliaria.

La afiliación media del sector de la construcción en octubre mostró 10.718 afiliados menos respecto al mismo mes del ejercicio anterior, una cifra que debe ponerse en contexto teniendo en cuenta que es un sector que emplea en España a cerca de 900.000 personas y que, entre marzo y abril, se destruyeron 129.682 empleos.

Pero si hay un sector cuya afiliación ha crecido en la comparación interanual, ese es el de las actividades sanitarias y los servicios sociales, que aumenta en 76.342 de media en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Todo ello a pesar de la caída de afiliación intermensual (-15.569 en octubre respecto a septiembre) por el fin de las contrataciones para cubrir vacaciones, que están muy lejos de las cifras de destrucción de todos los meses de octubre, en los que llegaban a rondarse los 36.000 afiliados/as menos.

En el lado contrario, entre los que más sufre en términos absolutos dentro de los sectores con menos efecto estacional, el de la venta y reparación de vehículos, con una caída interanual de 64.784 afiliados, una cifra que sin embargo no da muestra de la resistencia de este sector, que emplea en el régimen general a más de 2,3 millones de personas.

De Montoro a Montero: así recaudó el PP 14.244 millones extra subiendo el IRPF

Ana Tudela — vie., 30 oct. 2020 10:00:00 +0100

Subir el impuesto de la renta en los tramos más altos es más efectista que efectivo. Aunque el extra a pagar con la subida llegue a los 50.000 euros al año por declarante, como ocurrió con las rentas más altas con Montoro, hay tan pocos contribuyentes en ese tramo que el efecto en las arcas públicas es mínimo

Recaudación del gravamen complementario implantado por Montoro a la Renta General (salarios, pensiones, profesionales y rentas de alquiler) para los años 2012, 2013 y 2014 por cada tramo de renta. Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia • En millones de euros

“Pedir esfuerzos a los que más tienen”.
“Que los que más tienen aporten más”.

Entre estas dos frases hay ocho años y casi 10 meses, dos crisis, una pandemia y, en teoría, un universo ideológico de distancia. La primera la pronunció Cristóbal Montoro, en calidad de ministro de Hacienda, el 30 de diciembre de 2011. La segunda, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, el 27 de octubre de 2020.

Ambas se usaron para explicar sendas subidas de impuestos entre los que está el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). El impuesto más redistributivo. El que grava rentas de trabajo, pensiones, dividendos, plusvalías, alquileres. El ojo de Sauron de la administración tributaria. Una máquina de recaudar.

Cuando Montoro pronunció su frase, España se encaminaba a cerrar el año con un déficit superior al 9%. Ahora, prevé superar el 11%. La crisis financiera sufría en aquel final de 2011 su segunda parte, transformada ya en una crisis bancaria y de deuda. Hoy la crisis económica derivada de la sanitaria afronta la segunda ola del coronavirus con consecuencias aún desconocidas.

Hasta aquí, las semejanzas.

Diferencias:

La principal. La subida del IRPF de Montoro, que fue presentada prometiendo que solo duraría dos años (se extendió a tres), consiguió recaudar en tres años 14.244 millones de euros adicionales, una media anual de 4.748 millones. La subida que acaba de anunciar el Gobierno de Pedro Sánchez, que se anuncia dentro de otras subidas como “un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestra estructura fiscal”, prevé recaudar en el primer año 144 millones adicionales y 346 millones en el segundo.

El Gobierno de Pedro Sánchez reconoce las limitaciones de su subida. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que va a afectar al 0,17% de los contribuyentes y que no es el momento de pedir esfuerzos de modo contracíclico.

En la crisis anterior y en plena caída de las rentas, el gravamen complementario del Gobierno de Rajoy recaudó 11.683 millones de euros en la renta general, la que grava salarios, pensiones, ingresos por actividades profesionales y rentas por alquileres. A estos hay que añadir los 2.561 millones de los tres años del gravamen complementario a la renta del ahorro, que grava dividendos, intereses de depósitos bancarios, así como ganancia por venta de acciones, inmuebles y participaciones en fondos de inversión.

Es posible saber al euro el resultado de la subida de Montoro porque se diseñó como gravamen complementario, para reforzar la idea de que sería temporal, y las estadísticas de la Agencia Tributaria de 2012, 2013 y 2014 lo recogen separado del resto de la recaudación por IRPF. Gracias a ello es posible conocer tres datos clave para entender la distancia sideral entre una subida y los efectos previstos de la otra: la media que pagó al año cada tramo de renta, el número de contribuyentes que declaró en cada uno de esos tramos y la recaudación total conseguida en cada tramo.

En la renta general, que grava salarios, pensiones, ingresos por actividades profesionales y rentas por alquileres, la mayor recaudación extra con la subida de Montoro llegó de las rentas entre 30.000 y 60.000 euros, que aportaron 1.361 millones de media cada año que estuvo en vigor.

La media que aportó cada una de los declarantes de este tramo estuvo en torno a los 490 euros extra al año en IRPF, muy lejos de los 50.000 euros más de media que pagaron con la subida las rentas por encima de 600.000 euros.

La potencia recaudatoria está en las rentas medias e incluso en las bajas por el alto número de declarantes en estos tramos. Las rentas más altas suponen unas decenas de miles de contribuyentes, frente a los millones de cada uno de los tramos inferiores.

Para empezar, hay una diferencia de porcentajes incluso en esa idea de que quien más tenga, más pague. Montoro aplicó un recargo a los tramos de renta más altos muy por encima del aprobado por el Gobierno actual. En la renta general, el Gobierno del PP aplicó un gravamen complementario de 5 puntos porcentuales para rentas entre 120.000 y 175.000 euros; 6 para rentas de 175.000 a 300.000 euros y 7 puntos para rentas por encima de 300.000.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado esta semana una subida de dos puntos solo para rentas generales de más de 300.000 euros y tres puntos para rentas del ahorro de más de 200.000 euros.

Pero por llamativa que sea la diferencia en las subidas porcentuales en uno y otro caso ahí no está la clave principal de la diferencia en el potencial de recaudación. La clave está en que Montoro aplicó subidas a prácticamente todos los tramos de renta. Muy progresivas pero a todos. Gravar más a quien más renta tiene es redistributivo pero poco efectivo. La causa: son muy pocos. Las rentas aquellas por encima de 600.000 euros, llegaron a pagar hasta 50.000 euros más de media anual por el gravamen complementario de Montoro en la renta general, pero hay tan pocos contribuyentes en esa zona (en torno a 5.000 de un total de declarantes por renta general en 2012 de 13,5 millones) que el efecto no fue el más relevante para las arcas públicas.

Si lo que se quiere es aumentar de forma significativa la recaudación utilizando el IRPF, la potencia está en esa etérea clase media y trabajadora a la que tantos se dirigen, que madruga o no pero que, desde luego, son un montón. Ese tramo de renta entre 30.000 y 60.000 euros al año fue el que más aportó con el gravamen complementario del PP al total de la recaudación entre 2012 y 2014, cerca de 1.400 millones de euros cada año en la renta general, un tercio del total recaudado por el gravamen complementario en este tipo de renta. La media de más que pagó en IRPF cada contribuyente de este tramo fue de 491 euros pero había más de 2,7 millones de personas tributando en esta horquilla, de ahí su potencia.

Si se le añade el tramo entre 21.000 y 30.000 euros, en el que por cada declaración se pagaron 195 euros adicionales al año, se obtiene el 50% de la recaudación adicional por IRPF de la renta general entre 2012 y 2014. El tramo de 60.000 euros de renta anual a 150.000 euros sumó otro 25% de lo recaudado con la subida de Montoro.

Montoro efectuó una subida tan fuerte que a pesar de ser contracíclica logró cuadrar el círculo. Recaudar más por IRPF con menos base imponible, es decir, con las rentas cayendo por la crisis. A Laffer le estallaría la cabeza.

La subida del Gobierno actual está a años luz de la de Montoro pero también lejos de la que contemplaba el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al Gobierno de coalición y que prevé “incrementar dos puntos en la renta general por encima de 130.000 euros y cuatro para más de 300.000 euros, además de 4 puntos porcentuales para rentas de capital “superiores a 140.000 euros”.

En la parte del IRPF, habría que sumar los 580 millones de euros adicionales que se prevén para 2022 por la reducción del límite de aportaciones a planes de pensiones privados, que pasa de 8.000 a 2.000 euros anuales.

Hay otras subidas y cambios previstos, además de la llamada tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras, aprobados antes de los Presupuestos. También los hubo con el PP, y muy relevantes, pero son objeto de otro análisis.

La otra gran diferencia está en la parte del gasto. El PP acompañó su primera subida de impuestos del anuncio de una fuerte contracción del gasto público. El Gobierno actual ha presentado unos presupuestos muy expansivos tanto por la aportación nacional como porque incorporan parte del dinero previsto de los fondos de Europa.

Guerra abierta en el Mar Menor por las limitaciones al regadío

Ana Tudela — dom., 25 oct. 2020 10:30:00 +0100

Tras el episodio de mortandad masiva de peces hace un año, las administraciones que miraron a otro lado durante décadas han firmado torres de papeles con membrete. Leyes, medidas cautelares, hojas de ruta. Hasta Europa, que vio tanto tiempo incumplidas las normas, amenaza ahora con multas millonarias. Los regantes, a los que se dejó hacer y cuyas prácticas se fomentaron desde las administraciones, prometen una dura batalla en los tribunales si les limitan la producción.

4 de octubre de 2019. Faltan ocho días para que las orillas de la playa de Villananitos empiecen a llenarse de peces moribundos en busca de oxígeno. La Asociación de Naturalistas del Sudeste (ANSE) y WWF difunden un vídeo grabado la última semana de septiembre en el centro de la cubeta norte del Mar Menor a una profundidad entre 4 y 6,50 metros. El fondo muestra los peores temores desde el episodio de sopa verde de 2016. Ya desde finales de agosto, los parámetros de clorofila, etc. estaban indicando que la laguna podía estar de nuevo al borde de desequilibrarse ante cualquier evento. Y ese evento llegó. Fue el peor episodio de lluvias torrenciales en décadas y ocurrió en el peor momento. Para los agricultores y para el Mar Menor. Con el Campo de Cartagena preparado para la siembra, bajo un manto de abono que fue lavado cuando el cielo se vino abajo y arrastrado a la laguna y al acuífero subterráneo. Nitrato puro. En tierra, alimento para lechugas y calabacines. En el agua, alimento para el fitoplancton, capaz de provocar la eutrofización si se reproduce en cantidades tales que impida pasar la luz.

Ha pasado un año. El Mar Menor tiene cara de haber mejorado. Sus aguas están transparentes en la mayor parte de la laguna y se habla de una buena temporada de pesca. ¿Se ha salido de la UCI o se trata de nuevo de la maldición de la laguna, cuya capacidad de regeneración aparente permitió durante décadas que se mirase hacia otro lado y se ignorasen todas las alertas? ¿Se han tomado medidas suficientes y han sido tan efectivas como para operar el cambio o simplemente este año no ha habido por el momento episodios de lluvias torrenciales que activen la escalada de eutrofización y muerte de flora y fauna?

Debido a la pandemia de la COVID-19, hablamos por videoconferencia con algunas de las voces protagonistas para conocer su opinión sobre la situación de la laguna: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea; el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, y el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García.

Periodismo de investigación y datos para salir del ruido

EL REGADÍO ILEGAL

El 24 de octubre de 2019, 12 días después del episodio de anoxia, el Ministerio de Transición Ecológica presentó una hoja de ruta de medidas urgentes para la recuperación del Mar Menor dentro de la comisión de seguimiento del Plan Vertido Cero. En esta comisión también está presente el Gobierno de la Región de Murcia.

En dicha reunión, se hizo público por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había estimado mediante teledetección que había al menos 9.500 hectáreas de regadío sin concesión en el registro de Aguas. Regadío ilegal. Hasta ese momento, la CHS había sido reacia a cuantificar el número de hectáreas sin respaldo en el registro y de repente cifraba la cantidad sin respaldo legal y lo hacía en cifras muy similares a las que había arrojado dos años antes un exhaustivo estudio basado en teledetección realizado por ANSE y WWF. Este dato supone alrededor del 20% del total de hectáreas cultivadas en el Campo de Cartagena.

A pesar de las constantes llamadas de atención de las asociaciones ecologistas y vecinales que veían extenderse el regadío ilegal sin control, lechugas y melones seguían brotando en tierras sin respaldo en el registro. ¿De dónde les llegaba el agua? La respuesta estaba bajo el suelo, en acuíferos sobreexplotados o cargados de nitratos de los abonos, cuya llegada al Mar Menor suponía un alto riesgo. Lo que pareció no verse durante años, parece haberse hecho de pronto evidente desde que la laguna dijo basta.

"De las 9.000, 9.500 hectáreas que se hablaba en el Mar Menor, ya se han inspeccionado 5.000. Es decir, ya hemos superado el 50%. De esas, 2.500 ya tienen sancionador firme y por nuestra parte la actuación ha terminado y otras tantas están abiertas las diligencias y están próximas a culminar, porque todo parece que también es una situación de ilegalidad."

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"Nos sentimos perseguidos. Nos sentimos acosados." (…)
"Llevo muchos años viendo las actas de la Junta de Gobierno de la CHS y en ninguna se ha informado de que hubiera tantos expedientes, que se estuvieran revisando tantos expedientes, que se están mirando los perímetros de una zona regable" (…)
"Una cosa es que la CHS manifieste que son firmes, yo no tengo por qué dudarlo y luego habrá que ver lo que dicen los tribunales."

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

"En los últimos meses, por lo menos en la zona más próxima al Mar Menor hay zonas que estos años han estado cultivadas y actualmente no están cultivadas." (…)
"Como no hemos visto desmantelar los sistemas de riego, las canalizaciones enterradas o los embalses que se construyeron en su día para suministrar agua a esos regadíos ilegales, no sabemos si en cualquier momento, en una circunstancia de mercado, esos campos podrían nuevamente ponerse en marcha."

Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste.

LA FALTA DE PERSONAL

Después de tantos años en los que la inspección de la CHS pareció desaparecida del Campo de Cartagena, como demuestra la falta de expedientes abiertos hasta el año 2014, la sopa verde de 2016 lo cambió todo y aún más el último aldabonazo que dio el Mar Menor hace ahora un año. Hay unos objetivos definidos y labor sobre el terreno. También un problema que pone en entredicho el empeño que desde el Gobierno central se asegura que se tiene en realizar por primera vez una planificación ajustada a la legalidad y a los recursos disponibles en el Campo de Cartagena: falta personal.

La falta de personal en la Confederación ha sido la tónica habitual en las últimas décadas. Mario Urrea, presidente de la CHS, explica que cuando llegó a la presidencia de la Confederación, en agosto de 2018, sólo había dos guardias para inspeccionar todo el Campo de Cartagena, que tiene una extensión de unas 50.000 hectáreas de regadío. “Eran dos, reconvertimos y pusimos 8. Ahora se ha jubilado uno y me he quedado con 7. Esa es la realidad de la administración hidráulica”.

El MITECO ha dotado a la CHS de 28 trabajadores del grupo empresarial público TRAGSA para trabajos de apoyo a la inspección desalabradoras y pozos ilegales, superficies de riego ilegales y revisión de capas GIS del Registro de Aguas. 18 de estos trabajadores están destinado al área del Mar Menor. A pesar de este refuerzo, Urrea explica que no se han puesto más inspectores que son los únicos que pueden confeccionar el expediente. “Son los que elaboran el documento con rigor porque si no en los juzgados lo perdemos todo. Hemos reclamado recientemente todas las Confederaciones al Ministerio un incremento de plantilla porque la situación es insostenible”. En las antípodas de esta visión están los regantes, que aseguran sentirse acosados por la inspección.

"El que debe de actuar en un expediente sancionador es un funcionario. No puede actuar nadie más. El derecho de inspección, entrar en la propiedad privada, le corresponde a la Administración." (…)
"No se han puesto más inspectores. Son los mismos y es el personal funcionario y laboral de esta casa." (…)
"Que somos menos, porque se van jubilando." (…)
"Hemos reclamado al Ministerio un incremento de plantilla, porque la situación es insostenible."

En el año 2000, “para todo el Campo de Cartagena, había un personal laboral, un guarda. Para todo el Campo de Cartagena. Dime qué hace un guarda y además sin medios de apoyo técnico. Iba por el campo, ponía la denuncia y no podía hacer más”.

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

5.000 HECTÁREAS DE REGADÍO REGULARIZADO

Pero además del regadío ilegal, durante años ha convivido otro regadío que se consideró alegal porque en los planes de Cuenca se buscaron fórmulas para regularizarlo. Es el llamado regadío consolidado, aquel que extraía el agua para regar de acuíferos sobreexplotados, lo que debería haber estado prohibido, pero al que por tener derechos de agua anteriores a 1998, se le permitió seguir haciéndolo a la espera de disponer de agua desalada suficiente para sustituir a la subterránea.

Después de años sin demanda que justificase la inversión que se realizó en las desaladoras de agua de mar, ahora se han colocado como uno de las fuentes en pleno crecimiento. La desaladora de Torrevieja, por ejemplo, duplicó su capacidad, pasando de 40 a 80 hm3, y ahora se prevé llevarla hasta 120 hm3. Pero está Águilas, Valdelentisco…, que han permitido elaborar planes que obligan a reducir paulatinamente la extracción de agua subterránea y su sustitución por desalada. “Prácticamente todas las desaladoras del sistema están diseñadas con la perspectiva de poder duplicar su capacidad”, comentaba recientemente a DATADISTA el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

"El consolidado solo se puede regularizar con agua desalada, que es el único recurso adicional que ha entrado en la cuenca. Creo que fueron del orden de 3.000 hectáreas las que se regularizaron con cargo a la ampliación de Águilas. Ahora estamos con Valdelentisco y ahí también hay un paquete de consolidado a regularizar, que no sé las hectáreas que serán exactamente porque no está aún el expediente, pero estará entre 1.000 y 2.000 hectáreas."

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

RECONVERSIÓN DE REGADÍO A SECANO

Una vez se haya eliminado el regadío ilegal y regularizado el que estuvo operando de modo alegal durante años, los planes del Gobierno van más allá. En la citada entrevista, el secretario de Estado de Medio Ambiente comentaba sobre la Región de Murcia y el Campo de Cartagena en particular:
“Primero vamos a ordenar el territorio, que lleva una historia muy larga de ausencia de planificación, y cuando tengamos el territorio correctamente identificado; hayamos conseguido separar lo legal de lo ilegal; sepamos cuántas hectáreas quedan con algún título concesional, en ese momento a lo mejor hay que hacer otra reflexión y es: ¿El volumen de títulos concesionales en estos momentos se adapta a la capacidad del territorio o la excede? Porque a lo mejor hay que empezar a reconsiderar también alguno de los modelos de actividad agraria sobre el territorio”. Y no solo en las tierras junto al Mar Menor. Allí y en otros puntos de la geografía española considera que habrá que “retornar una parte de la agricultura de regadío a los modelos tradicionales de agricultura de secano”. Los regantes piensan defender en los tribunales que esto no ocurra o sea con fuertes indemnizaciones.

"Yo le doy unas medidas que creo que me van a poner en mejor situación el acuífero. Ese ha sido mi trabajo. Ahora ellos (el Gobierno de la Región de Murcia) lo implementarán o no. Yo no invado su competencia. Yo no voy al campo a ver si están abonando bien o mal. Yo voy a seguir midiendo en el acuífero la cantidad de nitratos."

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"Son medidas arbitrarias. Medidas que no tienen un soporte técnico que las justifique. En mi opinión es una carrera a ver quién nos ponemos la medalla para proteger más el medio. Y toda esta situación está generando una inseguridad jurídica brutal porque aquí nadie sabe lo que tiene que hacer." (…)
"A mí lo que más me preocupa que esto ocasiona un daño a la producción agrícola, a los agricultores, esto es una barbaridad pero no va a generar un beneficio al Mar Menor."

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

"Cierto es que, si mañana desapareciera toda la agricultura del Campo de Cartagena y la entrada de nitratos fuera cero, al Mar Menor le quedan 20 años de entrada de agua con nitratos. Porque está ahí abajo." (…)
"Yo puedo entender que alguien diga, como el culpable es la agricultura, quitemos la agricultura y yo le digo, perfecto, quitemos la agricultura. Si es una política legítima y sustentada en los órganos que procede, hágase. Pero que sepa usted que le quedan 20 años metiéndole nitratos al Mar Menor si no hace nada más."

Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"¿Por qué me tienen que limitar? ¿Me han indemnizado? Me dicen que solo puedo producir dos cultivos o uno. ¿Por qué? Yo estoy en una zona de regadío declarado de interés nacional en su momento donde he estado cultivando un montón de años, donde tengo unas inversiones adecuadas para la superficie que estoy cultivando y para los cultivos. Y ahora me dicen, usted no puede cultivar. Solamente puede hacer dos cultivos."

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

EL CUESTIONADO PLAN DE VERTIDO CERO

En marzo de 2019, el Ministerio de Transición Ecológica publicó el documento de "Análisis de soluciones para el Vertido Cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena", que planeaba inversiones superiores a los 600 millones de euros, incluida la extracción de aguas del acuífero Cuaternario para bajar sus niveles, (en torno a 12 hm³al año), su canalización a través de un colector hasta una planta en el Mojón para desnitrificarlas, entregar el agua apta para riego a los regantes y dirigir la salmuera, ya desnitrificada, al Mediterráneo. La cantidad a extraer del acuífero quedaba a expensas de conocer el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea. Se encargó el trabajo a Tragsa. Los resultados dejaron en 8,5 hm³ año el volumen que se filtra del Acuífero al Mar Menor, en lugar de los 68 que se habían llegado a estimar.

En una entrevista con DATADISTA, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reconocía que el plan está en cuestión, así como el colector, que se plantea ahora como último recursos y cuya dimensión, en caso de construirse, quedará determinada por el efecto de las medidas que se tomen en origen, es decir, directamente en las explotaciones agrícolas.

Sus declaraciones han levantado una polvareda en la Región de Murcia, especialmente entre los regantes, que no han tardado en reaccionar dadas las expectativas que tenían puestas en la posibilidad de contar con una nueva fuente de agua para riego.

"El Plan de Vertido Cero ha estado mucho tiempo en elaboración, en estudio y, a pesar de contar con las evaluaciones de impacto ambiental favorables, vemos otra vez que otra actuación que se cae." (…)
"Señores, ¿vamos a interceptar el agua, la vamos a tratar debidamente, tanto el rechazo como el agua para que se pueda volver a introducir en el sistema de riego, sí o no? Si lo vamos a hacer, hagámoslo, porque lo tenemos claro, la tecnología existe, lo que hay que hacer es elaborar los proyectos, adjudicarlos y ejecutarlos. Y no marear más la perdiz."

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

MURCIA APRUEBA OTRA LEY DE PROTECCIÓN DEL MAR MENOR Y LA ASAMBLEA LA REVISA SIETE MESES DESPUÉS

Una manifestación en defensa del Mar Menor convocada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, consumidores y usuarios de Cartagena reunió el 30 de octubre de 2019 a más de 55.000 personas en el centro de Cartagena. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de diversas asociaciones sociales como Pacto por el Mar Menor, Anse, Ecologistas en Acción y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Al mismo tiempo desde la sede del Gobierno regional, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras hizo una declaración institucional donde anunciaba la aprobación de una nueva legislación para proteger el Mar Menor antes de que terminara el año.

Esta normativa, que llegó en forma de Decreto-Ley el 26 de diciembre sin el consenso de otros grupos parlamentarios y organizaciones ecologistas, derogaba la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Según un análisis jurídico realizado por Ecologistas en Acción, el 73% de los artículos se correspondían con determinaciones genéricas o ya recogidas en las normativas e instrumentos de planificación existentes. El texto fue tramitado como proyecto de ley, lo que permitía la introducción de enmiendas.

Siete meses después, se aprobada en la Asamblea Regional la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Entre las novedades más destacadas está la prohibición de las transformaciones de secano a regadío no amparadas por un derecho de aprovechamiento de aguas y se somete a autorización la creación o ampliación de nuevos cultivos de secano. También se ha ampliado a 1.500 metros la banda de limitación de la fertilización pero con una excepción importante. A partir de los 500 metros se puede utilizar fertilizantes siempre y cuando sea en “agricultura sostenible y de precisión”. Una figura que no especifica el texto que tipo de requisitos técnicos debe cumplir.

La Plataforma SOS Mar Menor considera que es una ley insuficiente no solo con el sector agrícola sino con otras presiones a la laguna al no existir compromisos de reducción de puertos y embarcaciones, superficies urbanas y urbanizables en el Mar Menor.

Por una vez, parecen coincidir regantes y naturalistas. Este año ha servido para mover mucho papel con membrete y realizar pocas actuaciones de envergadura.

"La situación del Mar Menor actualmente es mucho mejor que la que teníamos el año pasado." (…)
"A diferencia del año pasado, el Mar Menor este año no ha recibido una carga importantísima de aguas de escorrentía, que el año pasado en septiembre habían lavado los campos, que estaban preparados para la siembra, arrastrando enormes cantidades de abonos, de nitratos, de pesticidas." (…)
"Todo se ha ralentizado. Parece como si mucha gente prefiriese olvidarlo" (…)
"En cualquier momento puede ocurrir otra catástrofe."

Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste.

"Se han adoptado medidas en cuanto a estudios, medidas en cuanto a papeles pero ejecución material de actuaciones, de obras en sí o actuaciones, se han realizado pocas."

Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

¿Y LOS PECES?

"Es increíble la cantidad de gente dedicada a pescar doradas y lubinas que están por todas partes, quién sabe si también causando un problema en la cadena trófica, ya que son animales muy voraces. Centenares de miles han escapado de sus jaulas y se han convertido en un recurso fantástico para los pescadores del Mar Menor, que ha conseguido ocultar el descenso de otras especies."

Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste.

Estimación de casos por COVID-19 en España durante la primera ola con respecto al principio de la segunda

Antonio Delgado — mié., 21 oct. 2020 09:00:00 +0200

Durante las primeras semanas de la pandemia en España solo se detectó 1 de cada 10 casos. Hasta finales de septiembre se detectaba entre 6 y 8 de cada 10.

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados. Simulación realizada en base al primer Estudio de Seroprevalencia y estimación del CCAES. Datos hasta 30/09/2020 / Ministerio de Sanidad, ISCIII, CCAES y elaboración propia • Casos por la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico menos 6 días.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, insistió este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que vienen "semanas muy duras". Illa ha comenzado su intervención diciendo que "viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad. Tenemos la constatación de que en todos los países europeos, también en España, el virus está presente. Está entre nosotros". Sanidad recomienda a los ciudadanos reducir la movilidad y los contactos sociales. Sin embargo, ¿es comparable esta segunda ola con la primera?

Durante el pico de la pandemia en abril se llegaron a detectar unos 10.000 casos en un día. A mediados de septiembre hubo varios días que se detectaron 12.000 casos. Aunque la situación es muy preocupante debido al alto contagio del virus y la velocidad con la que está escalando, la capacidad de diagnóstico de esta segunda ola nada tiene que ver con la primera.

Los datos del primer estudio nacional de seroprevalencia realizado en España dieron como resultado que el 5,2% de la población de España había tenido contacto con el virus. Es decir, cerca de 2,5 millones de personas. Con esta información, el estudio también sirvió para constatar la capacidad de diagnóstico durante las primeras semanas de la pandemia. Por ejemplo, hasta el 10 de mayo, se habían detectado unos 250.000 casos mediante diferentes tipos de pruebas diagnósticas como PCR y test rápidos. Es decir, la capacidad de diagnóstico durante la primera ola fue de alrededor del 10%. Solo 1 de cada 10 casos fue detectado.

A partir del 11 de mayo, entró en vigor una nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de cara a la desescalada. Junto con el refuerzo en materia de salud pública, las comunidades autónomas incrementaron el número de test realizados. Por ejemplo, Madrid pasó, de 12.000 PCR a la semana durante las primeras semanas de la pandemia, a las más de 120.000 PCR durante las últimas semanas de septiembre.

Según el CCAES, la capacidad de diagnóstico desde finales de mayo a finales de septiembre ha podido estar en torno al 60-80%, aunque ha sido algo desigual en función del territorio y el momento elegido.

En el gráfico que abre este artículo se puede observar una estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados en base a los datos del Estudio de Seroprevalencia y una estimación de capacidad de detección de casos del 60%, 70% y 80%.

Este cálculo es una estimación pero la capacidad real de diagnóstico de esta segunda ola se conocerá cuando se publiquen los resultados de la cuarta ronda de seroprevalencia. El Instituto de Salud Carlos III tiene previsto ponerlo en marcha durante la segunda semana de noviembre de 2020. Sanidad tiene planificados dos nuevas rondas de seroprevalencia durante el primer semestre de 2021, lo que permitirá conocer la evolución del comportamiento del virus y su detección.

A nivel provincial, la tasa estimada de personas que tenían anticuerpos lgC anti SARS-COV2 durante las tres rondas del estudio de seroprevalencia ha sido bastante dispar. El 11,7% de la población en Madrid había pasado el virus frente a solo el 1,2% de la población en la provincia de Huelva.

En este gráfico puedes ver la evolución de los casos diagnosticados, los posibles casos reales según la tasa calculada para cada provincia y una estimación homogénea conservadora del 60% de casos detectados para la segunda ola. Lleida, Baleares, Lugo o Murcia han sufrido una gran incidencia del virus estos últimos meses comparada con la primera. También está el caso de Ceuta. En esta ciudad autónoma, el virus está teniendo una mayor incidencia ahora que durante los meses de marzo a mayo.

Estimación de la evolución de los casos confirmados y posibles casos no detectados por provincias

Uno de los aprendizajes de este verano por parte de los responsables de salud pública es que la curva puede subir muy rápidamente pero luego es muy complicado doblegarla a la misma velocidad. Lo saben muy bien en comunidades autónomas como Aragón o Cataluña, que tuvieron que empezar a realizar confinamientos en las primeras semanas del verano en algunas ciudades de su territorio. Por eso, insisten fuentes de Sanidad, es importante tomar medidas drásticas cuando las incidencias acumuladas en los últimos 14 días empiezan a superar los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Luego ya es demasiado tarde.

METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS

Movilidad Urbana en datos, en colaboración con la OCU

DATADISTA — mar., 20 oct. 2020 09:00:00 +0200

Página principal del especial "Movilidad Urbana en datos"

Pocas ciudades cuentan en España con un protocolo de actuación frente a la contaminación del aire. Solo dos tienen zonas de bajas emisiones y la mayoría no contempla medidas de restricción del tráfico cuando suben los niveles de partículas en suspensión, culpables de muchos problemas de salud en las ciudades. Lo cierto es que en la mayoría no se han aplicado los protocolos nunca y no se ha logrado evitar que Bruselas lleve a España al Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar la calidad del aire y la salud de sus ciudadanos.

DATADISTA colaboró con la OCU en este especial que recoge los niveles de gases contaminantes en una decena de ciudades, una comparación de medidas, protocolos y zonas de bajas emisiones; el protagonismo en datos que se da a facilitar el uso de la bicicleta o del transporte público.

Hugo Morán: "Habrá que retornar una parte de la agricultura de regadío a los modelos tradicionales de secano"

Ana Tudela — dom., 18 oct. 2020 10:30:00 +0200

Se ha cumplido un año desde que la orilla de la Playa de Villananitos, en el Mar Menor, empezó a llenarse de peces y crustáceos moribundos. El secretario de Estado explica a DATADISTA qué ha pasado en este año, la decisión de abandonar el Plan de Vertido Cero, los futuros planes de reducir el agua del Trasvase y la intención de desalojar en esta legislatura las edificaciones ilegales situadas en la orilla del Mar Menor.

Hugo Morán durante la entrevista con DATADISTA

Hugo Morán (Lena, Asturias, 1963), secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, se sienta con DATADISTA en la semana en que se cumple un año desde que dieron las vuelta al mundo las imágenes de miles de peces agonizando en las orillas del Mar Menor. El episodio de anoxia tenía lugar semanas después de que el cielo se viniera abajo en el peor episodio de lluvias torrenciales en un siglo, pero la causa, como ha dicho el Instituto de Oceanografía, no podía buscarse en la DANA. El Mar Menor estaba ya en profundo desequilibrio y cualquier evento habría provocado el desastre. Se ha movido mucho papel desde entonces. Planes abandonados, nuevas hojas de ruta, estudios del litoral del Mar Menor... Morán cuenta qué se ha hecho y cuáles son las intenciones con el regadío, el Trasvase Tajo-Segura, el agua desalada y los edificios que invaden el Dominio Público Marítimo Terrestre.

Periodismo de investigación y datos para salir del ruido

CONTEXTO: PLAN VERTIDO CERO
El Mar Menor ha tenido planes, leyes y presupuestos para evitar el desastre desde hace décadas. Casi ninguno se llevó a término. Mientras, a la laguna, duramente castigada ya por el urbanismo descontrolado y los vertidos mineros, le seguían llegando nitratos del regadío por escorrentía desde las plantaciones del Campo de Cartagena; por el agua que aflora del acuífero contaminado por los abonos y a través del subsuelo, por la conexión subterránea entre el acuífero y el mar. Las infraestructuras para canalizar y desnitrificar las aguas contaminadas nunca se terminaron, mientras se dejaba crecer el regadío y proliferar las desaladoras y sus vertidos.

En 2016, el Mar Menor dio el primer gran aviso. Sus aguas se transformaron en sopa verde y desapareció el 85% de la pradera marina. En marzo de 2019, el Ministerio de Transición Ecológica publicó el documento de "Análisis de soluciones para el Vertido Cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena". Seis meses después, septiembre de 2019, se publicaba en el BOE la Declaración de Impacto Medioambiental. Dos semanas después, miles de peces llegaban moribundos a las orillas. El desastre medioambiental tantas veces anunciado daba, con aquella imagen, la vuelta al mundo.

¿Qué ha pasado desde entonces con los planes previstos? El Plan de Vertido Cero planeaba inversiones superiores a los 600 millones de euros, incluida la extracción de aguas del acuífero Cuaternario para bajar sus niveles, (en torno a 12hm3 al año), su canalización a través de un colector hasta una planta en el Mojón para desnitrificarlas, entregar el agua apta para riego a los regantes y dirigir la salmuera, ya desnitrificada, al Mediterráneo. La cantidad a extraer del acuífero quedaba a expensas de conocer el volumen de agua del Cuaternario que descarga en el Mar Menor de forma subterránea. Se encargó el trabajo a Tragsa. Los resultados dejaron en 8hm3 año el volumen que se filtra del Acuífero al Mar Menor, en lugar de los 68 que se habían llegado a estimar.